Luis Romo Vite
Expediente 875/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 875/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 23/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Luis Romo Vite
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir en revisión la sentencia que negó la protección constitucional, sin que se interpusiera; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del juicio, ..; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. Por otro lado, tomando en consideración que la autoridad responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, acorde a la certificación inicial, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el Secretario encargado de la tramitación del expediente, revisó e hizo constar que la versión impresa de este último coincide con la electrónica. NOTIFÍQUESE.
- Principal
(CITATORIO)EN VIRTUD DE QUE LAS TERCERAS INTERESADAS NO ACUDIERON AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO EL VEINTICINCO DE FEBRERO DE 2022, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA ENGROSADA EL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE 2022, QUE EN SÍNTESIS DICE: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 875/2021, promovido por ..., contra actos de la Décima Sala y Juez Segundo, ambos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades mencionadas, por considerarlos violatorios de los artículos 1º, 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Por razón de turno, tocó conocer del asunto al suscrito, quien admitió la acción de amparo, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, requirió informes justificados, señaló parte tercera interesada, y fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que las autoridades responsables rindieron su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló intervención, la tercera interesada fue emplazada, finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción V, de la ley de la materia, en atención a que se trata de un amparo indirecto promovido contra un acto derivado de un juicio de naturaleza mercantil, radicado en un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme al numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es la sentencia de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, emitida por la Décima Sala Civil de esta ciudad, en el toca ., donde confirmó la interlocutoria de veintinueve de abril anterior, que declaró infundado el incidente de providencias precautorias promovido por el quejoso dentro del juicio ordinario mercantil ... del índice del Juzgado Segundo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, las autoridades responsables aceptaron la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las copias certificadas del proceso de origen, remitidas en su apoyo, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Para entrar al estudio del asunto, es conveniente señalar las actuaciones que precedieron al acto reclamado: 1. El doce de febrero de dos mil diecinueve, el quejoso demandó en la vía ordinaria mercantil a las terceras interesadas; asunto que fue turnado al juez responsable, quien previa aclaración, lo admitió el veintiuno siguiente. 2. El tres de abril de dos mil diecinueve, el peticionario promovió un incidente de providencias precautorias donde pidió el aseguramiento de cuentas bancarias a nombre de las terceras interesadas. 3. El cinco del mismo mes y año, se dio vista a sus contrarias con la incidencia planteada. 4. Seguido su trámite, el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, el A quo dictó interlocutoria en la que concluyó así: "RESUELVE PRIMERO.- La parte actora, promovió en la VÍA INCIDENTAL PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS en el JUICIO ORDINARIO MERCANTIL promovido por . en contra de ., las que resultaron infundadas por las razones expuestas en el considerando único de la presente resolución. SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE. [.]" 5. Inconforme, el quejoso promovió apelación contra dicha resolución, del cual conoció la Ad quem, quien el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictó sentencia confirmando la resolución del juez de origen. Dicho fallo constituye el acto reclamado. QUINTO. Conceptos de violación. En esencia, el quejoso sostiene que el acto reclamado viola en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los numerales 1º, 14, 16 y 17 Constitucionales, por lo siguiente: - Contrario a lo señalado por la Ad quem, sí se cumplieron los requisitos previstos en el artículo 1175 del Código de Comercio, pues: I) probó la existencia del crédito líquido y exigible; II) Expresó y acreditó el valor de las prestaciones reclamadas; III) Realizó la protesta de decir verdad; IV) Quedó acreditada la ilegal actuación de los terceros interesados. Transgrede lo señalado por el numeral 2190 del Código Civil Federal, pues conforme a dicho precepto, las providencias precautorias tienen por objeto prevenir un daño o peligro, no