Luis Roberto Domínguez Villegas
Expediente 1/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 31 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 21/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Luis Roberto Domínguez Villegas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia dictada en este asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal es conservable y será transferido una vez que se cumpla el plazo de tres años, conforme lo establece el artículo 17, fracción III, incisos a) y b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, pues en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente principal, conservando la demanda, la sentencia que puso fin al asunto, este proveído que otorga autoridad de cosa juzgada y en que se acuerda el archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Atento a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese por lista electrónica; por oficio a las demás partes. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.
- Principal
SentenciaCiudad Juárez, Chihuahua- treinta de junio de dos mil veintitrés.Visto para resolver el juicio de amparo 1/2023-II, promovido por *******.Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el dos de enero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta localidad, turnado a este juzgado el día hábil posterior, *******, quien dijo ser defensor particular del directo quejoso, *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del acto atribuido al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad.Segundo. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó violentados. En la demanda de amparo se señalaron como derechos vulnerados, los contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de cuatro de enero de dos mil veintitrés, se mandó aclarar la demanda de amparo, en los términos ahí precisados.Enseguida, en auto de doce de los mismos, al haberse acatado la prevención formulada, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Cuarto. Acreditación de calidad de defensor particular y de credencial como licenciado en Derecho. En oficio recibido en este juzgado el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, el Juez responsable remitió copia certificada de la cédula profesional del licenciado *******, defensor privado del aquí quejoso y certificó que sí tiene esa calidad- con lo que cumplió con el requerimiento que se le formuló al respecto en el acuerdo de admisión. De manera que, quedó evidenciado que el profesional en comento sí cuenta con la credencial atinente que lo avala como perito en Derecho- entonces, la prerrogativa constitucional del aquí quejoso, de contar con una defensa técnica adecuada por parte de un licenciado en Derecho, está colmada. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo- 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación- con relación al Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que el quejoso reclamó lo siguiente, de la autoridad señalada enseguida: Del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: El auto de vinculación a proceso dictado en su contra el catorce de diciembre de dos mil veintidós, en la causa penal *******, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de a) homicidio calificado previsto y sancionado, sin prejuzgar, en los artículos 123, 124, 127, 136, fracciones III y VI, del Código Penal para el Estado de Chihuahua y el delito de b) robo agravado previsto y sancionado, sin prejuzgar, en los artículos 208, fracción II, 211, fracciones I y II, así como 212 fracción III, del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto combatido por el accionante del amparo, pues así lo señaló el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación. Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. De igual forma, el Juez responsable remitió copia certificada de la transcripción del auto de vinculación a proceso, de la que el acto combatido en este juicio se deduce- misma que posee valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, el Juez responsable envió copia certificada del registro de audio y video de la audiencia inicial, constante en dos discos compactos, a los que se les reconoce valor probatorio, en términos de los numerales invocados supra líneas, del Código Federal de Procedimientos Civiles, además del diverso artículo 210-A, del mismo. Al respecto, cabe precisar que la información contenida en los discos compactos de referencia, también se valora como una prueba documental pública, la cual se tuvo por desahogada desde el momento en que fue remitida por la autoridad responsable, sin necesidad de fijar una audiencia especial para su desahogo- y a fin de brindar certeza jurídica a las partes, se ordenó dar vista oportunamente con ella y con el contenido del informe justificado emitido. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 455/2012, visible en la página 703, Libro XXIII, Tomo 1, Agosto de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: -VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL-. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia del acto atribuido por el quejoso, a la autoridad en cita. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan la actualización de hipótesis de improcedencia, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna, por lo que, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro: -CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN-. Quinto. Precisión especial. Es oportuno dejar en claro que, dada la temporalidad en que en apariencia se cometieron las conductas ilícitas que se atribuyen, en grado de probabilidad, a la aquí parte quejosa, no resulta aplicable al caso el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, vigente en aquélla época. A fin de demostrar lo anterior, se indica que el Código Nacional de Procedimientos Penales, se expidió mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce- así como que, conforme a su artículo segundo transitorio, en lo que interesa, dicho ordenamiento nacional adjetivo penal, entraría en vigor, en cada una de las Entidades federativas, en los términos de la Declaratoria correspondiente, que al efecto se emitiera: ARTÍCULO SEGUNDO. Vigencia Este Código entrará en vigor a nivel federal gradualmente en los términos previstos en la Declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016. En el caso de las Entidades federativas y del Distrito Federal, el presente Código entrará en vigor en cada una de ellas en los términos que establezca la Declaratoria que al efecto emita el órgano legislativo correspondiente, previa solicitud de la autoridad encargada de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en cada una de ellas. En todos los casos, entre la Declaratoria a que se hace referencia en los párrafos anteriores y la entrada en vigor del presente Código deberán mediar sesenta días naturales. El subrayado es nuestro. Ahora bien, para el Estado de Chihuahua -entre otros-, el veinticinco de septiembre de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Declaratoria correspondiente, que determinó que en dicha Entidad federativa, el Código Nacional de Procedimientos Penales, entraría en vigor el treinta de noviembre de dos mil quince: DECLARATORIA POR LA QUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA LA ENTRADA EN VIGOR DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, A PARTIR DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, EN LOS ESTADOS DE CHIAPAS, CHIHUAHUA, COAHUILA DE ZARAGOZA, NAYARIT, OAXACA, SINALOA Y TLAXCALA TEXTO ORIGINAL. Declaratoria publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el viernes 25 de septiembre de 2015. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Congreso de la Unión. EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN CUMPLIMIENTO A LO QUE DISPONE EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EMITE LA SIGUIENTE DECLARATORIA El Congreso de la Unión declara la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 30 de noviembre de 2015, en los Estados de Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala. México, D.F., a 22 de septiembre de 2015.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Rúbrica.- Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.- Rúbrica.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, Secretaria.- Rúbrica.- Dip. Verónica Delgadillo García, Secretaria.