Luis Ricardo Ponce Casillas

Expediente 736/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
736/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje
  • Luis Ricardo Ponce Casillas y Otros.
  • Luis Ricardo Ponce Casillas

Actuaciones

  1. Principal

    Visto para resolver el Juicio de Amparo ********************, promovido por ********************, contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la localidad; y, R e s u l t a n d o: Primero. Que mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés y turnado a este juzgado en la misma fecha, ********************, promovió juicio de amparo, contra actos de la autoridad, Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la localidad, a quien reclamó: -La denegatoria de justicia y dilación procesal dentro de los autos del juicio laboral ********************, del índice de la autoridad responsable, ya que desde el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, no se tiene movimiento alguno, por lo que en fecha once de junio de dos mil veintitrés, la parte quejosa interpuso promoción, solicitando se abriera el período de alegatos y se dictara un acuerdo donde quedaba cerrada la instrucción, situación que a la fecha no ha ocurrido. Segundo. Por auto de dos de agosto de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de que se trata, por lo que se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le compete y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual cumplidos los requisitos legales inició en términos del acta que antecede; por lo que, C o n s i d e r a n d o: Primero. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es constitucional y legalmente competente para conocer y fallar este juicio de derechos fundamentales indirecto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracción III, de la Constitución Federal; 1, 33, fracción IV, 35, 37 y demás relativos de la Ley de Amparo; 49, 50 y 61, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que la omisión de la autoridad que la parte quejosa designó como responsable reside en esta Ciudad, por lo que, es competente para conocer del juicio, el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto se omitió, lugar donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General en cita. Segundo. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la quejosa exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así pues, el examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son: -La denegatoria de justicia y dilación procesal dentro de los autos del juicio laboral ********************, del índice de la autoridad responsable, ya que desde el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, no se tiene movimiento alguno, por lo que en fecha once de junio de dos mil veintitrés, la parte quejosa interpuso promoción, solicitando se abriera el período de alegatos y se dictara un acuerdo donde quedaba cerrada la instrucción, situación que a la fecha no ha ocurrido. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por el aquí impetrante, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." Tercero. La autoridad responsable, Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la localidad, al rendir su informe con justificación, convino en la existencia de los actos reclamados, en el juicio laboral ********************, de su índice, por la omisión de desahogar dentro del plazo legal, la totalidad de las pruebas admitidas en el referido expediente laboral, sin que se abriera el período de alegatos y se dictara un acuerdo donde quedaba cerrada la instrucción, situación que a la fecha no ha ocurrido. En tal sentido, de dicho informe se advierte que son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable, en virtud de que mediante auto de fecha seis de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ******************** de su índice, mediante el cual se señaló que no quedaban pruebas pendientes de desahogar en el juicio natural, se les concedió a las partes un término de dos días, a fin de que formularan sus alegatos, apercibiéndoseles que de no hacerlo así, se les tendría precluído su derecho. Probanza descrita a la que se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por tanto, se presumen ciertas las omisiones que se le atribuyen a la autoridad responsable ordenadora, Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en la localidad, de conformidad con el artículo 117, de la Ley de Amparo. CUARTO. Siendo el estudio de las causales de improcedencia de orden público, y aún oficioso, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, el suscrito Juez de Distrito, se avoca al estudio de la que se advierte en la especie. Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que puede ser consultada en la página 553, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo VI, Parte TCC, correspondiente a la Octava Época, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, es pertinente citar el contenido del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de la Materia, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI.Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto descrito, establece que el juicio de amparo resulta improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto materia del reclamo. En la especie, la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en la localidad al rendir su informe con justificación, remitió como complemento al mismo, copia certificada del auto de seis de septiembre de dos mil veintitrés, ordenó la apertura del periodo de alegatos y la concesión del termino de dos días hábiles para que los formularan, emitido en los autos del juicio natural. Documental pública a la cual, se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º. En esa tesitura, si la petición de la parte quejosa que es objeto de esta controversia constitucional, ha sido ya resuelta por la autoridad responsable para ello, en el caso, Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en la localidad, es patente que han cesado los efectos de los actos reclamados, actualizándose en la especie, la causa de improcedencia del presente juicio de amparo, contemplada en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en razón de que los efectos de los actos reclamados han cesado, y por ende, ya no existe materia sobre la