tienen efectos definitivos y se conceden a favor de los acreedores con la finalidad de garantizar los resultados materiales del juicio. Los documentos base exhibidos con la demanda de origen, tienen el alcance de demostrar la celebración del contrato verbal de administración y rendimiento de capital, y están dotados de exigibilidad al haber sido admitida la demanda; de no serlo, se habría desechado el asunto. Incorrectamente adujo que no está acreditada la exigibilidad de los documentos con los que se acreditan los depósitos realizados por el peticionario, en cumplimiento al contrato verbal de administración y rendimiento de capital celebrado con los terceros interesados. Además, alega una indebida fundamentación y motivación, pues refiere que la Sala responsable únicamente transcribió sus agravios, los antecedentes del proceso natural y criterios que a su consideración no resultan aplicables al caso. Los conceptos de violación son infundados, los cuales serán analizados como fueron agrupados por contener temas afines, aunque no corresponda a la forma planteada por la parte quejosa, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. Entre las garantías que consagra la Constitución Federal a favor del gobernado, incluye la de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta prerrogativa forma parte de la genérica de seguridad jurídica, que tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para estar en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. El artículo 16 de la Constitución Federal, en lo relativo dice: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Para satisfacer el principio de seguridad jurídica, la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, de las formalidades del acto, y legalidad. En el entendido que por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad, en tanto que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Tiene aplicación la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página ciento cuarenta y tres, tomo 97-102 tercera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Para satisfacer esos requisitos Constitucionales, la Sala responsable dictó una sentencia en la que estructuró su decisión de la siguiente forma: - Precisó los agravios; - Señaló los antecedentes destacados; - Invocó las normas aplicables; - Estableció el caso concreto; - Analizó la aplicación de las normas al caso, y a partir de ello, formuló su conclusión. Así, contrario a lo alegado por el peticionario, la forma en que la autoridad llevó a cabo el análisis de su recurso, no constituye un elemento que determine por sí solo una actuación ilegal; no obstante, a partir de lo alegado en cuanto a la aplicación de las normas, enseguida se efectuará el estudio correspondiente. El contexto normativo de las providencias precautorias se prevé en los artículos 1168, 1175 y 1177 del Código de Comercio . La legislación citada es aplicable a la solicitud de una providencia precautoria en un juicio mercantil en que se ejercerá una acción de pago (personal), y de su contenido se advierten los requisitos a satisfacerse para su procedencia, a saber: - Probar la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor. - Expresar el valor de las prestaciones o el de la cosa que se reclama, designando ésta con toda precisión. - Manifestar bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales se tiene temor fundado de que los bienes consignados como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar la acción real serán ocultados, dilapidados, dispuestos o enajenados. En caso de que dichos bienes sean insuficientes para garantizar el adeudo, se debe acreditar con el avalúo o las constancias respectivas. - Tratándose de acciones personales, manifestar bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en que se ha de practicar la diligencia. Asimismo, expresar las razones por las que exista temor fundado de que el deudor oculte, dilapide o enajene dichos bienes, salvo que se trate de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, o de otros bienes fungibles. - Garantizar los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en el caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto en el Código de Comercio, o bien porque promovida la demanda, sea absuelta su contraparte. Las providencias precautorias son mecanismos autorizados por la ley para garantizar todo derecho con probabilidad de insatisfacción -mediante la salvaguarda de una situación de hecho, el apartamiento de bienes, cosas o personas para garantizar la eventual realización de la sentencia, o la anticipación de ciertos efectos provisorios de la sentencia de mérito- el cumplimiento de lo que en su momento pueda constituir una condena. Su objeto consiste en obtener una resolución que permite preservar una situación determinada, y con ello evitar el peligro de que, atendiendo a posibles o probables eventos, naturales o voluntarios, sean restringidas prerrogativas de derecho sustancial o procesal, tutelados