Luis Ricardo Estrada Diaz
Expediente 814/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 814/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Luis Ricardo Estrada Diaz
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio con que el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, remite copia certificada de la resolución dictada en la queja 232/2018 de su orden cronológico, de la que se desprende la Superioridad declaró infundado el medio de defensa interpuesto contra el auto de tres de octubre del año en curso, donde fue desechada la demanda que dio origen a este sumario (fojas 13 a 20).
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta. En atención a su contenido, téngase a la Superioridad haciendo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que por proveído de dieciocho de los actuales, admitió el recurso de queja interpuesto por el autorizado del quejoso ********** contra el auto de desechamiento de tres de octubre último (fojas 13 a 20).
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta, por medio del cual *********** (autorizado de la parte quejosa) interpone recurso de queja en contra del auto de tres de octubre del año en curso, en el que se desechó la demanda que dio origen al presente asunto (fojas 13 a 20). En consecuencia, con fundamento en lo que disponen los preceptos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe y dígase a la superioridad que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. En virtud de lo anterior, remítase el ocurso original de agravios por el que interpone queja al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, con residencia en Xalapa, Veracruz, así como testimonio certificado de las constancias relativas al presente asunto para la sustanciación del mismo.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del **********, con sede en **********. Fórmese expediente y regístrese con el número 814/2018-VI en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de causas de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizarán a continuación. De la lectura integral de la demanda, se advierte la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: La resolución de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, relativa al recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso contra la negativa de resolver un incidente de cancelación de pensión, por cambio de situación jurídica, en la cual el Juez responsable negó el dictado de la interlocutoria correspondiente que anule el porcentaje de pensión del doce punto cincuenta por ciento (12.50%) sobre el sueldo y demás prestaciones que percibe el impetrante del amparo como médico en sus dos fuentes laborales, decretado en favor de la aquí tercera interesada en su carácter de esposa. Desprendiéndose que el motivo de dicha negativa, es que se pretende celebrar una tercera audiencia dentro del incidente de cancelación de pensión. Dicho acto tiene como antecedentes los siguientes: **********(tercera interesada), por propio derecho y en representación de sus tres hijos menores de edad, demandó en la vía ordinaria civil el pago de pensión alimenticia, a ********** (quejoso), radicada en el Juzgado ********** con el número de expediente **********. Seguido el juicio en todas sus etapas, por resolución del Tribunal de Alzada, se condenó al demandado, aquí quejoso, al pago de un cincuenta por ciento (50%) sobre el sueldo y demás prestaciones que percibe el impetrante del amparo como médico en sus dos fuentes laborales, en favor de sus cuatro acreedores alimentarios -********** y sus tres hijos menores de edad- (12.50% para cada uno). En dos mil dieciséis, **********, promovió el divorcio, mismo que aduce le fue concedido. Por lo que en junio de dos mil dieciocho, formuló ante el juez responsable, incidente de cancelación de pensión, por cambio de situación jurídica. Se señaló fecha y hora para celebrar la audiencia de desahogo de pruebas correspondiente, en la cual el juez natural se negó a dictar la resolución, en razón que se advierte ordenó el desahogo de diversas pruebas que indica son indispensables para resolver el incidente. Asimismo, el quejoso aduce se han celebrado dos audiencias y se pretende una tercera. Lo cual considera es violatorio de sus derechos humanos, pues al no haberse emitido la resolución correspondiente, se le continúa obligando al pago de una pensión en favor de la aquí tercera interesada. De lo anterior se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que establece, el juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." En relación con lo anterior, se atiende al diverso 107, fracción IV, de la ley de la materia, que prevé que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De ahí que el peticionario de amparo debe esperar hasta la emisión de la última resolución en el incidente de cancelación de pensión que promovió en la sección de ejecución dentro del expediente ********** del índice de la autoridad señalada como responsable. Ello para interponer el juicio de amparo haciendo valer en ese momento todas las violaciones que se hubieran cometido, en este caso las relativas a la preparación y desahogo de pruebas, lo cual aduce dilata la resolución definitiva respecto a si procede o no la cancelación de la pensión alimenticia decretada en favor de su esposa consistente en **********(**********%)... En efecto, si bien la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos: a) ejecutados después de concluido; b) de ejecución de sentencia, y c) tratándose de remates. Hipótesis dentro de las cuales, sólo pueden considerarse contemplados en el primer rubro, aquellos que sean autónomos y que no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como acontece, por ejemplo, con