Luis Roberto Peraza Osuna

Expediente 496/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
496/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Luis Roberto Peraza Osuna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado por el autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, expídanse a su costa copia certificada de las constancias que solicita y que obren en autos, previo acuse de recibo que se deje en el expediente para constancia; lo anterior, de conformidad con el precepto 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa ante José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. GOD

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose que la parte quejosa no interpuso dentro del plazo legal recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en la cual se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, en vigor a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado Acuerdo. De igual forma, en apego a lo ordenado en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General en cita, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, por haberse sobreseído en el presente asunto. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General citado. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción III, inciso b), del Acuerdo General antes mencionado, se indica que, toda vez que en la resolución interlocutoria de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, se negó la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa; por lo que el original del incidente es destruible. De igual forma, se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino. Notifíquese.

  3. Principal

    S E N T E N C I A VISTOS los autos del expediente 496/2023-E, a fin de resolver en sentencia lo relativo al juicio de amparo promovido por Luis Roberto Peraza Osuna, contra actos de la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de amparo. El cuatro de mayo de dos mil veintitrés, fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Baja California, con residencia en Tijuana, y turnada a este órgano jurisdiccional el siete siguiente, la demanda de amparo promovida por Luis Roberto Peraza Osuna, en la cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades que a continuación se mencionan: - Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California. - Director General del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California. - Director de Transporte y Control Vehicular del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California. En seguida, la parte quejosa mencionó como acto reclamado el siguiente: "De la JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, reclamo lo siguiente: I. LA DECLARATORIA DE SATURACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR MEDIO DE MORATORIA, EN EL CORREDOR AGUA CALIENTE DIAZ - ORDAZ, EN LAS MODALIDADES DE MASIVO, TAXIS DE RUTA, TAXIS DE SITIO, TAXIS CON ITINERARIO FIJO, TAXIS SIN ITINERARIO FIJO, AFECTOS AL CORREDOR AGUA CALIENTE - DIAZ ORDAZ DE LA CIUDAD DE TIJUANA, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL DÍA 24 DE MARZO DE 2023. II. VICIOS PROPIOS DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LLEVADA A CABO EL DIA 22 DE MARZO DE 2023. [.] DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, reclamo: I. INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PUBLICACIÓN DE LA DECLARATORIA DE SATURACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR MEDIO DE MORATORIA EN EL CORREDOR AGUA CALIENTE - DIAZ ORDAZ, REALIZADA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL DIA 24 DE MARZO DE 2023. II. LOS ACTOS DE APLICACIÓN EN VIA DE CONSECUENCIA DE LA DECLARATORIA DE SATURACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR MEDIO DE MORATORIA, EN EL CORREDOR AGUA CALIENTE DIAZ - ORDAZ, EN LAS MODALIDADES DE MASIVO, TAXIS RUTA, TAXIS DE SITIO, TAXIS CON ITINERARIO FIJO, TAXIS ITINERARIO FIJO, AFECTOS AL CORREDOR AGUA CALIENTE - DIAZ ORDAZ DE LA CIUDAD DE TIJUANA; PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL DÍA 24 DE MARZO DE 2023. DEL DIRECTOR DE TRANSPORTE Y CONTROL VEHICULAR DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. I. LOS ACTOS DE APLICACIÓN EN VÍA DE CONSECUENCIA DE LA DECLARATORIA DE SATURACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR MEDIO DE MORATORIA, EN EL CORREDOR AGUA CALIENTE DIAZ - ORDAZ, EN LAS MODALIDADES DE MASIVO, TAXIS DE RUTA, TAXIS DE SITIO, TAXIS CON ITINERARIO FIJO, TAXIS SIN ITINERARIO FIJO, AFECTOS AL CORREDOR AGUA CALIENTE - DIAZ ORDAZ DE LA CIUDAD DE TIJUANA, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL DÍA 24 DE MARZO DE 2023." Asimismo, del escrito de desahogo de prevención se advierte que la parte quejosa, aclaró los siguientes puntos respecto a los actos reclamados: "[.] Así las cosas, respecto al punto PRIMERO anteriormente transcrito, refiero lo siguiente: Bajo formal protesta de decir verdad, manifiesto que no existe acto concreto de aplicación de la Declaratoria de Saturación del Servicio de Transporte Público por medio de Moratoria, en el corredor Agua Caliente Díaz - Ordaz, en las modalidades de masivo, taxis de ruta, taxis de sitio, taxis con itinerario fijo, taxis sin itinerario fijo, afectos al corredor Agua Caliente - Díaz Ordaz de la ciudad de Tijuana, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 24 de marzo de 2023, toda vez que esta se reclama en carácter de norma autoaplicativa, en términos del artículo 107, fracción 1, inciso