por el derecho objetivo, que de tal situación deriven o puedan derivar, mientras está pendiente un proceso en previsión de un proceso futuro. Por ello, en la función cautelar es instrumental a la pretensión ejercitada en el proceso, para asegurar la ejecución; su finalidad es que no se frustre el proceso -concretamente lograr la efectividad de la ejecución de la sentencia-. Dichas medidas pueden solicitarse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia o resolución ejecutoria, incluso, previamente a la instauración del juicio. Clases: Las providencias precautorias previstas expresamente por el Código de Comercio son la radicación de personas y la retención de bienes. En el presente asunto se atenderá el tema de la retención de bienes, del cual se prevén dos supuestos para su procedencia: 1. Cuando exista temor fundado de que los bienes que se hayan consignado como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercer una acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes. 2. En las acciones personales, siempre que la persona no tenga otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia, y exista temor fundado de que lleve a cabo alguna de las conductas señaladas en el punto anterior. Cuando los bienes consistan en dinero en efectivo, la ley presume que se llevarán a cabo las conductas señaladas, salvo que el afectado con la medida garantice el monto del adeudo. Requisitos para la retención de bienes: La retención de bienes se decretará siempre que se pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible a favor del promovente; se exprese el valor de las prestaciones o el de la cosa que se reclama con toda precisión; manifieste, bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales tenga temor fundado de que los bienes consignados como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercer la acción real serán ocultados, dilapidados, dispuestos o enajenados y acreditar que los bienes sean insuficientes para garantizar el adeudo. Asimismo, cuando se trata de una acción personal, es necesario que se manifieste que el deudor no tiene otros bienes conocidos, distintos a los que se pretenden afectar. Además, cuando se trata de bienes fungibles, como es el caso del dinero, que dada su intrínseca naturaleza circulante como medio de intercambio indirecto para pagar por bienes y servicios y saldar deudas, genera por sí mismo la presunción de una fácil dilapidación, no es necesario justificar el temor fundado de que será ocultado, dilapidado, dispuesto o enajenado. En el caso, de las constancias allegadas se advierte que la parte quejosa solicitó providencias precautorias sobre retención de bienes de las terceras interesadas, y sobre los requisitos, señaló en una tabla lo siguiente: Requisito Cumplimiento 1. Que la persona contra quien se pida no tuviere otros bienes que aquellos en los que se ha de practicar la diligencia ... Se manifiesta bajo protesta de decir verdad que desconozco la existencia de bienes diferentes al numerario que pudiera existir en las cuentas. 2. Al tratarse de dinero en depósito en instituciones de crédito, se presumirá el riesgo de que los mismos sean dispuestos, ocultados o dilapidados, salvo que el afectado con la medida garantice el monto del adeudo. 3. Se pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible; Se advierte de los depósitos que existe al menos por su importe una cantidad líquida y exigible a favor del suscrito. 4. Se exprese el valor de las prestaciones. Se encuentra expresado en el hecho primero del presente escrito. 5. Se manifieste bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en los que se ha de practicar la diligencia. Se manifiesta bajo protesta de decir verdad que desconozco la existencia de bienes diferentes al numerario que pudiera existir en las cuentas. 6. Se garanticen los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor. Deberá señalar su señoría conforme a su prudente criterio dicha garantía. 7. La retención de bienes se regirá, en lo que le resulte aplicable, por lo dispuesto para los juicios ejecutivos mercantiles, y Deberá su señoría imponer dichas restricciones al momento de su concesión. 8. No se requiere citar a la persona contra quien ésta se pida Deberá su señoría observar dicha prevención. Como pruebas, ofreció las documentales consistentes en diversos comprobantes de depósitos bancarios, que también exhibió como base de la acción. Ahora bien, en el juicio principal, el reclamo se centra sobre la devolución de las cantidades que constan en los depósitos exhibidos, y en sus hechos el quejoso narró: "4. Ambos depósitos obedecieron al representante legal de ambas empresas, es decir, el señor ., el cual realizó múltiples veces promesas formalizar (sic) los acuerdos de rendimiento sin que esto ocurriera, razón que motivó que se les requiriera en múltiples ocasiones la restitución de las cantidades referidas en los hechos anteriores." De lo expuesto se aprecia que, la quejosa solicitó providencias