Luis Roberto Peraza Gallareta
Expediente 1775/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1775/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Luis Roberto Peraza Gallareta
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, en representación de la referida junta, autoridad responsable en el presente asunto, mediante el cual informa que se encuentra en vías de cumplimiento la ejecutoria dictada en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y, toda vez que aún no obran en este expediente las constancias relativas al cumplimiento cabal de la sentencia dictada en este juicio; por tanto, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio en el que se le transcribe el presente acuerdo, se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo o bien, los actos realizados para ese fin, en el entendido de que los efectos concedidos en el presente juicio de amparo fueron los siguientes: Deberá decretar las medidas para lograr el perfeccionamiento de las pruebas ofrecidas en el juicio reclamatorio laboral ******************** de su índice, dentro de los términos y plazos establecidos por la Ley Federal del Trabajo, en específico en el artículo 884, por lo cual deberá dejar sin efectos la audiencia señalada para el desahogo de prueba testimonial a cargo de los testigos ********************, que está fijada para el día dos de marzo de dos mil veintitrés, al tratarse de una fecha lejana y fuera del término legal establecido para ello y programar nueva fecha para el desahogo de dicha prueba dentro de los términos de la ley. (.) Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver el presente juicio de amparo número 738/2023-III, promovido por Shuberth Jesús Baz Durán contra los actos que reclama a la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del estado de Yucatán y otra autoridad, por violación a los artículos 1°, 8°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el ocho de mayo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el estado de Yucatán, Shuberth Jesús Baz Durán solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez Tercero Mercantil y Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del estado de Yucatán, los cuales, a su parecer, eran violatorios de los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1°, 8°, 14, 16 y 17 de la Constitución federal. Segundo. Admisión de demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda relativa a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, la cual quedó registrada con el número 738/2023-III y, previo desahogo de prevención, se admitió en auto de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés; se solicitó a las autoridades responsables rindieran sus informes con justificación; se reconoció a Sergio Alberto Santana Piña y Martín Fernando Ayala Várguez, el carácter de terceros interesados, ordenándose su llamamiento a juicio; y, se dio la intervención que correspondía a la agente adscrita del Ministerio Público la de Federación. Tercero. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, en términos de los artículos 94, primer párrafo, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo promovido contra actos con ejecución dentro del ámbito territorial donde este Juzgado federal ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 192097. Y la tesis aislada P. VI/2004, de la referida instancia, con registro digital 181810. En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio se advierte que Shuberth Jesús Baz Durán reclama lo siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del estado de Yucatán La resolución de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 758/2018. Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del estado de Yucatán La notificación realizada el doce de abril de dos mil veintitrés, de la determinación de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, emitida en el juicio ejecutivo mercantil 758/2018. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos a la Juez Tercero Mercantil y Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del estado de Yucatán, toda vez que estas reconocieron su existencia al rendir sus respectivos informes con justificación. Aún más, la certeza apuntada se corrobora con las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 758/2018, remitidas por la resolutora responsable en apoyo a su informe justificado, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Robustece lo anterior, la jurisprudencia visible con el número 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 917812. Cuarto. Estudio oficioso de las causales de improcedencia. El estudio de las causas de improcedencia, de oficio o a petición de parte, es una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia sin número sustentada por el Pleno del más Alto Tribunal del país, con registro digital 395571. En el particular, este juzgador considera que respecto del acto reclamado a la Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del estado de Yucatán, consistente en la notificación realizada el doce de abril de dos mil veintitrés, del proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 758/2018, del índice del Juzgado Tercero Mercantil, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, vinculada con el principio de definitividad. En esa tesitura, ese precepto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Como se ve, el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación de agotar, previo al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca, y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio atiende a que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado, acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, antes de solicitar la protección constitucional. Ahora bien, en relación con el acto atribuido a la Actuaria responsable, es incuestionable que el quejoso debió agotar el incidente de nulidad de actuaciones previsto en los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio, el cual tiene por objeto revisar si la notificación relativa se realizó conforme a las reglas legales aplicables, para satisfacer el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional. Al caso, conviene citar la jurisprudencia 1a./J. 68/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2020845. En esa tesitura, el quejoso sí estaba en aptitud de interponer el incidente en cuestión, a pesar de que no es parte formal en el juicio de origen, al haberse introducido temporalmente a la relación procesal para cumplir con un objetivo específico, en el caso, rendir un dictamen pericial, en su carácter de perito tercero en discordia en el procedimiento. Resulta aplicable, por analogía, la tesis aislada I.4o.C.17 K, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital 173518. Además, no se está en algún caso de excepción a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no importa peligro de privación de su vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales y tampoco afecta su libertad personal dentro de procedimiento. A más de que, como se vio, el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, lo que implica la ineludible obligación de la parte afectada de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa previstos por la ley que rige el acto reclamado, cuando, como en el caso, los tiene a su alcance, lo que hace que, en la especie, se actualice la causal de improcedencia de referencia. Sirve de apoyo la jurisprudencia VI.1o. J/78, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro digital 217466. Y la tesis aislada sin número del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con registro digital 223023. Por las anotadas consideraciones, al haberse materializado la causa de improcedencia previamente analizada, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, en relación con el acto reclamado a la Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del estado de Yucatán, en términos de lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la invocada legislación. Al no existir diversa causa de improcedencia hecha valer por alguna de las partes o que este órgano jurisdiccional advierta de oficio, se procede a examinar la constitucionalidad del acto atribuido a la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial de esta entidad federativa. Quinto. Antecedentes. Sin embargo, para mejor comprensión del resultado al que se arribará, deben relatarse los antecedentes del sumario. Como tales se narran los siguientes: Por escrito presentado el 21 veintiuno de mayo de 2018 dos mil dieciocho, ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Poder Judicial del estado de Yucatán, turnado al Juzgado Tercero Mercantil, Felipe del Jesús Uc Chan, en su carácter de endosatario en procuración de Sergio Alberto Santana Piña, promovió juicio ejecutivo mercantil contra Martín Fernando Ayala Várguez, de quien demandó, entre otras prestaciones, la cantidad de $200,000.00 doscientos mil pesos moneda nacional, en concepto de suerte principal. En auto de 18 dieciocho de junio siguiente, se admitió la demanda; asimismo, se ordenó emplazar al demandado y requerirlo para que en el acto pagara las prestaciones reclamadas o bien, señalara bienes suficientes para ser embargados, apercibido, que de no hacerlo, ese derecho pasaría al actor. Por escrito de 13 de julio de 2018 de dos mil dieciocho, Martín Fernando Ayala Várguez contestó la demanda y opuso las excepciones denominadas: "Falta de personalidad y legitimación para