- Rúbrica. El subrayado es nuestro. Así pues, desde el treinta de noviembre de dos mil quince, el ordenamiento procesal que regula los procedimientos penales en el Estado de Chihuahua, es el Código Nacional de Procedimientos Penales. En relación con lo anterior, es menester señalar, que el artículo tercero transitorio del Decreto mediante el cual se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, como ya se dijo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce, establece lo siguiente: ARTÍCULO TERCERO. Abrogación (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) El Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, quedarán abrogados para efectos de su aplicación en los procedimientos penales que se inicien a partir de la entrada en vigor del presente Código, sin embargo respecto a los procedimientos penales que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos. (DEROGADO SEGUNDO PÁRRAFO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) (ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) En consecuencia el presente Código será aplicable para los procedimientos penales que se inicien a partir de su entrada en vigor, con independencia de que los hechos hayan sucedido con anterioridad a la entrada en vigor del mismo. Código publicado en la Segunda Sección del Diario Oficial de la Federación, el miércoles 5 de marzo de 2014. De dicha norma transitoria se desprenden dos cuestiones que deben tenerse en cuenta: Que en las Entidades federativas, a partir de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedan abrogados los códigos procesales penales estatales, respectivamente, para efectos de su aplicación en los procedimientos penales que inicien a partir de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, y Que el Código Nacional de Procedimientos Penales será aplicable para los procedimientos penales que se inicien a partir de su entrada en vigor, con independencia de que los hechos hayan sucedido con anterioridad al inicio de su vigencia. No se pierde de vista que el citado artículo tercero transitorio, fue reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, relativo a la reforma, adición y derogación de diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otros ordenamientos legales, cuyo artículo segundo transitorio, establece lo siguiente: -N. DE E. TRANSITORIOS DEL -DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES- DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL- DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA- DE LA LEY FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN A PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL- DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO-. Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación salvo lo previsto en el siguiente artículo. Segundo.- Las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, al Código Penal Federal, a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 2, 13, 44 y 49 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal y los artículos 21 en su fracción X, 50 Bis y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entrarán en vigor en términos de lo previsto por el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014. Los procedimientos que se encuentren en trámite, relacionados con las modificaciones a los preceptos legales contemplados en el presente Decreto, se resolverán de conformidad con las disposiciones que les dieron origen. Esto es, que la reforma al citado artículo tercero transitorio del Decreto mediante el cual se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de marzo de dos mil catorce, entró en vigor en términos del artículo segundo transitorio del propio Decreto, es decir, a partir de la fecha que determinó la Declaratoria de vigencia de dicho Código Nacional (treinta de noviembre de dos mil quince), correspondiente al Estado de Chihuahua, también ya mencionada. De manera que, conforme a lo hasta aquí expuesto, ya que el Código Nacional de Procedimientos Penales, entró en vigor el treinta de noviembre de dos mil quince y la causa penal de origen inició el diecisiete de septiembre de dos mil once, es indudable que tal normativa no es aplicable al caso, sino la diversa codificación ya referida. Sexto. Examen constitucional del auto de vinculación a proceso. Previo a efectuar el análisis del auto de vinculación a proceso reclamado, se considera oportuno acotar que en este asunto opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en virtud de la especial situación en que se encuentra el aquí quejoso, esto es, en su carácter de imputado en la causa penal *******, que se instruye en su contra, siempre que ello le resulte benéfico. Es aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro -SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRILDE 2013)-. Pues bien, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 Constitucional, que establece los requisitos que deben ser observados al dictarse resoluciones de esta naturaleza, mismo que en su parte conducente, dispone: Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado- el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.) La lectura del fragmento antes transcrito, pone de manifiesto que los requisitos constitucionales que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso, son la expresión de lo siguiente: 1. El delito que se impute al acusado- 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél- y, 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es decir, solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar un auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, para el mismo efecto precisa: Artículo 280. Requisitos para vincular a proceso al imputado. El Juez, a petición del Ministerio Público, decretará la vinculación del imputado a proceso siempre que se reúnan los siguientes requisitos: I. Que se haya formulado la imputación. II. Que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar. III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. IV. No se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. El auto de vinculación a proceso únicamente podrá dictarse por los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez podrá otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público al formular imputación. En dicho auto deberá establecerse el lugar, tiempo y circunstancia de ejecución de tales hechos. De este dispositivo se advierte, además de los anteriores requisitos, los siguientes: a) Que se haya formulado imputación- b) Que se haya tomado declaración preparatoria o se encuentre asentado el deseo del imputado de negarse a declarar- c) De la investigación se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y finalmente, d) Que no esté demostrada a favor del inculpado alguna causa que extinga la acción penal o excluyente de incriminación. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 (9a.) que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, febrero de dos mil doce, visible en la página 1940, Materia Penal, registro 160331, de rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito- exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial- segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador- tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden violarse derechos fundamentales distintos a las consagrados en el artículo 19 Constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en el mismo. En efecto, un auto de vinculación a proceso, como acto proveniente de autoridad, debe colmar también, los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional, que en su primer párrafo, dispone: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.) Es decir, que: a) Debe constar por escrito- b) Provenir de autoridad competente- y, c) En el documento en el que conste, debe fundarse y motivarse la causa legal del procedimiento. Por lo que hace a la fundamentación, motivación y el nexo lógico entre ambos, se pueden conceptuar, de forma sintética, de la manera siguiente: 1. Motivación: es expresar las razones por las cuales se toma determinada decisión. 2. Fundamentación: básicamente es indicar la hipótesis normativa aplicable al caso concreto. 