g) de la Ley de Amparo. Ahora, respecto al SEGUNDO punto del requerimiento en comento, refiero lo siguiente: Bajo formal protesta de decir verdad, es menester aclarar que la emisión de la Declaratoria de Saturación del Servicio de Transporte Público por medio de Moratoria, en el corredor Agua Caliente Díaz - Ordaz, en las modalidades de masivo, taxis de ruta, taxis de sitio, taxis con itinerario fijo, taxis sin itinerario fijo, afectos al corredor Agua Caliente - Díaz Ordaz de la ciudad de Tijuana, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 24 de marzo de 2023, se reclama en su carácter de norma autoaplicativa, en términos del artículo 107 fracción 1, inciso g) de la Ley de Amparo. Luego, respecto al hecho TERCERO, preciso lo siguiente: Bajo formal protesta de decir verdad, manifiesto que los actos de aplicación en vía de consecuencia de la emisión de la Declaratoria de Saturación del Servicio de Transporte Público, que se le reclaman al Director General, y al Director de Transporte y Control Vehicular, ambos del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, son de carácter futuro e inminente, es decir, si bien aún no se han materializado, estos son de consecuencia legal futura e indudable, en la esfera jurídica del suscrito, toda vez que soy Titular del Permiso de Transporte Público con número económico ZM-TR-15151 (antes TIJ-TR-2326), por medio del cual, presto el servicio de transporte público en la ruta que Corredor Agua Caliente - Díaz Ordaz, de la ciudad de Tijuana Baja California, como consecuencia lógica de dicha Declaración de Saturación, toda vez que la emisión de esta, afecta a la referida ruta. [.]" Segundo. Admisión de demanda y trámite del juicio. Mediante proveído de nueve de mayo de dos mil veintitrés, se radicó la demanda de amparo presentada por Luis Roberto Peraza Osuna; y previno a la parte quejosa a efecto que subsanara las irregularidades precisadas en dicha determinación; luego, por auto de dieciocho de mayo de este año, se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; además, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, sin que existiera tercero interesado, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, turnándose los autos para dictar la sentencia que conforme a derecho proceda. Tercero. Ampliación de demanda. Por escrito recibido en este órgano jurisdiccional el diecinueve de julio de dos mil veintitrés, Luis Roberto Peraza Osuna, amplió el escrito inicial de demanda, en los siguientes términos: Autoridad responsable: Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California. Actos reclamados: "I. VICIOS PROPIOS DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LLEVADA A CABO EL DIA 22 DE MARZO DE 2023. [.]" Este órgano de control constitucional en auto de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, tuvo por recibido el escrito de ampliación de demanda, se admitió a trámite la ampliación de demanda únicamente por lo que respecta a conceptos de violación, se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación, dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado y, sin que se reconociera el carácter de tercero interesado a persona alguna, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 13/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve; y en razón que del estudio integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado puede tener ejecución en territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. Segundo. Fijación del acto reclamado. Previo a verificar la certeza de los actos reclamados, conforme a lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de resolver la litis efectivamente planteada y determinar lo que la parte quejosa dijo o quiso decir, es preciso señalar que de una lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que se reclama lo siguiente: La discusión, aprobación, publicación y aplicación de la declaratoria de saturación del servicio de transporte público por medio de moratoria, en el corredor Agua Caliente-Díaz Ordaz, en las modalidades de masivo, taxis de ruta, taxis de sitio, taxis con itinerario fijo, taxis sin itinerario fijo, publicada en el periódico oficial del Estado de Baja California el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Con la precisión que aun y cuando se señaló como acto reclamado destacado la Tercera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, no se considerará como un acto desvinculado ya que en la misma se expuso, discutió y aprobó la Declaratoria ya precisada, por lo que no hay duda que se encuentra inmersa en el acto especificado previamente. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Director General y al Director de Transporte y Control Vehicular, ambos del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, consistentes en la publicación y aplicación de la declaratoria de saturación del servicio de transporte público por medio de moratoria, en el corredor Agua Caliente-Díaz Ordaz, en las modalidades de masivo, taxis de ruta, taxis de sitio, taxis con itinerario fijo, taxis sin itinerario fijo, publicada en el periódico oficial del Estado de Baja California el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, no obstante que fueron omisas en rendir sus informes con justificación. Lo anterior se considera así, pues con los medios probatorios aportados por la quejosa en la demanda de amparo, no se obtiene que se haya aplicado la declaratoria de saturación del servicio