demandar", "Excepción personal de pago" y "Falsedad y alteración del título base de la acción". En proveído de 9 nueve de agosto posterior, la resolutora de origen tuvo por contestada la demanda, por no admitida la excepción titulada: "Falta de personalidad y legitimación para demandar", con fundamento en el artículo 33 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y por admitidas las diversas, ordenando dar vista con ellas a la parte actora; a su vez, tuvo por anunciadas y ofrecidas las pruebas, y reservó admitirlas y perfeccionarlas en su oportunidad. Por escrito del día 15 quince subsecuente, al cual le recayó el auto del día 24 veinticuatro consecutivo, Felipe del Jesús Uc Chan contestó la vista que le fuera dada respecto de las excepciones opuestas por el enjuiciado, ofreció pruebas y objetó las que este aportó al procedimiento. El 10 diez de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, la Juez responsable dictó sentencia interlocutoria, en la que declaró improcedente la excepción de: "Falta de personalidad". Seguida la secuela legal respectiva, por acuerdo de 31 treinta y uno de enero de 2019 dos mil diecinueve, se procedió a calificar las pruebas aportadas por las partes, entre las cuales obraban la prueba pericial grafoscópica y documentoscópica ofrecida por la actora y la distinta en caligrafía, documentoscopía y grafometría aportada por la demandada; en consecuencia, y previo a proveer sobre su admisión, se ordenó dar vista de ellas a su contraria por el término de tres días a fin de que: i) se pronunciaran sobre su pertinencia; ii) ampliaran los puntos y cuestiones formuladas por su oferente, para que los peritos dictaminaran; iii) y designaran perito de su parte, apercibiéndolas que de no cumplir con los requisitos legales previstos, no tendría a aquellos por designados, con la sanción prevista por el artículo 1253, fracción VI, del Código de Comercio. En proveído de 24 veinticuatro de junio ulterior, se declaró no había lugar a admitirse la prueba pericial ofrecida por Martín Fernando Ayala Várguez; sin embargo, se admitió, con citación de la parte contraria, la anunciada por Felipe del Jesús Uc Chan, en su carácter de endosatario en procuración de Sergio Alberto Santana Piña. Por escrito sin fecha, Martín Fernando Ayala Várguez interpuso recurso de revocación contra la parte conducente del proveído de 24 veinticuatro de junio indicado, en el cual, en lo que interesa, no se admitió la prueba pericial en caligrafía, documentoscopía y grafometría que ofreció, el cual se admitió en auto de 11 once de octubre de 2019 dos mil diecinueve. El día 28 veintiocho siguiente, la Juez responsable dictó sentencia interlocutoria, en la que declaró parcialmente procedente el recurso de revocación hecho valer; consecuentemente, modificó el proveído impugnado, en el cual, ante lo fundado de los agravios vertidos, se tuvo por admitida, con citación de la parte contraria, la prueba pericial ofrecida por Martín Fernando Ayala Várguez. Seguida la secuela legal respectiva, y toda vez que los dictámenes periciales de las partes resultaron ser sustancialmente contradictorios, por auto de 18 dieciocho de marzo de 2020 dos mil veinte y con fundamento en el artículo 1255 del Código de Comercio, la Juez responsable designó a Shuberth Jesús Baz Durán como perito tercero en discordia, y lo requirió para que, dentro de los tres días hábiles siguientes al en que fuera debidamente notificado, aceptara el cargo conferido, protestara su fiel y legal desempeño y precisara el monto de sus honorarios. Por escritos de 7 siete de julio y 24 veinticuatro de septiembre de 2020 dos mil veinte, Shuberth Jesús Baz Durán aceptó el cargo que le fue conferido y protestó su fiel y legal desempeño; y señaló la cantidad de $10,000.00 diez mil pesos moneda nacional, en concepto de honorarios. En acuerdo de 1 uno de diciembre ulterior, se discernió a Shuberth Jesús Baz Durán el cargo de perito tercero en discordia y aprobó la cantidad de honorarios que fijó; por consiguiente, se requirió a las partes para que cada una cubriera a su favor la cantidad de $5,000.00 cinco mil pesos moneda nacional, a fin de que la resolutora estuviera en aptitud de fijarle un término prudente para que rindiera su dictamen. En ocurso de 29 veintinueve de marzo de 2021 dos mil veintiuno y en el diverso sin fecha, Felipe del Jesús Uc Chan, en su carácter de endosatario en procuración de Sergio Alberto Santana Piña, y Martín Fernando Ayala Várguez, respectivamente, adujeron haber cubierto a favor del perito tercero en discordia la cantidad de $5,000.00 cinco mil pesos moneda nacional en concepto de honorarios. Por auto de 6 seis de abril siguiente, se fijó al perito tercero en discordia Shuberth Jesús Baz Durán el término de cinco