Luis Rodrigo Sanchez Tapia

Expediente 420/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
420/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
29/04/2022

Partes del expediente

  • Luis Rodrigo Sanchez Tapia

Actuaciones

  1. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación y cuenta que anteceden, se advierte que para esta fecha está señalada la audiencia constitucional en el presente juicio; sin embargo, del estado que guardan los autos se aprecia que mediante proveído de diecinueve de abril del año en curso, se remitió exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Sinaloa, en turno, con sede en Mazatlán, a efecto de emplazar a juicio a la tercero interesada Santa o Santana Inés Fonseca Días. En tal virtud, para dar margen a que sea diligenciado el exhorto de referencia, se difiere la aludida audiencia constitucional y, para su verificativo, se señalan las ---- de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo proveyó y firma

  2. Principal

    En dieciocho de abril de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez con la promoción registrada en oficialía de partes de este juzgado federal con el folio 6570. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de la autoridad responsable Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, por medio del cual informa los actos que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo dictada dentro del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Roberto Díaz Villarreal, Secretario que autoriza y da fe. FCVH Número de oficio (s):

  3. Principal

    ...El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Luis Rodrigo Sánchez Tapia, contra actos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, con residencia en Tepic, y otras autoridades. Aspectos Generales ? Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 420/2022-IV. ? Genérese el expediente electrónico e impreso, en el entendido que las constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección de los datos personales, no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes para su consulta en el expediente impreso, o en los cuadernillos o tomos que al efecto se formen.1 ? No se apertura el incidente de suspensión por los motivos que se expondrán más adelante. Juicio en línea Se exhorta a las partes a que, derivado de las medidas de mitigación y control del virus SARS-CoV2 (COVID-19), de ser posible continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", en términos de lo establecido en el artículo 3o., de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial 1 De conformidad con los artículos 91 y 92 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Fijación de los actos reclamados. En el presente asunto la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "ACTO RECLAMADO: A) H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT. La discusión, aprobación y publicación de la LEY LABORAL BUROCRATICA DEL ESTADO DE NAYARIT, en la especie el numeral 53 fracción I de dicha Ley, que por el primer acto de aplicación se impugna, por vicios propios considerados inconstitucionales e inconvencionales. B) H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC, NAYARIT. La aprobación de la circular 003/2022. Que tiene por objeto la regulación de los trabajadores de base del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, conforme a los principios de legalidad, racionalidad, y transparencia, disciplina, eficacia, austeridad y suficiencia presupuestal del gasto público. En la especie el punto quinto de dicha circular. C) PRESIDENTA MUNIICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC, NAYARIT. La aprobación de la circular 003/2022. Que tiene por objeto la regulación de los trabajadores de base del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, conforme a los principios de legalidad, racionalidad, y transparencia, disciplina, eficacia, austeridad y suficiencia presupuestal del gasto público. En la especie el punto quinto de dicha circular. D) TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC, NAYARIT. La aprobación de la circular 003/2022. Que tiene por objeto la regulación de los trabajadores de base del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, conforme a los principios de legalidad, racionalidad, y transparencia, disciplina, eficacia, austeridad y suficiencia presupuestal del gasto público. En la especie el punto quinto de dicha circular. Así como su aplicación. E) SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC, NAYARIT. La aprobación de la circular 003/2022. Que tiene por objeto la regulación de los trabajadores de base del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, conforme a los principios de legalidad, racionalidad, y transparencia, disciplina, eficacia, austeridad y suficiencia presupuestal del gasto público. En la especie el punto quinto de dicha circular. Así como su aplicación. F) CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC, NAYARIT. La aprobación de la circular 003/2022. Que tiene por objeto la regulación de los trabajadores de base del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, conforme a los principios de legalidad, racionalidad, y transparencia, disciplina, eficacia, austeridad y suficiencia presupuestal del gasto público. En la especie el punto quinto de dicha circular. Así como su aplicación.". Ese apartado lo concluyó diciendo: "Al estar en lo previsto en el numeral 17 fracción I de la ley de amparo, es procedente el presente juicio de amparo por efectos de su primer acto de aplicación, del que tuvimos conocimiento el 25 de febrero del 2022". Desechamiento de la demanda. De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo,2 este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, previo a cualquier otra cuestión. Del