Luis Rubén Cuellar Elizalde

Expediente 486/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
486/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
24/01/2022

Partes del expediente

  • Luis Rubén Cuellar Elizalde
  • Director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por el secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con el que devuelve el juicio de amparo 486/2021, tres tomos de pruebas, y un disco compacto; asimismo, remite testimonio de la resolución emitida en el toca R.P. 196/2021, en la cual resolvió confirmar la sentencia recurrida. En esa tesitura, realícense las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, agréguense las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes y hágase del conocimiento de las partes. Se hace constar que este juicio carece es de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa no se encontraron valores ni documentos originales exhibidos por las partes. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse negado la protección constitucional y carecer de relevancia documental. En cuanto al original del incidente de suspensión dado que fueron negadas las medidas cautelares, se decreta que -una vez transcurran tres años- es susceptible de destrucción, mismo destino que tendrá el duplicado del incidente de suspensión -una vez transcurra el término de seis meses-. Al resultar innecesaria la conservación de los tres tomos de pruebas y disco compacto que remitió la autoridad responsable Segunda Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, devuélvansele sin que haya necesidad de solicitar el acuse de recibo correspondiente, pues como tal se tendrá la constancia en la que obre el sello de recibido. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar en el que se encuentra privado de su libertad, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta, remitido por la actuaria judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con el que acusa recibo de los autos del expediente del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, sus anexos y del original y copia del escrito mediante el cual, la parte quejosa interpuso recurso de revisión y formuló agravios; asimismo, informa que el citado medio de impugnación se admitió a trámite y quedó registrado con el número R.P. 196/2021, de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, en relación con la solicitud de acceso al expediente electrónico derivado del juicio de amparo del que emana el cuaderno de antecedentes en que se actúa, hágase de su conocimiento que se instruyó al personal adscrito a este juzgado de distrito a efecto de que realizara las gestiones necesarias en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, del cual se desprende que este juicio se encuentra habilitado para su vinculación con el diverso R.P. 196/2021 (con número de expediente único nacional 28963763), del registro del órgano jurisdiccional oficiante. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el aquí quejoso ... mediante el cual interpone recurso de revisión y expresa agravios contra la sentencia terminada de engrosar el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, emitida en este juicio de derechos fundamentales; en esta tesitura, con apoyo en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 88 y 89 de la Ley de Amparo, con copia del citado ocurso córrase traslado a las partes y fórmese cuaderno de antecedentes. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de este proveído, remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno, los autos de este juicio, sus anexos, original del escrito de cuenta y copia para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la superioridad, para la substanciación del citado recurso. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 486/2021; y, R E S U L T A N D O ÚNICO. Antecedentes. El quince de junio de dos mil veintiuno se admitió la demanda de amparo presentada oportunamente por el defensor de .; tramitado el juicio, el quince de julio siguiente se celebró audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio conforme con lo dispuesto por los artículos 1°, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de la litis. Del análisis integral a los autos, se obtiene que la parte promovente reclama de las siguientes autoridades: (1) Segunda Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; (2) Director, (3) Comité Técnico, (4) Subdirector Jurídico, (5) Subdirector de Seguridad y (6) Subdirectora de Apoyo Técnico, todos del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México; y, (7) Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: ? La resolución de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, emitida en el toca penal E.P.L.N 120/2021, que confirma la determinación de veintiséis de marzo de ese mismo año, dictada en la causa penal 240/2018 del Juzgado Décimo Noveno Penal de la Ciudad de México, que califica de legal su traslado, en calidad de sentenciado y por medidas de seguridad institucional, de la Penitenciaria al Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II, ambos de la Ciudad de México. TERCERO. Inexistencia de actos. El (7) Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, al rendir su informe, negó la emisión de la resolución reclamada; sin que la parte promovente lo desvirtuara. En ese orden, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, lo procedente es sobreseer en el juicio respecto de tal autoridad, por inexistencia de actos. CUARTO. Certeza del acto. La autoridad judicial responsable, al rendir su informe justificado, aceptó la emisión de la resolución reclamada y remitió diversas documentales [entre ellas, de esa determinación] relacionadas con el toca penal E.P.L.N 120/2021 de su índice y con la causa penal 240/2018 del Juzgado Décimo Noveno Penal de la Ciudad de México, que adquieren valor probatorio de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por lo que se tiene plenamente probada su existencia. Mientras que, las autoridades responsables (2) Director, (3) Comité Técnico, (4) Subdirector Jurídico, (5) Subdirector de Seguridad y (6) Subdirectora de Apoyo Técnico, todos del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México; en sus informes, también lo aceptaron. QUINTO. Causas de improcedencia. No se advierte la actualización de alguna, por no operar en el caso motivo de improcedencia. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. A efecto de contextualizarlo, debe decirse que, de las constancias de autos, se obtiene -en lo que trasciende- lo siguiente: I. El cinco de agosto de dos mil diez, en la causa penal 56/2010 del entonces Juzgado Vigésimo Séptimo de los Penal en el Distrito Federal, se dictó sentencia en contra de ., por el delito de homicidio calificado, imponiéndosele pena de prisión de veintisiete años y seis meses de prisión; extremo que, por resolución de seis de octubre de ese mismo año, dictada en el toca de apelación 1481/2010, confirmó la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Inconforme, promovió el juicio de amparo 478/2015 del registro del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el que se le concedió el amparo y la protección constitucional; en cumplimiento a dicha ejecutoria, esa Quinta Sala Penal, por resolución de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, modificó la sentencia de primer grado y, en lo que interesa, impuso a . pena de prisión de veinticinco años, siete meses y quince días. II. El veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, por oficio P/SJ/0311/2021, el Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 18, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 52, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, solicitó al Juzgado Décimo Noveno Penal de la Ciudad de México, que conoce de la causa penal 240/2018 [formada con los registros de la 56/2010 del entonces Juzgado Vigésimo Séptimo de los Penal en el Distrito Federal], calificara de legal el traslado de . por medidas de seguridad institucional de ese reclusorio al Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II, ambos de la Ciudad de México, sustentando su petición, en esencia, en lo siguiente: 1. El veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, en su cuarta sesión extraordinaria, el Comité Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México, aprobó solicitar su traslado a un centro de reclusión con un nivel de seguridad más alto, toda vez que esa penitenciaria no cuenta con lo elementos necesarios para la permanencia de personas privadas de la libertad que requieren medida especiales y que, por su perfil, ponen en riesgo la seguridad y gobernabilidad de ese establecimiento carcelario, que además no cuenta con el personal de seguridad suficiente para su adecuada y continua vigilancia. Lo anterior, pues del análisis de riesgo realizado, concluyó que . es un líder negativo y contaminante del entorno, con faltas a las normas establecidas, es refractario de tratamiento y hostil, con una trayectoria negativa institucional; además, presenta una actitud transgresora y habitual desde su ingreso al sistema penitenciario, con sanciones constantes por riñas, extorciones, falta al personal de seguridad, lesiones a compañeros. 2. Por lo anterior, en la misma fecha, el Director de la Penitenciaria solicitó al Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México autorizara su traslado; lo que se materializó por oficio SG/SSP/0874/2021. III. Ese mismo veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, en resolución emitida en la causa penal 240/2018, la Juez Décimo Noveno Penal de la Ciudad de México calificó de legal el aludido traslado por medidas de seguridad institucional, al esencialmente considerar que cumple con lo dispuesto en los artículo 16 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 52, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dado que es la autoridad penitenciaria a quien corresponde implementar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la seguridad institucional, así como la integridad física de internos y servidores públicos del centro carcelario, además de que el sentenciado de mérito requiere de medidas especiales de seguridad y no actualiza algún criterio de exclusión. IV. Inconforme con lo anterior, . interpuso el recurso de apelación E.P.L.N 120/2021 del registro de la Segunda Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; en el que, por resolución de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se confirma la determinación que califica de legal el aludido traslado. *Hasta aquí los antecedentes que trascienden. En su contra, la parte quejosa sostiene como concepto integral de violación, que el traslado es ilegal -y por tanto inconstitucional- por transgredir lo dispuesto en los artículos 1, 14, 16, 17, 18 y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, esencialmente por lo siguiente1: Violaciones constitucionales 1. Los sentenciados tienen el derecho a compurgar su pena en los centros más cercanos a sus domicilios conforme al artículo 18 de la Constitución Federal. 2. El artículo 52, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal -en que se funda su traslado- no garantiza el derecho fundamental de audiencia previa [artículo 14 de la CPEUM], tal como se exige en términos de la jurisprudencia P./J. 47/95 del 1 La expresión de los conceptos de violación, resulta un tanto accidentada; no obstante, atendiendo a un sentido de literalidad y no restrictivo, el suscrito los sintetizó en la medida que la redacción lo permitió. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO." y, por ende, no se le permitió una adecuada defensa. 3. El artículo 52, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, deja al arbitrio de la autoridad penitenciaria la determinación del traslado, sin exigir un test de proporcionalidad para resolver conflictos de normas constitucionales. Violaciones legales 4. El traslado vulnera los principios de proporcionalidad y de debido proceso previstos en los artículos 4 y 46 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, respectivamente, en razón de que: a. Constituye una limitación gradual al ejercicio de sus derechos, específicamente de reinserción social y a convivir con su familia; y, b. En la imposición de medidas disciplinarias debe garantizarse el derecho a una adecuada defensa. Violaciones de fondo y forma 5. El traslado es ilegal porque se motiva y/o fundamenta en que el quejoso tiene diversas sanciones disciplinarias, agredió a otros internos y se ha visto relacionado en riñas que ponen en riesgo la seguridad institucional y la integridad de las personas; empero, la autoridad inobserva que las medidas disciplinarias son susceptibles de impugnarse y al interno no se le permitió recurrirlas. Además, los artículos 40 [faltas disciplinarias] y 41 [sanciones disciplinarias] de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no contemplan el traslado como consecuencia. 