días para rendir su dictamen; plazo que sería computado en términos del artículo 1075 del Código de Comercio, apercibido que, de no hacerlo, se procedería conforme al diverso 1255. En ocurso de 16 dieciséis de abril citado, Shuberth Jesús Baz Durán, en su carácter de perito tercero, solicitó una prórroga de tres días a fin de que estuviera en aptitud de emitir su respectivo dictamen, el cual rindió por escrito del día 21 veintiuno posterior. En auto de 8 ocho de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, se tuvo a Shuberth Jesús Baz Durán exhibiendo su dictamen de manera extemporánea, por cuanto lo presentó el 6 seis de mayo anterior, esto es, incluso después del término de tres días de prórroga que solicitó; por ende, se le revocó del cargo y designó en sustitución a Sergio Arturo Canto Ballote, a quien se le hizo saber que el monto de sus honorarios sería el de $10,000.00 diez mil pesos moneda nacional, el cual ya había sido cubierto por las partes. Contra esa determinación, Martín Fernando Ayala Várguez interpuso recurso de revocación, el cual se admitió en proveído de 27 veintisiete de octubre de 2022 dos mil veintidós. El 18 dieciocho de noviembre consecutivo -acto reclamado-, la Juez responsable dictó sentencia interlocutoria, en la que declaró procedente el recurso de trato y revocó la parte conducente del acuerdo impugnado, a efecto de que quedar como sigue: "VISTOS. (.) Asimismo, hágase del conocimiento al mencionado Canto Ballote, que la cantidad de diez mil pesos, moneda nacional, consignada en concepto de honorarios por las partes de manera directa al perito tercero anterior, es la misma que le asignará como monto de sus honorarios, y por cuanto dicha cantidad ya ha sido cubierta por ambas partes en igual proporción, prevéngasele al licenciado Shuberth Jesús Baz Durán, perito tercero removido, para que dentro del término de tres días de notificado del presente acuerdo, proceda a remitir a este Juzgado la cantidad antes indicada, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se le impondrá una sanción pecuniaria a favor de las partes por el importe de una cantidad igual a la que se fijó como honorarios de sus servicios al aceptar y protestar el cargo, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 1255 del Código de Comercio reformado." [Lo destacado es propio] Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. Sexto. Análisis de los conceptos de violación. Estos se tiene por reproducidos y a ellos se remite este juzgador en su literalidad, resultando innecesaria su transcripción, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, con registro digital 164618. En ellos, el quejoso Shuberth Jesús Baz Durán, sustancialmente, aduce: Primero: Le causa agravios la resolución de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, toda vez que no incurrió en el supuesto previsto en la parte final del párrafo segundo del artículo 1255 del Código de Comercio, resultando por demás excesiva la remoción, medida y sanción pecuniaria impuesta por la resolutora responsable. En efecto, en autos no consta motivo alguno justificado y fundado para proceder contra la eficacia de la prestación de sus servicios como perito tercero en discordia, lo que se asevera porque el peritaje fue debidamente presentado en el procedimiento de origen. Por tanto, la remoción de su cargo, medida y sanción pecuniaria no se aplica, sin que la juzgadora hubiera dictado las providencias necesarias que permitieran obtener el peritaje. En ese sentido, si a pesar de aquellas, el tercero en discordia deja de rendir el dictamen correspondiente, el órgano jurisdiccional justa y fundadamente podría imponer una sanción pecuniaria a favor de las partes por el importe de una cantidad igual a la que fijó como honorarios de sus servicios al aceptar y protestar el cargo. En consecuencia, es innegable que no se encuentra en el supuesto de referencia, por lo que se aplicó de manera indebida y excesiva el artículo 1255 del Código de Comercio. Aún más, la Juez responsable incurrió en afectaciones directas a la partes, ante el exceso de formulismos y rigorismos que han interrumpido en demasía la celeridad del procedimiento por dos años, esto es, desde la fecha de presentación de su dictamen, que lo fue el seis de mayo de dos mil veintiuno. No tuvo la oportunidad de ser oído y vencido en el procedimiento, desconociendo los argumentos expuestos en el recurso de revocación interpuesto por el demandado Martín Fernando Ayala Várguez, por cuanto no se le corrió traslado de aquel. Por ende, fue privado del derecho de ser escuchado como interesado y directo afectado, y tampoco tuvo la oportunidad de ejercer la defensa de sus intereses, al considerar que la resolución reclamada afecta directa e