de transporte público por medio de moratoria, en el corredor Agua Caliente-Díaz Ordaz, en las modalidades de masivo, taxis de ruta, taxis de sitio, taxis con itinerario fijo, taxis sin itinerario fijo, publicada en el periódico oficial del Estado de Baja California el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés; máxime que reclamó dicho acto legislativo en su carácter de norma autoaplicativa, es decir con motivo de su sola entrada en vigor. Aunado a ello, en relación con los actos consistentes en la publicación de la declaratoria de saturación del servicio de transporte público por medio de moratoria, en el corredor Agua Caliente-Díaz Ordaz, en las modalidades de masivo, taxis de ruta, taxis de sitio, taxis con itinerario fijo, taxis sin itinerario fijo, publicada en el periódico oficial del Estado de Baja California el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, atribuidos al Director General del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, aún y cuando de se trata de un acto legislativo, dicha autoridad responsable no participa en su publicación dado que no se encuentra dentro de sus facultades, conforme lo dispone, el artículo 30 del Decreto del Ejecutivo por el que se crea el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California. Conviene destacar, además, que no basta la presentación de la demanda de amparo para demostrar la existencia del acto reclamado, ni es suficiente que los argumentos vertidos en ella se hayan expresado bajo protesta de decir verdad, porque es indispensable que la parte quejosa aporte pruebas idóneas dirigidas a corroborar tales argumentos y, con ello acreditar las afirmaciones. Es aplicable a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV (Febrero de 2002), visible en la página 903, cuyo rubro establece: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO". Apoya lo anterior, la tesis número IX.1o.83 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1714, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, al tenor del rubro y contenido que textualmente dice: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que negativa por parte de las autoridades responsables." En mérito de lo anterior, al actualizar la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto a dichos actos y autoridades responsables. Cuarto. Certeza del acto reclamado. Son ciertos el acto reclamado a la autoridad responsable Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, pues al rendir su informe justificado, fue omisa en pronunciarse respecto del acto que se le atribuye consistente en la exposición, discusión y aprobación de la declaratoria de saturación reclamada. Aunado a que la existencia de los actos reclamados no está sujeta a prueba, pues basta su publicación en el órgano de difusión para que se puedan invocar como hecho notorio de conformidad con los artículos 86 y 881 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Dicho razonamiento encuentra apoyo en la tesis sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal de Justicia en el país, visible en la página 15, del Tomo 65, primera parte, de la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y contenido siguiente: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Quinto. Causas de improcedencia. Previo al estudio de la cuestión de fondo debe analizarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, en virtud de tratarse de un aspecto de orden público y de examen preferente en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, este Juzgado de Distrito advierte, de oficio, que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dado que la parte quejosa reclama dicha declaratoria de saturación a partir de su entrada en vigor, es decir, como una norma autoaplicativa; sin embargo, a criterio de quien resuelve, la individualización de la hipótesis normativa está condicionada a la realización de un acto concreto de aplicación. Para justificar tal postura, resulta oportuno citar los artículos 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5º, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que respectivamente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De estas disposiciones se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo indirecto únicamente lo puede promover la parte a quien perjudique el acto o la norma general reclamada; y de su interpretación a contrario sensu, se obtiene que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior significa, que el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio real y efectivo en forma definitiva a la persona física o moral, y de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5°, de la Ley de Amparo. Asimismo, se destaca que para distinguir si una norma es autoaplicativa o heteroaplicativa, es necesario determinar si con su sola entrada en vigor vincula al gobernado a su cumplimiento por virtud de que cree, transforme o extinga en su perjuicio situaciones concretas de derecho; o si, por el contrario, se requiere de un acto diverso que condicione su aplicación. Bajo ese marco de referencia, los efectos de las disposiciones legales combatidas bien pueden ocurrir en forma condicionada, o bien, de manera incondicionada, pero siempre bajo el entendido de que la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso depender de un acto jurídico, concebido éste como la manifestación exterior de la voluntad del particular para crear, transferir, modificar, extinguir