Luis Rodrigo Iglesias Campos

Expediente 546/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
546/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
07/07/2021

Partes del expediente

  • Luis Rodrigo Iglesias Campos

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, siete de julio de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por el cual comunica que el órgano de su adscripción no aceptó la competencia declinada por este juzgado. SE AVOCA AL CONOCIMIENTO En esas condiciones, en términos del artículo 49 de la Ley de Amparo, este juzgado de distrito se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese el recibo de estilo. ACTOS RECLAMADOS Del análisis integro de la demanda de cuenta, se advierte que el quejoso reclama: El auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dictado dentro del procedimiento de divorcio incausado, identificado con el número de expediente ****, del índice del Juzgado Décimo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México; promovido por LETICIA SILVIA IBARGUEN en contra de *********. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En ese tenor, se actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; mismos que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.]". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" [.]". De los preceptos anteriores se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro de juicio que no son de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la libertad, la propiedad, la vida, entre otros. Ahora, en el caso, conviene retomar que el acto reclamado, de acuerdo con los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró el quejoso, consiste en el auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dictado dentro del procedimiento de divorcio incausado con número de expediente 100/2021, del índice del Juez Décimo Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, que admitió a trámite dicho procedimiento especial, contra del cual intentó interponer recurso de revocación, mismo que no se admitió a trámite por tratarse de una determinación irrecurrible en términos del artículo 2.110 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. En ese sentido, a la óptica de quien esto resuelve el acto combatido no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que -como se vio- se trata de un auto (de fecha veinticinco de marzo de dos mil veintiuno), por el que se admitió a trámite la demanda de divorcio; mismo que de ninguna manera constituye un acto de imposible reparación, que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad y la propiedad, por citar algunos; toda vez que la determinación que admite a trámite la solicitud de disolución del vínculo matrimonial que une a los cónyuges, no afecta de forma inmediata ninguno de los derechos fundamentales del enjuiciado, ni tampoco se traduce en una infracción de imposible reparación, pues una vez llamado oficialmente, está en condiciones de llevar a cabo las defensas de sus intereses, en la forma prevista en la ley que rige el acto reclamado. De igual manera, el auto que admite una demanda, únicamente produce el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicha admisión pueden no trascender a la esfera jurídica del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, en la parte conducente, la tesis aislada 2a. L/2014 (10a.) de la Segunda Sala del Tribunal Más Alto de este País, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 6, mayo de dos mil catorce, tomo II, página mil noventa y cinco, de rubro siguiente: "DEMANDA LABORAL. EL AUTO QUE LA ADMITE NO ES UN ACTO INTRAPROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN NI CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AFECTE AL QUEJOSO." De igual forma, la Jurisprudencia 202, emitida por la Otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 139, del Tomo VI, materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, del Apéndice 1995, Quinta Época, con número de registro 394158, que establece: "DEMANDA, ADMISION DE LA. AMPARO IMPROCEDENTE. El auto que da entrada a una demanda, no está comprendido en lo dispuesto por la fracción IX del artículo 107 constitucional; por tanto, no siendo un acto del procedimiento que deje sin defensa al quejoso, ni teniendo el carácter de irreparable, el amparo es improcedente contra el referido auto". Por tanto, los actos aquí combatidos no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, dado que no afectan la esfera jurídica del gobernado de manera irreparable, es decir, sus efectos son meramente formales o procesales, los cuales son susceptibles de repararse en el dictado de la resolución que ponga fin al procedimiento o bien, durante la substanciación del mismo. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 607, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 673, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, del Apéndice mil novecientos diecisiete - septiembre dos mil once, Octava Época, con número de registro 1002673, que establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia P./J. 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo 56, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de mil novecientos noventa y dos, con número de registro 205651, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Sin que pase desapercibido que en la demanda que dio origen al presente sumario el quejoso estableció que se duele de la forma en que pretendió ser llamado al procedimiento especial de divorcio incausado; sin embargo, de los conceptos de violación que formuló, no se desprende que éstos se encuentren encaminados a controvertir dicho acto procesal, máxime que como tampoco fue señalado como acto destacado. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por Luis Rodrigo Iglesias Campos, contra actos del Juez Décimo de lo Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, por notoriamente improcedente. Atendiendo al sentido de la presente determinación, aun y cuando en auto de veintidós de junio de la presente anualidad se tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, las listas que se publican en los estrados de este juzgado de Distrito; por única comuníquesele la presente determinación a través del correo electrónico que proporcionó como medio de comunicación alterno. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintidós de junio de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda promovida por ****, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 546/2021-IV-D. ACTO RECLAMADO Se advierte que el promovente reclama del Titular y del Juzgado Décimo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México: El auto de veinticinco de marzo de 2021 (Dos mil veintiuno), dictado dentro del procedimiento de divorcio incausado, identificado con el número de expediente 100/2021, promovido por **** en contra de LUIS RODRIGO IGLESIAS CAMPOS, así como el intento de emplazar a este último a dicho procedimiento especial. INCOMPETENCIA Por otro lado, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente asunto, de conformidad con las consideraciones que a continuación se exponen. La competencia es un presupuesto procesal cuyo estudio es de análisis preferente, por tratarse de una condición de validez en la substanciación del presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia I.2o.P. J/40, publicada en la página 36, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, Agosto de 1992, Materia Penal, Octava Época, de contenido siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo". Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En tales condiciones, de conformidad con lo que establecen los artículos 37, primer párrafo y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal considera que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, por las razones que a continuación se exponen. Para el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo, es en los términos siguientes: A) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. B) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. C) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Las dos primeras reglas, son relativas a los actos reclamados que tienen ejecución material en la jurisdicción de uno o de varios jueces de Distrito, la marcada con el inciso A) se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción; la marcada con el inciso B) se refiere a la ejecución en dos jurisdicciones diferentes al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla marcada con el inciso C) prevé el caso, en el que el acto o resolución reclamada no requiera ejecución material, lo que da competencia al juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, para estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. En tales condiciones, para poder establecer cuándo una resolución jurisdiccional conlleva un principio de ejecución, es pertinente tomar en consideración que por ejecución se ha entendido aquella actividad de adecuación del entorno fáctico a la exhortación judicial; es decir, la actividad del órgano jurisdiccional tendente a dejar las cosas en el sitio en que se encontrarían de no haber existido incumplimiento. En otras palabras, la fuerza ejecutiva constituye la posibilidad que tiene un juez de poner en marcha un aparato coactivo capaz de llevar a efecto los términos de sus resoluciones, incluso prescindiendo de la voluntad del obligado. En efecto, respecto del asunto en estudio de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama el auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dictado en autos del juicio especial de divorcio incausado, identificado con el número 100/2021, del índice del Juzgado Décimo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, que admitió a el juicio de divorcio incausado, promovido en su contra por Leticia Silva Ibarguen, así como la pretensión de emplazamiento a dicho juicio. En ese sentido, debe decirse que el acto reclamado en el presente asunto sí tiene ejecución material, pues de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por el accionante de amparo, se advierte que se pretendió llevar acabo una diligencia de emplazamiento y/o notificación de la instauración del juicio de divorcio incausado en su contra, por parte del personal del Juzgado Décimo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, en el domicilio ubicado en Carretelas, ciento doce, Lomas de la Herradura, municipio de Huxiquilucan, Estado de México. Asimismo, las diligencias, determinaciones, interlocutorias y/o resoluciones que deriven del procedimiento especial de divorcio incausado del que se duele, se llevarán a cabo en el citado juzgado del fuero común; aunado a que los contendientes en el juicio de origen (actora y demandada) tienen su domicilio -según lo expuesto en la demanda de amparo- en la localidad de Huixquilucan, lugar en el que este juzgado de Distrito no ejerce competencia. Máxime que ninguna de las autoridades que la parte quejosa señaló como responsables, tienen residencia dentro del territorio en el que ejerce competencia este juzgado de Distrito; de ahí que, a la óptica de quien esto resuelve, el conocimiento del presente asunto corresponde a un juez de Distrito que ejerza competencia en el lugar donde residen las responsables. Por tanto, en términos de lo que establece el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, quien ejerce jurisdicción en ese lugar lo es un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. En dichas circunstancias, es evidente que este juzgado carece de competencia legal para conocer del presente asunto, en virtud de que el lugar donde se sigue el trámite del expediente instaurado en contra del hoy quejoso Luis Rodrigo Iglesias Campos (donde a dicho de este último, pretendía llevarse a cabo el emplazamiento al juicio de divorcio incausado promovido en su contra), se encuentra fuera de la jurisdicción territorial de este juzgado federal; en términos del primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, debe conocer del presente asunto un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Atento a lo anterior, de conformidad con lo que establecen los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales; y el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remítase el presente asunto al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en Turno, a fin de que se pronuncie en términos de ley; solicitando el acuse correspondiente. Con copia del escrito inicial de demanda, anexos y del presente proveído, fórmese cuaderno de antecedentes. DOMICILIO Toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, fuera de la residencia de este Juzgado, esto es, en Huixquilucan, Estado de México; con fundamento en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en los estrados de este juzgado; lo anterior hasta en tanto señale algún domicilio dentro de la residencia (Toluca), o en su defecto dentro de la zona conurbada de este Juzgado (Metepec, Lerma, Zinacantepec y Almoloya de Juárez). AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. MEDIO DE COMUNICACIÓN ALTERNO Por otra parte, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen como "medios alternos de comunicación" (no procesales), el correo electrónico **** USO DE MEDIOS Se autoriza la toma de fotografías a los autos y el uso de medios electrónicos para su consulta. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, fracciones I y II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, en este acto se requiere a la parte quejosa para que proporcione un número telefónico, como diverso medio alterno para establecer comunicación. CONSULTA FISICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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