precautorias de retención de bienes, sobre la base de que sus contrapartes le adeudan la suma de dinero reclamada en la demanda inicial y que es por la que solicitó las medidas precautorias. Ahora bien, al resolver la apelación contra la interlocutoria que desestimó su incidente de providencias precautorias, la Sala responsable adujo que con los documentos base de la acción únicamente se satisface el requisito relativo a la liquidez, más no el de la exigibilidad, conforme al numeral 2190 del Código Civil Federal, pues no exhibió ningún elemento de convicción que demuestre esa cualidad; argumento que es correcto. Conforme a lo dispuesto por el ordinal 2189 del Código Civil Federal, se llama deuda líquida aquella cuya cuantía se ha determinado o puede determinarse dentro del pazo de nueve días. Por otro lado, el artículo 2190 del Código Civil Federal, dispone que se llama exigible aquella deuda cuyo pago no puede rehusarse conforme a derecho. Este último supuesto no concurre sobre la cantidad por la que se solicitan las medidas cautelares de retención de bienes, porque hasta este momento, no ha sido determinado que el peticionario tenga derecho a recibir esos montos. Sin que dicho requisito sea susceptible de demostrarse de forma presuntiva; pues no lo prevé de esa forma la ley que rige al acto; por el contrario, conforme a lo dispuesto en el numeral 1175 del Código de Comercio, para decretar las medidas cautelares de retención de bienes, debe acreditarse la existencia de crédito líquido y exigible; aspecto sobre el cual, el legislador no distinguió la forma de acreditarlo, y si bien es cierto que para una providencia no se requiere el mismo estándar probatorio que para una acción, lo jurídicamente relevante es que en el caso la falta de exigibilidad de los documentos -sin prejuzgar sobre ello- que pudiera darse al momento de dictar sentencia, en este momento no se satisface, pues las constancias que obran en autos aún no permiten determinar sin lugar a dudas que los depósitos exhibidos constituyan un documento exigible. En efecto, un crédito es líquido y exigible cuando concurren las siguientes circunstancias: La liquidez significa su expresión numérica, en cantidad determinada, o como resultado de cálculos aritméticos sumamente sencillos, que puedan elaborarse con los elementos que se consignan de manera clara en la documentación. La exigibilidad surge cuando están satisfechos todos los elementos previstos por la ley o las partes, para que el crédito deba ser pagado, sin que esté de por medio un plazo dudoso o no cumplido, se pueda desprender de la documentación relativa al acto jurídico la posible existencia de una condición de cualquier clase, o se adviertan elementos que se puedan oponer válidamente al acreedor. Ahora bien, los documentos exhibidos por el peticionario en el juicio de origen, adolecen de esta última característica, pues no es posible afirmar que por su sola exhibición exista la obligación de pago, sino que dependerá de lo que se resuelva en sentencia; lo anterior, pues se trata de depósitos de dinero que dice haber efectuado a la parte demandada, sin que dichas documentales estén contempladas en la legislación como algún tipo de prueba pre-constituida sobre la existencia de un adeudo a su favor. De ahí que fuera correcta la decisión asumida por la autoridad responsable al desestimar la pretensión del quejoso por esa razón. En ese sentido, contrario a lo alegado por el quejoso, la autoridad responsable no interpretó ni aplicó incorrectamente el contenido del artículo 2190 del Código Civil Federal, pues su criterio es conforme al sentido que el legislador le otorgó, y sobre todo armonizando lo establecido con el diverso ordinal 1175 del Código de Comercio, que establece los requisitos para decretar una providencia precautoria. Ahora bien, el hecho de que se admitiera la demanda, no puede constituir un elemento para determinar la exigibilidad de los documentos, pues ello obedece a la prerrogativa de accionar, conforme al numeral 1 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la legislación mercantil , que forma parte de un derecho de acceso a la justicia, pero esa sola circunstancia, no implica necesariamente que por el solo hecho de admitir la demanda, tenga derecho a reclamar, pues ello será determinado una vez sustanciado el juicio, siguiendo las formalidades esenciales del procedimiento, con el dictado de la sentencia¬. En esas condiciones, debe negarse la protección constitucional solicitada. Negativa que se hace extensiva al reclamo atribuido al juez responsable, pues no se reclama por vicios propios. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia II.1o.J/12, de la Octava Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario judicial de la Federación, tomo 82, Octubre de 1994, consultable en la página 41, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS." En las relatadas circunstancias, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Finalmente, los alegatos formulados no se analizan porque no forman parte de la litis constitucional en el amparo indirecto, conforme a la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ..., contra actos de la Décima Sala y Juez Segundo, ambos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por las razones señaladas en el último considerando. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido del licenciado ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy veintitrés de febrero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 875/2021; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 875/2021, promovido por ..., contra actos de la Décima Sala y Juez Segundo, ambos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades mencionadas, por considerarlos violatorios de los artículos 1º, 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Por razón de turno, tocó conocer del asunto al suscrito, quien admitió la acción de amparo, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, requirió informes justificados, señaló parte tercera interesada, y fijó hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que las autoridades responsables rindieron su informe justificado; la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló intervención, la tercera interesada fue emplazada, finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción V, de la ley de la materia, en atención a que se trata de un amparo indirecto promovido contra un acto derivado de un juicio de naturaleza mercantil, radicado en un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme al numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es la sentencia de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, emitida por la Décima Sala Civil de esta ciudad, en el toca ., donde confirmó la interlocutoria de veintinueve de abril anterior, que declaró infundado el incidente de providencias precautorias promovido por el quejoso dentro del juicio ordinario mercantil ... del índice del Juzgado Segundo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, las autoridades responsables aceptaron la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las copias certificadas del proceso de origen, remitidas en su apoyo, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Para entrar al estudio del asunto, es conveniente señalar las actuaciones que precedieron al acto reclamado: 1. El doce de febrero de dos mil diecinueve, el quejoso demandó en la vía ordinaria mercantil a las terceras interesadas; asunto que fue turnado al juez responsable, quien previa aclaración, lo admitió el veintiuno siguiente. 2. El tres de abril de dos mil diecinueve, el peticionario promovió un incidente de providencias precautorias donde pidió el aseguramiento de cuentas bancarias a nombre de las terceras interesadas. 3. El cinco del mismo mes y año, se dio vista a sus contrarias con la incidencia planteada. 4. Seguido su trámite, el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, el A quo dictó interlocutoria en la que concluyó así: "RESUELVE PRIMERO.- La parte actora, promovió en la VÍA INCIDENTAL PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS en el JUICIO ORDINARIO MERCANTIL promovido por . en contra de ., las que resultaron infundadas por las razones expuestas en el considerando único de la presente resolución. SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE. [.]" 5. Inconforme, el quejoso promovió apelación contra dicha resolución, del cual conoció la Ad quem, quien el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictó sentencia confirmando la resolución del juez de origen. Dicho fallo constituye el acto reclamado. QUINTO. Conceptos de violación. En esencia, el quejoso sostiene que el acto reclamado viola en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los numerales 1º, 14, 16 y 17 Constitucionales, por lo siguiente: - Contrario a lo señalado por la Ad quem, sí se cumplieron los requisitos previstos en el artículo 1175 del Código de Comercio, pues: I) probó la existencia del crédito líquido y exigible; II) Expresó y acreditó el valor de las prestaciones reclamadas; III) Realizó la protesta de decir verdad; IV) Quedó acreditada la ilegal actuación de los terceros interesados. Transgrede lo señalado por el numeral 2190 del Código Civil Federal, pues conforme a dicho precepto, las providencias precautorias tienen por objeto prevenir un daño o peligro, no tienen efectos definitivos y se conceden a favor de los acreedores con la finalidad de garantizar los resultados materiales del juicio. Los documentos base exhibidos con la demanda de origen, tienen el alcance de demostrar la celebración del contrato verbal de administración y rendimiento de capital, y están dotados de exigibilidad al haber sido admitida la demanda; de no serlo, se habría desechado el asunto. Incorrectamente adujo que no está acreditada la exigibilidad de los documentos con los que se acreditan los depósitos realizados por el peticionario, en cumplimiento al