Luis Rodríguez Ramos

Expediente 965/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
965/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
13/09/2022

Partes del expediente

  • Luis Rodríguez Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se aprecia que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de veinticinco de agosto del año en curso; en consecuencia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se establece que el presente expediente carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto concluido. Finalmente, procédase a la destrucción del presente expediente, una vez que haya transcurrido el plazo de tres años; mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.

  2. Principal

    Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el CITAOTRIO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra la autoridades y actos siguientes: Autoridad responsable: - Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Intrafamiliar Región Norte de la Mesa Número Uno. - Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Intrafamiliar Región Norte de la Mesa Número Dos. - Procuradora General de Justicia en el Estado de Tlaxcala. - Inspector en Jefe de la Policía de Investigación, Adscrito a la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Tlaxcala. - Comandante del Grupo de Atención a Delitos Sexuales Zona Norte de Policía de Investigación. Acto reclamado: - La orden de investigación emitida en contra del quejoso, así como su ejecución. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 965/2022-I. Atento a ello, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En este contexto, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia" (.)". Al respecto, conviene precisar que de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Federal, el Agente del Ministerio Público es la autoridad encargada de realizar la investigación ante la comisión de un delito. Por su parte, el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público en el Estado de Tlaxcala, señala las facultades de los Agentes del Ministerio Público en el Estado, entre ellas, las de efectuar las investigaciones en los delitos del orden común (fracción II), así como ante el no ejercicio de la acción penal actuar conforme lo que establece la Constitución Federal, la Constitución Local y el Código de Procedimientos Penales en el Estado (fracción VII). Ahora bien, en relación con esto último, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público". Del texto constitucional trascrito se desprende que la persecución de los delitos es facultad exclusiva del Ministerio Público en representación de la sociedad, por lo tanto, debe colegirse que dicha función no constituye un derecho privado, es decir, no forma parte de los derechos fundamentales de los gobernados, sino un derecho social, cuyo ejercicio está atribuido en exclusiva a dicha institución. De ahí que las actuaciones de la autoridad responsable tendientes a la integración y consignación de la averiguación previa, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, puesto que son de orden público, excepción hecha, como se verá más adelante, que en ellas se ordenara un acto privativo de la libertad, posesiones o derechos. En esas condiciones, la orden de investigación en contra de la parte quejosa, no le depara perjuicio alguno, pues con ello no se infiere que se le haya privado de su libertad, posesiones o derechos, además que como ya se dijo, la facultad del Ministerio Público para la persecución e investigación de los delitos, no es un derecho que forme parte de la esfera jurídica de la parte quejosa, sino que es un derecho social, cuyo ejercicio está atribuido en exclusiva a la institución antes mencionada. En esa tesitura, es inconcuso que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, respecto de la orden de investigación que reclama la parte quejosa; por tanto, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Sin que pase inadvertido que la parte quejosa señala que con motivo de la orden de investigación se puede dictar una posible orden de presentación o comparecencia; por tanto, es inconcuso que dichas ordenes constituyen un acto de realización futura e incierta, en virtud de que, al momento de la presentación de la demanda, se trata de un solo hecho hipotético, al observase conjeturas sobre su emisión y no así un acto real y actual que se pretenda materializar en su contra y que él haya tenido conocimiento de forma cierta y concreta. Por lo que a dichas ordenes les reviste el carácter de "futuro e inciertos", respecto de los cuales es improcedente el juicio de amparo indirecto y será hasta que se concrete la afectación, cuando sería susceptible de impugnarse en la vía de amparo al afectar su esfera jurídica de manera real y actual, lo que, en la especie, no acontece. En términos del artículo 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen por señalado el correo electrónico ***, así como número telefónico ***, a efecto de que, por ese medio, este juzgado establezca comunicación no procesal, sin que ello implique que dicho contacto a través de medios electrónicos sustituya las notificaciones. Se tiene por domicilio para oír y recibir notificaciones el que se designa en la demanda; asimismo, ténganse por autorizado a ***, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales y, por autorizados en términos restringidos del citado precepto a las personas restantes, por no contar con ese registro. Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se concede a la parte quejosa la consulta del expediente electrónico, quien cuenta con registro en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario ***; por tanto, se faculta al analista jurídico SISE adscrito a este juzgado para que realice la autorización correspondiente. Se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten su actuación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, promuevan en la vía electrónica, asimismo, deberán proporcionar algún correo electrónico, número telefónico -celular o fijo- o mensajería instantánea -whatsapp-, a efecto de entablar comunicaciones no procesales, lo anterior con sustento en lo previsto en el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del referido órgano colegiado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve.

  4. Principal

    Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte TERCERO INTERESADA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.

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