Luis Rodríguez Hernandez

Expediente 535/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 92 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
535/2017
Año
2017
Actuaciones
92
Última actuación
25/05/2021

Partes del expediente

  • Luis Rodríguez Hernandez
  • Director General del CERESO 13 de Tonala, Chiapas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 92.

  1. Incidental

    MESA 3-B.- Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el capítulo décimo del mencionado Acuerdo General. 2. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo depurado, tal como lo dispone el capítulo décimo del acuerdo normativo. 3. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del artículo veintiuno, inciso c), del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado la medida cautelar de los actos reclamados; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo.

  2. Principal

    MESA 3-B.- Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo en el que se declaró por cumplida la sentencia pronunciada en el juicio constitucional en que se actúa, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de inconformidad contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el capítulo décimo del mencionado Acuerdo General. 2. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo depurado, tal como lo dispone el capítulo décimo del acuerdo normativo. 3. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del artículo veintiuno, inciso c), del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado la medida cautelar de los actos reclamados; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo.

  3. Principal

    MESA 3-B. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la comunicación del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tonalá, mediante la cual devuelve diligenciado el despacho 39/2021, orden 91/2021, del índice de este órgano jurisdiccional, que se envió para notificar al quejoso Luis Rodríguez Hernández, el proveído de doce de abril de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Acúsese recibo. Se reserva a proveer en relación al término que prevé el artículo 202 de la Ley de Amparo, hasta en tanto transcurra el mismo.

  4. Principal

    MESA 3-B. Agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, la comunicación oficial firmada por el Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal, residente en Tonalá, Chiapas, mediante la cual devuelve diligenciado el despacho 26/2020, orden 60/2020 del índice de este órgano jurisdiccional; háganse las anotaciones respectivas en el libro de comunicaciones oficiales enviadas. Acúsese recibo de estilo correspondiente. Por otra parte, visto el estado de autos, este juzgado procede a pronunciarse sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables vinculadas para ello, con base en las constancias que obran en el sumario y de conformidad con lo establecido por el artículo 77 de la Ley de Amparo. De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. En ese contexto, en sentencia con engrose de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a XXXXXX Inconforme, la autoridad responsable Subdirectora de Área de la Dirección de Amparo y Derechos Humanos, de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de México, interpuso recurso en contra de la referida sentencia definitiva, del cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quedando registrado en el libro de gobierno de dicho Tribunal bajo el número amparo en revisión XXXX. En proveído de veintisiete de agosto de dos mil veinte, se tuvo por recibido el testimonio de ejecutoria emitido por el Tribunal Colegiado en mención, la Superioridad en comento, resolvió: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Luis Rodríguez Hernández, contra el acto que reclamó del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, por conducto del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, en ausencia de éste, el Director del Amparos y Derechos Humanos, con sede en la Ciudad de México (fojas 60- 71), Director General del Centro Federal de Readaptación Social número (sic) 15 "CPS CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas (foja 38), Director del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número (sic) 13, con sede en Tonalá, Chiapas y Alcaide en Turno del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número (sic) 13, con sede en Tonalá, Chiapas". Siendo los efectos de la concesión, para que las referidas autoridades responsables realizaran lo siguiente: "I. Dejen insubsistente la orden de traslado de siete de septiembre de dos mil quince, mediante oficio SEGOB/CNS/OADPRS/29698/2015, que autorizó el ingreso del aquí quejoso Luis Rodríguez Hernández, del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número 13, con sede en Tonalá, Chiapas al Centro Federal de Readaptación Social número 15 CPS, CHIAPAS, con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas y su ejecución, signado por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México. II. Ordenen y realicen el inmediato regreso, traslado e ingreso del quejoso al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número 13, con sede en Tonalá, Chiapas, en el que se encontraba antes de la emisión del acto reclamado." Por lo tanto, mediante proveído de veinte de agosto de dos mil veinte, se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo. En acuerdos de dieciséis de octubre y veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se tuvieron por recibidos los oficios de registros 8500 y 9235, suscritos por Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México; y Director del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Trece, con sede en Tonalá, con el que informaron el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en este juicio, esto es, se dejó sin efectos el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/29698/2015, ordenando mediante diversa comunicación SSPC/PRS/12393/2020, de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, se egresara al aquí quejoso, del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-Chiapas", residente en Villa Comaltitlán, para ser reingresado al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados Número Trece, residente en Tonalá, Chiapas; para lo cual se anexó copia certificada del acta de entrega-recepción del impetrante de amparo al último de los mencionados centros de reclusión, dándose vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera. En consecuencia, procede que el suscrito juzgador federal realice el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. Ahora bien, del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable las cuales están provistas de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, se obtiene que el fallo amparatorio se encuentra debidamente cumplido. Por lo tanto, es evidente que las autoridades responsables han cumplido con el fallo protector, pues por una parte se dejó sin efectos el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/29698/2015, y por otra, se ordenó mediante diversa comunicación SSPC/PRS/12393/2020, de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, se egresara al aquí quejoso, del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-Chiapas", residente en Villa Comaltitlán, para ser reingresado al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados Número Trece, residente en Tonalá, Chiapas; para lo cual se anexó copia certificada del acta de entrega-recepción del impetrante de amparo al último de los mencionados centros de reclusión; en consecuencia, se declara cumplida la sentencia pronunciada en el juicio constitucional en que se actúa, conforme a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 414, tomo IV, octubre 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridades responsable, para los efectos legales procedentes y las anotaciones en el libro que corresponda. Ahora bien, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Trece, con sede en Tonalá, Chiapas, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, gírese despacho al Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, residente en Tonalá, Chiapas, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda, se constituya en el citado centro penitenciario, para que notifique al quejoso XXXX, el presente auto.

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