Luis Roberto Ferra Calzada
Expediente 1715/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1715/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 13/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Luis Roberto Ferra Calzada
- Luis Roberto Ferra Calzada y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
MESA 1 B PRAL. 1715/2015- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de doce de noviembre de dos mil quince (fojas 33 a 35 se ordenó girar el exhorto con números de orden 3191/2015, y de origen 265/2016, al juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia, en el entonces Distrito Federal, ahora ciudad de México (foja 38); empero, no se devolvió la citada comunicación oficial a este Juzgado y se ordenó remitir este expediente al archivo definitivo en auto de trece de mayo de dos mil dieciséis (fojas 109 a 112); por lo anterior, para fines estadísticos, dese de baja en el libro de gobierno dicho despacho. Cúmplase. Lo proveyó y firma el licenciado Ponciano Velasco Velasco, juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la licenciada Adriana Cruz Matus, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Yrco.
- Principal
MESA 1 B PRAL. 1715/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, trece de mayo de dos mil dieciséis. Por auto de dieciocho de marzo pasado (fojas 88 a 89), se dio vista a la parte quejosa, con el oficio número 1741, firmado por el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, con residencia en la ciudad de México; para que expresara lo que a su derecho conviniere, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surtiera efectos su legal notificación; en consecuencia, este juzgado se avoca al análisis respecto al cumplimiento de la sentencia de mérito, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; como así lo establece la tesis 2ª. XXXVIII/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, página 315, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA, APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Tesis que es aplicable en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia. Para ello, cabe precisar lo siguiente: 1°. En este juicio de amparo el acto reclamado por LUIS ROBERTO FERRA CALZADA, se hizo consistir en: ". el auto de fecha veintiocho de agosto de dos mil quince, por medio del cual resolvió el recurso de revocación interpuesto por esta defensa, manifestando en el mismo que no ha lugar a revocar el proveído de ocho de julio último, negando así la libertad del quejoso mediante la remisión parcial de la pena impuesta". 2°. Por sentencia pronunciada el veintinueve de enero de dos mil dieciséis (fojas 43-49), se concedió el amparo y protección de federal al quejoso LUIS ROBERTO FERRA CALZADA, para el efecto que: ".el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en la ciudad de México, deberá: a) Dejar insubsistente la resolución de veintiocho de agosto de dos mil quince, dictada en la causa penal 31/2012, en la que declaró que no había lugar a revocar el auto de ocho de julio de dos mil quince, en que se desechó por improcedente la petición del defensor público federal y del sentenciado de concederle el beneficio de libertad anticipada por remisión parcial de la pena de prisión y, en su lugar, dicte otra, con plenitud de jurisdicción, la cual puede ser en el mismo sentido o diverso, subsanando la irregularidad apuntada en párrafos anteriores, esto es: b) Dar contestación en forma fundada y motivada, a los agravios hechos valer por el defensor público federal y del sentenciado en el escrito de quince de julio de dos mil quince, precisando en todo momento por qué son fundados o bien infundados dichos argumentos". 3º. Mediante proveído de ocho de marzo pasado (fojas 74-75) causó ejecutoria la referida sentencia de amparo, y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. 4º El juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en la ciudad de México, mediante oficio número 1741, informó las medidas y determinaciones tomadas a efecto de cumplir con la referida sentencia (fojas 78-86). Ahora, del análisis comparativo del efecto concesorio de la sentencia dictada en este juicio, con lo informado por la autoridad judicial responsable, se advierte que ésta acató lo ordenado en la referida sentencia, pues con fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciséis (foja 78) dejó insubsistente la resolución de veintiocho de agosto de dos mil quince, dictada en la causa penal 31/2012-II, de su índice, y declaró vistos nuevamente los autos de esa causa penal para resolver el recurso de revocación interpuesto por el defensor Público Federal adscrito a ese Juzgado y del sentenciado LUIS ROBERTO FERRA CALZADA, determinando, además, que ese juzgado se encontraba imposibilitado legalmente para conceder el beneficio