Luis Ricardo Rodríguez Rodríguez

Expediente 1179/2014 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 13 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1179/2014
Año
2014
Actuaciones
13
Última actuación
02/09/2016

Partes del expediente

  • Luis Ricardo Rodríguez Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Luis Ricardo Rodríguez Rodríguez, sin anexos, mediante el cual solicita le sean devueltos los documentos que exhibió en el presente asunto, por conducto de la persona que indica. Atento a lo anterior, como está ordenado en auto de seis de junio del presente año (fojas 232 y 233), hágase devolución de los documentos en comento, por conducto de la persona que señala el promovente en el ocurso de cuenta. Se informa que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas, de lunes a jueves.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de once de mayo de dos mil dieciséis (fojas 218 a 222), que declaró la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que sí existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Toda vez que en autos constan documentos en original exhibidos por la parte quejosa, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas, de lunes a jueves.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso b, de la nueva Ley de Amparo hago efectivo el apercibimiento contenido en el aviso de siete de junio de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, por lo que se ordena la notificación del auto de seis de junio de dos mil dieciséis, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA LUIS RICARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, publicada el diez de junio de dos mil dieciséis, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, que dice: "Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de once de mayo de dos mil dieciséis (fojas 218 a 222), que declaró la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que sí existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Toda vez que en autos constan documentos en original exhibidos por la parte quejosa, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas, de lunes a jueves."

