Luis Roberto Torres Sánchez
Expediente 1690/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 41 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1690/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 41
- Última actuación
- 10/01/2022
Partes del expediente
- Luis Roberto Torres Sánchez
- LUIS ROBERTO TORRES SÁNCHEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 41.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la ley de la materia, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, en la cual se negó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el expediente, como asunto concluido. Por resultar innecesaria la retención de las constancias allegadas al presente juicio de amparo, remítanse a su lugar de origen, es decir, al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Jalisco, como a la Fiscal del Estado de Jalisco. Notifíquese por lista de acuerdos física y electrónica.
- Incidental
Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que por auto de esta misma fecha, se ordenó el archivo en el juicio de amparo 1690/2020, de donde deriva el presente incidente de suspensión, por estar concluido. Por tanto, se provee lo relativo a los cuadernos de suspensión en que se actúa, de la manera siguiente: II. Acuerdo de depuración y destrucción. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, y al criterio publicado en el Compilador de Criterios de Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de referencia CAP/DGAD/392/2021, relativo al tema "Valoración del incidente de suspensión", de ocho de marzo de dos mil veintiuno, se considera que el original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, dado que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados; en tanto que, el duplicado, es susceptible de destrucción, en el término de seis meses. Notifíquese por lista de acuerdos física y electrónica.
- Principal
V I S T O S, PARA RESOLVER LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 1690/2020-II. R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. MEDIANTE ESCRITO PRESENTADO EL DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, ANTE EL BUZÓN JUDICIAL DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO, TURNADO A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL EL VEINTIUNO SIGUIENTE, . PROMOVIÓ JUICIO DE AMPARO POR LOS ACTOS Y LAS SIGUIENTES AUTORIDADES: AUTORIDADES RESPONSABLES: CONTRALOR INTERNO DE LA FISCALÍA DEL ESTADO DE JALISCO. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INSTRUCTOR DE PROCEDIMIENTO, ADSCRITO A LA CONTRALORÍA INTERNA DE LA FISCALÍA DEL ESTADO DE JALISCO. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA. ACTOS RECLAMADOS: ACTA ADMINISTRATIVA DE QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN ADMINISTRATIVO. ACUERDO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. REPORTE INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA DE VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. POR AUTO DE VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, SE REGISTRÓ LA DEMANDA 1690/2020-II, SE ADMITIÓ A TRÁMITE, SE SOLICITÓ INFORME JUSTIFICADO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SE DIO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO, LA INTERVENCIÓN QUE LE CORRESPONDE, QUIEN SE ABSTUVO DE FORMULAR PEDIMENTO; SE SEÑALÓ FECHA Y HORA PARA LLEVAR A CABO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, LA QUE INICIÓ EN TÉRMINOS DEL ACTA QUE ANTECEDE. TERCERO. AMPLIACIÓN DE DEMANDA. EN PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, SE TUVO AL QUEJOSO POR AMPLIADA SU DEMANDA DE AMPARO, CON RESPECTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE FISCAL DEL ESTADO DE JALISCO, A QUIEN LE RECLAMÓ EL ACTA ADMINISTRATIVA DE QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN. CUARTO. SEGUNDA AMPLIACIÓN DE DEMANDA. POR AUTO DE VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, SE TUVO AL QUEJOSO POR AMPLIADA SU DEMANDA DE AMPARO, CON RESPECTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES FISCAL Y DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DE LA FISCALÍA, AMBAS DEL ESTADO DE JALISCO, A QUIENES LES RECLAMÓ LA ORDEN DE PRIVARLE DEL CARGO DE AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Y SU EJECUCIÓN, RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LA FALTA DE RENOVACIÓN DE SU NOMBRAMIENTO C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. ESTE JUZGADO DECIMOQUINTO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO, TIENE COMPETENCIA LEGAL PARA CONOCER Y RESOLVER EL JUICIO DE AMPARO, PORQUE SE RECLAMA ACTOS DE AUTORIDAD QUE RESIDE EN LA JURISDICCIÓN DE ESTE JUZGADO FEDERAL, CON FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES 103, FRACCIÓN I Y 107, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 37, 107, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO Y 57, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL ACUERDO GENERAL 41/2018, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA Y ADICIONA EL SIMILAR 3/2013, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y LÍMITES TERRITORIALES DE LOS CIRCUITOS JUDICIALES EN QUE SE DIVIDE LA REPÚBLICA MEXICANA; Y AL NÚMERO, A LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO; ASÍ COMO AL ACUERDO 41/2018, EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO, ENTRE OTRAS CUESTIONES, AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL Y LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO, CON RESIDENCIA EN ZAPOPAN, JALISCO. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, DE LA LECTURA INTEGRAL DE LA DEMANDA Y DE LA TOTALIDAD DE LAS CONSTANCIAS DEL PRESENTE SUMARIO CONSTITUCIONAL, SE ADVIERTE QUE LA QUEJOSA RECLAMA ACTA ADMINISTRATIVA DE QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN ADMINISTRATIVO. ACUERDO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. REPORTE INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA DE VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. ORDEN DE PRIVAR DEL CARGO DE AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE PRIVAR DEL CARGO DE AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. FALTA DE RENOVACIÓN DE SU NOMBRAMIENTO. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DIRECTOR GENERAL JURÍDICO DE LA FISCALÍA DEL ESTADO DE JALISCO, EN REPRESENTACIÓN DEL FISCAL ESTATAL Y DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS; ASÍ COMO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INSTRUCTOR DE PROCEDIMIENTO ADSCRITO A LA CONTRALORÍA INTERNA, AMBAS DE LA FISCALÍA DEL ESTADO DE JALISCO; AL RENDIR SUS INFORMES JUSTIFICADOS NEGARON LOS ACTOS RECLAMADOS; SIN PRUEBA EN CONTRARIO QUE DESVIRTÚE DICHA NEGATIVA; POR TANTO, SE TIENE POR INEXISTENTE LOS ACTOS QUE SE LES ATRIBUYEN. EN TAL VIRTUD, AL NO SER CIERTO LOS ACTOS QUE SE LES RECLAMA, CONSISTENTE EN A LAS PRIMERAS DOS AUTORIDADES CITADAS, LA ORDEN DE PRIVAR DEL CARGO Y SU EJECUCIÓN, RESPECTIVAMENTE; MIENTRAS QUE A LA ÚLTIMA, EL ACUERDO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN 024/2020, DE VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE; LO PROCEDENTE ES SOBRESEER EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DE LOS ACTOS QUE SE LES RECLAMAN A TALES AUTORIDADES. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, FISCAL ESTATAL Y CONTRALOR INTERNO DE LA FISCALÍA DEL ESTADO DE JALISCO, AL RENDIR SUS INFORMES JUSTIFICADOS, ACEPTARON LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. LO QUE SE CORROBORA CON LAS DOCUMENTALES QUE ANEXÓ A DICHO INFORME, CONSISTENTES EN COPIA CERTIFICADA DEL EXPEDIENTE GENERADO POR LA APLICACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA, A CARGO DE LA QUEJOSO; CON VALOR PROBATORIO PLENO, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 129, EN RELACIÓN CON EL 202, AMBOS DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, CONFORME SU NUMERAL 2, AL HABER SIDO EXPEDIDA POR UN FUNCIONARIO EN EJERCICIO DE SU PROFESIÓN. EN EFECTO, DE DICHAS DOCUMENTALES SE DESPRENDE QUE AL QUEJOSO SE LE SOMETIÓ A TAL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, CUYOS RESULTADOS AHÍ INMERSOS, ASÍ COMO EL PROPIO PROCEDIMIENTO, CONSTITUYEN LOS ACTOS RECLAMADOS A LAS CITADAS AUTORIDADES RESPONSABLES. POR TANTO, LO QUE PROCEDE ES TENER POR CIERTO LOS ACTOS RECLAMADOS. AHORA, LAS DIVERSAS AUTORIDADES RESPONSABLES DIRECTOR GENERAL JURÍDICO DE LA FISCALÍA DEL ESTADO DE JALISCO, EN REPRESENTACIÓN DEL FISCAL ESTATAL Y DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DE LA FISCALÍA DEL ESTADO DE JALISCO, NEGARON LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CONSISTENTE EN LA FALTA DE RENOVACIÓN DE NOMBRAMIENTO DEL QUEJOSO. SIN EMBARGO, SE DESVIRTÚA DICHA NEGATIVA, TODA VEZ QUE AL RENDIR SUS INFORMES JUSTIFICADOS HACEN MANIFESTACIONES QUE REVELAN SU EXISTENCIA, DADO QUE EXPRESAN QUE LA BAJA DEL ELEMENTO OPERATIVO, AQUÍ QUEJOSO, SE DEBIÓ A QUE CONCLUYÓ EL NOMBRAMIENTO PROVISIONAL QUE OSTENTABA COMO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EL DÍA TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. EN TAL VIRTUD, LO QUE PROCEDE ES DESVIRTUAR DICHA NEGATIVA, Y TENER POR CIERTO EL ACTO RECLAMADO A LAS CITADAS AUTORIDADES. QUINTO. EXAMEN DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. PREVIO AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE AMPARO, SE DEBEN EXAMINAR LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA, YA SEA QUE LAS INVOQUEN LAS PARTES O SE ADVIERTAN DE OFICIO, POR SER UNA CUESTIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y ESTUDIO PREFERENTE. AL RESPECTO, ESTA JUZGADORA ESTIMA QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN V, EN RELACIÓN CON LA DIVERSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, AMBOS DE LA LEGISLACIÓN DE LA MATERIA, TODA VEZ QUE SE VERIFICÓ UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN EL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN 024/2020, INCLUIDA EL ACTA ADMINISTRATIVA