6. No es razonable ni proporcional, dado que solo se basa en cuestiones genéricas de seguridad institucional, pero no motiva en qué consiste en forma personal e individual el riesgo objetivo que representa el quejoso. 7. No se establecen de manera adecuada y suficiente las circunstancias fácticas y particulares por las que se hacía necesario el traslado del quejoso, pues no se menciona hecho o particularidad que le fuera vinculable o atribuible para que se le catalogara como persona que requiere medidas especiales de seguridad y vigilancia. También, deja de mencionarse el porqué la Penitenciaria de la Ciudad de México es considerada de mediana seguridad, así como las razones o hechos por las que se califica al quejoso como no apto para dicho centro y que justificara su traslado, tampoco por qué el delito por el que se le condenó implica un riesgo que superaba las medidas de seguridad y que ello generaba un riesgo a la seguridad y gobernabilidad de la institución carcelaria. Esto es, no está motivado el riesgo objetivo, la autoridad es imprecisa al respecto, solo se consideran informes de forma genérica, como que el centro carcelario no cuenta con medidas de seguridad necesarias para la contención de dicha persona, al ser un centro de mediana seguridad, aunado a la falta de personal; sin embargo, el ejercicio de los derechos humanos de los internos no puede encontrarse condicionado a los escasos recursos humanos y materiales de que disponga la administración penitenciaria. 8. No puede basarse en su perfil psicológico-criminológico, pues ello vulnera el principio del derecho penal del acto, de contradicción y el de interpretación conforme. 9. No se toma en consideración que conforme al Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II de la Ciudad de México resultó mal calificado en aspectos que garanticen la integridad personal del interno, una estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social y grupos de internos con requerimientos específicos. Los referidos planteamientos resultan infundados y, por ende, ineficaces para declarar la inconstitucionalidad de la resolución reclamada y, con ello, el traslado que en el fondo se cuestiona. Por principio, conviene aclarar que, en el caso concreto, no será necesario acudir al principio pro persona para resolver el presente juicio, pues no se advierte ex officio la necesidad de acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva de diversos ordenamientos legales, ni interpretar el derecho interno conforme a los tratados internacionales o a su jurisprudencia, ya que los preceptos constitucionales cuya aplicación se encuentra inmersa en la materia de la resolución reclamada -traslado de procesado a un centro penitenciario diverso al en que se encontraba-, así como los preceptos aplicados relativos a legislación de la materia, no encuentran frente a sí una diversa norma que plantee la posibilidad de elegir entre la aplicación de dos igualmente aplicables, pero con distinto alcance [una más favorable a las pretensiones del gobernado que la otra]. Y precisado lo anterior, dado que conforme con lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, por mandato expreso de lo previsto en el diverso 1º de esa misma Carta Magna, este juzgador abordará los temas sometidos a esta litis en relación con el fondo de la materia cuestionada (traslado), privilegiando su estudio respecto de aspectos de mera formalidad, dado que de esa forma se garantiza un real y efectivo acceso a la justicia, con independencia del sentido que rija la resolución. Veamos: El artículo 18, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos2, establece el derecho humano del sentenciado por delitos distintos a los de delincuencia organizada y que no requieren medidas especiales de seguridad, a purgar la pena de prisión en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Empero, ¿ese derecho es absoluto o admite restricciones? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al respecto, ha sostenido que no existen derechos absolutos, por ello, conforme con el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 2 18. Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. Mexicanos, aquéllos pueden restringirse o suspenderse válidamente en los casos y con las condiciones que esa misma Ley Fundamental establece. Mientras que, el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé que las restricciones permitidas al goce y ejercicio de los derechos y las libertades reconocidas en ésta no pueden aplicarse sino conforme a las leyes dictadas en razón del interés general y de acuerdo con el propósito para el cual han sido establecidas; sin embargo, la regulación normativa que establezca los supuestos por los cuales se restrinjan o suspendan los derechos humanos no puede ser arbitraria, sino que los límites previstos en los invocados ordenamientos sirven como elementos que el juez constitucional debe tomar en cuenta para considerarlas válidas. En ese contexto, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos citados se concluye que los requisitos para considerar válidas las restricciones o la suspensión de derechos, son: a) que se establezcan en una ley formal y material (principio de reserva de ley) dictada en razón del interés general o público, en aras de garantizar los diversos derechos de igualdad y seguridad jurídica (requisitos formales); y, b) que superen un test de proporcionalidad, esto es, que sean necesarias, persigan un interés o una finalidad constitucionalmente legítima y sean razonables y ponderables en una sociedad democrática (requisitos materiales). Así lo sostiene expresamente la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis aislada 1a. CCXV/2013 (10a.) publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, página 557, de rubro: "DERECHOS HUMANOS. REQUISITOS PARA RESTRINGIRLOS O SUSPENDERLOS CONFORME A LOS ARTÍCULOS 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 30 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS." Y lo cual encuentra correspondencia en la jurisprudencia P./J. 130/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 