3. Adecuación (nexo lógico): relación apropiada entre el precepto legal aplicable y la situación de hecho. Consecuentemente, para determinar si una resolución jurisdiccional cumple con una adecuada fundamentación y motivación, los razonamientos judiciales utilizados deben justificar la racionalidad de la decisión, con el fin de dar certeza a los gobernados a quienes se dirigen del porqué se llegó a una conclusión y la razón por la cual es la más acertada, en tanto: (i) permiten resolver el problema planteado, (ii) responden a los elementos de hecho y de derecho relevantes para el caso, y (iii) muestran si la decisión es consistente respecto de las premisas dadas, con argumentos razonables. Es aplicable, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, visible en la página 162, Tomo XXII, diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época (registro 176546), que estipula: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Establecido lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: El auto de vinculación a proceso consta por escrito, pues el Juez responsable remitió copia certificada, ya valorada, de la transcripción del auto de vinculación a proceso. Asimismo, el auto de vinculación a proceso fue dictado por autoridad competente conforme a los artículos 15, fracción II, 77, 82 y 105, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, pues lo dictó un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, especializado en materia penal, respecto de hechos que ocurrieron dentro del ámbito de su jurisdicción. Lo anterior, previa formulación de imputación por parte de la agente del Ministerio Público- además, el quejoso estuvo asistido en todo momento de su defensor particular- asimismo, se le dio la oportunidad de emitir su declaración preparatoria, haciéndole saber el derecho que le asistía a guardar silencio, quien optó por ejercerlo. Luego, se tiene que el Juez responsable, estimó que los hechos que se hicieron de su conocimiento, son constitutivos del delito de a) homicidio calificado previsto y sancionado, sin prejuzgar, en los artículos 123, 124, 127, 136, fracciones III y VI, del Código Penal para el Estado de Chihuahua y el delito de b) robo agravado previsto y sancionado, sin prejuzgar, en los artículos 208, fracción II, 211, fracciones I y II, así como 212 fracción III, del Código Penal para el Estado de Chihuahua- asimismo, estimó que de los datos de prueba expuestos hasta ese momento procesal, se desprende la probabilidad de que el aquí quejoso haya cometido tal ilícito, con la calidad de autor material. Ahora bien, antes de comenzar el análisis de la configuración de dicho delito, conforme a los términos propuestos por el Juez responsable en el auto de vinculación a proceso reclamado, es menester precisar que basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, con el fin de no anticipar un juicio técnico procesal sobre los elementos del tipo (objetivos, subjetivos y normativos), propio de una etapa diversa posterior del proceso penal. Ello implica que la comprobación de la configuración del hecho ilícito para el dictado de un auto de vinculación a proceso, también es en grado de probabilidad, al igual que la participación del imputado en su comisión. Al respecto, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J. 35/2017 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 360, del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Penal, Décima Época y número de registro 2014800, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones -comprobar- por -establecer- y -cuerpo del delito- por -hecho que la ley señala como delito-, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de -pruebas- ni se exige -comprobar- que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado -cuerpo del delito-, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Precisado lo anterior, se tiene que los artículos 123, 124, 127, 136, fracciones III y VI, del Código Penal para el Estado de Chihuahua, disponen lo siguiente: Artículo 123. A quien prive de la vida a otra persona, se le impondrá de doce a veinticinco años de prisión. Se entenderá la pérdida de la vida en los términos de la Ley General de Salud. Artículo 124. Se tendrá como mortal una lesión, cuando la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, alguna de sus consecuencias inmediatas o alguna complicación determinada inevitablemente por la misma lesión. Artículo 127. A quien cometa homicidio calificado, en los términos de las fracciones I, II, III, IV, VI, VII o XIII del artículo 136 de este Código, se le impondrá prisión de veinticinco a cincuenta años. A quien cometa homicidio calificado en los términos de las fracciones V, VIII, IX, X, XI o XII del artículo 136 de este Código, se le impondrá prisión de cincuenta a setenta años o prisión vitalicia. A quien se le condene por el homicidio doloso de tres o más personas, en el mismo o en distintos hechos, se le impondrá la pena de prisión temporal que corresponda a cada uno de los delitos o prisión vitalicia. Se impondrá la pena de prisión temporal que corresponda a cada uno de los delitos o prisión vitalicia a quien cometa homicidio con motivo del delito de extorsión, siempre que el pasivo de ambas conductas sea la misma persona, o bien, cuando el pasivo del homicidio se encuentre ligado con el pasivo de la extorsión por alguno de los vínculos señalados en el artículo 204 ter. Artículo 136. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con: premeditación, ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña o en perjuicio de servidores públicos que se encarguen de la administración o procuración de justicia, o de periodistas- así mismo, en los supuestos de las fracciones X, XI, XII y XIII del presente artículo: (.) III. Existe traición: Cuando el agente realiza el hecho quebrantando la confianza o seguridad que expresamente le había prometido a la víctima, o las mismas que en forma tácita debía ésta esperar de aquél por las relaciones de confianza real y actual que existen entre ambos. (.) VI. Por el medio empleado: Se causen por inundación, incendio, explosivos, o bien por envenenamiento, asfixia, tormento, o mediante el uso de ácido o sustancia corrosiva, o cualquier otra sustancia nociva para la salud. (.) Conforme a tales porciones normativas, para que los hechos materia de la imputación, configuren el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en artículos 123, 124, 127, 136, fracciones III y VI, del Código Penal para el Estado de Chihuahua, es necesario: La prexistencia de la vida. La muerte se provoque con motivo de una lesión que la ocasione. Se considera homicidio calificado, cuando existe traición y según el medio empleado, se haya asfixiado a la víctima. Por otra parte, respecto al ilícito de robo agravado previsto y sancionado, sin prejuzgar, en los artículos 208, fracción II, 211, fracciones I y II, así como 212, fracción III, del Código Penal para el Estado de Chihuahua, tales artículos son los siguientes: Artículo 208. A quien con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena total o parcialmente, se le impondrá: (.) II. Cuando exceda de quinientas veces, pero no de mil, la sanción será de dos a cuatro años de prisión y multa de cien a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. (.) Artículo 211. Además de las sanciones que correspondan conforme a los artículos anteriores, se aplicará prisión de uno a tres años, cuando el robo: I. Se cometa con violencia en las personas o en las cosas, o bien, se ejerza ésta para propiciar la fuga o defender lo robado. II. Se cometa en dependencias de un lugar habitado o destinado para habitación. (.) Artículo 212. Además de las sanciones que correspondan conforme a los artículos anteriores, se aplicarán de dos a diez años de prisión, cuando el robo: (.) III. Recaiga sobre vehículos automotores. (.) Conforme a tales porciones normativas, para que los hechos materia de la imputación, configuren el delito de robo agravado previsto y sancionado, sin prejuzgar, en los artículos 208, fracción II, 211, fracciones I y II, así como 212, fracción III, del Código Penal para el Estado de Chihuahua, es necesario: Con ánimo de dominio- Y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo- Se apodere de una cosa mueble ajena total o parcialmente- Aumentará la sanción cuando, entre otros, se cometa con violencia en las personas, en un lugar destinado para casa habitación y recaiga sobre vehículos automotores. Al respecto, el Juez responsable, estimó que los hechos materia de la imputación, sí configuran, en esa etapa procesal, los mencionados hechos ilícitos. Para determinar lo anterior, el Juez responsable tomó en cuenta (la mayor parte) de los datos de prueba que relacionó en audiencia la agente del Ministerio Público- algunos de esos datos de prueba ofertados por la representación social, son: Informe de identificación humana en antropología forense, de veinte de septiembre de dos mil once, elaborado por las expertas ******* y *******, respecto del cuerpo con número SIEC ******* en el que determinaron que correspondió al de la víctima, que en vida llevara el nombre de *******. Informe