inmediatamente sus derechos. Así, a pesar de haber cumplido con presentar un dictamen exhaustivo, imparcial, congruente, fundado científicamente y con conclusiones objetivas, recibió un trato diferenciado e inequitativo, demeritando su función como perito tercero en discordia y auxiliar en la impartición de justicia, al habérsele requerido la devolución de la cantidad de $10,000.00 diez mil pesos moneda nacional, consignada en concepto de honorarios por las partes, y apercibido que, de no cumplir, se le impondrá una sanción pecuniaria a favor de estas por el importe de una cantidad igual a la que se fijó como honorarios de sus servicios al aceptar y protestar el cargo, lo que afecta su patrimonio, quedando en indefensión. Segundo: Le causa afectaciones la falta de certeza y legalidad jurídica del acto de molestia del cual se duele, ante la inexistencia de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Los peritos terceros en discordia, derivado de la aplicación de la parte final del párrafo segundo del artículo 1255 del Código de Comercio, quedan en indefensión, por cuanto, previo a la emisión del auto relativo, no tienen la oportunidad de invocar alguna causa que justifique el incumplimiento en la presentación de su dictamen, violándose su garantía de audiencia. En consecuencia, es necesario implantar dentro de ese precepto, un pequeño procedimiento que prevea que el perito tercero en discordia, en caso de no presentar su dictamen, pueda exponer los hechos en que se justifique previo a ser sancionado, de tal forma que el juzgador pueda dictar aquellas providencias y medidas encaminadas a otorgar al perito las condiciones propicias para rendir el dictamen correspondiente. Sentado lo anterior, se procede al análisis de los conceptos de violación, los cuales, por razón de técnica jurídica, se analizarán en un orden diverso al propuesto: I. Son infundados los argumentos abreviados en el inciso c) del primer concepto de violación, así como en el inciso f) del segundo, en los cuales, el quejoso sostiene, en lo sustancial, que no tuvo la oportunidad de ser oído y vencido en el procedimiento, desconociendo los argumentos expuestos en el recurso de revocación interpuesto por el demandado Martín Fernando Ayala Várguez, por cuanto no se le corrió traslado de aquel. Que, por tanto, fue privado del derecho de ser escuchado como interesado y directo afectado, y tampoco tuvo la oportunidad de ejercer la defensa de sus intereses. Que los peritos terceros en discordia, derivado de la aplicación de la parte final del párrafo segundo del artículo 1255 del Código de Comercio, quedan en indefensión, ya que, previo a la emisión del auto de ejecución relativo, no tienen la oportunidad de invocar alguna causa que justifique el incumplimiento en la presentación de su dictamen, violándose su garantía de audiencia. Ahora bien, en principio, debe destacarse que el derecho de audiencia constituye un principio consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que nadie puede ser condenado sin haber sido oído y vencido en juicio, por los trámites legales. Así, este consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, entre las cuales se encuentra la oportunidad de alegar, y que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 200234. Pues bien, se justifica lo infundado de los planteamientos condignos, toda vez que, contrario a lo que afirma el quejoso, la resolución reclamada no violó su garantía de audiencia. En el caso concreto, como se vio en el apartado correspondiente, a pesar de que el perito Shuberth Jesús Baz Durán no es parte formal del procedimiento, sino más bien un tercero auxiliar en la administración de justicia, al haber sido integrado temporalmente en la relación jurídico procesal con un objetivo en específico, lo cierto es que, indiscutiblemente, esa circunstancia no le impide interponer los recursos ordinarios que prevea la legislación aplicable al caso contra aquellas resoluciones que, a su juicio, afecten directamente sus intereses y prerrogativas. En ese sentido, la decisión del juzgador de requerirlo y apercibirlo en caso de incumplimiento, le otorga el interés suficiente para recurrir esos actos en defensa de sus derechos, por cuanto, derivado de su designación como perito tercero en discordia, aunque sea de manera transitoria al no ser parte formal, ha quedado vinculado al procedimiento, por lo que es sabedor de los autos en lo que concierte a su participación en el juicio. Sirve de apoyo, por analogía, la tesis aislada I.3o.C.235 C (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital 2012656. Y, también por analogía, la diversa I.4o.C.17 K del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital 173518. Sobre esa base, es inconcuso que si, acorde