8, de rubro: "GARANTÍAS INDIVIDUALES. EL DESARROLLO DE SUS LÍMITES Y LA REGULACIÓN DE SUS POSIBLES CONFLICTOS POR PARTE DEL LEGISLADOR DEBE RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD JURÍDICA." Así como en la jurisprudencia 1a./J. 2/2012 (9a.) de esa misma Primera Sala, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, página 533, de rubro "RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS." En ese orden, el hecho de que el propio artículo 18 constitucional disponga que el derecho en mención queda sujeto a los casos y las condiciones que establezca el legislador secundario, federal o local, refleja que se trata de un derecho limitado y restringido, y no de uno incondicional o absoluto. De ahí que, el legislador secundario goza de la más amplia libertad de configuración de las disposiciones relacionadas con la determinación de los requisitos y las condiciones que el sentenciado debe cumplir para alcanzar y disfrutar de dicho beneficio, con tal de que sean idóneos, necesarios y proporcionales en relación con el fin que persiguen, ya que sólo así se evita cualquier pretensión de hacer nugatorio un derecho constitucionalmente reconocido. Apoya lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 19/2012 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, página 14, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO DEL SENTENCIADO A PURGAR LA PENA DE PRISIÓN EN EL CENTRO PENITENCIARIO MÁS CERCANO A SU DOMICILIO. SU ALCANCE. Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008, que entró en vigor el 19 de junio de 2011, en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció el derecho humano del sentenciado por delitos distintos a los de delincuencia organizada y que no requieren medidas especiales de seguridad, a purgar la pena de prisión en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social; ello, porque la palabra "podrán" que el Constituyente utiliza para denotar su contenido, está dirigida a los sentenciados y no a las autoridades legislativas o administrativas, habida cuenta de que el ejercicio de tal derecho representa un acto volitivo del sentenciado que puede manifestarlo en una petición concreta para ser trasladado al centro penitenciario más cercano a su domicilio, pues sólo así, en atención a la cercanía con su comunidad puede alcanzar con mayor eficacia el objetivo constitucional de la reinserción social. Por otra parte, el hecho de que en el referido precepto constitucional se disponga que el derecho en cuestión queda sujeto a los casos y las condiciones que establezca el legislador secundario, federal o local, refleja únicamente que se trata de un derecho limitado y restringido, y no de uno incondicional o absoluto; de ahí que el legislador secundario goza de la más amplia libertad de configuración de las disposiciones relacionadas con la determinación de los requisitos y las condiciones que el sentenciado debe cumplir para alcanzar y disfrutar de dicho beneficio, con tal de que sean idóneos, necesarios y proporcionales en relación con el fin que persiguen, ya que sólo así se evita cualquier pretensión del legislador ordinario de hacer nugatorio un derecho constitucionalmente reconocido; por lo que si la ley no establece en qué casos y con qué condiciones los sentenciados pueden purgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, ello no obstaculiza el goce de dicho beneficio, si se encuentran ubicados en ese supuesto constitucional, puesto que lo contrario implicaría que el derecho humano en comento y, en consecuencia, el propio mandato del Constituyente Permanente, quedaran sujetos a un acto de voluntad de uno de los Poderes derivados del Estado." En ese orden, la Ley Nacional de Ejecución Penal -norma de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda-, prevé la posibilidad de que una persona sentenciada sea trasladada involuntariamente o por razones de urgencia y/o excepcionales de un centro penitenciario a uno diverso; y, la cual recoge las disposiciones relacionadas con la determinación de los requisitos y las condiciones que deben cumplirse para hacerlo, idóneos, necesarios y proporcionales en relación con el fin que persiguen. De hecho, en sus artículos 51 y 52 dispone lo siguiente: "Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código." "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley." De lo anterior se obtiene que, el traslado involuntario es instaurado previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre su legalidad. Mientras que, el traslado urgente y/o excepcional, se emite por medio de resolución administrativa y sin autorización judicial previa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, en concreto, delincuencia organizada, esté en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de la libertad o la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario; supuestos en que la autoridad penitenciaria deberá notificar a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. Y como se observa de los antecedentes narrados, en el caso concreto que se analiza, se trata precisamente del traslado urgente y/o excepcional de . por medidas de seguridad institucional, ordenado administrativamente y posteriormente calificado de legal por la autoridad judicial, en términos del artículo 52, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues obedeció a cuestiones especiales de seguridad y a que ponía en riesgo la seguridad y gobernabilidad del centro penitenciario en que se encontraba, por lo que su internamiento requería de medidas específicas de seguridad y custodia. Así que, a consideración de este juzgador, y conforme con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señalados, es válida la restricción al derecho fundamental que opone el aquí quejoso -de purgar la pena de prisión en el centro penitenciario más cercano a su domicilio-, ya que el traslado del cual fue objeto, se establece en una ley formal y material dictada en razón del interés general o público, cuyos requisitos y condiciones legales para materializarse resultan idóneos, necesarios y proporcionales en relación con el fin que persigue. De ahí que, contrario a lo que presupone la parte quejosa, su traslado por medidas de seguridad institucional y la resolución que lo califica de legal per se no resultan violatorios de su derecho fundamental a purgar la pena de prisión en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Ahora, ¿en su materialización debe cumplirse con el derecho de audiencia previa y sus vertientes de debido proceso y adecuada defensa? La parte quejosa sostiene que sí y que en el caso no se le garantizó. Empero, no le asiste la razón, por lo siguiente: El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que antes de emitirse el acto privativo debe mediar un juicio ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento (emplazamiento al juicio, oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, de alegar y emitir una resolución que dirima la cuestión efectivamente planteada), garantizando adecuada y oportunamente el derecho de defensa, de acuerdo con las leyes expedidas con anterioridad al hecho. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado que los actos de privación se rigen por el artículo 14 de la Constitución Federal y se caracterizan por ser definitivos; mientras que los de molestia se relacionan con el precepto 16 constitucional y se distinguen de aquéllos por ser provisionales y carecer de definitividad. En ese sentido, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos y los actos de molestia. Los primeros, son aquéllos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado de manera terminante, los autoriza solamente a través del cumplimiento de citados requisitos. Tales actos son los que persiguen en sí mismos el detrimento de un derecho del gobernado, como puede ser: la libertad, propiedades, posesiones o derechos de los particulares. Mientras que los segundos, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Se rigen solamente por la garantía de seguridad jurídica (fundamentación y motivación) que prevé el artículo 16 constitucional. El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, al establecer que la autoridad penitenciaria, de manera excepcional, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en casos de (1) delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; (2) riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, (3) que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario, no se rige por el derecho de audiencia previa contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque precisamente no tiene por objeto la disminución, el menoscabo o la supresión definitiva de un bien material o inmaterial o de un derecho del gobernado. Tiene, por el contrario, un propósito de interés general, consistente en prevenir riesgos para la personas privadas de su libertad y la seguridad y gobernabilidad la institución carcelaria, por lo que sus alcances únicamente son precautorios y cautelares, además de estar fundado en principios de debida diligencia y estado de necesidad, ante la existencia de hechos que indudablemente ponen en peligro bienes jurídicos relevantes, como la vida, la seguridad, la paz y la integridad de los internos, que orillan a decretar el traslado de reos como una medida urgente y necesaria para salvaguardar el orden y garantizar la seguridad del entorno y del mismo centro carcelario. Por lo que, no le asiste razón a la parte quejosa: el traslado urgente y/o excepcional previsto en dicho numeral no colisiona con el derecho de audiencia previa y sus vertientes de debido proceso y de adecuada defensa, por ende, no se estima inconstitucional en su configuración normativa; esto, porque dichas prerrogativas no rigen en dicho acto, dado que únicamente restringe de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos de mayor relevancia. De ahí que resulten inaplicables al caso concreto las jurisprudencias P./J. 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 1a./J. 26/2015 (10a.) de la Primera Sala de ese Alto Tribuna, de rubros respectivos "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO." y "DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. LA FORMA DE GARANTIZAR EL EJERCICIO EFICAZ DE ESTE DERECHO HUMANO SE ACTUALIZA CUANDO EL IMPUTADO, EN TODAS LAS ETAPAS PROCEDIMENTALES EN LAS QUE INTERVIENE, CUENTA CON LA ASISTENCIA JURÍDICA DE UN DEFENSOR QUE ES PROFESIONISTA EN DERECHO." Lo cual, tampoco es arbitrario, pues aun cuando el legislador privilegió la seguridad de los centros penitenciarios con el fin de prevenir riesgos para las personas privadas de su libertad y para la gobernabilidad en sí de la institución carcelaria, el traslado puede decretarse siempre que se haga en un pronunciamiento fundado y motivado que justifique su necesidad. En ese orden, ¿el traslado aquí reclamado cumple con las garantías de seguridad jurídica y de legalidad? El procedimiento excepcional a que se contrae, como se ve, está compuesto por dos fases: la administrativa en la que interviene la autoridad penitenciaria y comprende la autorización y ejecución del traslado; y, la judicial, en la que el juez lo convalida o revoca; de ahí que la constitucionalidad, en cuanto a las prerrogativas de mérito, de ese tipo de traslado urgente y/o excepcional, debe analizarse como un todo. En el caso concreto que se analiza, contrario a lo que pretende establecer el quejoso, su traslado por medidas de seguridad institucional de la Penitenciaria al Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II, ambos de la Ciudad de México, se encuentra debidamente fundado y motivado, puesto que, con base en lo oportunamente informado y justificado por la Penitenciaria, la autoridad judicial rectora del proceso expuso de manera concreta las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para calificarlo de legal en el sentido que lo hizo, precisando la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, de ahí que el planteamiento formulado al respecto por el impetrante es infundado, pues aquélla hizo el estudio relativo al traslado ejecutado y, al respecto, dentro de los términos legales establecidos resolvió en forma congruente, fundada y razonada que resultaba apegado a la legalidad. Lo anterior es así, pues como lo razona la Sala responsable en la resolución que aquí se cuestiona, es legal el traslado del sentenciado al Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II de la Ciudad de México, a efecto de que continúe compurgando la pena de prisión que le fue impuesta, puesto que se ubica en el supuesto que establece el artículo 52, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal ["En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario"], pues según lo justificó la autoridad penitenciaria, es una persona que requiere de medidas especiales de seguridad o vigilancia, siendo que la Penitenciaría de la Ciudad de México -en que se encontraba- no cuenta con las medidas y sistemas de seguridad necesarias para la contención de esa persona, en virtud de que se dice que por su estructura y organización es considerado un centro de mediana seguridad. Ello no significa que el ejercicio de los derechos humanos de los internos se encuentre condicionado por la escasez de recursos humanos y materiales en la administración penitenciaria, puesto que bajo ningún supuesto aquéllos se ven limitados por el hecho de ser trasladado a un centro penitenciario acorde a sus características personales y situación jurídica, pues ya se dijo, el derecho de compurgar su pena en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad, es fundamental, más no es absoluto, y existen circunstancias de seguridad que ponderadas con ese derecho y el de reinserción social, hacen factible el traslado, ya que de no hacerlo, se vulneraría la finalidad perseguida en el artículo 18 constitucional invocado, en perjuicio incluso del propio sentenciado. Máxime, cuando que la obligación constitucional del Estado de proveer un sistema penitenciario que garantice la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, debe considerarse satisfecha si contempla el establecimiento de centros penitenciarios de baja, mediana o alta seguridad, porque esto está en función del perfil de la persona privada de su libertad, de lo que pretenda ésta como expectativa de derecho. Y sobre este punto, vale la pena abundar, mayormente porque la parte quejosa incorpora a la litis argumentos relacionados con los principios del derecho penal del autor y derecho penal del acto. En nuestro orden jurídico, prevalece el paradigma conocido como "derecho penal del acto" y rechaza a su opuesto, el "derecho penal del autor". El modelo del autor asume que las características personales del inculpado son un factor que se debe considerar para justificar la imposición de la pena, y a quien puede adscribírsele la categoría de persona desviada, enferma, desadaptada, ignorante, entre otros calificativos. Categorización que no es gratuita: cumple la función de impactar en la imposición, el aumento o el decremento de la pena; incluso permite castigar al sujeto por sus cualidades morales, su personalidad o su comportamiento precedente frente a la sociedad. Así, la pena suele concebirse como un tratamiento que pretende curar, rehabilitar, reeducar, sanar, normalizar o modificar coactivamente la identidad del sujeto; también como un medio que pretende corregir al individuo "peligroso" o "patológico". En cambio, el derecho penal del acto, no justifica la imposición de la pena en una idea rehabilitadora, ni busca el arrepentimiento del infractor; lo asume como un sujeto de derechos y, en esa medida, presupone que puede y debe hacerse responsable por sus actos. Por ello, la forma en que el individuo lidia en términos personales con su responsabilidad penal, queda fuera del ámbito sancionador del Estado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 19/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 374, de rubro y texto siguientes: "DERECHO PENAL DEL AUTOR Y DERECHO PENAL DEL ACTO. RASGOS CARACTERIZADORES Y DIFERENCIAS. De la interpretación sistemática de los artículos 1o., 14, tercer párrafo, 18, segundo párrafo, y 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que nuestro orden jurídico se decanta por el paradigma conocido como "derecho penal del acto" y rechaza a su opuesto, el "derecho penal del autor". Entender las implicaciones de ello, requiere identificar sus rasgos caracterizadores y compararlos entre sí. El modelo del autor asume que las características personales del inculpado son un factor que se debe considerar para justificar la imposición de la pena. Al sujeto activo del delito (que en esta teoría suele ser llamado delincuente) puede adscribírsele la categoría de persona desviada, enferma, desadaptada, ignorante, entre otros calificativos. Esta categorización no es gratuita: cumple la función de impactar en la imposición, el aumento o el decremento de la pena; incluso permite castigar al sujeto por sus cualidades morales, su personalidad o su comportamiento precedente frente a la sociedad. Así, la pena suele concebirse como un tratamiento que pretende curar, rehabilitar, reeducar, sanar, normalizar o modificar coactivamente la identidad del sujeto; también como un medio que pretende corregir al individuo "peligroso" o "patológico", bajo el argumento de que ello redunda en su beneficio. Por ello, el quántum está en función del grado de disfuncionalidad que se percibe en el individuo. Ese modelo se basa en la falaz premisa de que existe una asociación lógico-necesaria entre el "delincuente" y el delito, para asumir que quien ha delinquido probablemente lo hará en el futuro, como si la personalidad "peligrosa" o "conflictiva" fuera connatural a quien ha cometido un acto contrario a la ley. Además, el derecho penal de autor asume que el Estado -actuando a través de sus órganos- está legitimado para castigar la ausencia de determinadas cualidades o virtudes en la persona (o, por lo menos, utilizarla en su perjuicio). En cambio, el derecho penal del acto no justifica la imposición de la pena en una idea rehabilitadora, ni busca el arrepentimiento del infractor; lo asume como un sujeto de derechos y, en esa medida, presupone que puede y debe hacerse responsable por sus actos. Por ello, la forma en que el individuo lidia en términos personales con su responsabilidad penal, queda fuera del ámbito sancionador del Estado. Esa exigencia, hay que decirlo, es propia del proceso destinado a la adjudicación de la responsabilidad penal de la persona -dicho de otro modo, en el proceso penal solo ha de aplicarse el derecho penal de acto y no el de autor-; y, es cierto, los principios que contempla el "modelo del acto" -materialidad, lesividad y culpabilidad- trascienden a la ejecución de la pena, pues en línea de congruencia deben aplicarse mecanismos tendientes a evitar la estigmatización de la persona sentenciada, pero en lo que la doctrina ha denominado derecho penitenciario, necesariamente debe atenderse al particular perfil de la