de necrocirugía, de veintiuno de septiembre de dos mil once, elaborado por el perito médico forense ******* quien tuvo a la vista el cuerpo sin vida y concluyó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento, al que anexó set fotográfico de la humanidad de la víctima. Comparecencia a cargo de *******, quien dijo ser amigo de la víctima, quien refirió que el viernes dieciséis de septiembre de dos mil once, ******* realizó reunión en su domicilio por fiestas patrias- que el sábado diecisiete de ese mes y año, éste le dijo que a iba a salir con un muchacho llamado ******* a quien conoció en la red social *******, con quien se iba a encontrar a las nueve de la noche en plaza ******* y que por esa razón, no lo acompañó a él a una fiesta a la que lo invitó. Partes informativos realizados por el agente de la Policía Estatal Investigadora, de nombre *******: De veintitrés de septiembre de dos mil once, mediante el cual el agente en cita acotó que a las veintidós horas del martes veinte de septiembre de dos mil once, acudió al lugar donde reportaban un cuerpo sin vida- que se entrevistó con el diverso agente *******, quien le dijo que a las veinte horas se recibió llamada donde indicaban que en el domicilio mencionado se respiraban olores fétidos y al llegar al lugar se dieron cuenta que era cierto, que una persona de nombre *******, vecino del lugar, prestó a éste último una escalera para asomarse a las habitaciones de la planta alta, que al asomarse se apreciaba a simple vista a una persona del sexo masculino en estado de descomposición, por lo que procedieron a dar aviso a las autoridades correspondientes y se hizo entrega de la escena a la Unidad Especializada. Que acudió la antropóloga *******, quien indicó que después de que personal de bomberos tuvo que forzar la puerta principal de la vivienda, encontraron al occiso desnudo y debido al estado de putrefacción que presentaba, no pudieron observarse características físicas, más que dar cuenta de su estatura y que tenía unas corbatas alrededor del cuello, que la vivienda estaba desordenada, puertas gabinetes y closet abiertas y cosas tiradas. Que al realizar entrevistas verbales y escritas, se tuvo conocimiento de que al parecer la víctima había tenido una reunión en su domicilio el viernes, a la que acudieron entre quince y veinte personas y que habían estado tomando- que después de ese día, los vecinos entrevistados ya no volvieron a ver a la víctima, ni a su auto. De veintiséis de septiembre de dos mil once, mediante el cual el referido agente *******, siguiendo con la investigación, informó que el día previo acudió ante esa unidad especializada la persona de nombre *******, hermana del de cujus, quien le indicó las cosas que advirtió que habían sido sustraídas de la casa de su hermano (una visa láser, un pasaporte mexicano, diversas tarjetas bancarias, una tarjeta departamental *******, un teléfono celular, cámara fotográfica, una videocámara, lociones, una computadora ******* con serie *******, un vehículo línea *******, modelo ******* color ******* serie *******- todos pertenecientes a la víctima) y que al ir a consultar movimientos de las tarjetas, había sido utilizadas y que inclusive en la tienda ******* le dieron recibos de las compras que se hicieron con esa tarjeta los días dieciocho, diecinueve y veintitrés de septiembre de dos mil once. Parte informativo de siete de octubre de dos mil once, elaborado por el aludido agente, donde refirió que acudió el seis de octubre de ese año al centro comercial *******, en esta ciudad, para saber si contaba con cámaras de circuito cerrado para ubicar reunión que el occiso pudo haber tenido- le dijeron que sí grababan pero que no se guardaban por más de siete días. Que procedió a realizar recorrido por la calle ******* y advirtió una cámara perteneciente a la policía federal, de modo que giró oficio solicitando información de la cámara, respecto del día diecisiete de septiembre de dos mil once, en el horario de catorce y veintidós horas. Además, que el seis de octubre de dos mil once, se emitió oficio recordatorio a ******* solicitándole registros de video de los días en que se verificaron compras (en los departamentos de perfumería y relojería de esa tienda departamental en esta ciudad) y en esa fecha le fue entregado a tal agente el registro, en formato de video casete. Que tras ver el video, apreció a persona sexo masculino, entre veinte a veinticinco años, tez morena clara, robusto, tatuajes en ambos antebrazos, piercing de cinco centímetros aproximadamente en una oreja- acompañado de otra persona entre veinticinco a treinta años, del sexo masculino. Que imprimió las escenas en fotografías y las puso a disposición en informe policial, igual que el video casete. Que enseguida buscó en ******* -red social donde la víctima refirió a su amigo ******* que conoció a *******- a personas identificadas con ese nombre, para cotejarlas con las fotografías que se advirtieron del video- que apareció el perfil de una persona que se hacía llamar *******, con las características físicas se la persona que apareció en los videos de *******, que utilizaba incluso, en su foto de perfil, la misma ropa que la persona que había acudido a la tienda *******. Parte informativo de catorce de octubre de dos mil once, donde el agente ******* informó que siguiendo con la investigación, personal de unidad de autos robados informó que en apariencia había recuperado el automotor de la víctima. Acudió al lugar donde se encontraba y tomó serie fotográfica. Asimismo, acotó que recibió respuesta afirmativa de la policía federal, donde le informaban que sí tenían las videograbaciones solicitadas, que le dieron en disco compacto, en la que aparecía un vehículo con características similares al de la víctima, que le fue robado. Informe pericial en criminalística de campo, de diecisiete de octubre de dos mil once, a cargo del perito ******* donde informó que con base a lo observado en el cuerpo, podía concluir que la víctima fue sorprendida y después sometida, que se encontraba de espalda, cuando el agresor, uso un agente constrictor en su cuello para provocarle asfixia- que por la posición final del cuerpo, debido a que no se encontraban huellas de arrastre, consideró que el lugar donde se localizó, fue el sitio donde se suscitaron acontecimientos violentos. Que el cuerpo presentaba una herida en región temporal izquierdo, que fue una herida contundente producida por algún agente físico. Que dado el estado de putrefacción no se pudo determinar si existió lucha al momento de la agresión. Finalmente, concluyó que la muerte de la víctima, fue violenta, con características de homicidio. Comparecencia de *******, de veintisiete de septiembre de dos mil once y de veintiuno de octubre de dos mil once, donde, en la primera, manifestó que ella y su otro hermano de nombre *******, hicieron limpieza de la casa del de cujus, indicó también que acudió a ******* a reportar el teléfono de su hermano y que un empleado le informó que las últimas llamadas entrantes y salientes de ese número fueron a los diversos *******, ******* y *******- y en la segunda comparecencia, dijo que acudió a casa de hermano, la víctima, y se percató de estado de cuenta de ******* donde se advirtió que la tarjeta relativa fue utilizada después de que falleció su hermano. Informe de fecha trece de octubre de dos mil once, elaborado por peritos en arqueología forense ******* y *******, donde refirieron que encontraron el cuerpo de la víctima en avanzado estado de descomposición, el veinte de septiembre de dos mil once- concluyeron que el domicilio probablemente se encontraba cerrado con llave, de modo que persona ajena al mismo se encontraba con acceso mediante llave. Refirieron que la víctima perdió la vida en el lugar donde se le encontró, en circunstancias violentas. Que el desorden reveló que el agresor buscó en diversos puntos sin cuidado de los objetos. Que la víctima murió entre el dieciséis y el veinte de septiembre de ese año. Informe pericial en materia de perfilación criminal de tres de noviembre de dos mil once, signado por ******* donde formuló las siguientes hipótesis orientativas: dedujo que fue un caso de homicidio sexual mixto por elementos conductuales de escena- por estilo de vida y edad la víctima es de bajo riesgo, por lo que requirió de una inteligencia considerable- no advirtió violencia por acceso a domicilio, por lo que infirió que el victimario debió ser una persona que conocía la víctima, que le inspiraba confianza- que tuvo algún tipo de contacto sexual con la víctima. Entrevista, de