contrato verbal de administración y rendimiento de capital celebrado con los terceros interesados. Además, alega una indebida fundamentación y motivación, pues refiere que la Sala responsable únicamente transcribió sus agravios, los antecedentes del proceso natural y criterios que a su consideración no resultan aplicables al caso. Los conceptos de violación son infundados, los cuales serán analizados como fueron agrupados por contener temas afines, aunque no corresponda a la forma planteada por la parte quejosa, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. Entre las garantías que consagra la Constitución Federal a favor del gobernado, incluye la de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta prerrogativa forma parte de la genérica de seguridad jurídica, que tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para estar en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. El artículo 16 de la Constitución Federal, en lo relativo dice: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Para satisfacer el principio de seguridad jurídica, la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, de las formalidades del acto, y legalidad. En el entendido que por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad, en tanto que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Tiene aplicación la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página ciento cuarenta y tres, tomo 97-102 tercera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Para satisfacer esos requisitos Constitucionales, la Sala responsable dictó una sentencia en la que estructuró su decisión de la siguiente forma: - Precisó los agravios; - Señaló los antecedentes destacados; - Invocó las normas aplicables; - Estableció el caso concreto; - Analizó la aplicación de las normas al caso, y a partir de ello, formuló su conclusión. Así, contrario a lo alegado por el peticionario, la forma en que la autoridad llevó a cabo el análisis de su recurso, no constituye un elemento que determine por sí solo una actuación ilegal; no obstante, a partir de lo alegado en cuanto a la aplicación de las normas, enseguida se efectuará el estudio correspondiente. El contexto normativo de las providencias precautorias se prevé en los artículos 1168, 1175 y 1177 del Código de Comercio . La legislación citada es aplicable a la solicitud de una providencia precautoria en un juicio mercantil en que se ejercerá una acción de pago (personal), y de su contenido se advierten los requisitos a satisfacerse para su procedencia, a saber: - Probar la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor. - Expresar el valor de las prestaciones o el de la cosa que se reclama, designando ésta con toda precisión. - Manifestar bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales se tiene temor fundado de que los bienes consignados como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar la acción real serán ocultados, dilapidados, dispuestos o enajenados. En caso de que dichos bienes sean insuficientes para garantizar el adeudo, se debe acreditar con el avalúo o las constancias respectivas. - Tratándose de acciones personales, manifestar bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en que se ha de practicar la diligencia. Asimismo, expresar las razones por las que exista temor fundado de que el deudor oculte, dilapide o enajene dichos bienes, salvo que se trate de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, o de otros bienes fungibles. - Garantizar los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en el caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto en el Código de Comercio, o bien porque promovida la demanda, sea absuelta su contraparte. Las providencias precautorias son mecanismos autorizados por la ley para garantizar todo derecho con probabilidad de insatisfacción -mediante la salvaguarda de una situación de hecho, el apartamiento de bienes, cosas o personas para garantizar la eventual realización de la sentencia, o la anticipación de ciertos efectos provisorios de la sentencia de mérito- el cumplimiento de lo que en su momento pueda constituir una condena. Su objeto consiste en obtener una resolución que permite preservar una situación determinada, y con ello evitar el peligro de que, atendiendo a posibles o probables eventos, naturales o voluntarios, sean restringidas prerrogativas de derecho sustancial o procesal, tutelados por el derecho objetivo, que de tal situación deriven o puedan derivar, mientras está pendiente un proceso en previsión de un proceso futuro. Por ello, en la función cautelar es instrumental a la pretensión ejercitada en el proceso, para asegurar la ejecución; su finalidad es que no se frustre el proceso -concretamente lograr la efectividad de la ejecución de la sentencia-. Dichas medidas pueden solicitarse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia o resolución ejecutoria, incluso, previamente a la instauración del juicio. Clases: Las providencias precautorias