persona, pues de esto dependerán las acciones y medidas a implementar, atendiendo a las causas que originaron que delinquiera, para procurar su reinserción a la sociedad, como fin constitucionalmente definido. Por lo que, contrario a lo que presupone la parte promovente, no resulta violatorio del derecho a la dignidad humana que, en las decisiones en materia penitenciaria, se atienda al perfil de la persona, pues el constituyente al establecer en el artículo 18 de la Constitución Federal, que el ".sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad", presupone que las características personales sean un factor a considerar para lograr ese fin, eso sí, alejadas de estigmatizaciones y/o puntos de vista generalizados. De ahí es que, en ese contexto, contrario a lo que aduce la parte quejosa, atendiendo a sus características personales, su permanencia constituía un riesgo a la seguridad y gobernabilidad del establecimiento penitenciario, para la población, así como para las demás personas que acuden al mismo, siendo en ese orden precisa la autoridad en cuanto a las razones en que se soporta, al considerar sus antecedentes disciplinarios y, especialmente, los personales, que lo perfilan como un líder negativo y contaminante del entorno, con faltas a las normas establecidas, es refractario de tratamiento y hostil, con una trayectoria negativa institucional; además, presenta una actitud transgresora y habitual desde su ingreso al sistema penitenciario, con sanciones constantes por riñas, extorciones, falta al personal de seguridad y lesiones a compañeros. Esto es, la viabilidad del traslado, contrario a lo que presupone el sentenciado, no se constituye ni es consecuencia de las sanciones disciplinarias, sino de las evaluaciones hechas a su persona -y no existe circunstancia alguna por la que no deban de ser consideradas, sobre todo si lo determinado cuenta con el soporte documental-, de las que se advierte su trayectoria, ponderada frente a los aspectos particulares del centro de reclusión -que es de mediana seguridad-, que permiten concluir que requiere de medidas especiales de seguridad y que pone en riesgo la seguridad y gobernabilidad del centro penitenciario, pues a pesar de que se le han impuesto diversas sanciones disciplinarias, su comportamiento es tendiente a la transgresión de la normatividad del centro en el que se encontraba, conclusión que, como resolvió la Sala responsable, no puede ser "subjetiva". Aquí, cabe decir, no debe confundirse: el traslado por excepción o urgencia no es una medida disciplinaria, por lo que no le resultan aplicables las reglas o principios [entre ellos, el de debido proceso, de contradicción, de adecuada defensa, entre otros] que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal para los procedimientos de índole disciplinario; y si en su configuración se toman en cuenta sanciones disciplinarias previas, el interno no puede pretender aquí controvertirlas, como una especie de violación de origen, puesto que la propia legislación establece las formas y canales conducentes. Establecido lo anterior, es inconcuso que no le asiste la razón al pretender el quejoso establecer que solo se consideran informes de forma genérica; por el contrario, como lo expone la Sala responsable, la valoración de las características personales contenidas en su expediente técnico, jurídico y de seguridad tomado en consideración, revelan circunstancias fácticas que, en el contexto de su trayectoria institucional y análisis de riesgo, hacen necesaria la implementación de medidas especiales de seguridad, que se dice y justifica en el centro penitenciario en el que se encontraba, no pueden proporcionárseles, esto es, en forma personal e individualizada, establecen el riesgo objetivo que representa. Siendo así que, a partir de diversos aspectos objetivos e indicios que indicaban que su presencia, con independencia del delito por el cual fue sentenciado, ponían en riesgo la seguridad, gobernabilidad y buen funcionamiento del centro penitenciario en el que se encontraba, la autoridad penitenciaria autorizó y ejecutó su traslado, por medidas especiales de seguridad y vigilancia, que esa penitenciaria no puede cubrir, dado que es considerado un reclusorio de mediana seguridad, que no cuenta con los sistemas adecuados para su internamiento y permanencia, además de que presenta problemas de falta de personal de seguridad y custodia. Aspectos por lo que, el juez rector de su proceso, lo calificó de legal, pues advirtió que lo motivaban razones de seguridad penitenciaria, específicamente que obedeció a cuestiones especiales de seguridad y a que estaba en riesgo la seguridad y gobernabilidad del centro penitenciario en que se encontraba. En ese contexto, el traslado en el fondo reclamado cumple con los parámetros de regularidad constitucional de legalidad, de certeza jurídica y de debido proceso, ya que las autoridades penitenciarias competentes, ajustándose al procedimiento que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, justificaron el estado de excepción que requería una intervención inmediata, como era la seguridad y gobernabilidad del centro carcelario, y lo autorizaron y ejecutaron, además de que inmediatamente lo informaron al juez de la causa, quien se pronunció sobre la legalidad de ese cambio de centro de reclusión y estableció que se encontraba justificado. Lo cual tampoco es arbitrario; veamos, la parte quejosa refiere que el artículo 52, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, deja al arbitrio de la autoridad penitenciaria el traslado, sin exigir un test de proporcionalidad para resolver conflictos de normas constitucionales, por lo que a su consideración es inconstitucional. Premisa que es inexacta; el legislador, en su construcción normativa, parte de un principio de precaución o previsibilidad y transitoriedad, involucrando la elección de realizar una conducta y, con ello, evitar un riesgo, motivada en un contexto y circunstancias particulares, en el caso particular, el traslado urgente y/o excepcional, por medio de resolución administrativa y sin autorización judicial previa, cuando esté en riesgo seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, lo que en sí mismo soporta el test de proporcionalidad en derechos fundamentales, que incluso es exigencia para toda intervención que tenga como consecuencia una