cual resolver en este juicio de garantías, motivo por la cual, con fundamento en el artículo 63, fracción V, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías. Lo anterior es así, en virtud de que la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en la localidad, remitió conjuntamente con su informe, copia certificada del auto de seis de septiembre de dos mil veintitrés, pronunciado en el juicio natural, donde acordó que no quedan pruebas pendientes por desahogar en el expediente natural, por lo que, con fundamento en el artículo 884, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo, se les concedió a las partes un término de dos días hábiles a fin de que formularan sus alegatos, apercibiéndoseles que de no hacerlo así, se les tendría por precluído su derecho. De ahí que se actualice en la especie, la cesación de los actos materia del reclamo. Es aplicable al respeto, el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que se aplica de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la cual fue emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 38, del tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena época, que rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. De conformidad con el considerando cuarto de esta sentencia, se SOBRESEE en el juicio de garantías promovido por ********************, contra los actos y la autoridad responsable que quedó precisada en el considerando tercero de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vistos el oficio y anexo de cuenta, agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan. Así, atento a su contenido se tiene a la autoridad, Junta Especial Numero Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, rindiendo informe justificado, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrar la audiencia constitucional, por lo que se ordena dar vista con ello a las partes para que se impongan de su contenido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley de Amparo. Ahora bien, se tiene por recibida la documental que la autoridad exhibe en calidad de medio probatorio para sostener lo dicho en su informe, la cual, será tomada en consideración en el momento procesal oportuno; ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Asimismo, en términos del artículo 9, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a los profesionistas que se indican; y, como domicilio procesal el señalado para tal efecto. Toda vez que el presente informe no fue rendido con la anticipación a que alude el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes, se impongan de su contenido y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar pruebas que estimen pertinentes; por lo que, con fundamento en el precepto en mención, el suscrito Juez ordena de oficio el diferimiento de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL que habría de celebrarse en esta fecha, y para que tenga verificativo la misma, se señalan las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. XXVI/98, consultable en la página 409, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de marzo de 1998, Novena Época y que textualmente dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON LA OPORTUNIDAD DEBIDA DE OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA, Y NI EL QUEJOSO NI EL TERCERO PERJUDICADO TIENEN PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo, sino que relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y a la vez se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. Razón por la que esta Sala no comparte el criterio sustentado por la Primera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte, al resolver la contradicción de tesis 19/89." NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se reciben el oficio de la junta responsable, y agréguense a los autos para los efectos legales que procedan. En atención a lo que solicita, se concede una prórroga de diez días, contados a partir de su notificación, a fin de que remita el informe justificado requerido. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, dos de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Luis Ricardo Ponce Casillas, y anexo que acompaña, contra actos de la H. Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, fracción I, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo en sus términos. Fórmense expediente electrónico; regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el orden 736/2023-I-B. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Por otra parte, a la autoridad señalada como responsable se le requiere su INFORME CON JUSTIFICACIÓN, que deberá rendir dentro del término de quince días, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, apercibida que de no rendir el informe se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley, según lo dispuesto en el numeral 117 de la ley de la materia; asimismo, se le apercibe que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, así como acorde a lo estipulado en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso arábigo 260, fracción II, de la ley federal que rige en la materia. Ahora bien, se hace saber a las autoridades responsables, que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, tiene como objeto, garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, sindicatos, incluso, de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal. En tal sentido, atento a lo señalado por sus artículos 3º, fracción X, 4° y 7°, se deben respetar los datos personales sensibles o protegerlos, según sea el caso, entendiéndose como tales, aquéllos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste, señalando de manera enunciativa y no limitativa, a los datos personales que puedan revelar aspectos como el origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual; lo que será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que obren en soportes físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización; y, además que, por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de su titular, o en su defecto, se trate de los casos establecidos en el artículo 22 del cuerpo normativo en comento; precisándose que en caso de tratarse de menores de edad, se deberá privilegiar al interés superior de la niña, niño y adolescente. No obstante lo expuesto, el responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a las establecidas en el aviso de privacidad, siempre y cuando, cuente con las atribuciones conferidas en la ley de la materia y medie el consentimiento del titular, salvo que sea una persona reportada como desaparecida, de conformidad con el artículo 18, de la referida norma legal, lo anterior, hasta en tanto se adecue a dicha norma, la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, de conformidad con el artículo segundo transitorio, de esa norma general. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 64, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, apercibiéndoles que de no hacerlo, con apoyo en el diverso numeral 251 de la Ley de Amparo, se le impondrá a la omisa como medida de apremio multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 246 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde, entregándole copia simple de la demanda. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir documentos y notificaciones de la parte QUEJOSA, el ubicado en calle Rafael Alberto Arrieta número 2512-1 del Fraccionamiento Misiones del Portal, en esta ciudad; Se le tiene designando para oír notificaciones e imponerse de autos a los licenciados Jesús Manuel Ruiz Martínez, Adrián Rascón Quezada y Brenda Nataly Gudian Núñez y solo para oír notificaciones a Efrén Alejandro Gómez Chávez, asimismo, proporciona el número telefónico y correo electrónico señalado en la demanda de cuenta. Por otro lado, se tiene al Instituto Mexicano del Seguro Social, como parte tercera interesada, en términos del artículo 5º, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, quien tiene su domicilio en calle Avenida licenciado José Reyes Estrada, anillo envolvente del Pronaf, en esta ciudad, en consecuencia, se comisiona al actuario de la adscripción para que notifique en el domicilio señalado, haciéndole saber día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por consiguiente, de conformidad con los artículos 3, 8, Titulo Cuarto Información Clasificada (97-109), Capítulo II, De la Información Reservada (110-112), Capítulo III, De la Información Confidencial (113-117), así como el Capítulo IV, De las Versiones Públicas (118-139), 140 y 141 y con lo dispuesto por el Capítulo I, del Título Séptimo de la mencionada Ley, se deberá proceder, en concordancia con la normativa que rige en lo atingente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en la aplicación de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública." En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes, que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada" o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, de conformidad con el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunado a que las documentales respectivas deberán llevar las leyenda que precisa el artículo 30 del Reglamento de la referida ley. En la inteligencia que de no cumplir con lo anterior, se entenderá que se trata del supuesto previsto en el último párrafo del artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es decir, que se trata de versiones públicas y consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta, bajo la total responsabilidad de la parte que las exhiban, debiendo asumir las consecuencias legales que deriven de ello. Apercibidas que en caso de no hacerlo, como se indica, cualquier divulgación de información será atribuible únicamente a la parte que lo hubiese exhibido, debido al incumplimiento de las medidas que se encuentran obligadas a observar, haciéndose además, acreedoras a una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo. Por tanto, se hace saber a las partes que la sentencia ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información aludido que establezcan las atribuciones de los órganos en materia de Transparencia, así como los procedimientos de acceso a la Información Pública y protección de datos personales. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de e-Justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Lo anterior, a fin de privilegiar la comunicación a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de modo que los quejosos o terceros interesados deberán indicar el "nombre de usuario" con que cuenten ellos mismos o sus autorizados, a fin de que se autorice su notificación y acceso al expediente electrónico. Lo anterior es así, considerando que la seguridad de los certificados de FIREL y e.firma permiten garantizar la identidad de las personas que los utilizan, las personas justiciables podrán utilizar el aplicativo de firma electrónica generado por el Consejo de la Judicatura Federal para firmar documentos, con independencia de que las promociones que se remitan a través del Portal de Servicios en Línea deberán firmarse electrónicamente desde el propio Portal. El aplicativo de firma electrónica se encuentra disponible en los siguientes enlaces http://portalconsejo.cjf.gob.mx, desde el Portal, y https://w3.cjf.gob.mx/firmaelectronica/ desde Internet. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Por último, se hace del conocimiento de la parte quejosa, que en sesión extraordinaria celebrada el quince de octubre de dos mil veintidós, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogó los acuerdos de contingencia por Covid-19 y regularizó las actividades en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas a través de un nuevo esquema que incorpora los medios electrónicos y soluciones digitales desarrollados por el propio Consejo a través del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo" publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que se puede consultar en el siguiente vinculo: https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2022/pdf/AcuerdoGeneral221014.pdf . En ese tenor, a partir del siete de noviembre del presente año, el público en general puede acudir de manera presencial a los órganos jurisdiccionales, previa cita que deberá tramitar en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a consultar el expediente electrónico, que al efecto se genere en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), dentro del horario de atención al público que será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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