DE QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE Y EL ACUERDO DE INICIO DEL MISMO DE VEINTINUEVE DEL PROPIO MES Y AÑO, QUE IMPIDE EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE DICHOS ACTOS, NUMERAL CITADO EN ÚLTIMO TÉRMINO QUE PREVÉ: EL ANTERIOR PRECEPTO LEGAL PREVÉ QUE LA ACCIÓN DE AMPARO RESULTARÁ IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS EMANADOS DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO, CUANDO CON MOTIVO DEL CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN EL MISMO DEBAN CONSIDERARSE CONSUMADAS IRREPARABLEMENTE LAS VIOLACIONES RECLAMADAS EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, POR NO PODER DECIDIRSE EN AQUÉL SIN AFECTAR LA NUEVA SITUACIÓN JURÍDICA. EL CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA SE ACTUALIZA CUANDO CONCURRAN LOS SUPUESTOS SIGUIENTES: A) QUE EL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO EMANE DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO; B) QUE CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO SE PRONUNCIE UNA RESOLUCIÓN QUE CAMBIE LA SITUACIÓN JURÍDICA EN QUE SE ENCONTRABA EL QUEJOSO RESPECTO DEL ACTO QUE RECLAMÓ EN EL AMPARO; C) QUE NO PUEDA DECIDIRSE SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO SIN AFECTAR LA NUEVA SITUACIÓN JURÍDICA; Y POR ENDE, QUE DEBAN CONSIDERARSE CONSUMADAS IRREPARABLEMENTE LAS VIOLACIONES RECLAMADAS EN EL JUICIO DE AMPARO; Y, D) QUE HAYA AUTONOMÍA O INDEPENDENCIA ENTRE EL ACTO QUE SE RECLAMÓ EN EL JUICIO DE GARANTÍAS, Y LA NUEVA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, DE MODO QUE ESTA ÚLTIMA PUEDA SUBSISTIR, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL ACTO MATERIA DEL AMPARO RESULTE O NO INCONSTITUCIONAL. EN DICHO ORDEN, COMO SE DIJO, EL QUEJOSO RECLAMA EL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN ACTA ADMINISTRATIVA DE QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE Y EL ACUERDO DE INICIO DEL MISMO DE VEINTINUEVE DEL PROPIO MES Y AÑO. POR OTRA PARTE, EN AUTO DE DOCE DE JULIO PASADO SE TUVO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE FISCAL ESTATAL, INFORMANDO QUE SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN COMBATIDO, EN RAZÓN DE QUE EL QUEJOSO CAUSÓ BAJA ADMINISTRATIVA POR TÉRMINO DE NOMBRAMIENTO A PARTIR DEL UNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL CARGO DE AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. PARA DEMOSTRAR SU DICHO, ALLEGÓ COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EL VEINTISIETE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN, A LA QUE SE CONCEDE VALOR PROBATORIO PLENO DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 129, 197 Y 202 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, POR TRATARSE DE UN DOCUMENTO CERTIFICADO POR UNA AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. MOTIVO POR EL CUAL, ES EVIDENTE QUE OPERÓ UN CAMBIO EN LA SITUACIÓN JURÍDICA EN QUE SE ENCONTRABA EL PROMOVENTE AL MOMENTO DE EJERCER LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL, LO QUE CONLLEVA A QUE DEBAN CONSIDERARSE CONSUMADAS IRREPARABLEMENTE LAS VIOLACIONES ALEGADAS, YA QUE NO PODRÍA EXAMINARSE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ACTOS REPROCHADOS ANALIZADOS EN ESTE APARTADO SIN AFECTAR LA NUEVA SITUACIÓN IMPERANTE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DONDE DERIVAN. PRIMERO, PORQUE LOS ACTOS RECLAMADOS DERIVARON DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. SEGUNDO, PORQUE CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO (VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO), LA AUTORIDAD RESPONSABLE DICTÓ UNA RESOLUCIÓN EN LA CUAL DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN COMBATIDO, EN RAZÓN DE QUE EL QUEJOSO CAUSÓ BAJA ADMINISTRATIVA POR TÉRMINO DE NOMBRAMIENTO A PARTIR DEL UNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, DEL CARGO DE AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. TERCERO PORQUE NO PUEDE DECIDIRSE SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ACTOS RECLAMADOS SIN AFECTAR LA NUEVA SITUACIÓN JURÍDICA; ES DECIR, LA RESOLUCIÓN QUE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN IMPUGNADO. CUARTO, PORQUE ELLO TRAE COMO CONSECUENCIA EL CONSIDERAR IRREPARABLEMENTE CONSUMADAS LAS VIOLACIONES PRESENTADAS Y QUE HAYAN SIDO RECLAMADAS EN EL JUICIO; PUESTO QUE LA RESOLUCIÓN QUE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN CONSTITUYE UNA DETERMINACIÓN QUE GUARDA AUTONOMÍA O INDEPENDENCIA CON LOS ACTOS RECLAMADOS. POR TANTO, SE ARRIBA A LA FIRME CONCLUSIÓN QUE OPERÓ UN CAMBIO DE LA SITUACIÓN JURÍDICA QUE ORIGINÓ QUE LOS ACTOS RECLAMADOS EN CITA DEBAN CONSIDERARSE COMO IRREPARABLEMENTE CONSUMADOS. EN CONSECUENCIA, PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL PREVISTA POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, EN RELACIÓN CON LA DIVERSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN A LOS ACTOS EXAMINADOS. EN EL MISMO