el arresto dictado como medida de apremio o la interlocutoria que fija la cantidad líquida. En la segunda hipótesis, respecto de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; y, en la última hipótesis, aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Así, en el caso en comento no se reúnen tales características, pues se obtiene de la narrativa de antecedentes que la resolución reclamada de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, relativa al recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso, donde se negó el dictado de la interlocutoria correspondiente únicamente tiene como finalidad lograr el desahogo de diversas pruebas en el incidente de cancelación de pensión promovido en sección de ejecución, que son necesarias para emitir la determinación y no se trata de la resolución que ponga fin al incidente. Razones por las cuales, si en esa etapa ejecutiva la ley no distingue, no es dable hacerlo y, por ende, sólo podrá interponerse el juicio de amparo contra la última resolución de la incidencia en comento, en la que se podrán reclamar las violaciones cometidas durante dicho procedimiento. Por ello, se itera, tratándose de actos emitidos en un incidente promovido en la etapa de ejecución, sólo pueden ser reclamados en el amparo que se promueva contra la última resolución, entendida como aquélla que declare procedente o no, la cancelación de la pensión, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante la tramitación de la incidencia. Lo que se traduce en que ese será el momento en que podrá configurarse la hipótesis contenida en el ordinal 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, para que en su contra proceda el juicio de amparo indirecto. Lo anterior, dado que la intención del legislador fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de amparo se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público, ni se puede estimar vulnerado un derecho sustantivo ajeno a la cosa juzgada, por eso de aceptar la procedencia del amparo se trastocaría la intención del legislador de evitar la detención de la etapa ejecutiva. Por el contrario, al permitir que se continúe el trámite de cumplimiento se prestigia lograr la eficacia de lo fallado y ya será al final, resarcido el vencedor del litigio, cuando quien se considere afectado podrá cuestionar alguna violación en el proceso y de acreditarla ser restituido en su derecho. En el entendido que lo reclamado no puede ser conceptuado como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto. En el caso la última resolución en el incidente sería la que determine en su caso si en efecto se da un cambio de situación jurídica para impedir la ejecución de la sentencia (pago de pensión alimenticia). De ahí que, la pretensión efectuada se estima ineficaz. En efecto, cuando se produce una violación que llegue a trascender a las defensas de la parte quejosa, las violaciones aún serán susceptibles de reparación, una vez que se reclamen en términos del dispositivo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, al promoverse, en su caso, amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución...Por su parte, cabe precisar que respecto del hecho que al aquí quejoso se le continúen realizando los descuentos por concepto de pensión en favor de la tercera interesada, es un acto tendente a lograr el cumplimiento de la cosa juzgada. Por ende, no es susceptible de trasgredir alguno de los derechos fundamentales que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera, porque esta afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una resolución favorable a sus pretensiones en la sección de ejecución (en el caso, dentro del procedimiento seguido en el incidente). En tanto que los actos de ejecución reparables no tocan por sí tales valores, sino sólo la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la incidencia, en la medida que influyen para que ésta sea adversa a los intereses del agraviado. Lo anterior, pues como se dijo, los descuentos por concepto de pensión en favor de la tercera interesada, que se realizan al quejoso, son actos tendentes a lograr el cumplimiento de una sentencia que se encuentra firme. Por tanto, se considera que el acto combatido tiene el carácter de una violación procesal en términos del artículo 170 de Ley de Amparo, al versar sobre aspectos de trámite, como lo es que el amparista, interpuso recurso de revocación contra la negativa de dictar la interlocutoria correspondiente, en el que aduce el motivo es que el Juez responsable determinó falta el desahogo de diversas pruebas para resolver. De ahí que, en el caso concreto se trata de un reclamo meramente procedimental dentro de un incidente promovido en sección de ejecución y el cual no lo deja sin defensa. Si bien el Juez responsable negó dictar la interlocutoria por ser necesario, previo a ello, el desahogo de diversas pruebas, también lo es que tal acto, como se explicó no afecta derechos sustantivos del peticionario de derechos humanos. Pues éste no puede verse de forma autónoma, porque se trata en todo caso, de una violación adjetiva dentro del trámite del incidente que nos ocupa. En consecuencia, si no se está ante la última resolución dictada en un incidente promovido por el aquí quejoso en la sección de ejecución del juicio ordinario civil, se hace incuestionable que en el caso se actualiza plenamente la causa de improcedencia, prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al 107, fracción IV, de la ley en cita; por lo que procede desechar la demanda de mérito por notoria y manifiesta improcedencia, de conformidad con lo establecido en el referido artículo 113 de la Ley de Amparo...Notifíquese personalmente.
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