o conservar derechos y obligaciones y que produce los efectos deseados por su autor, o del hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, pero todos los anteriores con el común denominador de situar al gobernado dentro de la hipótesis legal. Así, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, impera en dicha norma el carácter de ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. Por el contrario, si las obligaciones impuestas por el texto jurídico no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, tal norma reviste el carácter de disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, dado que la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se encuentra sujeta a la realización de ese evento. Tiene aplicación el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 55/97, página 5, del tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto establecen: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Luego, en el presente caso, la parte quejosa impugna la declaratoria de saturación del servicio de transporte público por medio de moratoria, en el corredor Agua Caliente-Díaz Ordaz, en las modalidades de masivo, taxis de ruta, taxis de sitio, taxis con itinerario fijo, taxis sin itinerario fijo, publicada en el periódico oficial del Estado de Baja California el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en la que, en la parte conducente, se determinó lo siguiente: "DECLARATORIA DE SATURACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR MEDIO DE MORATORIA EN EL CORREDOR AGUACALIENTE - DÍAZ ORDÁZ - La Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad Sustentable atendiendo al interés general y al orden público, advirtiendo que existe una problemática que evidentemente lacera el Derecho Humano a la Movilidad para protegerlo y salvaguardar el interés de la población en general, sin suprimir o desconocer los derechos de terceros, DECLARA SATURADO EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO en las modalidades de masivo, taxis de ruta y taxis de sitio, taxi con itinerario fijo, taxi sin itinerario fijo afectos al Corredor Agua Caliente-Díaz Ordaz de la ciudad de Tijuana, Baja California, que se precisa para mayor seguridad en las coordenadas geográficas (cuadro de construcción) señaladas en el ESTUDIO TÉCNICO Y ANÁLISIS RELATIVO A LA CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DEL CORREDOR AGUA CALIENTE - DÍAZ ORDAZ PARA LA GARANTÍA DEL DERECHO HUMANO A LA MOVILIDAD EN BAJA CALIFORNIA, de fecha 1 de marzo de 2023 y en el DICTAMEN TÉCNICO DE FACTIBILIDAD RELATIVO A LA CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DEL DENOMINADO CORREDOR AGUA CALIENTE - DÍAZ ORDAZ PARA LA GARANTIA AL DERECHO HUMANO A LA MOVILIDAD EN BAJA CALIFORNIA, emitido por el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California en fecha 3 de marzo de 2023, documentos los anteriores que soportan y justifican el presente acuerdo, porque reflejan con claridad lo que los habitantes y usuarios viven como un hecho notorio en dicho corredor; POR MEDIO DE MORATORIA que impida la expedición de concesiones o permisos aun de manera temporal, de las modalidades ya mencionadas en dicho corredor, con fundamento en el Artículo 28 Fracción XIX del Decreto del Ejecutivo por el que se crea el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, por un plazo de dos años o hasta en tanto se realice el reordenamiento del transporte público y la implementación de un subsistema integrado en dicho corredor, lo que suceda primero, en concordancia con el Artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California., a efecto de garantizar el goce pleno del Derecho Humano a la Movilidad de los habitantes del Municipio de Tijuana, Baja California, así como de los usuarios del servicio público de transporte que se presta en el Corredor Agua Caliente-Díaz Ordaz de la ciudad de Tijuana, Baja California, respetando los Derechos Humanos y garantías de los usuarios, de la población en general y de los prestadores del servicio. TRANSITORIOS: PRIMERO. La presente Declaratoria de Saturación por medio de Moratoria tendrá una vigencia de dos años o hasta en tanto se realice el reordenamiento del transporte público y la implementación de un subsistema integrado en dicho corredor, lo que suceda primero, en concordancia con el Artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California SEGUNDO. La presente Declaratoria de Saturación por Medio de Moratoria surtirá sus efectos a partir del día siguiente de su publicación. Para todos los efectos a que haya lugar, dado en la oficina del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, en la ciudad de Tijuana, Baja California, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil veintitrés." De lo transcrito, se aprecia básicamente que la declaratoria de saturación reclamada, dispone lo siguiente: A) Que por los motivos expuestos, se declara saturado el servicio de transporte público en las modalidades de masivo, taxis de ruta y taxis de sitio, taxi con itinerario fijo, taxi sin itinerario fijo afectos al Corredor Agua Caliente-Díaz Ordaz de la ciudad de Tijuana, Baja California. B) Que por medio de moratoria, se impide la expedición de concesiones o permisos aún de manera temporal, de las modalidades ya mencionadas en dicho corredor, con fundamento en el artículo 28 Fracción XIX del Decreto del Ejecutivo por el que se crea el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California. C) Que