previstas expresamente por el Código de Comercio son la radicación de personas y la retención de bienes. En el presente asunto se atenderá el tema de la retención de bienes, del cual se prevén dos supuestos para su procedencia: 1. Cuando exista temor fundado de que los bienes que se hayan consignado como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercer una acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes. 2. En las acciones personales, siempre que la persona no tenga otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia, y exista temor fundado de que lleve a cabo alguna de las conductas señaladas en el punto anterior. Cuando los bienes consistan en dinero en efectivo, la ley presume que se llevarán a cabo las conductas señaladas, salvo que el afectado con la medida garantice el monto del adeudo. Requisitos para la retención de bienes: La retención de bienes se decretará siempre que se pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible a favor del promovente; se exprese el valor de las prestaciones o el de la cosa que se reclama con toda precisión; manifieste, bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales tenga temor fundado de que los bienes consignados como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercer la acción real serán ocultados, dilapidados, dispuestos o enajenados y acreditar que los bienes sean insuficientes para garantizar el adeudo. Asimismo, cuando se trata de una acción personal, es necesario que se manifieste que el deudor no tiene otros bienes conocidos, distintos a los que se pretenden afectar. Además, cuando se trata de bienes fungibles, como es el caso del dinero, que dada su intrínseca naturaleza circulante como medio de intercambio indirecto para pagar por bienes y servicios y saldar deudas, genera por sí mismo la presunción de una fácil dilapidación, no es necesario justificar el temor fundado de que será ocultado, dilapidado, dispuesto o enajenado. En el caso, de las constancias allegadas se advierte que la parte quejosa solicitó providencias precautorias sobre retención de bienes de las terceras interesadas, y sobre los requisitos, señaló en una tabla lo siguiente: Requisito Cumplimiento 1. Que la persona contra quien se pida no tuviere otros bienes que aquellos en los que se ha de practicar la diligencia ... Se manifiesta bajo protesta de decir verdad que desconozco la existencia de bienes diferentes al numerario que pudiera existir en las cuentas. 2. Al tratarse de dinero en depósito en instituciones de crédito, se presumirá el riesgo de que los mismos sean dispuestos, ocultados o dilapidados, salvo que el afectado con la medida garantice el monto del adeudo. 3. Se pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible; Se advierte de los depósitos que existe al menos por su importe una cantidad líquida y exigible a favor del suscrito. 4. Se exprese el valor de las prestaciones. Se encuentra expresado en el hecho primero del presente escrito. 5. Se manifieste bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en los que se ha de practicar la diligencia. Se manifiesta bajo protesta de decir verdad que desconozco la existencia de bienes diferentes al numerario que pudiera existir en las cuentas. 6. Se garanticen los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor. Deberá señalar su señoría conforme a su prudente criterio dicha garantía. 7. La retención de bienes se regirá, en lo que le resulte aplicable, por lo dispuesto para los juicios ejecutivos mercantiles, y Deberá su señoría imponer dichas restricciones al momento de su concesión. 8. No se requiere citar a la persona contra quien ésta se pida Deberá su señoría observar dicha prevención. Como pruebas, ofreció las documentales consistentes en diversos comprobantes de depósitos bancarios, que también exhibió como base de la acción. Ahora bien, en el juicio principal, el reclamo se centra sobre la devolución de las cantidades que constan en los depósitos exhibidos, y en sus hechos el quejoso narró: "4. Ambos depósitos obedecieron al representante legal de ambas empresas, es decir, el señor ., el cual realizó múltiples veces promesas formalizar (sic) los acuerdos de rendimiento sin que esto ocurriera, razón que motivó que se les requiriera en múltiples ocasiones la restitución de las cantidades referidas en los hechos anteriores." De lo expuesto se aprecia que, la quejosa solicitó providencias precautorias de retención de bienes, sobre la base de que sus contrapartes le adeudan la suma de dinero reclamada en la demanda inicial y que es por la que solicitó las medidas precautorias. Ahora bien, al resolver la apelación contra la interlocutoria que desestimó su incidente de providencias precautorias, la Sala responsable adujo que con los documentos base de la acción únicamente se satisface el requisito relativo a la liquidez, más no el de la exigibilidad, conforme al numeral 2190 del Código Civil Federal, pues no exhibió ningún elemento de convicción que demuestre esa