citado artículo 113 de la Ley de Amparo se observa que, el desechamiento de una demanda de amparo sólo procede ante la concurrencia de los requisitos siguientes: 2 "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". a) Que exista un motivo de improcedencia y, b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya así como de los documentos que se anexen a tales promociones, y lo indudable es cuando se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegarse las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito3, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera 3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 1999, Tomo X, Materia Común, Novena Época, visible en la página 730. puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En esa línea argumentativa, este órgano de control constitucional, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, ya que se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días [.]" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En efecto, el artículo 17 de la Ley de Amparo4, señala que por regla el plazo para presentar la demanda es de quince días, 4 "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". con la excepción, entre otras, de que podrá ser promovido en cualquier tiempo si el acto reclamado implica lo siguiente: - Peligro de privación de la vida. - Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. - Incomunicación. - Deportación o expulsión. - Proscripción o destierro. - Incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Área Nacionales. - Desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: 1. Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. Al en que el promovente haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución. 3. Al en que el justiciable se haya ostentado sabedor de los actos. Ahora, para efecto de establecer la temporalidad de la impugnación de la norma tildada de inconstitucional y, por ende, la actualización de la causal de improcedencia de mérito, se hace necesario determinar la naturaleza jurídica de la misma; es Alejandro Barradas Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 08/12/22 10:44:03 decir, si se trata de una norma de carácter autoaplicativa o heteroaplicativa. Se dice que la naturaleza de una norma es autoaplicativa, cuando por su sola vigencia afecte, en forma inmediata, la esfera jurídica del gobernado. Esto es, la norma debe ir encaminada a ciertos sujetos perfectamente determinados o determinables, que de inmediato sean constreñidos a dar, hacer o abstenerse de aquello que establece la norma. En otras palabras, con la sola vigencia de la norma se crea, modifica, transforma o extingue una situación de derecho respecto al gobernado. Por otro lado, existen normas que por sí solas no engendran una consecuencia de derecho respecto a los gobernados, sino que necesariamente requieren de un acto o una actividad posterior para que adquieran vigencia. Así, el acto posterior indispensable para que las normas heteroaplicativas cobren vigencia, puede ser, bien a cargo de la autoridad administrativa o jurisdiccional, o bien corresponderle al gobernado, que actúe por mandato de la autoridad o de la ley. Los principios antes enunciados, los resumió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la llamada teoría de la individualización incondicionada, que se contiene en jurisprudencia 55/97, visible en la página 5, del Tomo VI, Julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 198200 que señala: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". Ahora bien, en el caso se tiene que, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la discusión, aprobación y publicación de la Ley Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, en concreto el artículo 53, fracción I, con motivo de su primer acto de aplicación que resulta ser la emisión de la circular 003/2022. De un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que la fecha en que tuvo conocimiento del primer acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional, fue el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, toda vez que en esa data le fue notificada la circular 003/2022 emitida el once del citado mes y año, por las autoridades señaladas como responsables del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, mediante la cual se le hizo del conocimiento que no se le pagaría su sueldo que tiene derecho a recibir, a menos de que regresara a su área de labores, dejando la representación sindical que actualmente desempeña; en ese sentido, lo manifestado por la quejosa en dicho escrito, constituye una confesión al ser espontánea, libre de coacción y que contiene antecedente de un hecho propio, la cual al haberse vertido bajo protesta de decir verdad, hace prueba plena en su contra. Lo anterior, pues la demanda de amparo así como las documentales que se alleguen al juicio deben ser interpretadas en su integridad, tomadas en consideración como un todo, a efecto de otorgar una administración de justicia completa y exhaustiva, buscando armonizar los datos que la compongan para la fijación clara y precisa de los actos reclamados y de la litis constitucional, atendiendo a la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación5, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En efecto, del contenido integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa tuvo conocimiento de la aplicación del artículo tildado de inconstitucional desde el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, tal como lo refirió la impetrante en su escrito de demanda, manifestaciones que, como se señaló en líneas precedentes, constituyen una confesión expresa de que tuvo conocimiento del primer acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional desde esa fecha, lo que hace prueba plena, en términos del artículo 2006 5 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, Novena Época, con registro digital 192097. 