el impedimento por medio de moratoria, para la expedición de concesiones o permisos aun de manera temporal, de las modalidades ya mencionadas en dicho corredor, será por un plazo de dos años o hasta en tanto se realice el reordenamiento del transporte público y la implementación de un subsistema integrado en dicho corredor, lo que suceda primero, en concordancia con el Artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California., a efecto de garantizar el goce pleno del Derecho Humano a la Movilidad de los habitantes del Municipio de Tijuana, Baja California, así como de los usuarios del servicio público de transporte que se presta en el Corredor Agua Caliente-Díaz Ordaz de la ciudad de Tijuana, Baja California, respetando los Derechos Humanos y garantías de los usuarios, de la población en general y de los prestadores del servicio. Ahora, del análisis emprendido al sistema normativo en comento, se obtiene que contrario a lo sostenido por la parte quejosa, la declaratoria de saturación tildada de inconstitucional, es de naturaleza heteroaplicativa y no autoaplicativa como intenta combatirla, en razón que de su aplicación se condiciona a que se solicite por parte del interesado, la expedición de una concesión o permiso aún de manera temporal, para el servicio de transporte público en las modalidades de masivo, taxis de ruta y taxis de sitio, taxi con itinerario fijo, taxi sin itinerario fijo afectos al Corredor Agua Caliente-Díaz Ordaz de la ciudad de Tijuana, Baja California, y que, en su caso éste le sea negado; condicionante que al momento de la presentación de la demanda de amparo, no se había verificado. Es decir, mientras no se verifique la condicionante reseñada no podrá tener aplicación la citada disposición tildada de inconstitucional. Efectivamente, en el caso no existe una afectación inmediata a los derechos subjetivos del quejoso, que haya nacido con la sola vigencia de los artículos, sino que se requiere de un acto posterior de aplicación para que produzca efectos en el ámbito jurídico de la parte accionante de amparo, pues también es relevante destacar que esa norma está dirigida a aquéllas personas que aspiren a obtener un nuevo permiso o concesión del servicio de transporte público en las modalidades de masivo, taxis de ruta y taxis de sitio, taxi con itinerario fijo, taxi sin itinerario fijo afectos al Corredor Agua Caliente-Díaz Ordaz de la ciudad de Tijuana, Baja California. En ese orden de ideas, se concluye que la declaratoria que se tilda de inconstitucional, es una norma jurídica de naturaleza heteroaplicativa, en tanto que requiere la existencia de actos concretos de aplicación para actualizar un perjuicio en la esfera jurídica del quejoso, toda vez que su sola vigencia, de ningún modo patentiza ni la involucra en una situación jurídica concreta que la afecte; máxime que no se acreditó en el expediente, que el quejoso sea uno de los sujetos a los que se encuentra dirigida dicha disposición. En tal virtud, para que el juicio de amparo resulte procedente en contra de la norma reclamada, debe existir un acto concreto de aplicación que haya tenido verificativo con anterioridad a la presentación de la demanda; sin embargo, la parte impetrante no colmó tal extremo, toda vez que no exhibió ninguna prueba que acredite que ha sufrido en su esfera jurídica la aplicación de los supuestos regulados por los preceptos de que se trata y tampoco que se encuentre ubicado en alguna de las hipótesis de los sujetos a los que está dirigida la norma, es decir que al momento de la presentación de la demanda haya acreditado contar con permiso vigente que lo acredite como operador del servicio de transporte público en las modalidades de masivo, taxis de ruta y taxis de sitio, taxi con itinerario fijo, taxi sin itinerario fijo afectos al Corredor Agua Caliente-Díaz Ordaz de la ciudad de Tijuana, Baja California. Sin que se soslaye la existencia de los medios de prueba aportados por la parte quejosa, los cuales, si bien, merecen valor probatorio en términos de los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, estos no son idóneos y suficientes para acreditar que con la emisión de la declaratoria reclamada, le fue negada la expedición de una concesión o permiso aún de manera temporal, para operar el servicio de transporte público en las modalidades de masivo, taxis de ruta y taxis de sitio, taxi con itinerario fijo, taxi sin itinerario fijo afectos al Corredor Agua Caliente-Díaz Ordaz de la ciudad de Tijuana, Baja California y tampoco que actualmente cuente con un permiso vigente, que lo faculte para tal efecto. Pues, por lo que hace al recibo de pago de pago de fecha cuatro de agosto de dos mil veintidós, ante la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, con la descripción "DE ALQUILER O RADIO TAXI TRANSFER" por la cantidad de $8,660.00 pesos (ocho mil seiscientos sesenta pesos moneda nacional) respecto al número de permiso: ZM15151, la cual está certificada por el Notario Público Número 42 de esta ciudad, únicamente se demuestra que el quejoso realizó un pago por concepto de revalidación de un permiso, ante la autoridad correspondiente. En lo relativo a la documental consistente en el volante de trámite, con folio ZM15151, vigencia treinta y uno de diciembre de dos mil veinticinco; únicamente se demuestra, en su caso, la vigencia del mismo para su pago, pero no que se emitiera a su favor un permiso para prestar el servicio de transporte público