a lo expuesto, el quejoso fue sabedor de todas las actuaciones del procedimiento conforme a las reglas aplicables para las demás partes, estuvo en aptitud de impugnar el proveído de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se le tuvo por presentado exhibiendo su dictamen de manera extemporánea y, en consecuencia, se le revocó del cargo, designándose en sustitución a Sergio Arturo Canto Ballote, así como de dar respuesta a los agravios formulados por el enjuiciado Martín Fernando Ayala Várguez, en el recurso de revocación que interpuso contra esa determinación. De ahí que la Juez responsable no haya vulnerado su derecho de audiencia, toda vez que, previo a la emisión de la resolución reclamada, en virtud de su carácter de tercero auxiliar en la administración de justicia, tuvo la oportunidad de recurrir las resoluciones que lo perjudicaran de manera personal y directa en su esfera jurídica o bien, que incidieran directamente en su calidad de perito, sin que, en el particular, lo hubiera hecho. En consecuencia, el criterio que el quejoso cita para robustecer su postura cede frente a las consideraciones de esta ejecutoria. II. En otro aspecto, resultan inoperantes los puntos de disenso contenidos en los incisos b) y d) del primer concepto de violación. Se tiene esa convicción, toda vez que con ellos no se controvierten las consideraciones y fundamentos legales que sirvieron de base a la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del estado de Yucatán, para declarar procedente el recurso de revocación interpuesto por el demandado Martín Fernando Ayala Várguez contra el proveído de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 758/2018. Así, en el acto reclamado consistente en la resolución dictada el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, la juzgadora responsable resolvió fundado el segundo agravio hecho valer por el recurrente, en el sentido de que las partes cubrieron los honorarios del perito quejoso directamente y no por conducto de la autoridad, de suerte que, al ser así, en autos no obraba cantidad alguna que pudiera cobrar Sergio Arturo Canto Ballote, perito designado en sustitución de Shuberth Jesús Baz Durán, en concepto de honorarios. Consecuentemente, determinó prevenir al aquí solicitante del amparo para que, dentro del término de días, procediera a devolver al Juzgado la cantidad de $10,000.00 diez mil pesos moneda nacional, que le fue pagada por la prestación de sus servicios, a fin de que pudieran cubrirse los honorarios del nuevo perito designado, con el apercibimiento que, de no hacerlo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 1255 del Código de Comercio, se le impondría una sanción pecuniaria a favor de las partes por el importe de una suma igual a la requerida. En ese sentido, es incuestionable que con los argumentos que propone, el quejoso no ataca de manera frontal y directa las razones y fundamentos legales que sirven de sustento al acto reclamado, razón por la cual, ante tal deficiencia impugnatoria, es patente lo inoperante de los planteamientos vertidos. Resulta aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 185425. III. A su vez, es infundado lo abreviado en el inciso e) del segundo concepto de violación, vinculado con la violación al artículo 16 de la Constitución federal. Es así, por la sencilla razón de que el acto de autoridad que se reclama -resolución de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 758/2018- consta por escrito, a más de que su contenido se advierten las razones de hecho y de derecho, previamente enunciadas, que tuvo en cuenta la resolutora responsable para resolver, habiendo incluso adecuación entre ellas, lo que es acorde con la eficacia jurídica de la garantía de legalidad contenida en el precepto constitucional de mérito. IV. Finalmente, es infundado el punto de inconformidad condensado en el inciso a) del primer concepto de violación. En él, el quejoso aduce, en lo sustancial, no incurrió en el supuesto previsto en la parte final del párrafo segundo del artículo 1255 del Código de Comercio, resultando por demás excesiva la remoción, medida y sanción pecuniaria impuesta por la resolutora responsable, por cuanto esta no dictó las providencias necesarias que permitieran obtener el peritaje de mérito. Siendo que, si a pesar de aquellas, no lo hubiera rendido, el órgano jurisdiccional justa y fundadamente hubiera podido imponerle una sanción pecuniaria a favor de las partes por el importe de una cantidad igual a la que fijó como honorarios de sus servicios al aceptar y protestar el cargo. En ese sentido, y para un mejor análisis, conviene, de inicio, precisar lo dispuesto por el numeral 1255 del citado ordenamiento: "Artículo 1255. Cuando los dictámenes