Luis Ricardo Justo Vázquez
Expediente 122/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 122/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Luis Ricardo Justo Vázquez
- LUIS RICARDO JUSTO VÁZQUEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
Se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del proveído de tres de febrero pasado, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda y carecer de relevancia documental.
- Principal
Agreguese el escrito de cuenta, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado como 122/2022. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Expuesto lo anterior, es dable concluir que si la quejosa privada de su libertad reclama cuestiones inherentes a su condición de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe iniciar el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, específicamente el de peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria o el juez correspondiente, según corresponda, Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia por lo que hace a los actos reclamados anteriormente descritos, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en contra del acto reclamado, procede un mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, sin que éste se haya hecho valer antes de la presentación de la demanda de amparo, mediante el cual podría modificarse, revocarse o nulificarse aquél. Por tanto, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°, y en relación al artículo 26, fracción IV, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa la vía electrónica, que podrá consultar a través del usuario -Moises11-. Se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita para que proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que de conformidad con la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo, está obligado a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley en cita, en el plazo máximo de dos días a partir de que este órgano jurisdiccional le envíe las notificaciones generadas en el presente asunto, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas. Apercibido que de no cumplir con lo anterior las notificaciones que le correspondan se realizarán mediante lista de conformidad con la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo que así lo ordene. En virtud de lo anterior, se ordena a los actuarios que para los casos en los que se actualice la hipótesis de que se trata, asienten la razón respectiva a fin de que la notificación correspondiente surta efecto en términos del artículo 31, fracción II, de la ley de la materia. Se autoriza el acceso al expediente electrónico, para lo cual se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado, proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, al usuario - Moises11-. De igual manera, téngase a la parte quejosa proporcionando como domicilio para oír y recibir notificaciones el inmueble que señala en el proemio de la demanda; en la inteligencia de que en aquel únicamente se practicaran las notificaciones que de manera excepcional por su naturaleza deban realizarse en tal forma en términos del segundo párrafo, fracción II, del artículo 30 de la ley de la materia. Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis María Diez de Urdanivia Barrientos y Rosario Stephany Romero Perea, toda vez que cuentan con registro de sus cédulas profesionales que las acreditan como licenciadas en Derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, tocante a las restantes personas, únicamente para oír y recibir notificaciones, e imponerse de los autos, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional que los acredita como licenciados en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación. Tomando en consideración que mediante decreto publicado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones en materia penal, entre ellas la relativa al artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 12. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. En razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional del Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, y San Pedro Cholula, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce a la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcoatl; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada; si así se señala. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1ª./J 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, de rubro: "DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA." En términos de la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otra parte, como lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, y tomando en consideración dicho fenómeno, a fin de salvaguardar la integridad física del público en general y del personal de este juzgado de Distrito, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal. Finalmente, se hace notar que conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis enero de dos mil diecisiete; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos.
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