en la modalidad de taxi de ruta. Luego, en relación con la copia fotostática de la tarjeta de circulación vehicular de servicio público respecto al taxi de ruta con número de placas 2123ZLG, solo se puede establecer la identidad del vehículo ahí referido, pero no que el quejoso cuente con el indicado permiso vigente o que se le haya aplicado en su perjuicio la declaratoria que en esta vía impugna. Por lo que refiere a la constancia de revisión física mecánica 2123ZLG de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, respecto del vehículo con número de serie JN1BE6DS7H9010608, número de placas 2123ZLG, en su modalidad de taxi, ésta también deviene insuficiente para demostrar el interés del quejoso, pues con ella únicamente se obtiene que a dicho vehículo se le realizó una revisión física mecánica dentro del término que para tal efecto se señaló. Finalmente, en lo relativo a la documental pública consistente en copia certificada de las constancias que integran el expediente administrativo relativo al permiso número TIJ-TR-2326, es posible advertir únicamente que el quejoso fue titular de ese permiso y que aquél tuvo validez hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno; sin embargo, la demanda de amparo que dio origen a este juicio, se presentó el cuatro de mayo del año en curso, por lo que tampoco es idónea para acreditar su interés jurídico. Bajo esa perspectiva, del análisis de la declaratoria, queda demostrado que no existe un acto concreto de ejecución de la norma impugnada, esto es, que con motivo de la declaración de saturación del servicio de transporte publicada en el periódico oficial del Estado de Baja California el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, se le haya negado al quejoso la expedición de una concesión o permiso aún de manera temporal, para operar el servicio de transporte público en las modalidades de masivo, taxis de ruta y taxis de sitio, taxi con itinerario fijo, taxi sin itinerario fijo afectos al Corredor Agua Caliente-Díaz Ordaz de la ciudad de Tijuana, Baja California. Lo anterior, puesto que si bien dicho ordenamiento prevé la suspensión de la expedición de concesiones o permisos aun de manera temporal, no es posible concluir que por ese solo hecho, ese acto ha incidido en la esfera de derechos del quejoso, al no existir una negativa o impedimento por parte de las autoridades responsables que se sustente en la declaratoria reclamada. Máxime que como se anticipó, tampoco se encuentra acreditado que es uno de los sujetos a los que la norma se encuentra dirigida, al no haber exhibido medios probatorios de los que se evidencie dicha circunstancia. Lo que se robustece con las constancias que integran el expediente administrativo relativo al permiso número TIJ-TR-2326, pues de éste no se advierte que el quejoso se hubiese apersonado ante el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California a realizar algún trámite relacionado con el permiso antes referido. De lo anterior, se concluye que no existe derecho subjetivo ni, por ende, interés jurídico cuando la persona carece de la capacidad otorgada por el orden jurídico para imponerse coercitivamente a otro sujeto, es decir, cuando no haya poder de exigencia imperativa; así, el derecho subjetivo consiste en la facultad de exigir a otro una determinada conducta, la cual puede consistir en dar, hacer o no hacer. En ese contexto, es obligación de la parte promovente del amparo acreditar plenamente que los actos que reclama afectan su interés jurídico, dado que éste no debe inferirse ni tenerse por cierto con base de presunciones, ya que ningún precepto de la Ley de Amparo establece que la sola presentación de la demanda y la relación de hechos afirmados en ella genere una presunción legal. En tales condiciones, se concluye que la declaratoria de saturación reclamada es de naturaleza heteroaplicativa, toda vez que su materialización en un caso concreto está supeditada a la realización de diversas conductas y eventos, de manera que al haberla reclamado con motivo de su sola entrada en vigor, esto decir, como norma autoaplicativa, es claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, por ende, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la misma legislación. En tal virtud, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Sexto. Captura de sentencia. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de enero de dos mil quince, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, procédase a realizar la captura del presente fallo y a recabar la constancia correspondiente, para que se agregue al presente expediente. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 75 y 76 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Luis Roberto Peraza Osuna en los términos establecidos en los considerandos tercero y quinto, de esta sentencia. Segundo. En cumplimiento a lo establecido en el último punto considerativo de esta resolución, procédase a la captura de esta en el módulo "Sentencias" contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como a recabar la constancia correspondiente. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida por el Secretario José Alejandro Ortiz Monroy, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, a cinco de septiembre de dos mil veintitrés.********************Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por ********************mediante el cual pretende ampliar su escrito inicial de demanda en cuanto a los actos reclamados y autoridades responsables.