Luis Rodrigo Martínez Baez

Expediente 232/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
232/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
03/05/2019

Partes del expediente

  • Luis Rodrigo Martínez Baez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad de México, a tres de mayo de dos mil diecinueve. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el proveído mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo, es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención de los anexos remitidos por la autoridad judicial responsable, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, pues es suficiente que en el comunicado relativo se estampe el sello que avale su recepción.

  2. Principal

    Ciudad de México, a diez de abril de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta; en atención a sus términos, se tiene por rendido el informe justificado que en él se contiene. Con sustento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la juez responsable, la documental que adjuntó a su informe de ley, la cual se desahoga en razón de su naturaleza jurídica. Dado el excesivo volumen de las constancias que se adjuntaron al oficio de cuenta, fórmense por separado 3 anexos, respetando su sello, rúbricas y folio. Sin que haya lugar a dar vista con dicho comunicado y anexos relativos, en virtud del sentido de la determinación que a continuación se pronuncia. Se destaca que en el presente asunto los quejosos Luis Rodrigo Martinez Baez y Ángel Fabián Zamora Esquivel reclaman la orden de aprehensión de trece de julio de dos mil dieciocho, emitida en la causa penal 49/2018, por la Juez Trigésimo Octavo Penal de la Ciudad de México, así como su ejecución, atribuida al Fiscal de Mandamientos Judiciales de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad. Ahora bien, este juzgado advierte que procede sobreseer en el juicio, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, las causales de improcedencia que se analizan enseguida. I. En lo que respecta a Ángel Fabián Zamora Esquivel, se tiene plenamente demostrada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la ley de la materia, relativa a la figura jurídica denominada "cosa juzgada", que torna improcedente un juicio de amparo cuando este tiene el mismo objeto que otro en el que ya se estudió y resolvió el mismo problema planteado, evitando con ello que recaiga nueva sentencia que pudiera ser contradictoria sobre el fondo del asunto que ya fue analizado. Bajo esas consideraciones, del informe de cuenta se advierte la tramitación del diverso juicio 719/2018, del orden de este juzgado, mismo que constituye un hecho notorio, en términos del precepto 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, promovido con anterioridad por el quejoso de que se trata, contra los mismos actos reclamados en este juicio, atribuidos a las mismas autoridades responsables, en el que por sentencia de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra se negó la protección constitucional solicitada contra la referida orden de aprehensión y su ejecución. Dicha sentencia fue recurrida en vía de revisión, pero confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por lo que se actualiza la referida "cosa juzgada", y ello torna inejercible la acción de amparo en este asunto. II. En lo referente a Luis Rodrigo Martinez Baez, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, relativa a la figura jurídica denominada "litispendencia", que al igual que la causal analizada en el numeral anterior, torna improcedente un juicio de amparo cuando este tiene el mismo objeto que otro que está pendiente de resolución. Ahora, del referido informe justificado, también se advierte la tramitación del diverso juicio 698/2018, del orden de este juzgado, que se tiene a la vista al constituir un hecho notorio, en términos del precepto 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, promovido con anterioridad por el quejoso de que se trata, contra los mismos actos reclamados en este juicio, atribuidos a las mismas autoridades responsables, en el que por sentencia de treinta y uno de enero pasado, por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra se negó la protección constitucional solicitada contra la referida orden de aprehensión y su ejecución. Dicha sentencia fue recurrida en vía de revisión, recurso pendiente de resolverse por el Tribunal Colegiado que se mencionó en el numeral precedente, por lo que se actualiza la referida "litispendencia", y ello torna inejercible la acción de amparo en este asunto. En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XI y X (en el orden en que fueron analizadas), es procedente sobreseer fuera de audiencia en el juicio, de conformidad con el diverso 63, fracción V, de la ley en cita. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 425 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1., del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Sobreseimiento que se hace extensivo contra el acto reclamado de la autoridad ejecutora, en razón de que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto de ejecución si no se reclama por vicios propios, como en el caso acontece. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 339, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS". Determinación que justifica no ordenar el emplazamiento de quienes pudieran tener calidad de terceros interesados en el presente asunto. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, a las nueve horas con cuarenta minutos.

  3. Incidental

    Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 125, 128, 138, 144 y 146 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E : ÚNICO. Se declara sin materia el incidente de suspensión respecto de los actos y autoridades señaladas en el considerando único de esta interlocutoria, por las consideraciones ahí expuestas.

  4. Incidental

    Ciudad de México, a ocho de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta; en atención a sus términos, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe previo que en él se contiene. De conformidad con los artículos 9 y 28, fracción I, de la ley de la materia, ténganse como delegados a las personas que menciona la autoridad responsable y como domicilio para recibir notificaciones el que señala. Por otro lado, respecto de la solicitud que realiza dicha autoridad, en el sentido de que ".se permita el uso de dispositivos electrónicos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para la consulta del expediente.", dígasele que en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura, dispuso: "no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos", de lo que se advierte que el uso de los citados aparatos, se permitirá exclusivamente para imponerse de acuerdos dictados en el expediente, y no de notificaciones, resoluciones, informes de ley o cualquier otro tipo de constancia que se encuentre integrada en autos, lo anterior a fin de no transgredir disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información pública, respecto de los expedientes que se tramitan en este juzgado. Por tal motivo, se autoriza hacer uso de los medios que refiere única y exclusivamente para imponerse de los acuerdos dictados en el presente incidente. En el entendido de que los servidores públicos adscritos al área de actuaría, deberán vigilar el estricto cumplimiento a lo acordado en el párrafo que antecede.

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