Luis Rodolfo Rojas Cedillo
Expediente 1679/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1679/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 01/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Luis Rodolfo Rojas Cedillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
En la Ciudad de México, uno de julio de dos mil veintidós. Visto el oficio electrónico recibido vía interconexión en términos del artículo 74 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, proveniente del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, por medio del cual, requiere a este juzgado para que acuse recibo del diverso 1157/2022, por el cual remitió el testimonio de la resolución dictada en el conflicto competencial CCT.2/2022 de su índice y el juicio de amparo indirecto 3283/2021 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. En atención a lo solicitado por el Tribunal Colegiado oficiante, acúsese el recibo de estilo del oficio 1157/2022, por el cual remitió el testimonio de la resolución dictada en el conflicto competencial CCT.2/2022 de su índice y el juicio de amparo indirecto 3283/2021 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, a treinta de mayo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio electrónico de cuenta, en términos del artículo 48 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, proveniente del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, por medio del cual, requiere a este juzgado para que acuse recibo del diverso 1157/2022, por el cual remitió el testimonio de la resolución dictada en el conflicto competencial CCT.2/2022 de su índice y el juicio de amparo indirecto 3283/2021 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, toda vez que el catorce de marzo de dos mil veintidós se acusó recibo de las documentales referidas, se ordena reexpedir el oficio 10695/2022, a efecto de que sea notificado al tribunal oficiante vía interconexión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, seis de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, en los que se advierte que ha transcurrido el plazo para recurrir el proveído de catorce de marzo de dos mil veintidós, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a), y 98, párrafo primero de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 2 del Manual referido, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, a catorce de marzo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta con evidencia criptográfica del Secretario de Acuerdos del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, por medio del cual, remite testimonio de la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, dictada en el conflicto competencial C.C. 2/2022, suscitado entre este Juzgado Federal y el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, asimismo, remite el expediente 3283/2021 del índice del juzgado quinto referido. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos para que obren como correspondan tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Acúsese recibo del estilo correspondiente. Ahora bien, cabe precisar que el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se declara legalmente competente al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para conocer de la demanda de amparo indirecto promovida por Luis Rodolfo Rojas Cedillo, contra la Dirección Jurídica y de Administración, ambas de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por el acto consistente en la resolución de 3 de noviembre de 2021, dictada en el procedimiento disciplinario CDHCM/DGJ/P.D. 08/2021. SEGUNDO. Remítase al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el expediente de amparo 1679/2021, de su índice (al que se encuentra agregado el diverso expediente de amparo 3283/2021, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México), a fin de que se avoque a su conocimiento." En consecuencia, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento de la demanda promovida por Luis Rodolfo Rojas Cedillo, por propio derecho, contra actos de la Dirección General Jurídica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y otra autoridad. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En esa tesitura, del análisis de la demanda, se advierte que el acto reclamado por el quejoso en el presente asunto es la resolución de tres de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Directora General Jurídica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, dentro del Procedimiento Disciplinario CDHCM/DGJ/P.D. 08/2021. En ese sentido, este juzgado estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece lo siguiente: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; Lo anterior, en relación con lo previsto en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo, toda vez que, como se estableció en las líneas que anteceden, la parte quejosa está obligada agotar el principio de definitividad en relación con el acto reclamado, toda vez que en el presente asunto, no se actualiza ninguna excepción a éste, como se demostrará a continuación. El artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida; De la interpretación de los preceptos transcritos, se puede apreciar que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos humanos, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en los artículos 107 de la Constitución General de la República, y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo, obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues como ya se dijo, el juicio de amparo se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. Ahora, los requisitos que deben satisfacerse para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, son: 1) Que el acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2) Que dicho acto deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda algún juicio, recurso o medio de defensa a través del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado; y, 3) Que no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, sin importar si el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido. En ese tenor, se desprende que tratándose de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, debe agotarse previamente a la interposición del juicio de amparo, por lo que cobra aplicación en el caso concreto los artículos 3, fracción XIX, y 34, inciso b), fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en relación con el artículo 219 del Estatuto del Servicio Profesional en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que