afectación o limitación de los de las personas privadas de su libertad [artículo 4 de la Ley Nacional de Ejecución Penal], pues dadas las razones advertidas y en el contexto legal en que se ejecuta, resulta una medida idónea y necesaria para el objeto perseguido, en concreto, la seguridad institucional y gobernabilidad de los centros carcelarios, así como la salvaguarda de las personas internas, de las que prestan ahí sus servicios y de sus visitantes, e incluso, si bien representa una limitación gradual, es proporcional en relación y/o frente a los derechos que, en el caso concreto, opone la parte quejosa, específicamente de reinserción social y a convivir con su familia. Empero, de hecho, como se adelantó, que el legislador privilegiara la seguridad de los centros penitenciarios con el fin de prevenir riesgos para las personas privadas de su libertad y para la gobernabilidad en sí de la institución carcelaria, esa resolución administrativa debe fundar y motivar la necesidad que justifique su emisión, pues en caso contrario, la autoridad jurisdiccional, dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas, puede resolver sobre la ilegalidad de la medida. Dicho de otra forma, la decisión de la autoridad penitenciaria es precautoria, cautelar y de urgente aplicación en función de un interés superior; pero está sujeta a la revisión y validación que haga la autoridad jurisdiccional sobre su legalidad. Por lo que, como lo advirtió la Sala responsable, el traslado cuestionado cumple con los principios de legalidad y seguridad jurídica, tutelados en el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la que deviene infundada la inconformidad de quejoso. Lo anterior, no riñe con el principio "pro persona" o "pro homine", pues este no deriva necesariamente en que las cuestiones planteadas por los gobernados deban resolverse de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno puede dar cabida a interpretaciones "más favorables", cuando no encuentren sustento en las reglas de derecho aplicables, porque, al final, es conforme con estas últimas que deben resolverse las controversias correspondientes. Apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 906, de rubro "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES." Circunstancia que, en ese orden, no resulta violatoria del artículo 1° constitucional, el cual establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Carta Magna, sino también por aquellos previstos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, pues bajo una visión progresista y no restrictiva de derechos, su traslado se encuentra debidamente fundado y motivado, es proporcional e idóneo atendiendo a las razones en que se sostiene, por lo que no existe violación alguna a los artículos constituciones y de tratados internaciones señalados en la demanda de amparo. Incluso, corolario a lo anterior, en el caso concreto que se analiza, el traslado del aquí quejoso de la Penitenciaria al Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II, ambos de la Ciudad de México, no conlleva a la ineludible consecuencia de que se restrinja su derecho a purgar la pena en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, pues no existe elemento alguno que revele una alteración sustantiva en cuanto a su situación jurídica, ya que sigue estando en la Ciudad de México, solo que en un penal acorde a sus condiciones personales. Siendo al respecto ineficaz para el alcance pretendido el argumento relativo a que conforme con el Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II de la Ciudad de México resultó mal calificado en aspectos que garanticen la integridad personal del interno, una estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social y grupos de internos con requerimientos específicos. Lo anterior es así, pues al margen de que esa evaluación que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la situación que impera en el sistema penitenciario nacional, específicamente en cuanto a las condiciones de estancia e internamiento de las personas procesadas y sentenciadas, únicamente es orientadora en la elaboración de políticas públicas tendientes a garantizar el respeto de los derechos humanos de los internos [véase artículo 6, fracción XII, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos3], el hecho de que ese centro penitenciario haya resultado mal calificado en los aspectos señalados, no significa que en la actualidad adolezca de condiciones mínimas para hacerse de los ejes rectores que señala la Constitución y la Ley para lograr su reinserción, por lo que no ponderar tal aspecto, no hace irregular su traslado. 3 Artículo 6o.- La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones: . XII. Supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema de reinserción social del país mediante la elaboración de un diagnóstico anual sobre la situación que éstos guarden. En dicho diagnóstico deberán incluirse, además de las evaluaciones que la Comisión pondere, datos estadísticos sobre el número, las causas y efectos de los homicidios, así como de las riñas, motines, desórdenes, abusos y quejas documentadas que sucedan en las prisiones, centros de detención y retención federales y locales. El diagnóstico se hará del conocimiento de las dependencias federales y locales competentes en la materia para que éstas elaboren, considerando las opiniones de la Comisión, las políticas públicas tendientes a garantizar el respeto de los derechos humanos de los internos; . En este contexto, por las razones expuestas en párrafos que anteceden, contrario a las afirmaciones de la parte promovente de amparo, no existe violación a derechos fundamentales. Así que, en razón de lo expuesto, y al no advertirse alguna deficiencia que suplir en sus conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, respecto de la resolución que confirma la determinación que califica de legal su traslado por medidas de seguridad institucional de la Penitenciaria al Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II, ambos de la Ciudad de México. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo: SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a . respecto del acto reclamado y por las razones y en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; y, personalmente a las partes.

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