SENTIDO, EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA PARA DECIDIR SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN EL REPORTE INTEGRAL DE CONTROL DE CONFIANZA CON UN RESULTADO DESFAVORABLE DE VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, EN VIRTUD DE QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 61, EN RELACIÓN CON EL 5, FRACCIÓN I, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA, QUE DISPONEN: DE LAS NORMAS TRANSCRITAS SE DEDUCE QUE, EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS QUE NO AFECTEN LOS INTERESES JURÍDICOS O LEGÍTIMOS DEL QUEJOSO, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA FRACCIÓN I DEL ARÁBIGO 5 DE LA LEY DE AMPARO Y, CONTRA NORMAS GENERALES QUE REQUIERAN DE UN ACTO DE APLICACIÓN POSTERIOR AL INICIO DE SU VIGENCIA. CONFORME A LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 5°, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA MATERIA, TIENE LA CALIDAD DE QUEJOSO AQUELLA PERSONA QUE ADUCE SER TITULAR DE UN DERECHO SUBJETIVO O DE UN INTERÉS LEGÍTIMO INDIVIDUAL O COLECTIVO, SIEMPRE QUE ALEGUE QUE LA NORMA, ACTO U OMISIÓN RECLAMADOS VIOLAN LOS DERECHOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 1 DE LA PROPIA LEY Y CON ELLO SE PRODUZCA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL A SU ESFERA JURÍDICA, YA SEA DE MANERA DIRECTA O EN VIRTUD DE SU ESPECIAL SITUACIÓN FRENTE AL ORDEN JURÍDICO. EN RELACIÓN CON EL INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, CONVIENE PUNTUALIZAR EN QUE CONSISTE EN EL DERECHO QUE LE ASISTE A LOS GOBERNADOS PARA RECLAMAR MEDIANTE LA VÍA CONSTITUCIONAL, ALGÚN ACTO DE AUTORIDAD VIOLATORIO DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN SU PERJUICIO, ES DECIR, SE REFIERE A UN DERECHO SUBJETIVO PROTEGIDO POR ALGUNA NORMA LEGAL QUE SE VE AFECTADO POR UN ACTO DE AUTORIDAD O UNA NORMA, QUE OCASIONA UN PERJUICIO A SU TITULAR, ESTO ES, UN DAÑO O MENOSCABO EN LOS DERECHOS O INTERESES DEL GOBERNADO. ASÍ, EL INTERÉS JURÍDICO SE REFIERE A LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS AFECTADOS CON EL ACTO RECLAMADO, DE MANERA QUE ÚNICAMENTE EL SUJETO TITULAR DE ELLOS PUEDE OCURRIR A LA VÍA CONSTITUCIONAL. EN ESE CONTEXTO, LA FACULTAD O POTESTAD DE EXIGENCIA OPONIBLE A LA AUTORIDAD Y, POR ENDE, PARA EJERCER LA ACCIÓN DE AMPARO E IMPUGNAR UN ACTO DE AUTORIDAD, DEVIENE DE LA AFECTACIÓN QUE ÉSTE PUDIERA OCASIONAR A SU TITULAR EN UNO O VARIOS DERECHOS LEGÍTIMAMENTE TUTELADOS, DE MANERA PERSONAL Y DIRECTA. LUEGO, PARA CONSIDERAR QUE A LAS PERSONAS SE LES AFECTA SU DERECHO SUBJETIVO, ES PRESUPUESTO QUE EL PROMOVENTE DEL JUICIO DE AMPARO ACREDITE, EN PRINCIPIO, SER TITULAR DE ESE DERECHO LEGÍTIMAMENTE TUTELADO Y, POR OTRA, LA AFECTACIÓN PERSONAL Y DIRECTA PRODUCIDA POR LOS ACTOS RECLAMADOS. PRECISAMENTE, PORQUE EL INTERÉS JURÍDICO SE VINCULA ESTRECHAMENTE CON EL CONCEPTO DE PERJUICIO, PUES ESTE ÚLTIMO SUPONE UN DERECHO LEGÍTIMAMENTE TUTELADO ANTE CUYA TRANSGRESIÓN POR UNA AUTORIDAD O POR LA LEY, SE CONCEDE A SU TITULAR LA FACULTAD DE ACUDIR AL ÓRGANO JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE DEMANDANDO EL CESE DE ESA VIOLACIÓN. ENTONCES, EL PERJUICIO DEBE ENTENDERSE COMO TODO MENOSCABO OCASIONADO SOBRE LA PERSONA O BIENES DE LOS PETICIONARIOS DEL AMPARO QUE AFECTAN DE MANERA INMEDIATA SUS DERECHOS SUSTANTIVOS, EN FORMA TAL QUE EL DAÑO IRROGADO NO PUEDE SER REPARADO POR UN ACTO JURÍDICO POSTERIOR. POR TODO LO ANTERIOR, RESULTA PERTINENTE DESTACAR QUE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, HA ESTABLECIDO QUE, PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO, DEBE DEMOSTRARSE LOS SIGUIENTES REQUISITOS: A) LA EXISTENCIA DEL DERECHO SUBJETIVO QUE SE DICE VULNERADO. B) QUE EL ACTO DE AUTORIDAD AFECTA ESE DERECHO, DE DONDE DERIVA EL AGRAVIO CORRESPONDIENTE. BAJO ESE CONTEXTO DE PROCEDENCIA, CONVIENE ESTABLECER EN PRIMER TÉRMINO, QUE EL PROMOVENTE DEL AMPARO ACUDE A LA PRESENTE INSTANCIA SOLICITANDO LA TUTELA JURISDICCIONAL DE SUS DERECHOS AL TRABAJO Y LA PERMANENCIA EN EL CARGO QUE EJERCE, ASÍ COMO LOS QUE DERIVAN DE ESTAS PRERROGATIVAS; POR LO CUAL, AL SER PATENTE QUE PRETENDE ACUDIR EN DEFENSA DE UN DERECHO SUBJETIVO, TIENE LA CARGA PROCESAL DE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO. EN RELACIÓN CON LO ANTERIOR, CONVIENE TENER PRESENTE QUE EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA ESTABLECIDO QUE LAS EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA NO CONSTITUYEN FINES EN SÍ MISMOS, SINO MEDIOS CON LOS QUE EL ESTADO CUENTA PARA ACREDITAR QUE QUIENES SE SOMETEN A ELLAS POSEEN CIERTAS CUALIDADES PARA ACCEDER O MANTENERSE EN EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, SIENDO EL RESULTADO DE NO APROBADO DE LOS MISMOS, UNA CAUSA LEGAL QUE POSIBILITA LA INSTAURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN. SIGUIENDO ESA LÍNEA JURISPRUDENCIAL, LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA ESTABLECIDO QUE, SIENDO EL RESULTADO DE NO APROBADO UNA CAUSA DE INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA QUE DAN MOTIVO AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN; LAS VIOLACIONES COMETIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN AL QUE SON SOMETIDOS LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEBEN HACERSE VALER EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA VEZ QUE DICHO RESULTADO CONSTITUYE LA CAUSA EN LA QUE SE FUNDA Y MOTIVA EL PROCEDIMIENTO REFERIDO. CONFORME A LAS BASES NORMATIVAS EXPUESTAS, ESTE JUZGADO FEDERAL TOMA NOTA DE QUE, COMO QUEDÓ PRECISADO EN LA PRIMERA PARTE DE ESTE CONSIDERANDO, CONTRA EL ACTA QUE ORDENÓ EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN Y EL PROPIO ACUERDO DE INICIO, ORIGINADO CON MOTIVO DEL RESULTADO NO APROBATORIO EN AQUÉLLA EVALUACIÓN; SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE DICHOS ACTOS. EN CONSECUENCIA, RESULTA IMPROCEDENTE EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PORQUE DE MOMENTO, EL ACTO REPROCHADO QUE SE EXAMINA NO OCASIONA NINGÚN PERJUICIO Y/O AFECTACIÓN REAL, ACTUAL Y DIRECTA A LA ESFERA JURÍDICA DE LA IMPETRANTE DE AMPARO. CIERTO, PUESTO QUE SI YA NO SE ENCUENTRA SUBSISTENTE EL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN RESPECTIVO GENERADO POR EL RESULTADO DESFAVORABLE EN LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA; YA NO EXISTE UNA AFECTACIÓN A LA ESFERA JURÍDICA DEL PROMOVENTE. EN TALES CONDICIONES, DADO QUE LA APLICACIÓN DE LOS EXÁMENES DE CONTROL Y CONFIANZA Y EL RESULTADO INTEGRAL RECLAMADOS NO GENERAN POR SÍ MISMOS, UNA AFECTACIÓN SOBRE LOS DERECHOS SUBJETIVOS DE LA PARTE QUEJOSA, PUESTO QUE SÓLO CONTRAEN SU OBJETO A COMPROBAR SI EL EVALUADO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA QUE ESTABLECE EL SERVICIO DE CARRERA, SIN QUE CONLLEVEN COMO CONSECUENCIA SU DESINCORPORACIÓN AUTOMÁTICA DE LA INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE LA ACCIONANTE, SIENDO ESTO UN ACTO FUTURO DE REALIZACIÓN INCIERTA, ANTE LA INSUBSISTENCIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN EN SU CONTRA, SE CONCLUYE QUE EL PETICIONARIO NO ACREDITA LA AFECTACIÓN A SU INTERÉS JURÍDICO PARA COMBATIR TALES ACTOS RECLAMADOS. EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO RESPECTO DEL ACTO RESEÑADO CONSISTENTE EN EL REPORTE INTEGRAL DE CONTROL DE CONFIANZA CON UN RESULTADO DESFAVORABLE, RECLAMADO DEL DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE JALISCO, AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL NUMERAL 61, FRACCIÓN XII, EN RELACIÓN CON LO DISPUESTO EN LOS DIVERSOS 1°, FRACCIÓN I, Y 5, FRACCIÓN I, DE LA LEY CITADA. POR OTRA PARTE, LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DIRECTOR GENERAL JURÍDICO DE LA FISCALÍA DEL ESTADO DE JALISCO, EN REPRESENTACIÓN DEL FISCAL ESTATAL Y DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DE LA FISCALÍA DEL ESTADO DE JALISCO, ARGUMENTAN QUE SE ACTUALIZA, LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN EL ARÁBIGO 61, FRACCIÓN XIV DE LA LEY DE LA MATERIA, LA CUAL DICE A LA LETRA: ASIMISMO, SE CONSIDERA CONVENIENTE TRANSCRIBIR LOS ARTÍCULOS 17, 18 Y 61, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE AMPARO, ESTABLECEN: DE LOS PRECEPTOS LEGALES TRANSCRITOS, SE ADVIERTE, ENTRE OTRAS DISPOSICIONES, QUE EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE, ENTENDIÉNDOSE POR TALES, AQUÉLLOS CONTRA LOS QUE NO SE PROMUEVA EL JUICIO DE AMPARO DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS. AHORA BIEN, EN EL CASO, DEL ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO, SE ADVIERTE QUE EL QUEJOSO MANIFESTÓ BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, PUES EN DICHA DATA SE LE INFORMÓ QUE NO SE LE IBA A RENOVAR SU NOMBRAMIENTO. POR TANTO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL QUEJOSO PRESENTÓ SU DEMANDA EL VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, SE ARRIBA A LA CONCLUSIÓN DE QUE FUE PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO QUE SE DESVIRTÚA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOCÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE. ASIMISMO, LAS PROPIAS AUTORIDADES RESPONSABLES, REFIEREN QUE SE ACTUALIZA LA DIVERSA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, PUES ADUCE QUE LA FALTA DE RENOVACIÓN DE NOMBRAMIENTO SE TRATA DE UN ACTO CONSUMADO DE MANERA IRREPARABLE. DICHO ARGUMENTO ES INEXACTO. ESTO ES ASÍ, PUES CONTRARIO A LO QUE AFIRMAN LAS RESPONSABLES, EL HECHO DE QUE YA HAYA CONCLUIDO EL NOMBRAMIENTO DEL QUEJOSO, A LA DATA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, NO IMPIDE QUE, DE ESTIMARSE FUNDADOS LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN ESGRIMIDOS EN CONTRA DEL CITADO ACTO, SE PUEDAN DESTRUIR SUS EFECTOS, PUES VÁLIDAMENTE SE PUEDE ORDENAR DEJAR INSUBSISTENTE DICHA ACTUACIÓN Y ORDENAR LA EMISIÓN DE UNA NUEVA, QUE TENGA COMO FINALIDAD SUBSANAR O RESTAURAR EL DERECHO FUNDAMENTAL VULNERADO, REGRESANDO LAS COSAS AL ESTADO EN QUE SE ENCONTRABAN ANTES DE QUE OCURRA DICHA AFECTACIÓN