6 ARTÍCULO 200.- Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en a contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo7. Resulta aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 193-198, Primera Parte, Séptima Época, con registro digital 232213 que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Asimismo, se invoca la tesis aislada 2a. IV/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, localizable en el Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, página 227, con número de registro digital 196911, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: 7 Orienta en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 27/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO." "LEYES HETEROAPLICATIVAS. EL PLAZO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, ES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DEMUESTRE LA NOTIFICACIÓN DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, SI AQUÉLLA NO SE DESVIRTÚA. Si se impugna la inconstitucionalidad de la ley heteroaplicativa y la autoridad responsable demuestra con diversos documentos públicos que notificó a la quejosa el primer acto de aplicación en una fecha determinada, respecto de la cual la demanda resulta extemporánea y el quejoso no desvirtúa esta situación, el plazo de quince días para promover el juicio debe computarse a partir de la fecha de la notificación, resultando improcedente el juicio de conformidad con lo dispuesto por la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo. No es óbice que se alegue la invalidez de la notificación; por regla general, tal cuestión debe plantearse a través del medio de defensa procedente, puesto que mientras una notificación no es nulificada por decisión de autoridad competente, debe considerarse válida para todos los efectos, entre ellos el relativo al cómputo para la promoción de la demanda de amparo en contra de la ley que se aplicó en el acto notificado". En ese contexto, toda vez que la parte quejosa confesó que el primer acto de aplicación de la norma reclamada, fue el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, es innegable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en el artículo 17 de la ley de la materia, en el caso, dentro de los quince días siguientes al primer acto de aplicación, esto es, a partir del veinticinco de febrero de dos mil veintidós, pues la demanda de amparo se presentó hasta el veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Es así, considerando además, que se trata de una norma con carácter heteroaplicativo, es decir, que requiere de un acto de aplicación, lo cual, se insiste, el quejoso confesó que acaeció desde el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, lo cual implica que consintió tácitamente la aplicación del artículo reclamado. Además, de que los actos reclamados no se ubican en alguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 17 de la ley de la materia, previamente apuntados, lo que resultaba indispensable para poder sostener que este juicio constitucional podía ser promovido en cualquier tiempo, sin sujetarse al término genérico de quince días. Por tanto, si la parte aquí quejosa, tuvo conocimiento del primer acto de aplicación de la porción normativa impugnada, el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, presentando su demanda el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, el término de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del presente juicio biinstancial, transcurrió para la quejosa del uno al veintidós de marzo de dos mil veintidós, sin contar los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte de marzo por ser sábados y domingos, así como el veintiuno del mes y año que transcurre, por haber sido declarado día inhábil, como se ilustra en los siguientes cuadros de resumen: Febrero de 2022. Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 25 (se notifica circular 003/2022) 26 27 28 (surte efectos) Marzo de 2022. Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 (1) Inicia el plazo 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 6 7 (5) 8 (6) 9 (7) 10 (8) 11 (9) 12 13 14 (10) 15 (11) 16 (12) 17 (13) 18 (14) 19 20 Alejandro Barradas Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 08/12/22 10:44:03 21 22 (15) Termina plazo para la presentación 23 (16) 24 (17) 25 (18) 26 27 28 (19) Presentación de la demanda De lo anterior, es evidente que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, esto es, el veintiocho de marzo de dos mil veintidós (sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit), ya había transcurrido el plazo de quince días para promover la demanda de amparo con motivo del primer acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional y, por ende, la parte promovente consintió tácitamente los actos que reclama. Pensar lo contrario implicaría que la parte quejosa podría impugnar la aplicación del artículo que tilda de inconstitucional en cualquier momento, no obstante que en su escrito de demanda la impetrante manifestó que los actos de ejecución de la norma reclamada, fue el veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 115/2010., emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XXXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de dos mil once, Novena Época, en el que literalmente dispone: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". Asimismo, es aplicable al caso, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página mil novecientos treinta y uno, Tomo XXXI, enero de dos mil diez, materia Común, Novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." A mayor abundamiento, cabe decir que, no obstante que