Luis Roberto Flores Arriaga
Expediente 401/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 4 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 401/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 04/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Luis Roberto Flores Arriaga
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por **********, por propio derecho, contra actos que reclama del Congreso de la Unión y otras autoridades. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control con el consecutivo 401/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que llevan a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Promociones duplicadas y acuses. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena únicamente certificar y agregar a los autos los trámites siguientes: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes; y c) acuses de recibo. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene esta juzgadora de examinar en su integridad el escrito de demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompanen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." De conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. Causal de improcedencia advertida Ahora, de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que el promovente reclama el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos ordenamientos en materia electoral, entre los que se ubica la Ley General de Procedimientos Electorales, reforma que trae como consecuencia, a consideración del promovente, la posible desaparición de la plaza de verificador de campo que actualmente ostenta en la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México del Instituto Nacional Electoral, en el que se encuentran inmersos en los artículos 30, 31, 44, 61, 62, 70 al 75, 125 Quater y 125 Septies, del Decreto que modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Así, respecto del acto reclamado se advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable, ya que se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues el quejoso promovió la demanda contra actos de carácter electoral o que versan sobre derechos políticos. El artículo 61, fracción XV, de la ley de la materia establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral." Por su parte, los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, senalan: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] A efecto de demostrar la certeza de tal aseveración, es necesario tener presente que el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, con relación al diverso 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la improcedencia del juicio de amparo contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, es decir, aquellos que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, entre otros. Así, de la interpretación sistemática de ambos conceptos se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente no solo contra los actos emitidos por las autoridades en materia electoral, sino también contra aquellos que tengan una naturaleza eminentemente electoral, por referirse a la vulneración de los derechos político-electorales, o en el caso, laborales de los gobernados. En el caso, el quejoso reclama el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos ordenamientos en materia electoral, entre los que se ubica la Ley General de Procedimientos Electorales, reforma que trae como consecuencia, a consideración del promovente, la posible desaparición de la plaza de verificador de campo que actualmente ostenta en la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México del Instituto Nacional Electoral, en el que se encuentran inmersos en los artículos 30, 31, 44, 61, 62, 70 al 75, 125 Quater y 125 Septies, del Decreto que modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por lo que se colige que el acto reclamado tiene naturaleza eminentemente electoral, en virtud que de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad esgrimidas en el libelo de demanda, se colige que el quejoso se encuentra adscrito a la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, adscrita al Instituto Nacional Electoral, en donde desempena funciones meramente electorales, tales como operar y organizar procesos electorales a nivel distrital. Con base en ello es que el decreto que la quejoa aduce le causa perjuicio entrana cuestiones electorales, al reformar la diversa Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de tal suerte que se actualiza la improcedencia del juicio promovido. En ese sentido, se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como se advierte de la tesis P. LX/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 5, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables." De igual forma, es aplicable la jurisprudencia 2ª/J.61/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Abril de 2011, página 323, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal." Desechamiento. Sobre tales bases, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV, de la ley de la materia, en relación con el diverso 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; consecuentemente, en términos del diverso 113 de la Ley de Amparo se desecha la demanda promovida por **********. Lo anterior, porque la causa de improcedencia advertida no es susceptible de superarse con el material probatorio que se llegue a aportar al juicio, dado que su demostración se acredita con el propio acto reclamado, con los términos de su demanda; lo anterior con el objeto de que la promovente tenga conocimiento desde el inicio, del resultado de la demanda y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que el quejoso promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Por otra parte, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, que reglamenta la posibilidad para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales, sea de forma impresa o electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información; y en virtud de que el promovente proporciona el usuario "**********", que se encuentra registrado en el Sistema de Consulta en Línea del Poder Judicial de la Federación, se le autoriza para consultar vía internet las actuaciones del presente juicio de amparo, así como para oír y recibir notificaciones; ello, con la finalidad de evitar la duplicación de notificaciones; lo anterior, con fundamento en los artículos 34 a 41 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por tanto, se comisiona al Oficial Judicial A, para que proceda a habilitar el acceso al expediente electrónico; asimismo, la sección de Actuaría deberá realizar las subsecuentes notificaciones de carácter personal a la parte quejosa a través del usuario mencionado con anterioridad. Por lo anterior, no se realiza mayor pronunciamiento respecto al correo electrónico y número telefónico que proporciona para oír y recibir notificaciones. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado el siete de noviembre de dos mil veintidós, esta juzgadora exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.
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