rendidos resulten substancialmente contradictorios de tal modo que el juez considere que no es posible encontrar conclusiones que le aporten elementos de convicción, podrá designar un perito tercero en discordia. A este perito deberá notificársele para que dentro del plazo de tres días, presente escrito en el que acepte el cargo conferido y proteste su fiel y legal desempeño, debiendo anexar copia de su cédula profesional o documentos que acrediten su calidad de perito en el arte, técnica, oficio o industria para el que se le designa, manifestando, bajo protesta de decir verdad, que tiene la capacidad suficiente para emitir dictamen sobre el particular; así mismo señalará el monto de sus honorarios, en los términos de la legislación local correspondiente o, en su defecto, los que determine, mismos que deben ser autorizados por el juez, y serán cubiertos por ambas partes en igual proporción. El perito tercero en discordia rendirá su peritaje en la audiencia de pruebas o en la fecha en que según las circunstancias del caso señale el juez, salvo que medie causa justificada no imputable al perito, en cuyo caso, el juez dictará las providencias necesarias que permitan obtener el peritaje. En caso de que el perito tercero en discordia no rinda su peritaje en el supuesto previsto en el párrafo anterior, dará lugar a que el tribunal le imponga una sanción pecuniaria a favor de las partes por el importe de una cantidad igual a la que fijó como honorarios de sus servicios al aceptar y protestar el cargo. En el mismo acto, el tribunal dictará proveído de ejecución en su contra, además de hacerlo saber al tribunal pleno, y a la asociación, colegio de profesionistas o institución que lo hubiera propuesto por así haberlo solicitado el juez, para los efectos correspondientes. En el supuesto del párrafo anterior, el juez designará otro perito tercero en discordia y, de ser necesario, suspenderá la audiencia para el desahogo de la prueba en cuestión." [Lo subrayado es de este Juzgado] Sentado lo anterior, se sostiene lo infundado del planteamiento de trato, toda vez que, contrario a lo que aduce el quejoso, el requerimiento y apercibimiento que le fue formulado en la resolución reclamada no es excesivo ni arbitrario, al tratarse de una consecuencia que la propia legislación aplicable le atribuye al no cumplir en tiempo y forma con la función que le fue encomendada en el procedimiento. En efecto, es incuestionable que al aceptar y protestar el fiel y legal desempeño del cargo que le fue conferido, lo que hizo por escrito de siete de julio de dos mil veinte, el perito Shuberth Jesús Baz Durán, aquí quejoso, quedó vinculado al procedimiento en cuanto a la prestación de sus servicios en su carácter de perito tercero en discordia designado por la resolutora responsable, con las facultades y obligaciones establecidas en el Código de Comercio. De esa manera, a partir de que los profesionales propuestos aceptan y protestan el cargo, adquieren la obligación de fungir como auxiliares de la autoridad que tramita el procedimiento y, por ende, ante cualquier eventualidad que conlleve un incumplimiento al respecto, son estos quienes incurren en responsabilidad, considerando que la protesta de desempeñarse con arreglo a la ley, aunque se lleve a cabo por conducto de la autoridad jurisdiccional, debe estimarse efectuada ante el Estado. Lo anterior, considerando que la aceptación y propuesta del cargo de perito trae consigo el perfeccionamiento de la designación a través de la aceptación del cargo y la vinculación a que el experto se sujetará en el desempeño de su labor a las obligaciones que la ley le impone. Al caso, resulta aplicable, por analogía, la tesis aislada X.2o.6 L (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con registro digital 2020309. Ahora bien, debe destacarse que en la parte intocada del auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo a Shuberth Jesús Baz Durán exhibiendo su dictamen de manera extemporánea, por cuanto lo presentó el seis de mayo anterior, esto es, incluso después del término de tres días de prórroga que solicitó por escrito de dieciséis de abril del propio año. Sobre esa base, resulta justificado el proceder de la autoridad responsable ordenadora, porque si el perito quejoso presentó su dictamen fuera del término que le concedió la Juez responsable en auto de seis de abril indicado, en adición al diverso de prorroga que le fue otorgado, y además lo apercibió que de no rendirlo en tiempo se procedería en términos de lo dispuesto por el artículo 1255 del Código de Comercio, no quedaba otra alternativa que la de hacer efectivo el apercibimiento decretado y, en consecuencia, removerlo de su cargo y, en atención a lo resuelto en la resolución reclamada, ordenar