AL ACCIONANTE. DE TAL SUERTE, LO QUE PROCEDE ES DESVIRTUAR LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EXAMINADA. II. NO SE ADVIERTEN CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. EN EL PRESENTE ASUNTO, SE INADVIERTE LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PUEDA ESTUDIARSE DE OFICIO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE AMPARO; POR TANTO, ES POSIBLE ANALIZAR LA INCONSTITUCIONALIDAD PLANTEADA POR LA PARTE QUEJOSA. QUINTO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ACTOS RECLAMADOS. I. FIJACIÓN DE LA LITIS1 . RESULTA IMPERATIVO SEÑALAR QUE, LA LITIS SE CENTRA EN DETERMINAR LA LEGALIDAD DE LA NO PERMANENCIA DEL QUEJOSO EN EL CARGO EN QUE SE ENCONTRABA, POR VIRTUD DE LA TERMINACIÓN DEL NOMBRAMIENTO QUE OSTENTABA. II. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LOS MOTIVOS DE DISENSO ADUCIDOS SON LOS VISIBLES EN EL CAPÍTULO CORRESPONDIENTE DEL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA DE AMPARO, SIN QUE SEA NECESARIO TRANSCRIBIRLOS, PUES NO HAY PRECEPTO ALGUNO QUE ESTABLEZCA LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR A CABO TAL TRASCRIPCIÓN, NI POR ELLO SE DEJARÍA EN ESTADO DE INDEFENSIÓN A ALGUNA DE LAS PARTES EN EL PRESENTE ASUNTO III. DECISIÓN SOBRE LA LITIS CONSTITUCIONAL. SON INFUNDADOS LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN ESGRIMIDOS POR EL SOLICITANTE DEL AMPARO, AUN SUPLIDOS EN SU DEFICIENCIA, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. PARA EXPLICAR LO ANTERIOR, NECESARIAMENTE DEBE ACOTARSE QUE EL QUEJOSO RECLAMA LA NO PERMANENCIA EN EL CARGO QUE DESEMPEÑABA CON MOTIVO DE LA TERMINACIÓN DEL NOMBRAMIENTO OTORGADO COMO ELEMENTO MINISTERIAL PERTENECIENTE A LA FISCALÍA DEL ESTADO DE JALISCO. EMPERO, SEGÚN SE DESPRENDE DE ACTUACIONES, LA RAZÓN DE LA NO PERMANENCIA DEL QUEJOSO EN EL CARGO QUE DETENTABA, OBEDECE A LA CULMINACIÓN DE SU NOMBRAMIENTO POR TIEMPO DETERMINADO, CON VIGENCIA DEL UNO AL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. DESDE ESA PERSPECTIVA, NO PUEDE ESTIMARSE INJUSTIFICADA LA BAJA DE QUE FUE OBJETO EL QUEJOSO, PUES ELLO OBEDECIÓ A LA TERMINACIÓN DEL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE, EL CUAL NO FUE COMBATIDO DURANTE SU VIGENCIA, POR LO QUE, UNA VEZ VENCIDO EL TÉRMINO PARA EL QUE SE EXPIDIÓ, YA NO GENERA MÁS DERECHO ALGUNO, POR LO QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PUEDE NO RENOVAR EL NOMBRAMIENTO, SIN NECESIDAD DE INSTAURAR ALGÚN PROCEDIMIENTO AL RESPECTO. ASÍ ES, TAL INSTITUCIÓN SE RIGE POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL CUAL ESTABLECE: POR TANTO, EN ARMONÍA CON LO ANTERIOR, ES NECESARIO PRECISAR QUE CON ESE TIPO DE NOMBRAMIENTOS, SE LOGRA UNA DE LAS FINALIDADES CONSTITUCIONALES DE LA FRACCIÓN XIII, APARTADO B, DEL ARTÍCULO 123, COMO ES EXCLUIR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS MENCIONADOS EN DICHA FRACCIÓN DE LA MAYORÍA DE LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO: DERECHO A LA ESTABILIDAD, DERECHO A LA INAMOVILIDAD, A LA INMUTABILIDAD DE TODA CONDICIÓN DE INGRESO O PERMANENCIA EN EL CARGO, ENTRE OTROS. EN CONGRUENCIA CON LA DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL EN COMENTO, EL CONGRESO LOCAL EXPIDIÓ LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO, QUE, REGULA LAS RELACIONES DE TRABAJO ENTRE EL ESTADO DE JALISCO Y LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMO ES LA FISCALÍA DEL ESTADO DE JALISCO. LA CITADA LEY EN SU ARTÍCULO 3, FRACCIÓN XVII, DISPONE: ASÍ, LAS RELACIONES LABORALES ENTRE EL ESTADO Y SUS EMPLEADOS; TENIENDO PRESENTE EL IMPERATIVO CONSTITUCIONAL, INMERSO EN EL NUMERAL 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, SE REGIRÁN POR SUS PROPIAS LEYES, Y EL RÉGIMEN DE EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO ENTRE EL ESTADO Y LOS ELEMENTOS DE POLICÍA, SE UBICA EN EL MARCO DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO, POR SER LA CODIFICACIÓN ESPECIAL, APLICABLE A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPALES, CON TODAS LAS UNIDADES Y AGRUPAMIENTOS QUE SEÑALE SU REGLAMENTO, QUE FORMAN PARTE DEL "SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA", AL TENOR DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III, DE LA MISMA LEGISLACIÓN, QUE ESTABLECE: TRATÁNDOSE DE LA CONCLUSIÓN DEL CARGO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ESPECIALISTAS OPERATIVOS LA CITADA LEGISLACIÓN DISPONE: DE LA INTELECCIÓN DEL PRECEPTO LEGAL EN CITA, SE APRECIA QUE EL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA PARA PERSONAL MINISTERIAL Y ELEMENTOS OPERATIVOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, CONCLUYE: I. POR TERMINACIÓN DE SU NOMBRAMIENTO; O, II. POR CESACIÓN DE SUS EFECTOS LEGALES. EL PRIMER MOTIVO DE CONCLUSIÓN OPERA POR EL SIMPLE TRANSCURSO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL NOMBRAMIENTO, LO CUAL JUSTIFICA LA TERMINACIÓN, SIN RESPONSABILIDAD PARA EL ESTADO NI PARA EL ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA. EN