********************Ahora, una vez analizado el escrito que nos ocupa, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 111, fracción II de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, dígase que no ha lugar a tener por ampliada la demanda de amparo, respecto de los nuevos actos que señala, dado que no se encuentran estrechamente vinculados con los actos originalmente reclamados, ya que éstos consisten en:********************"De la JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, reclamo lo siguiente:********************I. LA DECLARATORIA DE SATURACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR MEDIO DE MORATORIA, EN EL CORREDOR AGUA CALIENTE DIAZ - ORDAZ, EN LAS MODALIDADES DE MASIVO, TAXIS DE RUTA, TAXIS DE SITIO, TAXIS CON ITINERARIO FIJO, TAXIS SIN ITINERARIO FIJO, AFECTOS AL CORREDOR AGUA CALIENTE - DIAZ ORDAZ DE LA CIUDAD DE TIJUANA, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL DÍA 24 DE MARZO DE 2023.********************II. VICIOS PROPIOS DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LLEVADA A CABO EL DIA 22 DE MARZO DE 2023. [.]********************DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, reclamo:********************I. INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PUBLICACIÓN DE LA DECLARATORIA DE SATURACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR MEDIO DE MORATORIA EN EL CORREDOR AGUA CALIENTE - DIAZ ORDAZ, REALIZADA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL DIA 24 DE MARZO DE 2023.********************II. LOS ACTOS DE APLICACIÓN EN VIA DE CONSECUENCIA DE DECLARATORIA DE SATURACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPO PÚBLICO POR MEDIO DE MORATORIA, EN EL CORREDOR AGUA CALIENTE DIAZ - ORDAZ, EN LAS MODALIDADES DE MASIVO, TAXIS RUTA, TAXIS DE SITIO, TAXIS CON ITINERARIO FIJO, TAXIS ITINERARIO FIJO, AFECTOS AL CORREDOR AGUA CALIENTE - DIAZ ORDAZ DE LA CIUDAD DE TIJUANA; PUBLICADA EN EL PERIÓDO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL DÍA 24 DE MARZO DE 2023.********************DEL DIRECTOR DE TRANSPORTE Y CONTROL VEHICULAR DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.********************I. LOS ACTOS DE APLICACIÓN EN VÍA DE CONSECUENCIA DE LA DECLARATORIA DE SATURACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO POR MEDIO DE MORATORIA, EN EL CORREDOR AGUA CALIENTE DIAZ - ORDAZ, EN LAS MODALIDADES DE MASIVO, TAXIS DE RUTA, TAXIS DE SITIO, TAXIS CON ITINERARIO FIJO, TAXIS SIN ITINERARIO FIJO, AFECTOS AL CORREDOR AGUA CALIENTE - DIAZ ORDAZ DE LA CIUDAD DE TIJUANA, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EL DÍA 24 DE MARZO DE 2023."********************Ahora, por auto de dieciocho de mayo del año en curso, se admitió a trámite la demanda de que se trata.********************Luego, como se anticipó, del escrito de cuenta se desprende que el quejoso señala que los actos que reclama respecto a las autoridades que pretende señalar como responsables, consisten en:********************DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE BAJA CLAIFORNIA, se reclama********************EL ACUERDO NÚMERO ********************, EMITIDO EN LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023, QUE OBRA EN EL ACTA ******************** PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE BAJA CALIFORNIA EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2023.********************[.]********************III. VICIOS PROPIOS DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DE BAJA CALIFORNIA, DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023.********************DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, se reclama:********************VICIOS PROPIOS DEL DICTAMEN RELATIVO A LA GARANTÍA AL DERECHO HUMANO A LA MOVILIDAD MEDIANTE EL REORDENAMIENTO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD A TRAVÉS DE LA REUBICACIÓN DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE RUTA A OTRAS, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y EXIGENCIAS DE ESTE, PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, PUBLICADO EN FECHA 11 DE AGOSTO DE 2023.********************LA SUSCRIPCIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO Y ANÁLISIS RELATIVO A LA GARANTÍA AL DERECHO HUMANO A LA MOVILIDAD MEDIANTE EL REORDENAMIENTO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD A TRAVÉS DE LA REUBICACIÓN DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE RUTA A OTRAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y EXIGENCIAS DE ESTE PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.B., PUBLICADO EN FECHA 11 DE AGOSTO DE 2023.********************LOS ACTOS DE APLICACIÓN FUTUROS E INMINENTES EN VIA DE CONSECUENCIA DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO [.].********************DE LA DIRECTORA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, se reclama:********************I. VICIOS PROPIOS DEL ESTUDIO TÉCNICO Y ANÁLISIS RELATIVO A LA GARANTÍA AL DERECHO HUMANO A LA MOVILIDAD MEDIANTE EL REORDENAMIENTO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD A TRAVÉS DE LA REUBICACIÓN DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO DE RUTA A OTRAS [.].********************DEL DIRECTOR DE TRANSPORTE Y CONTROL VEHICULAR DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, se reclama:********************LOS ACTOS FUTUROS E INMINENTES DE APLICACIÓN, EN VIA DE CONSECUENCIA DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE [.].