que devolviera el importe que le fue cubierto en concepto de honorarios, a fin de que esa cantidad sirviera para sufragar los servicios profesionales del perito que fue designado en su sustitución. Lo anterior es así, ya que lo contrario implicaría obligar a las partes a efectuar un doble pago, lo cual equivaldría a imponerles una carga procesal por demás injustificada, en detrimento de su patrimonio, que no derivó de su conducta contumaz, sino de la un tercero auxiliar en el procedimiento, que faltó injustificadamente con las obligaciones que adquirió voluntariamente al aceptar y protestar el cargo de perito tercero en discordia en el juicio de origen. De otro modo dicho, sería ilegal sancionar al actor y demandado con motivo del incumplimiento de las obligaciones del perito quejoso, toda vez que la carga procesal de aquellos culminó cuando los profesionales que propusieron para desahogar las periciales que aportaron en el procedimiento natural aceptaron y protestaron el cargo respectivo, lo que no es el caso, toda vez que el ahora quejoso es un perito tercero en discordia designado de oficio por la juzgadora de origen, con el fin de allegarse de los elementos de convicción necesarios para resolver el fondo de la problemática jurídica planteada. En esa tesitura, no se considera excesivo o arbitrario el apercibimiento que le fue formulado, toda vez que la sanción pecuniaria a que este hace referencia se encuentra taxativamente prevista por el penúltimo párrafo del artículo 1255 del Código de Comercio, por lo que si, como se vio, el solicitante del amparo faltó a su obligación de rendir su dictamen en tiempo, es ajustado a derecho que la resolutora de origen lo haya requerido a fin de que devolviera la cantidad de dinero que recibió en concepto de honorarios por la prestación de sus servicios y, en caso de no hacerlo, multarlo con una suma igual a la solicitada, porque la finalidad de esta medida es resarcir a las partes de los posibles daños y perjuicios que pudieran resentir con motivo del incumplimiento injustificado de las funciones del perito tercero en discordia. Finalmente, tampoco le asiste razón al quejoso en lo que asevera en el sentido de que la resolutora de origen debió dictar las providencias necesarias que le permitieran obtener el peritaje, previo a dictar auto de ejecución en su contra, de conformidad con el artículo 1255, segundo párrafo, del Código de Comercio. Se sostiene lo anterior, porque, como se vio, de los antecedentes narrados, se colige que por escrito de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, Shuberth Jesús Baz Durán, en su carácter de perito tercero en discordia, solicitó una prórroga de tres días a fin de que estuviera en aptitud de presentar su dictamen en tiempo, la cual le fue concedida en proveído de ocho de diciembre siguiente, razón por la cual es innegable que, contrario a lo aseverado, la resolutora responsable sí dictó las actuaciones dirigidas a allegarse del peritaje de que se trata, toda vez que, atento a su complejidad y laboriosidad, y previa solicitud, le otorgó al quejoso un plazo adicional para rendirlo. Lo anterior, sin que obre una actuación ulterior en la que aquel solicitara una nueva prórroga, o bien adujera una causa no imputable que, en definitiva, justificara que no pudiera emitirlo dentro del término otorgado, supuesto en el cual la resolutora hubiera incluso estado en aptitud de fijar una nueva fecha para su presentación. De ahí lo infundado de los argumentos objeto de análisis. Por las relatadas consideraciones, y ante lo ineficaz de los conceptos de violación aquí propuestos, lo que procede es negar la protección constitucional solicitada respecto del acto atribuido a la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial en el Estado. Séptimo. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la ley. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 76 al 78 y 217 de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Shuberth Jesús Baz Durán contra el acto reclamado a la Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del estado de Yucatán, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta resolución. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Shuberth Jesús Baz Durán respecto del acto atribuido a la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial en el estado de Yucatán, por los motivos precisados en el considerando sexto de esta ejecutoria. Tercero. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, hasta el día de hoy trece de noviembre de dos mil veintitrés, en que así lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, ante la secretaria, licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
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