  4. Principal

    A las nueve horas del doce de mayo de dos mil dieciséis, el suscrito licenciado Fernando Priorio Nagel, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hago constar que procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, el auto de once de mayo de dos mil dieciséis, dictado dentro del Juicio de amparo 1179/2014-ÚNICA; al tercero interesado ILEANA CRUZ ALCARAZ; en cumplimiento al auto de VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE, dictado dentro del presente juicio de garantías. Con fundamento en los artículos 26, 27 29 de la Ley de Amparo, en Ensenada, Baja California, que dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio registrado con el folio 6967 (fojas 204 a 213), la autoridad responsable 1. Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, expresó su imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si existe imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 1a./J. 90/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 140, tomo XXV, junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, cuya sinopsis es: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable a la 1. Juez Primero del Ramo Familiar del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, de quien reclamó lo siguiente: "[.] Del Juez Primero del Ramo Familiar del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, el acuerdo de siete de julio de dos mil catorce, emitido en el expediente 928/2014-B, mediante el cual estableció un régimen de convivencias entre los quejosos. [.]" Ahora bien, mediante ejecutoria de treinta y uno de marzo del presente año, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: "[.] En estricto acatamiento a lo dispuesto en el artículo 77, de la Ley de Amparo, se determinan los efectos de la ejecutoria que concedió el amparo y las medidas que la responsable debe adoptar para asegurar su cumplimiento y la restitución de la parte quejosa en el goce del derecho violado. Los lineamientos correspondientes a cada uno de los temas, que se identifican mediante los rubros respectivos: a) Determinación precisa de los efectos de la sentencia que concede el amparo I. Deje insubsistente el auto de siete de julio de dos mil catorce en el expediente 928/2014; y II. En su lugar, dicte un nuevo acuerdo en el que se pronuncie respecto del régimen provisional de convivencia entre Luis Ricardo Rodriguez Rodríguez y su menor hijo Emiliano Rodríguez Cruz, tomando en cuenta elementos como la edad, necesidades y costumbres del menor involucrado; el tipo de relación que mantiene con el padre no custodio; los orígenes del conflicto familiar; la disponibilidad y personalidad del padre no custodio; la distancia geográfica entre la residencia habitual del menor de edad y la del padre no custodio, así como las manifestaciones vertidas por el padre del menor en su demanda inicial; y, en general, cualquier otro factor que le permita discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para dicho menor de edad; III. Asimismo de resultar necesario, recabe de oficio todos los medios de prueba que considere pertinentes de acuerdo a las circunstancias del caso y a las necesidades del menor para resolver lo relativo a los derechos de convivencia con su progenitor, atendiendo al interés superior del menor y requiera a la madre del menor, para que permita y facilite que se lleve a cabo tal convivencia provisional, haciéndole saber las penas en que podría incurrir por desacato a la autoridad y, sobre todo, concientizándola de que el derecho de convivencia es una prerrogativa superior del niño y no puede impedirse injustificadamente. b) Medidas para asegurar el estricto cumplimiento de la ejecutoria. De conformidad con lo establecido por los artículos 192, 193, 258 en relación con el 238 y 239, todos de la Ley de Amparo, requiérase sin demora a la responsable, para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Asimismo, se remitirá el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su cargo y consignación. [.]" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficio registrado con el folio 6967 (fojas 204 a 213), la autoridad responsable 1. Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, informó su imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con las copias certificadas de diversas constancias relativas al expediente 928/2014-B de su índice; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, en cumplimiento a la referida ejecutoria de amparo, la autoridad responsable 1. Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, informó la imposibilidad jurídica que tenía para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, habida cuenta que con fecha doce de junio de dos mil quince, tuvo al aquí quejoso por desistido de la instancia dentro de los autos del expediente 928/2014-B de su índice, y ordenó el archivo definitivo del mismo como asunto concluido. Por lo que atendiendo a que es obligación del suscrito fundar y motivar la resolución que califique si la sentencia está o no cumplida en sus términos, sin excesos ni defectos, lo que conlleva a analizar de manera oficiosa el mismo, aun cuando no hubiesen desahogado la vista expresando su desacuerdo con los términos expuestos por la autoridad responsable en relación con la imposibilidad jurídica para cumplir; además -dicho análisis- debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin tomar en cuenta aspectos novedosos que no fueron analizados por la juzgadora de amparo; bajo ese orden de ideas, es de considerarse que la ejecutoria de amparo es de imposible cumplimiento. Así pues, de la ejecutoria de amparo se desprende que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, esto es, se constriñó a la Juez a dejar insubsistente el auto de siete de julio de dos mil catorce, y en su lugar, emitiera uno nuevo en el que se pronunciara respecto del régimen provisional de convivencia entre Luis Ricardo Rodríguez Rodríguez y su menor hijo Emiliano Rodríguez Cruz, tomando en cuenta elementos como la edad, necesidades y costumbres del menor involucrado; el tipo de relación que mantiene con el padre no custodio; los orígenes del conflicto familiar; la disponibilidad y personalidad del padre no custodio; la distancia geográfica entre la residencia habitual del menor de edad y la del padre no custodio, así como las manifestaciones vertidas por el padre del menor en su demanda inicial; y, en general, cualquier otro factor que le permitiera discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para dicho menor de edad; asimismo de resultar necesario, recabara de oficio todos los medios de prueba que considere pertinentes de acuerdo a las circunstancias del caso y a las necesidades del menor para resolver lo relativo a los derechos de convivencia con su progenitor, atendiendo al interés superior del menor y requiera a la madre del menor, para que permita y facilite que se lleve a cabo tal convivencia provisional, haciéndole saber las penas en que podría incurrir por desacato a la autoridad y, sobre todo, concientizándola de que el derecho de convivencia es una prerrogativa superior del niño y no puede impedirse injustificadamente. Sin embargo, mediante acuerdo de doce de junio de dos mil quince, pronunciado en el expediente 928/2014-B, la Juez responsable decretó el desistimiento de la instancia y ordenó el archivo definitivo de dicho juicio. En ese contexto, en la especie se actualiza una imposibilidad jurídica y material para cumplir con la ejecutoria de amparo, pues sobrevino una causa o situación ajena al proceso, que ha modificado las circunstancias conforme a la cuales se emitió el fallo motivo de análisis; por tanto, el suscrito estima que no habrá posibilidad de que se llegue a ejecutar y que exista una resolución que la declare cumplida o no. Pues se reitera que la sentencia protectora no puede cumplirse, por razones jurídicas y materiales, debido a que en el presente caso existe imposibilidad de acatar la sentencia protectora, es decir, no es posible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida. La anterior afirmación cobra sustento en el hecho de que a partir del análisis de las condiciones del caso en concreto -la sentencia de amparo no puede ser cumplida en sus términos- dado que a la fecha en que causó ejecutoria, había cambiado la situación jurídica, con motivo del desistimiento por el quejoso, esto es, que procediera a dejar insubsistente el auto de siete de julio de dos mil catorce, y que emitiera uno nuevo. Es aplicable a lo anterior, la tesis 2ª./J.2/2008, consultable a página 431, tomo XXVII, enero de dos mil ocho, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia." En consecuencia el suscrito procede a declarar la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, de conformidad con el artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo, pues el motivo que dio origen a la concesión del amparo. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.

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