********************Sin embargo, del estudio integral de las constancias que integran este juicio de amparo, se tiene que la parte quejosa reclamó inicialmente la Declaratoria de Saturación del Servicio de Transporte Público por Medio de Moratoria, en el Corredor Agua Caliente Díaz-Ordaz, en las Modalidades de Masivo, Taxis de Ruta, Taxis de Sitio, Taxis con Itinerario Fijo, Taxis sin Itinerario Fijo, Afectos al Corredor Agua Caliente-Díaz Ordaz de la Ciudad de Tijuana, Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 24 de Marzo de 2023, sí como los actos de aplicación en vía de consecuencia de la misma.********************Ahora, del escrito de ampliación de demanda, se desprende que señaló como nueva autoridad a la Directora de Movilidad Sustentable del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, a quien le reclama sustancialmente lo siguiente:********************Vicios propios del estudio técnico y análisis relativo a la garantía al derecho humano a la movilidad mediante el reordenamiento del sistema de movilidad a través de la reubicación de vehículos de servicio público de ruta a otras, publicado en once de agosto de dos mil veintitrés.********************En consecuencia, se advierte claramente que no existe relación entre la Declaratoria de Saturación originalmente reclamada y la publicación del acuerdo ********************, antes descrito.********************Por tanto, en el supuesto apuntado, no se satisface el requisito de procedencia de la ampliación de la demanda, previsto en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo; en consecuencia, no es procedente la ampliación de demanda intentada por la parte quejosa en los términos solicitados, respecto de los nuevos actos reclamados y que pretende se introduzcan a la Litis constitucional.********************Sirve de fundamento el criterio jurisprudencial VI.2O.C. J/240, con número de registro 182486, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, de enero de dos mil cuatro, material común, página 1339, de rubro y texto son los siguientes:********************"AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la Litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una litis constitucional elementos que le son ajenos".********************No obstante lo anterior, en aras de garantizar el acceso a la justicia, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previa copia certificada que se agregue al presente expediente, mediante oficio que se libre para tal efecto, remítase el original del escrito de ampliación de demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, a fin de que en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, para la equidad y proporcionalidad de cargas de trabajo, le dé trámite como una demanda nueva, la registre y remita la boleta de turno respectiva al Juzgado Distrito en el Estado de Baja California en turno, con sede en esta ciudad. ********************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 7/2020 (10a.), registrada bajo el número 2022181, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintinueve de septiembre del año en curso, publicada el nueve de octubre de dos mil veinte en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente:********************"AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE VINCULACIÓN ESTRECHA CON LOS ACTOS RECLAMADOS INICIALMENTE, NO OCASIONA SU DESECHAMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron cómo debe actuar el Juez de Distrito frente a la ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente y llegaron a determinaciones divergentes, ya que uno sostuvo que el juzgador debe remitir el asunto a la Oficina de correspondencia Común, a fin de que se registre como una nueva demanda y se turne al órgano jurisdiccional correspondiente, a efecto de que provea lo conducente, mientras que el otro resolvió que en ese caso se debe desechar la ampliación de demanda. Criterio jurídico: Si la materia de ampliación de la demanda no cumple con la exigencia de guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, el Juez de Distrito deberá remitir el escrito a la Oficina de Correspondencia Común a fin de que se le dé el trámite como nueva demanda y el juzgador en turno, al examinarla, sólo en la hipótesis de que advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, podrá desecharla. Justificación: Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido, aun antes de que fuera prevista en la Ley de Amparo, que la ampliación de demanda es una figura que atiende a la exigencia del artículo 17 de la Constitución General, el cual reconoce el derecho de acceso a la justicia, que debe ser completa, pronta e imparcial. Bajo ese orden de ideas, cuando ante un Juez de Distrito se promueva una ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, en aras de garantizar el acceso a la justicia, debe enviarla a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé el trámite correspondiente a una demanda independiente, ya que sólo puede desecharse una demanda ante la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, lo que podrá hacer, en todo caso, el Juez que por razón de turno conozca de aquélla."********************Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa.********************Así, lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida de José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

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