CAMBIO, PARA QUE EL SEGUNDO SUPUESTO DE CONCLUSIÓN DE SERVICIOS COBRE VIGENCIA, LA CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO REQUIERE, INDEFECTIBLEMENTE, QUE SE MATERIALICE CUALESQUIERA DE LOS MOTIVOS PRECISADOS EN EL INVOCADO NUMERAL 83, A SABER: I. SEPARACIÓN POR INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA; II. REMOCIÓN POR INCURRIR EN RESPONSABILIDAD EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES O, EN EL CASO DE LOS POLICÍAS, INCUMPLIMIENTO DE SUS DEBERES DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES RELATIVAS AL RÉGIMEN DISCIPLINARIO; Y, III. BAJA POR RENUNCIA, MUERTE O INCAPACIDAD PERMANENTE; JUBILACIÓN O RETIRO. ESTOS SUPUESTOS REQUIEREN SE FUNDE EN LA COMPROBACIÓN PLENA DE CUALESQUIERA DE LAS CAUSAS INDICADAS, MEDIANTE LA RESOLUCIÓN QUE SE DICTE EN EL PREVIO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, PREVISTO EN EL CAPÍTULO IV DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO, INTITULADO DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN DONDE SE FIJAN LAS REGLAS DE SU INICIACIÓN, INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN (ARTÍCULOS 118 A 128); PUES DE NO SER ASÍ, LA SEPARACIÓN RESULTARÍA INJUSTIFICADA, CON LA CONSECUENTE RESPONSABILIDAD INDEMNIZATORIA A CARGO DEL ESTADO. EN CAMBIO, TRATÁNDOSE DE LA CONCLUSIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL POR TERMINACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS OTORGADOS POR LA INSTITUCIÓN A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO, ANTES TRASCRITO, ESTABLECE CON CLARIDAD QUE LA TERMINACIÓN DE NOMBRAMIENTO MOTIVA LA CONCLUSIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO ENTRE EL ESTADO Y EL ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA; REGLA ÉSTA QUE, COMO SE DIJO, OPERA POR EL SIMPLE TRANSCURSO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO POR EL PRIMERO Y ACEPTADO POR EL SEGUNDO; Y DE AHÍ QUE DERIVADO DE ESE ACUERDO DE VOLUNTADES, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONDICIONADO QUEDA SUJETO A TEMPORALIDAD. AHORA, LOS ARTÍCULOS 77, 79 Y 82 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO, EN SU ORDEN DISPONEN: DEL CONTENIDO DE LOS PRECEPTOS TRASCRITOS ES POSIBLE ESTABLECER QUE EL INGRESO COMO MINISTERIO PÚBLICO, ESTÁ CONDICIONADO A LA CONCLUSIÓN DE LA FORMACIÓN O CAPACITACIÓN EN LAS ACADEMIAS RESPECTIVAS, Y PRÁCTICAS CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE DEBERÁ COLMAR EL ASPIRANTE; Y, QUE ADEMÁS, ES FACULTAD DE LA PROPIA INSTITUCIÓN, OTORGAR JERARQUÍAS SUPERIORES A SUS ELEMENTOS OPERATIVOS, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PREVISTOS EN LA LEY DE ESA MATERIA, DESTACANDO LA FACULTAD DE EXPEDIR NOMBRAMIENTOS DE DESIGNACIÓN ESPECIA, CUYOS EFECTOS PODRÁN DARSE POR TERMINADOS EN CUALQUIER MOMENTO. LO ANTERIOR, EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE CONSIDERAR QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEBEN OTORGAR OBLIGADAMENTE NOMBRAMIENTOS DEFINITIVOS O DE BASE; Y SI, POR EL CONTRARIO, EL TEXTO DE LOS NUMERALES 77, 79 Y 82 EN CONSULTA, LLEVA IMBÍBITA LA FACULTAD DE OTORGAR NOMBRAMIENTOS POR TIEMPO DETERMINADO. LO ANTERIOR AUNADO A QUE EN EL SUPUESTO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO, ESTABLECE QUE LA CONCLUSIÓN DEL NOMBRAMIENTO SE PRODUCE POR LA TERMINACIÓN DEL MISMO, TIENE UN FACTOR DE TEMPORALIDAD, LO QUE IMPLICA QUE EL NOMBRAMIENTO POR TIEMPO DETERMINADO -POR SU NATURALEZA MISMA DE ACTO ADMINISTRATIVO CONDICIONADO-, SE ENCUENTRA REVESTIDO DE LEGALIDAD EN CUANTO A LA FACULTAD DE LA INSTITUCIÓN QUE LO EXPIDE EN ESOS TÉRMINOS. CONSIDERAR LO CONTRARIO, IMPLICARÍA QUE ESE PRIMER SUPUESTO DEL NUMERAL 83, CARECERÍA DE ENTIDAD Y DE RAZÓN DE SER, AL ESTABLECER LA CONCLUSIÓN DE UN NOMBRAMIENTO POR TERMINACIÓN DEL MISMO; PUESTO QUE ESA TERMINACIÓN PRESUPONE, NECESARIAMENTE, LA EXISTENCIA PREVIA DE UN NOMBRAMIENTO POR TIEMPO DETERMINADO, EXPEDIDO POR EL ÓRGANO FACULTADO PARA ELLO, CONFORME A LA INTERPRETACIÓN ARMÓNICA Y FUNCIONAL DE LOS ARTÍCULOS 77, 79, 82 Y 83 DE LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO. ES ASÍ PORQUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 77, 79, 82 Y 83, DE LA CITADA LEY, EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE CONSIDERAR QUE LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, DEBEN OTORGAR OBLIGADAMENTE NOMBRAMIENTOS DEFINITIVOS O DE BASE, ELLO, DADO QUE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO, APLICABLE A LOS MINISTERIOS PÚBLICOS, COMO LA SEÑALADA COMO RESPONSABLE, ESTABLECE QUE UNO DE LOS MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA PARA PERSONAL MINISTERIAL Y ELEMENTOS OPERATIVOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, ES LA TERMINACIÓN DE SU NOMBRAMIENTO, ESTO ES PORQUE HA FENECIDO SU PLAZO DE VIGENCIA. SIN QUE PARA ELLO, CONTRARIO A LO ASEVERADO POR EL QUEJOSO, SEA NECESARIO CONSIDERAR EL RESULTADO DE LOS EXÁMENES O LA INSTAURACIÓN O