de remisión parcial de la pena que solicita el defensor del enjuiciado de referencia, dado que existe dispositivo expreso que impide concederle al referido sentenciado el beneficio de libertad anticipada, derivado del delito por el cual se le instruyó la causa, citando los artículos siguientes: LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MÍNIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DE LOS SENTENCIADOS. "Artículo 16. (.)La remisión parcial de la pena no se concederá a los sentenciados que se encuentren en cualquiera de los casos a que se refiere el artículo 85 del citado Código Penal". CÓDIGO PENAL FEDERAL. "Artículo 85. No se concederá la libertad preparatoria a: Los sentenciados por alguno de los delitos previstos en este Código que a continuación se señalan: [.] j) Operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis.". Agregando, el juez responsable, que el treinta y uno de octubre de dos mil doce se consideró a LUIS ROBERTO FERRA CALZADA penalmente responsable de la comisión del delito de OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTAR RECURSOS DE TERRITORIO NACIONAL HACIA EL EXTRANJERO, EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, en concordancia con los numerales 12 y 63 de dicha legislación sustantiva; resolución que fue confirmada por el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el toca penal 352/2012, y materia del juicio de amparo directo 415/2013, del índice del Octavo Tribunal Colegiado en la misma materia, en el que en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil trece negó la protección constitucional solicitada (foja 81). Ante ello, era improcedente la solicitud del defensor público del sentenciado de referencia, al existir dispositivo expreso que impide otorgar el beneficio solicitado; lo anterior, aun cuando se hubiere cometido el ilícito imputado en grado de tentativa. Por lo que, el juez responsable estimó infundado el recurso de revocación interpuesto, estimando que debía subsistir el proveído de ocho de julio de dos mil quince, materia del recurso (foja 79). Determinando que no se soslayaban los agravios formulados por la defensa del sentenciado, vertidos en el escrito presentado el quince de julio de dos mil quince, consistentes en (foja 79): "a) Este juzgado no consideró el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los diversos 60.2, 6.1 y 65 del Tratado Internacional de Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, por lo que en su concepto, se violentó el numeral 1, párrafo tercero constitucional. b) Los artículos 85 del Código Penal Federal y 16 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de los Sentenciados, son violatorios de Derechos Humanos, en virtud de que el artículos (sic) 18, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene como objetivo la reinserción social del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir observando los beneficios que establece la ley; por tanto, estima que obligar a su defendido a cumplir la totalidad de la pena de prisión impuesta se violenta el derecho humano de la reinserción social que prevé los aludidos numerales 18 de la Carta Magna y 60.2,6.1 y 65 del Tratado Internacional de Reglas Mínimas para el tratamiento de Reclusos". Argumentos que el juez responsable declaró infundados, estableciendo que si bien debía atender la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, realizada al Capítulo I del Título Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se destacó en el artículo 1, tercer párrafo, la obligación de las autoridades del país de garantizar el respeto y protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en el ámbito de sus respectivas competencias. Sin embargo, la interpretación de las normas tendrá que hacerse con apego a lo dispuesto en la propia Constitución Federal y en los Tratados Internacionales, realizando un control de constitucionalidad a través de los medios legales establecidos, pues ya no era limitativo de los órganos del Poder Judicial de la Federación; en ese orden, conforme a lo establecido en los artículos 1 y 133, última parte, de la Constitución Federal, con el fin de atender los derechos humanos contenidos en ambos ordenamientos, a pesar de las disposiciones en contrario, establecidas en normas inferiores, los jueces del país deberán observar el control de convencionalidad cuya sujeción por parte del Estado Mexicano derivó de la mencionada reforma constitucional; precisando las acciones que deben realizar los jueces para ello, las cuales son: Interpretación conforme en sentido amplio. Interpretación conforme en sentido estricto. Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Señalando que si bien los jueces ordinarios no deben hacer una declaración general sobre la invalidez de las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como si sucede en las vías de control directas establecidas en los artículos 103, 105 y 107 de la Carta Magna) si están obligados a dejar de aplicar tales normas inferiores dando preferencia al contenido de la Constitución y de los Tratados en esa materia, buscando que prevalezca aquella norma que más proteja o menos restrinja los derechos. En ese contexto, el juez responsable realizó un análisis del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reformado, para reiterar que los agravios vertidos por la defensa del sentenciado, quejoso en este juicio, eran infundados, pues el que existiera una condición constitucional e internacional que incentive la reinserción, no significa que otorgamiento incondicional o irrestricto de los sustitutivos penales y el beneficio de la condena condicional pueda ser considerado un derecho fundamental; máxime que, como se argumentó, el artículo 16, párrafo quinto, de la Ley que establece las Normas Mínimas Sobre la Readaptación Social de los sentenciados, con relación en el diverso 85, fracción I, inciso j) del Código Penal Federal, jurídicamente impiden otorgar cualquier beneficio de libertad anticipada a los sentenciados por el delito de Operaciones con Recurso de Procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis del ordenamiento punitivo invocado. En las relatadas consideraciones y toda vez que este Juzgado estima que la autoridad responsable acató en sus términos el fallo protector; sin que se advierta exceso o defecto en el referido cumplimiento; por ello, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 y 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de mérito. Finalmente, con fundamento en los puntos segundo, fracción IV, cuarto, décimo primero, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, de Acuerdo General citado. Con fundamento en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurrido más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Conforme a los puntos Noveno, fracción I, Décimo, fracción I, y Vigésimo Primero, fracción IV, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente permanecerá en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFIQUESE A LA PARTE QUEJOSA POR LISTA DE ACUERDOS. Lo proveyó y firma el licenciado Ponciano Velasco Velasco, juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la licenciada Adriana Cruz Matus, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
mesa 1 b pral. 1715/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a siete de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, oficio número 11002/2016, firmado por el juez Decimocuarto de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México y anexo, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto con números de orden y de origen 1005/2016, que se envió a fin de que notificara al quejoso LUIS ROBERTO FERRA CALZADA, el proveído de dieciocho de marzo de esta anualidad (fojas 88 a 89). En consecuencia, dése de baja dicha comunicación oficial, en el libro de gobierno respectivo y acúsese el recibo correspondiente. Por otra parte, vista la razón asentada por el actuario adscrito al Juzgado Decimocuarto de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México , se advierte que transcurrió el termino de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de dieciocho de marzo anterior (foja 105), para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Oaxaca, sin que hubiese hecho manifestación alguna al respecto, a pesar de haber quedado notificada, por lo que se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminada; por tanto, las subsecuentes notificaciones realícense por lista de acuerdos, en términos del artículo 29, de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
mesa 1 b pral. 1715/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a cuatro de abril de dos mil dieciséis. Agréguese el oficio número 10225/2016, firmado por la secretaria del Juzgado Décimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en Ciudad de México, para que obre como corresponda y surta sus efectos legales consiguientes; en atención a su contenido, se provee: Se tiene a la secretaria oficiante acusando recibo del exhorto electrónico número 1005/2016, del índice de este Juzgado, que le fue enviado para que en auxilio de la justicia federal, notifique al quejoso LUIS ROBERTO FERRA CALZADA, por conducto de su defensor particular, licenciado José Olivos Martínez, en el domicilio ubicado en Jaime Nuno número ciento setenta y cinco, planta baja, colonia Zona Escolar, Cuautepec, Barrio Bajo, Delegación Gustavo A. Madero, ciudad de México, código postal 07010, el proveído de dieciséis de marzo pasado (fojas 88-89) del cual ordenó su diligenciación. NOTIFÍQUESE.
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