cualidad; argumento que es correcto. Conforme a lo dispuesto por el ordinal 2189 del Código Civil Federal, se llama deuda líquida aquella cuya cuantía se ha determinado o puede determinarse dentro del pazo de nueve días. Por otro lado, el artículo 2190 del Código Civil Federal, dispone que se llama exigible aquella deuda cuyo pago no puede rehusarse conforme a derecho. Este último supuesto no concurre sobre la cantidad por la que se solicitan las medidas cautelares de retención de bienes, porque hasta este momento, no ha sido determinado que el peticionario tenga derecho a recibir esos montos. Sin que dicho requisito sea susceptible de demostrarse de forma presuntiva; pues no lo prevé de esa forma la ley que rige al acto; por el contrario, conforme a lo dispuesto en el numeral 1175 del Código de Comercio, para decretar las medidas cautelares de retención de bienes, debe acreditarse la existencia de crédito líquido y exigible; aspecto sobre el cual, el legislador no distinguió la forma de acreditarlo, y si bien es cierto que para una providencia no se requiere el mismo estándar probatorio que para una acción, lo jurídicamente relevante es que en el caso la falta de exigibilidad de los documentos -sin prejuzgar sobre ello- que pudiera darse al momento de dictar sentencia, en este momento no se satisface, pues las constancias que obran en autos aún no permiten determinar sin lugar a dudas que los depósitos exhibidos constituyan un documento exigible. En efecto, un crédito es líquido y exigible cuando concurren las siguientes circunstancias: La liquidez significa su expresión numérica, en cantidad determinada, o como resultado de cálculos aritméticos sumamente sencillos, que puedan elaborarse con los elementos que se consignan de manera clara en la documentación. La exigibilidad surge cuando están satisfechos todos los elementos previstos por la ley o las partes, para que el crédito deba ser pagado, sin que esté de por medio un plazo dudoso o no cumplido, se pueda desprender de la documentación relativa al acto jurídico la posible existencia de una condición de cualquier clase, o se adviertan elementos que se puedan oponer válidamente al acreedor. Ahora bien, los documentos exhibidos por el peticionario en el juicio de origen, adolecen de esta última característica, pues no es posible afirmar que por su sola exhibición exista la obligación de pago, sino que dependerá de lo que se resuelva en sentencia; lo anterior, pues se trata de depósitos de dinero que dice haber efectuado a la parte demandada, sin que dichas documentales estén contempladas en la legislación como algún tipo de prueba pre-constituida sobre la existencia de un adeudo a su favor. De ahí que fuera correcta la decisión asumida por la autoridad responsable al desestimar la pretensión del quejoso por esa razón. En ese sentido, contrario a lo alegado por el quejoso, la autoridad responsable no interpretó ni aplicó incorrectamente el contenido del artículo 2190 del Código Civil Federal, pues su criterio es conforme al sentido que el legislador le otorgó, y sobre todo armonizando lo establecido con el diverso ordinal 1175 del Código de Comercio, que establece los requisitos para decretar una providencia precautoria. Ahora bien, el hecho de que se admitiera la demanda, no puede constituir un elemento para determinar la exigibilidad de los documentos, pues ello obedece a la prerrogativa de accionar, conforme al numeral 1 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la legislación mercantil , que forma parte de un derecho de acceso a la justicia, pero esa sola circunstancia, no implica necesariamente que por el solo hecho de admitir la demanda, tenga derecho a reclamar, pues ello será determinado una vez sustanciado el juicio, siguiendo las formalidades esenciales del procedimiento, con el dictado de la sentencia¬. En esas condiciones, debe negarse la protección constitucional solicitada. Negativa que se hace extensiva al reclamo atribuido al juez responsable, pues no se reclama por vicios propios. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia II.1o.J/12, de la Octava Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario judicial de la Federación, tomo 82, Octubre de 1994, consultable en la página 41, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS." En las relatadas circunstancias, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Finalmente, los alegatos formulados no se analizan porque no forman parte de la litis constitucional en el amparo indirecto, conforme a la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ..., contra actos de la Décima Sala y Juez Segundo, ambos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por las razones señaladas en el último considerando. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido del licenciado ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy veintitrés de febrero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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