NO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, APLICABLES A LOS CASOS EN QUE EL CESE ES EL MOTIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO, DURANTE LA VIGENCIA DEL NOMBRAMIENTO, YA QUE ELLO, NO OCURRE EN EL CASO A ESTUDIO, PUES LA CONCLUSIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE LAS PARTES, OBEDECE A LA TERMINACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DEL QUEJOSO Y NO CON MOTIVO DE LA INSTAURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, POR SER HIPÓTESIS EXCLUYENTES. DE AHÍ ENTONCES QUE A LA TERMINACIÓN DE UN NOMBRAMIENTO POR TIEMPO DETERMINADO, NO ES POSIBLE RECLAMAR QUE A LA CONCLUSIÓN DE ÉSTE, DEBE OTORGARSE UN NOMBRAMIENTO DE BASE, YA QUE LOS POLICÍAS CARECEN DE VARIOS DERECHOS LABORALES, ENTRE ELLOS, EL DE LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, REGULARMENTE CONSIDERADO COMO ADQUIRIDO. EN ESE ORDEN DE IDEAS, EL PERSONAL MINISTERIAL NO PUEDE RECLAMAR AFECTACIÓN A DERECHOS ADQUIRIDOS POR NOMBRAMIENTOS PREVIOS ACUMULADOS, YA QUE NO LES ASISTEN DERECHOS, COMO LA INMUTABILIDAD DE LAS CONDICIONES DE SUBSISTENCIA DE ÉSTE CON MOTIVO DE LA TERMINACIÓN DEL PLAZO PARA EL QUE FUERON DESIGNADOS, MÁXIME QUE LA CAUSA DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR TERMINACIÓN DEL NOMBRAMIENTO, SE ENCUENTRA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. EN LAS CONDICIONES ANOTADAS, CUANDO EL NOMBRAMIENTO ES POR TIEMPO DETERMINADO, COMO EN LA ESPECIE, SU CONCLUSIÓN OPERA POR EL SIMPLE TRANSCURSO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL NOMBRAMIENTO, LO CUAL JUSTIFICA LA TERMINACIÓN, SIN RESPONSABILIDAD PARA EL ESTADO NI PARA EL ELEMENTO MINISTERIAL, NI ES NECESARIA LA INSTAURACIÓN DE PROCEDIMIENTO ALGUNO, POR LOS MOTIVOS ESPECIALES QUE RIGEN LOS NOMBRAMIENTOS DE DICHOS ELEMENTOS A QUE SE HA HECHO REFERENCIA. POR TANTO, EL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE, BÁSICAMENTE, EN LA TERMINACIÓN DEL NOMBRAMIENTO OTORGADO POR EL PERIODO DEL UNO AL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, NO CONCULCA EN PERJUICIO DEL QUEJOSO, DERECHO HUMANO ALGUNO; SIN QUE LA CONTINUIDAD EN LOS NOMBRAMIENTOS OTORGADOS, PROVOQUE ADQUISICIÓN DE DERECHOS O INAMOVILIDAD, YA QUE EL NOMBRAMIENTO SOLO TIENE VIGENCIA POR LA TEMPORALIDAD ESPECIFICADA EN EL MISMO, DEBIDO A LAS PECULIARIDADES DE LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES MINISTERIALES. EN CONSECUENCIA, ANTE LO INFUNDADO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PREVIAMENTE EXAMINADOS, SE NIEGA EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN SOLICITADOS. POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO Y CON APOYO EN LOS ARTÍCULOS 1, 61, 63, 73 A 76, TODOS DE LA LEY DE AMPARO, SE RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR LUIS ROBERTO TORRES SÁNCHEZ, CONTRA LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES FISCAL ESTATAL, DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS; AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INSTRUCTOR DE PROCEDIMIENTO ADSCRITO A LA CONTRALORÍA INTERNA; CONTRALOR INTERNO, LAS TRES ÚLTIMAS DE LA FISCALÍA DEL ESTADO DE JALISCO; Y, DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LOS CONSIDERANDOS TERCERO Y QUINTO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A LUIS ROBERTO TORRES SÁNCHEZ, CONTRA LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES FISCAL ESTATAL Y DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DE LA FISCALÍA DEL ESTADO DE JALISCO, POR LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN EL ÚLTIMO CONSIDERANDO DE LA PRESENTE SENTENCIA. NOTIFÍQUESE POR LISTA FÍSICA Y ELECTRÓNICA.
- Principal
EFECTIVO APERCIBIMIENTO. VISTO EL ESTADO PROCESAL DE LOS AUTOS Y EN ATENCIÓN A LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, SE ADVIERTE QUE TRANSCURRIÓ EL PLAZO OTORGADO A LA PARTE QUEJOSA EN AUTO DE VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, PARA QUE MANIFESTARA SI ERA SU DESEO O NO AMPLIAR SU DEMANDA DE AMPARO RESPECTO DE LA CONTRALORA INTERNA DE LA FISCALÍA DEL ESTADO DE JALISCO; EN CONSECUENCIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN DICHO PROVEÍDO, Y, POR TANTO SE CONTINUARÁ EL TRÁMITE DEL PRESENTE JUICIO, CON LAS AUTORIDADES EXPRESAMENTE SEÑALADAS EN LA DEMANDA Y ACTOS EN ELLA PRECISADOS. II. ESTADO PROCESAL DE AUTOS. VISTO EL ESTADO DE AUTOS, SE ADVIERTE QUE NO ES POSIBLE CELEBRAR LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL FIJADA PARA EL DÍA DE HOY, TODA VEZ QUE LA ACTUACIÓN DE LA SUSCRITA ES EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, QUE ÚNICAMENTE AUTORIZA A PRACTICAR DILIGENCIAS Y DICTAR PROVIDENCIAS DE MERO TRÁMITE, ASÍ COMO LAS RESOLUCIONES DE CARÁCTER URGENTE. III. DIFERIMIENTO. SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PROGRAMADA PARA EL DÍA DE HOY Y SE FIJAN LAS NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, PARA SU CELEBRACIÓN. NOTIFÍQUESE POR LISTA FÍSICA Y ELECTRÓNICA.
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