once de noviembre de dos mil once, a *******, quien se identificó como empleado de ******* e indicó que hacía un año y medio aproximadamente, había tenido una relación con joven a quien conoció en un primer momento como *******, pero que posteriormente le dijo que se llamaba *******- que lo conoció en un bar llamado ******* en esta ciudad y que le platicó que vivía solo con su papá, que no tenía cabello, porque le salían lunares y mejor se rapaba, que el domingo fueron juntos al antro *******, pero que no le gustó que no se integraba a la plática con sus amigos, que era demasiado retraído, por lo que terminó su relación con él. Que los últimos días que lo vio, fue en septiembre de dos mil once, cuando éste realizó varias compras con una tarjeta de ******* y compró varios perfumes y relojes- que iba con su pareja que se llamaba *******. Que estuvo yendo a la tienda varios días, que usaba una tarjeta de la tienda, pero que no revisó si fuera el titular, ya que él no le cobraba, sino una compañera suya, que era cajera. Que la última vez que lo vio fue el veintinueve de octubre de dos mil once, por su festejo de cumpleaños. Nuevo informe pericial del agente ya referido, donde consultó en el sistema único de información estatal denominado cubo policial y se localizaron varios registros con esos nombres y apellidos, pero que entre los que correspondían a licencias digitales, antecedentes CERESO y medidas judiciales, que le apareció ******* y que advirtió de su fotografía que era la misma persona que se hacía llamar ******* y la misma persona que compró en *******. Que tuvo conocimiento que ******* se encontraba detenido por el delito de robo de vehículo. Orden de cateo emitida por un Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, realizada el doce de noviembre de dos mil once, realizada en *******, en esta ciudad- que al ingresar, encontraron al señor *******, padre de *******- que encontraron una bolsa de plástico con ropa, que ******* dijo que era ropa de su hijo *******- una bolsa plástica con diversos relojes- una gorra de color ******* de la marca *******- un par de zapatos- una caja de color ******* con la leyenda ******* que contenía broches plateados y un estado de cuenta ******* del número *******, a nombre de *******, quien dijo que la línea estaba a su nombre pero que disponía de ella su hijo. Diligencia de comportamiento telefónico, de fecha veintiuno de febrero de dos mil doce, de los teléfonos ******* y ******* mediante el cual entre otras, apoderado legal de *******, indicó que la última pertenece a ******* (quien, como se dijo en el punto previo, adujo que esa línea la usaba su hijo, aquí quejoso) que de ese teléfono el viernes diecisiete de septiembre de dos mil once, entre las catorce horas con cuarenta minutos hasta las veintiún horas con treinta minutos, se intercambiaron mensajes y llamadas telefónicas con el número *******, que pertenece a la víctima. Comparecencia de fecha veintinueve de enero de dos mil trece, de *******, quien dijo que fue víctima de robo de ******* en octubre de dos mil once- que desde mayo de ese año empezó a tener contacto con él en ******* una página web gay para relacionarse entre sí- que intercambiaron teléfonos y que de vez en cuando se hablaban- que en octubre de dos mil once quedaron de verse para platicar, que ******* le dijo que fuera en su casa (del compareciente) y que él llevaría café. Que ******* llegó y sí llevaba café, que sabía a menta- que momentos después se desmayó, que despertó como a las cinco de la mañana del día siguiente, que estaba mareado, con náuseas, desubicado- que vio que sus pertenencias estaban desordenadas, que le robaron muchas cosas, tarjetas e identificaciones- que le pidió a una vecina que lo llevara a una clínica del seguro social, donde se hizo examen toxicológico que dio afirmativo a benzodiacepinas, que después de eso no volvió a tener contacto con *******. Que platicando con otro amigo llamado ******* le dijo que había tenido la misma experiencia, que ******* lo drogó y lo robó, que duró una semana en cama después de que lo drogó, debido a los malestares que presentó. Dijo el compareciente que ******* es joven, robusto, *******, sin cabello, sin cejas, que viste casual y que suele usar cachucha. Mapeo de ubicación geográfica del comportamiento telefónico proporcionado por *******, conocida como *******, correspondiente a los números ******* y ******* del día diecisiete de septiembre de dos mil once, donde se destacó que antenas receptoras, localizaron tales aparatos en la calle *******- en la avenida *******, en plaza ******* y por ******* Copia certificada carpeta investigación ******* causa penal *******, por robo agravado, en perjuicio *******- donde fue acusado y sentenciado *******, aquí quejoso. Informe genética forense de uno de marzo de dos mil trece, mediante el cual el perito en genética forense *******, con la evidencia de células de descamación obtenidas del automotor propiedad de la víctima, al encontrarse en el corralón de vehículos de la fiscalía, del volante del vehículo y de una botella de coca cola que estaba en su interior, determinó que el perfil genético masculino coincide genéticamente con *******. De dichos datos de prueba, el Juez responsable no concedió eficacia probatoria a las copias certificadas identificadas con el número -15-, pues estimó que no atañían a hechos motivo de esa causa penal. Asimismo, tampoco consideró una entrevista que se practicó al aquí quejoso, pues adujo que la misma no fue realizada de manera libre. Por su parte, la defensa, aunque emitió alegaciones, no ofertó dato de prueba alguno. De los cuales, acertadamente concluyó el Juez responsable, existe la posibilidad de que el aquí quejoso, haya cometido el delito de a) homicidio calificado previsto y sancionado, sin prejuzgar, en los artículos 123, 124, 127, 136, fracciones III y VI, del Código Penal para el Estado de Chihuahua y el delito de b) robo agravado previsto y sancionado, sin prejuzgar, en los artículos 208, fracción II, 211, fracciones I y II, así como 212 fracción III, del Código Penal para el Estado de Chihuahua, pues se desprendieron datos compatibles con tal probabilidad. Por lo que, le dictó auto de vinculación a proceso, ante tal probabilidad de la comisión del delito de referencia. De su contenido se estima que el Juez responsable acató la obligación que tenía de fundar y motivar dicha determinación, pues además de invocar las porciones normativas aplicables para sustentar la resolución de que se trata, demostró fehacientemente las razones por las cuales consideró, que existe la posibilidad de que el aquí quejoso haya cometido el ilícito de que se trata. Para lo cual, expuso de forma concreta los hechos jurídicamente relevantes destacados en los medios de prueba- las circunstancias consideradas por las partes- y, finalmente, resolvió procedente la vinculación a proceso del aquí quejoso. Además, también se avocó al estudio de las argumentaciones defensivas del perito en Derecho que asistía al quejoso. Por ende, este Juzgado Federal estima que la autoridad responsable cumplió con la obligación que tenía, de emitir su determinación de forma fundada y motivada. Lo anterior en encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 143, tomo 97-102 Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto- siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Concluido el análisis oficioso del auto de vinculación a proceso reclamado, se procede a analizar enseguida los conceptos de violación aducidos en el ocurso de amparo, en términos del artículo 76 de la Ley de la materia, del que se advierte que el órgano jurisdiccional puede examinar de manera individual o conjunta los conceptos de violación vertidos por la parte gobernada, en el orden propuesto o en uno diverso. Ilustra además lo anterior, la tesis 2o. J/5, publicada en el tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil dieciséis, materia común, Décima Época y número de registro 2011406, cuyo rubro dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. Primer concepto de violación Corresponde ahora estudiar el primer concepto de violación formulado por el quejoso, mediante el cual argumenta concretamente lo siguiente: Que no hay datos suficientes para formular el acto reclamado. Que se valoró de forma incorrecta la declaración del testigo de nombre *******, al no estar corroborada con otros datos de prueba, sino que es singular y aislada- quien dijo que la víctima le comentó el diecisiete de septiembre de dos mil once, que se iba a ver con un muchacho de nombre -*******-, a quien