disponen: II. De las resoluciones definitivas que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos de la Ciudad de México en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, la Ley General de Responsabilidades, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dicho ordenamiento." Estatuto del Servicio Profesional en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México Artículo 219. En relación con los aspectos procedimentales del recurso de inconformidad, se aplicarán en forma supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Por lo que se refiere al procedimiento disciplinario, se aplicará de manera supletoria la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. El numeral transcrito en primer lugar, en su fracción decimonovena, establece la procedencia del juicio de nulidad contra resoluciones definitivas que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos de la Ciudad de México en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. Por su parte, el artículo 219 del Estatuto del Servicio Profesional en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dispone que se aplicarían de manera supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y por lo que hace al procedimiento disciplinario, se aplicará de manera supletoria la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. En esa tesitura, del análisis de la demanda, se advierte que el acto reclamado por el quejoso en el presente asunto es la resolución de tres de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Directora General Jurídica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, dentro del Procedimiento Disciplinario CDHCM/DGJ/P.D. 08/2021, misma que se fundamenta en el artículo 255 del Estatuto del Servicio Profesional en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el cual, como ya se adelantó prevé la aplicación supletoria de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México en los procedimientos disciplinarios. Por tanto, para estar en aptitud de promover el juicio de amparo, resulta obligatorio el agotamiento del juicio de nulidad referido por parte del gobernado. Lo anterior, aunado a que la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México prevé la suspensión de los efectos de los actos reclamados, en términos de los artículos 71, 72, 73, 74, 75 y 76, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión. Máxime que en términos del artículo 61 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el término para resolver la suspensión del acto impugnado será dentro del plazo de veinticuatro horas, término similar al estipulado en la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, es un hecho notorio que se invoca en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que por acuerdo del Pleno General del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, de doce de febrero de dos mil veintiuno, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el veintitrés siguiente, se reanudaron las actividades presenciales y los plazos procesales, corriendo los términos de ley y realizándose actividades jurisdiccionales, a partir del veintidós de febrero del mismo año. Por tanto, se concluye que la suspensión en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, no exige mayores requisitos de los que prevé la suspensión en el juicio de amparo indirecto. En ese orden de ideas, al no haber interpuesto la parte promovente el juicio contencioso administrativo previamente a la formulación del presente juicio constitucional, y ser factible la suspensión de los efectos de los actos reclamados ante la potestad común sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, se estima que la presente demanda de amparo es improcedente, conforme al artículo 107, fracción a la fracción IV y el 61, fracción XX de la Ley de Amparo. De igual modo, en el caso no se surte la diversa excepción prevista en la causa de improcedencia que se analiza, consistente en que los actos reclamados carezcan de fundamentación y motivación, en razón de que de la simple lectura que se realiza de la resolución reclamada, y sin prejuzgar sobre su legalidad, se advierte que el mismo contiene diversos artículos y razonamientos en que apoyaron su determinación, por lo que es dable concluir que no se trata de actos carentes de fundamentación, que harían procedente la excepción de que se trata. RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTIAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente. De ahí que este juzgado estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, puesto que en contra de los actos que por esta vía reclama la parte accionante de amparo, procede el juicio de nulidad ante la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, por tanto, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, se encuentra obligada a agotarlo para cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo, pues no opera la excepción planteada. Aunado a lo anterior, tampoco se advierte que el peticionario del amparo reclame la inconstitucionalidad de alguna ley, o bien, que se esté en presencia de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para determinar que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. De igual manera, cabe precisar, que si bien los actos reclamados pudieran traer aparejados perjuicios irreparables que afecten los derechos sustantivos del justiciable; dicha cuestión, de ninguna manera constituye una excepción al principio de definitividad que rige a la materia del amparo, por lo que aún en esos casos es dable agotar los medios de defensa ordinarios respectivos. En las condiciones apuntadas, en acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, se estima colmada la causal de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la demanda de amparo presentada por Luis Rodolfo Rojas Cedillo, por propio derecho. En tales circunstancias, de conformidad con los razonamientos expuestos resultan notorias e indudables las causas de improcedencia que se mencionan, por lo que se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 14,085 expedientes
- Luis Ricardo Guzman Mendoza1114/2021
- Luis Rico Suaste1705/2021
- Luis Roberto Amador Pérez347/2015
- Luis Roberto Florin Ramirez606/2023
- Luis Roberto Perez Iñiguez110/2017
- Luis Roberto Vega González90/2022
- Luis Rodolfo Torres Corona1902/2019
- Luis Rogelio Alvarado Roa942/2021
- Luis Salazar Catarino2388/2014
- Luis Salcedo Castillo1793/2015
- Luis Sergio Martínez Reyes1897/2019
- Luis Sergio Martinez Reyes71/2018