Luis Rodríguez Contreras
Expediente 1415/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1415/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/10/2022
Partes del expediente
- Luis Rodríguez Contreras
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso d) de dicho Acuerdo. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado tres años contados a partir de la presente orden de archivo, plazo después del cual se procederá a la destrucción del mismo. Luego, dado que en este asunto obran constancias originales que fueron adjuntadas en la demanda de amparo; con fundamento en el artículo 18 del citado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días comparezca a recoger las mismas; apercibida que de no hacerlo así, se procederá a su destrucción; en la inteligencia que, a fin de garantizar las medidas de sanidad necesarias y tomar las providencias atinentes para tal efecto, deberá realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; téngase por recibido el oficio del Apoderado legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; sin embargo, de la certificación de cuenta, se advierte que tras una búsqueda minuciosa en los libros de gobierno de este órgano jurisdiccional y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se constató que sí se tiene registrado el juicio de amparo 1415/2022 en este órgano jurisdiccional; sin embargo, Susana Álvarez Zúñiga, no es parte en ese sumario, ni en algún otro de este juzgado de Distrito. No obstante, toda vez que de la lectura integra del oficio que se atiende, se advierte que se encuentra dirigido al Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad; en obvio de mayores dilaciones procesales, envíese a su destinatario correcto, previa copia simple que se deje en autos. Cúmplase.
- Principal
Toluca, Estado de México, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Luis Rodríguez Contreras, por derecho propio, contra actos del Director General OPDAPAS Zinacantepec; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1415/2022-II. Ahora bien, de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: Los avisos de la orden de restricción del servicio de agua potable emitidos por la autoridad responsable. Previo admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que el acto reclamado a la autoridad responsable consistente en los avisos de la orden de restricción del servicio de agua potable emitidos por la autoridad responsable, en ese sentido, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.] Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.". Sustenta lo anterior por identidad de razón la jurisprudencia 19, del Apéndice de 1995, Tomo VI, página 13, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 917550, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS FUTUROS, NO LO SON LOS INMINENTES. Son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, pues de otro modo se estimarían como no futuros sólo los que ya se han ejecutado. No pueden simplemente considerarse actos futuros aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones.". Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia 23, del Apéndice de 1985, Tomo VIII, página 45, que aprobó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, con número de registro 395568, que establece: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES. No cabe conceder el amparo, cuando la demanda se funda en actos de esa naturaleza.". De los preceptos y jurisprudencias antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos futuros de realización incierta, aquéllos en que sea remota la ejecución de los hechos de que provienen, como sucede en la especie. En efecto, el acto reclamado en este juicio de amparo, de acuerdo con lo también narrado en el apartado de hechos que hace valer el quejoso en su escrito de demanda, está basado en pretensiones y posibilidades que refiere afectaran si fuese restringido del servicio de agua potable; por tanto, debe probar por lo menos de manera indiciaría que se afecta su esfera jurídica de derechos, ya que el solo temor de que sea restringido el servicio, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que el quejoso tenga obligación de promover juicio de amparo para defender sus intereses, pues esa obligación surge en el momento en el que se materializa el acto reclamado. En ese contexto, la parte quejosa hace derivar que el acto que reclama en esta instancia, únicamente es con el temor de que se pretenda llevar a cabo el cumplimiento de la orden de restricción del servicio de agua potable, sin que del contenido de su demanda se advierta que actualmente ya se haya realizado. En ese orden, el juicio de amparo es procedente, únicamente cuando el acto reclamado sea concreto, es decir, que exista certeza sobre su realización, por así demostrarlo los actos previos de la autoridad, de suerte tal, que no exista duda de que necesariamente se han de llevar a cabo; hipótesis que, en el caso no se actualiza por los motivos precisados. En esas condiciones, tales manifestaciones son insuficientes para presumir que en realidad se trate de algún acto de autoridad que pueda irrogarle algún perjuicio personal y directo; por tanto, resulta evidente que en el caso concreto lo que el quejoso pretende es prevenir actos futuros de realización incierta, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo. Por lo anterior, es válido concluir que la parte quejosa no ha sufrido algún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente este juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1°, 73 y 77 de la Ley de Amparo y por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente no se acredita en la especie ni en forma indiciaria. Además, conforme al criterio de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro: "ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES.", en sentido contrario, se colige que el juicio de amparo sólo procede contra actos reales y concretos de aplicación al momento de presentación de la demanda de amparo, tal como igualmente lo ha sostenido nuestro Alto Tribunal en criterio de la otrora Tercera Sala: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO.", resulta evidente que el impetrante solo trata de prevenirse de actos futuros e inciertos, contra los cuales resulta improcedente el juicio de amparo. Sustenta lo aquí decidido, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 1512, Materia Común, Quinta Época, con número de registro 291922, de rubro y texto: "ACTOS FUTUROS O DE POSIBILIDAD. Contra ellos no procede el recurso de amparo, mientras no haya un principio de ejecución.". Así como la tesis aislada aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, página 497, Materia Común, Quinta Época, que señala: "ACTOS FUTUROS. Contra ellos es improcedente el juicio de garantías.". Resaltando que el temor de que el quejoso sea restringido el servicios de agua potable, no constituye un hecho real, sino únicamente es probable que acontezca, pues además el acto en sí está basado en supuestos que no se pueden hacer valer como de realización cierta como lo refiere el impetrante, pues se sigue tratando de actos futuros los cuales al día de la fecha no inciden en la esfera jurídica. En tal contexto, quien ahora resuelve considera que el acto que por esta vía reclama, aún no se emite y hasta el momento sólo existen perjuicios futuros y de realización incierta, por ende, se concluye que el acto que se reclama no puede impugnarse a través del juicio de amparo, sino hasta que se emita el mismo e invadan la esfera de derechos de la parte quejosa. Por tanto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo; en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu. Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que proporciona la parte quejosa en su demanda; además, se tienen por autorizados en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo, a las personas que refiere, por no contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente, limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberán hacer del conocimiento de este Juzgado mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por esa comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en este juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Finalmente, en términos del artículo 22 del Acuerdo General a que se ha hecho referencia, se exhorta a las partes que integran este juicio, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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