conoció en *******, pero que éste es una persona diversa del aquí quejoso. Que el testimonio de la persona de nombre ******* fue un indicio débil, porque esa persona no vio o percibió por sus sentidos que fue el aquí quejoso quien privó de la vida a la víctima, sino que ésta le dijo que iba a verse con alguien, de nombre distinto. Que no hay dato de prueba donde se acredite que el quejoso se ostentó con el nombre -*******-, y que el Juez responsable usara ese nombre como un alias, fue incorrecto. Que no obra dato de prueba que acredite que el quejoso sea el titular de la cuenta de la red social *******, que aparece como de -*******-. Que, con lo anterior, se vulneraron los artículos 1º, 14 y 16 Constitucionales, en su perjuicio Deviene infundado en su totalidad dicho motivo de disenso. De los medios de prueba que fueron citados previamente -ofrecidos todos por la agente del Ministerio Público que conoce de la causa penal de origen, pues como ya se dijo, el defensor de la aquí parte quejosa, fue omiso en ofertar alguno- no se estima que haya datos de prueba insuficientes, sino que, todo lo contrario, los datos que fueron estimados individualmente y adminiculados entre sí por el Juez responsable, con sustento en los artículos 20, 236 y 333 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, permiten arribar a la conclusión de que, de momento, existe la probabilidad de que el quejoso participó, en calidad de autor material, en la comisión del delito que se le imputa. Contrario a su sentir, la declaración del testigo de nombre *******, no fue valorada de forma aislada ni independiente, sino que fue enlazada debidamente, con el resto de los datos de prueba que fueron ofertados, para poder arribar a la conclusión de la probabilidad de que el aquí quejoso haya cometido los ilícitos ya indicados. Además, el hecho de que esa persona no haya externado en su comparecencia ante la representación social, que vio o percibió por sus sentidos que fue el aquí quejoso quien privó de la vida a la víctima, no suprime la valoración que le reconoció el Juez responsable a su dicho, pues, se repite, ese dato de prueba no fue analizado de forma individual, sino debidamente adminiculado con los invocados por el Juez responsable en el acto aquí reclamado, dentro del cúmulo que le externó la agente del Ministerio Público que conoce la causa penal natural. En efecto, el Juez responsable, en esta etapa procesal no debía tener plenamente acreditados los delitos y que fue el imputado quien participó en su comisión en calidad de autor material, sino, únicamente en grado de probabilidad, lo que el caso así aconteció. En torno a lo que señala, que no hay dato de prueba donde se acredite que el quejoso se ostentó con el nombre -*******-- y que, por ende, que el Juez responsable usara ese nombre como un alias, fue incorrecto- tampoco le asiste la razón. De acuerdo a los medios de prueba que arriba fueron señalados, existieron indicios suficientes para abstraer que -*******- y que *******, aquí quejoso, son la misma persona, y que, como concluyó el Juez responsable, probablemente, éste, se identificaba con aquél nombre En efecto, de los siguientes datos de prueba, se puede arribar a esa conclusión válidamente: - la comparecencia a cargo de *******, quien dijo ser amigo de la víctima, quien refirió que el diecisiete de septiembre de dos mil once, ******* le dijo que a iba a salir con un muchacho llamado ******* a quien conoció en la red social *******- - después, *******, indicó las cosas que habían sido sustraídas de la casa de la víctima, entre las que se encontraba su celular y una tarjeta departamental de *******, además dijo que al acudir a tal tienda, le dieron recibos de las compras que se hicieron con esa tarjeta los días dieciocho, diecinueve y veintitrés de septiembre de dos mil once, que resultaron ser perfumes y relojes- - luego, del video obtenido de esa tienda departamental, en los días y horarios que marcaban los tickets de compra, se observó en los departamentos de perfumería y joyería, a una persona sexo masculino, entre veinte a veinticinco años, tez morena clara, robusto, tatuajes en ambos antebrazos, piercing de cinco centímetros aproximadamente en una oreja- - después, tras una búsqueda por parte del agente *******, en ******* -red social donde la víctima refirió a su amigo ******* que conoció a *******- de personas identificadas con ese nombre, para cotejarlas con las fotografías que se advirtieron del video, apareció el perfil de una persona que se hacía llamar *******, con las características físicas se la persona que apareció en los videos de *******, que utilizaba incluso, en su foto de perfil, la misma ropa que la persona que había acudido a la tienda *******- - de la entrevista a *******, quien se identificó como empleado de ******* e indicó que hacía un año y medio aproximadamente, había tenido una relación con joven a quien conoció en un primer momento como *******, pero que posteriormente le dijo que se llamaba *******, los últimos días que lo vio fue en septiembre de dos mil once cuando éste realizó varias compras con una tarjeta de ******* y compró varios perfumes y relojes, en la tienda donde trabaja- - del informe pericial del agente ya referido, donde consultó en el sistema único de información estatal denominado cubo policial y se localizaron varios registros con esos nombres y apellidos, pero que entre los que correspondían a licencias digitales, antecedentes CERESO y medidas judiciales, apareció ******* y que advirtió de su fotografía que era la misma persona que se hacía llamar ******* y la misma persona que compró en *******. Que tuvo conocimiento que ******* se encontraba detenido por el delito de robo de vehículo- - de la diligencia de comportamiento telefónico, de fecha veintiuno de febrero de dos mil doce, de los teléfonos ******* y ******* mediante el cual entre otras, apoderado legal de *******, indicó que la última pertenece a *******, padre del aquí quejoso quien previamente había dicho (en la diligencia de cateo ya referida) que éste utilizaba esa línea, que de ese teléfono el viernes diecisiete de septiembre de dos mil once, entre las catorce horas con cuarenta minutos hasta las veintiún horas con treinta minutos, intercambió mensajes y llamadas telefónicas con el número *******, de la víctima- - de la comparecencia de fecha veintinueve de enero de dos mil trece, de *******, quien dijo que fue víctima de robo de ******* en octubre de dos mil once. Datos de prueba que, se repite, no fueron analizados de forma aislada, sino adminiculados, de forma armónica- de los que válidamente se abstrajo que, en grado de probabilidad, -*******- y *******, aquí quejoso, son la misma persona, es decir, que éste usaba el diverso nombre, también. Luego, en cuanto a lo que señala respecto a que no obra dato de prueba que acredite que el quejoso sea el titular de la cuenta de la red social *******, que aparece como de -*******-- como ya se ha analizado, el referido agente investigador, en uso de las facultades de esa índole que le fueron asignadas por la representación social de referencia, advirtió que la fotografía del perfil de -*******-, coincidía con la persona que efectuó las compras ya indicadas en el comercio denominado *******. Además, el Juez responsable, atendiendo al estándar probatorio que opera en la etapa en que el asunto se encuentra, tomó en cuenta los datos que consideró, constituyen indicios para demostrar -en grado de probabilidad- que los hechos configuran los delitos ya precisados y la posibilidad de que el imputado, aquí accionante del amparo, haya participado en su comisión. Es así, en la etapa en que se encuentra el proceso, no es preciso que se acredite la comisión de los hechos, o que los datos de prueba acrediten fehacientemente la esencia que contienen, pues la etapa intermedia tiene por objeto precisamente el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, por lo que el quejoso podrá, de ser su deseo, ofrecer los medios de prueba que estime adecuados para desplegar su defensa. Asimismo, como se desprende del acto reclamado, el Juez responsable, con base en la normatividad aplicable, efectuó un análisis completo de la problemática expuesta y arribó a una conclusión que, dadas las características de la etapa en que se encuentra la causa penal de origen, se estima acertada. Para ello, analizó todos y cada uno de los medios de prueba que fueron ofertados por las partes y bajo el estándar probatorio que opera para la emisión de un auto de vinculación a proceso conforme al primer párrafo del artículo 19 Constitucional y a los diversos numerales del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, ya referidos, determinó que existían indicios bastantes para estimar que el aquí quejoso sí cometió, probablemente, el ilícito que se le imputó. Asimismo, examinó las manifestaciones vertidas por la defensa y contestó a todos y cada uno de los planteamientos que conforme a su estrategia defensiva, vertió. Es pertinente reiterar al aquí quejoso que en la etapa tan temprana en que se encuentra el proceso penal, no es preciso demostrar fehacientemente la verdad de los hechos, sino generar indicios razonables y suficientes que den convicción al juzgador de que los hechos se ubican en un delito y que exista la probabilidad de que alguien lo cometió, lo que, como se ha repetido, se estima que sí sucede en la especie. Enseguida, como ya se dijo supra líneas, se estima que en el caso, contrario a lo señalado por el defensor particular del quejoso, el Juez responsable no vulneró en perjuicio de éste último los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, contemplados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- cuyo texto, es el siguiente: Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.) Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) Los preceptos constitucionales transcritos, en su orden, contienen los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica. El numeral 14 refiere, en lo conducente, como principio de legalidad, que la autoridad tiene como obligación, la de ajustarse a los preceptos legales que norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia ley. En ese orden de ideas, al expedir cualquier mandamiento que pudiere afectar la esfera jurídica del particular, éste debe adecuarse a tales disposiciones legales, que como se menciona, regulan sus procedimientos y decisiones. Por cuanto hace al artículo 16 constitucional, éste regula, entre otras garantías, la de seguridad jurídica, cuya finalidad es proteger la dignidad y el respeto de los derechos personales, patrimoniales y cívicos de los gobernados, en sus relaciones con las autoridades, a efecto de que éstas no realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con las reglas establecidas en la ley. Además, tal numeral precisa que es menester de toda autoridad al emitir sus determinaciones, hacerlo de manera adecuadamente fundada y motivada, además, obvio es, de lograr un nexo lógico de ajuste entre tales elementos (elementos que ya fueron previamente precisados y definidos, sucintamente). Ahora, de lo expuesto luego del análisis oficioso del auto de vinculación a proceso aquí combatido, con motivo de los argumentos desplegados en el primer concepto de violación, como en el estudio oficioso de aquél, contrario a lo alegado por el defensor del quejoso, se considera que tal decisión judicial no vulnera el derecho fundamental de seguridad jurídica, reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, y contextualizado a la luz del principio de legalidad jurisdiccional. Primero, pues el Juez responsable, es autoridad competente para dictar actos de esa índole. Habida cuenta que se encuentra debidamente fundado y motivado, toda vez que la responsable citó los preceptos legales aplicables al caso, para sustentar su determinación, numerales que permiten expedirlo y que prevén la hipótesis que genera su emisión- además, expuso con precisión las consideraciones que estimó pertinentes para establecer las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en cuenta para su emisión- expuso los motivos de hecho considerados para su pronunciamiento, los que son reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente -para en esa etapa procesal- provocar el acto de autoridad. De ahí lo ineficaz de tal aspecto, del primer motivo de disenso. En consecuencia, como se anunció, son infundados tales argumentos, configurativos del primer concepto de violación aducido por el quejoso. Segundo concepto de violación Enseguida, en su segundo concepto de violación, el quejoso señala lo siguiente: Que el Juez después de dictar AVP no emitió versión escrita, con lo que vulneró 67, segundo párrafo, fracción IV. Es infundado dicho concepto de violación. Es así, el juez responsable sí envió por escrito, como se dijo previamente, transcripción del auto de vinculación a proceso reclamado -que remitió a este Juzgado Federal en copia certificada, acompañando a su informe justificado- que coincide plenamente con la videograbación relativa- se afirma ello, pues de una revisión minuciosa del contenido íntegro de la totalidad de archivos de videograbaciones que componen la audiencia inicial emitida en la causa penal de origen, y de la transcripción relativa al contenido íntegro del auto de vinculación a proceso aquí reclamado, se desprende que éste es idéntico a su versión oral. Con relación a ello, tal como se precisó en la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la causa de pedir no implica que los quejosos pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman, partiendo de premisas verídicas. El referido criterio, 1a./J. 81/2002 fue publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil dos, materia común y número de registro 185425, que dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. Además, como se expuso en el considerando previo, el cuerpo normativo que refiere incorrectamente el quejoso, no resulta aplicable para el caso, dada la época en que surgió la causa penal de origen- para lo cual, en obvio de innecesarias repeticiones, deberá remitirse al considerando que antecede a este estudio de fondo, para que clarifique esa cuestión. Tercer concepto de violación En su siguiente motivo de disenso, dice el quejoso: -Que el Juez responsable resolvió de manera parcial y con favoritismo a la agente del Ministerio Público. - Que el quejoso no estaba obligado a probar su inocencia sino la agente del Ministerio Público su probable culpabilidad y no se hizo así. No le asiste la razón al aquí quejoso. Contrario al sentir del quejoso, esta Juzgadora Federal no estima que el Juez responsable haya incurrido en favoritismos o parcialidad en favor de la representación social- pues se reitera, trató en igualdad de condiciones a las partes que asistieron a la audiencia de la que devino el auto de vinculación a proceso aquí reclamado- asimismo, como se evidencia de las videograbaciones respectivas, tuvieron las mismas oportunidades para sostener la acusación y la defensa, respectivamente- y tuvieron igualmente oportunidad para alegar y para ofertar datos de prueba. Y el hecho de que su defensor privado no haya podido -de manera eficaz- imponer su teoría defensiva a la acusatoria que planteó la agente del Ministerio Público, no implica que el Juez responsable haya favorecido de forma alguna a ésta última, pues se limitó, atendiendo al estándar probatorio que opera en la etapa en que el asunto se encuentra, a analizar los datos que consideró, constituyen indicios para demostrar -en grado de probabilidad- que los hechos configuran los delitos ya precisados y la posibilidad de que el imputado haya participado en su comisión. De modo que, como ya se había indicado, no basta con que el accionante del amparo acuda ante esta instancia constitucional a efectuar aseveraciones subjetivas, que, con el análisis de las audiencias de que deviene el acto reclamado, se ven derribadas, a pesar de la suplencia en la deficiencia que de sus conceptos de violación, le asiste. Asimismo, es menester indicar que, efectivamente, la obligación de desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, es una labor que concierne al agente del Ministerio Público. Empero, esta Juzgadora Federal, al igual que el Juez responsable, estima que en el caso, se presentó prueba de cargo suficiente para enervar -en la etapa en que se encuentra el proceso y por ende, en grado de probabilidad- la presunción de inocencia del aquí accionante del amparo, pues los medios de prueba ofertados por la representación social, dieron lugar a la racionabilidad objetiva en cuanto a la probabilidad de la comisión por parte de éste, de los hechos ilícitos que le fueron atribuidos. Ello, como se desprende de la tesis aislada 1a. CCCXLVII/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -que incluso fue invocada por el quejoso en el ocurso de amparo- publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, página 611, del contenido literal siguiente: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA. Para poder considerar que hay prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, el juez debe cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, debe descartarse que las pruebas de descargo o contraindicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.En efecto, como ya previamente se expuso, se considera que la agente del Ministerio Público ofertó medios de prueba suficientes para, en esa etapa procesal, considerar la probabilidad de que el quejoso cometió los ilícitos ya referidos.Además, como también ya se destacó, la etapa intermedia tiene por objeto precisamente el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, por lo que el quejoso podrá, de ser su deseo, ofrecer los medios de prueba que estime adecuados para desplegar su defensa.Por ende, es infundado dicho motivo de disenso.Cuarto concepto de violación Refiere el quejoso en su siguiente motivo de disenso, lo siguiente:- Que indebidamente, el Juez responsable tomó en su contra el informe policial emitido por el agente de la policía Estatal Única de nombre *******, pues en el mismo informó que después de haber analizado el video casete que le proporcionó la tienda departamental *******, se obtuvieron setenta y cuatro imágenes a color, en las que apreció a una persona que resultó ser el aquí quejoso- que después procedió a realizar una búsqueda en ******* para buscar a usuarios con el nombre -*******- y que revisó las fotografías cotejándolas con las de la persona con características de las fotografías y encontró un perfil coincidente.Con ello, estima ese policía realizó funciones de un perito, sin ser un experto -ilustre-, a pesar de que su función es mantener el orden público y ser auxiliar del Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos. Por lo que considera que debió declararse nulo dicho dato de prueba, ya que está en contravención al artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales.Es infundado dicho motivo de disenso.El Juez responsable, a ese elemento de prueba en particular, le otorgó eficacia probatoria- pues fue emitido por un funcionario con base en sus atribuciones de órgano investigador de que lo enviste el artículo 21 Constitucional, que precisa expresamente que la representación social tiene a su cargo la investigación de las conductas aparentemente delictivas y tendrá bajo su conducción a los elementos policiacos respectivos, quienes la auxiliarán válidamente en el ejercicio de tal función. Por ende, no se estima que el Juez responsable haya equivocado al otorgar esa apreciación al medio de prueba en comento, pues el referido agente lo obtuvo, en uso de sus facultades investigativas y dada la atribución que le otorga el referido numeral Constitucional.Finalmente, en cuanto a que se vulneró el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le repite, dicha normativa no es aplicable al caso.Quinto concepto de violación Dice el aquí quejoso, que no estuvo presente su entonces defensor al momento de que le tomaron muestras para perfil genético que después se comparó con el tomado de la manivela del vehículo de la víctima, del volante y de una lata de refresco de cola que se encontraba en su interior. Que con ello se vulneró 274 del Código Nacional.Es infundado dicho motivo de disenso. Ello, pues como se expuso en audiencia, fue obtenida muestra hasta que el entonces defensor (público) del aquí quejoso, estuvo notificado de la fecha propuesta para su toma.Además, como ya se le había indicado, el referido numeral deviene inaplicable al caso sujeto a estudio, por las razones que ya le fueron externadas.Conclusión Por lo tanto, al resultar debidamente fundado y motivado el auto de vinculación a proceso reclamado, pues se expusieron los razones y normas que demostraron, en grado de probabilidad, la comisión de los delitos mencionados y la participación del aquí quejoso en su comisión, al no estar demostrada en su favor, hasta este momento, alguna excluyente de incriminación, ni la extinción de la pretensión punitiva y al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos, lo procedente es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal, con relación al auto de vinculación a proceso dictado en su contra por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, el catorce de diciembre de dos mil veintidós, en la causa penal *******, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de a) homicidio calificado previsto y sancionado, sin prejuzgar, en los artículos 123, 124, 127, 136, fracciones III y VI, del Código Penal para el Estado de Chihuahua y el delito de b) robo agravado previsto y sancionado, sin prejuzgar, en los artículos 208, fracción II, 211, fracciones I y II, así como 212 fracción III, del Código Penal para el Estado de Chihuahua.Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve:Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, con relación al acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando quinto de esta sentencia.Notifíquese: mediante oficio a la autoridad responsable y a la agente del ministerio Público tercera interesada- y por lista electrónica a las demás partes, al haberse emitido esta sentencia en su propia fecha.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado de autos se advierte que el día de hoy se encuentra determinada la celebración de la audiencia constitucional. Sin embargo, aún se encuentran pendientes las notificaciones ordenadas en auto de treinta de los actuales, a efecto de que si las partes ahí precisadas lo estiman necesario, puedan consultar el contenido de los discos remitidos por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, Estado de Chihuahua en funciones de Juez de Control, con residencia en esta ciudad. Diferimiento Por lo que, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con treinta minutos del treinta de junio de dos mil veintitrés. Notificación a las partes Finalmente, notifíquese este proveído por lista a las partes, inclusive a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE TREINTA DE MAYO Y EL DIVERSO DE OCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de mayo de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que el ocho de los actuales, se tuvo al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, Estado de Chihuahua en funciones de Juez de Control, con residencia en esta ciudad, dando cumplimiento al requerimiento efectuado el veintiocho de abril del año en curso, pues envió dos discos ópticos relativos a las videograbaciones en que se formuló imputación al quejoso, se fijó fecha para celebración de audiencia de vinculación o no a proceso, la propia audiencia de vinculación a proceso y donde se fijó plazo para el cierre de investigación. Así, con los discos compactos en comento, se ordenó dar vista a las partes, a fin de que si lo estimaban necesario, pudieran consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho conviniera. Se ordena notificación personal Sin embargo, la notificación relativa se ordenó y se realizó únicamente a través de lista electrónica, por lo que, a fin de no vulnerar las formalidades esenciales del procedimiento en perjuicio de las partes que concurren a este juicio, se ordena notificarles el proveído en cita, de manera personal, a efecto de que, si lo estiman pertinente, puedan consultar el contenido de dichos discos compactos. Notifíquese a los terceros interesados vía correo electrónico, a las direcciones propuestas; al agente del Ministerio Público adscrito vía correo electrónico; y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe. Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de mayo de dos mil veintitrés. Da cumplimiento Agréguense a los autos el oficio y discos enviados por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, Estado de Chihuahua en funciones de Juez de Control, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales da cumplimiento al los requerimiento efectuado el veintiocho de abril del año en curso, pues envía dos discos ópticos relativos a las videograbaciones en que se formuló imputación al quejoso, se fijó fecha para audiencia de vinculación o no a proceso, la propia audiencia de vinculación a proceso y donde se fijó plazo para el cierre de investigación. Vista con disco Dese vista a las partes con los discos compactos remitidos por la autoridad de referencia, a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) con número de registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época que establece: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la Titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de febrero de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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