la parte quejosa no acompañó la circular en comento ni su respectiva notificación, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles8, de aplicación supletoria a la ley de la materia y de la jurisprudencia P./J. 74/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación9, constituye un hecho notorio para este Juzgado Federal que la quejosa promovió el diverso juicio de amparo 299/2022-IV, de nuestro índice, mismo que fue desechado por auto de veinticinco de los actuales, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diversos 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo; y, a cuya demanda inicial, la aquí quejosa, adjuntó copia certificada del oficio DRH/299/2022, de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, signado por la Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, de cuyo contenido se advierte que, el veinticinco de febrero de dos mil 8 "Artículo 88.- Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes". 9 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, localizable en el Tomo XXIII, Junio de 2006, página 963, Novena Época, con registro digital 174899, que a la letra dice: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento". veintidós (consta con sello de recibido en tal data), se le hizo del conocimiento a la impetrante, el contenido de la referida circular 003/2022 y fue en tal misiva donde se citó la porción normativa aquí reclamada; de ahí que, tal como lo confesó la promovente, fue en ese momento donde aconteció la notificación del acto de aplicación de la norma de que ahora se duele. Para corroborar lo anterior, recábese copia certificada del citado oficio DRH/299/2022, a fin de que obre en este juicio de amparo como un hecho notorio. Tiene aplicación la Jurisprudencia número XXII.J/12, sostenida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento". Por último, no se soslaya que el promovente aduzca que, el presente juicio constitucional es procedente en términos de lo dispuesto en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo, pues si bien, tal precepto dispone que, cuando se reclame una norma general autoaplicativa el plazo para la promoción del juicio de amparo será de treinta días; lo cierto es que, como ya se dijo en líneas precedentes no estamos ante una norma de naturaleza autoaplicativa, sino ante una heteroaplicativa, por lo que tal plazo legal no le es aplicable. Además, no obstante, de que la norma reclamada tuviera la naturaleza que menciona, esta debió atacarla dentro de los treinta días hábiles siguientes al de su entrada en vigor, según lo dispone el numeral 18 de la ley de la materia, previamente trascrito, plazo que también ya feneció; es decir, sí la Ley Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, con su artículo 53, fracción I, fue publicada en el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, esta entró en vigor al día siguiente, según lo establece su transitorio primero, por lo que, al veintiocho de marzo de dos mil veintidós, data en que se presentó la demanda de amparo, ha transcurrido en exceso los treinta días aludidos; de ahí que, no le asista la razón. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 113 de la ley en cita, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Medio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa En términos del artículo 5o. del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se tiene como medio de la parte quejosa para recibir notificaciones el usuario electrónico "Raul_76", generado por el sistema de consulta de expediente electrónico. Instrúyase al Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, infórmese a la parte quejosa que queda en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Consejo de la Judicatura Federal. Instrúyase también al Actuario Judicial adscrito a este órgano de control constitucional para que, con fundamento en la fracción IV del artículo 26 de la ley de la materia, realice las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal a la parte quejosa, por la vía electrónica propuesta. Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas, previa acreditación de la personalidad del solicitante en autos; siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo, reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo segundo, de la fracción II, del artículo 28 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario de la adscripción para que haga entrega de los oficios dirigidos a las autoridades correspondientes en el domicilio donde éstas residan, asimismo se habilitan días y horas inhábiles a fin de que realice las notificaciones de carácter personal que deriven del presente asunto, acatando el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones. En la inteligencia de que, de no ser voluntad de alguna de las partes firmar la constancia de notificación respectiva, deberá levantar constancia de ello, en la que asiente si se hizo o no sabedor del auto a notificar. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Capturas y anotaciones del expediente. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como las anotaciones respectivas en los libros de Gobierno. Fundamentos Todo lo anterior de conformidad con los artículos 6o., fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1o., fracción I, 2o., 5o., fracción IV, 10, 11, 12, 21, 33, fracciones IV, 26 fracción III, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110, 112,115, 117, 122, 238, 251, 260 de la Ley de Amparo; 279 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente al analista jurídico SISE y a la parte quejosa a través del usuario electrónico "Raul_76". Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Alejandro Barradas Morales, Secretario que autoriza y da fe.

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