Luis Reyes Paolero
Expediente 259/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 7 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 259/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 01/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Luis Reyes Paolero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; uno de junio de dos mil veintitrés. SE DECLARA CUMPLIDA EJECUTORIA. Visto el estado de los autos, se advierte que la parte quejosa no realizó manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, dentro del lapso que se le concedió, razón de lo anterior, resulta procedente que este juzgado realice el análisis del mismo. De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, la sentencia que concede el amparo tendrá por objeto restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos violados, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. En la sentencia pronunciada por este juzgado el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ***, para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, realizara lo siguiente: o Ordenara a quien correspondiera la emisión inmediata del laudo en el expediente laboral ***, de su índice, en términos de ley, considerando que habían transcurrido casi doce meses desde que se cerró la instrucción. Por auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés se declaró firme la sentencia emitida en este juicio, y se requirió a la autoridad responsable su inmediato cumplimiento. Mediante oficio recibido el veintiséis de abril del año en curso, se tuvo a la responsable informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y remitiendo las documentales certificadas que acreditaban dicha circunstancia. De las referidas constancias, las cuales merecen valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que el veintidós de marzo pasado, se dictó laudo en el juicio laboral ***, de su registro, mismo que fue debidamente notificado a las partes de aquel contradictorio. Por lo tanto, se concluye que se ha cumplido con la sentencia de amparo pronunciada en este juicio, pues como se precisó en líneas que anteceden la responsable acató los efectos plasmados en la sentencia concesoria, en consecuencia, procede declarar que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO y dejar a salvo los derechos de la parte quejosa para que interponga los recursos que considere procedentes contra esta determinación judicial. ARCHIVO Y VALORACIÓN. En ese sentido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es depurable, al tratarse de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional.V
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiocho de abril de dos mil veintitrés. INFORME CUMPLIMIENTO. Se tiene a la Junta Especial Número 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, informando el cumplimiento dado al fallo protector y remitiendo las constancias que apoyan su dicho. En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa con las constancias allegadas por la autoridad oficiante, para que dentro de un plazo de tres días manifieste lo que a su interés convenga, en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que declare si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla.V
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. EJECUTORIA. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo para que la parte interesada interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia mediante la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a *** en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 2 y 86, de la Ley de Amparo, así como el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y la captura en el sistema integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para efectos de estadística. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO. Debido a lo anterior y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Junta Especial Número 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, para que, dentro del plazo de tres días, de cumplimiento al fallo de referencia, lo que deberá de comunicar a este juzgado federal, al igual que las medidas que tome para ese efecto. En el entendido que de no hacerlo se procederá en términos de los artículos 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, es decir, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización, y se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante el juez de distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, como lo establece el numeral 198 de la citada legislación.V
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, siendo las diez horas con un minuto del veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 259/2023-V-A, Bertha Patricia Orozco Hernández, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Hidalgo, quien actúa con el secretario Sergio Sánchez Mejorada Nájera, sin la asistencia de las partes o de persona alguna que las represente; a fin no retardar la pronta impartición de justicia, en cumplimiento a lo estatuido por el artículo 17 constitucional, se considera procedente su celebración de esta manera, toda vez que no fueron ofrecidos medios de prueba que ameriten la presencia de la partes en ella, y de realizarse de manera remota, ocasionaría la dilación en su resolución; sin pedimento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se declara abierta la audiencia. RELACIÓN DE CONSTANCIAS Y PRUEBAS. En términos de lo que establece el primer párrafo del numeral 124 de la citada legislación, se declara abierta la primera etapa de la audiencia constitucional, en la que el secretario hace relación de autos y da cuenta con las siguientes pruebas: 1. De la parte quejosa: 1.1 La instrumental pública de actuaciones. 1.2 La presuncional en sus aspectos legal y humano. 2. De la autoridad responsable Junta Especial Número 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo: 2.1. La documental consistente en copia certificada del acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral ***, e impresión de consultas a tarjetas de control de expedientes. A lo que se acuerda: se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas documentales de cuenta, por así permitirlo su propia y especial naturaleza. Por cuanto hace a las probanzas instrumental y presuncional en su doble aspecto; son admitidas y se tienen por desahogadas, en virtud de que la primera de ellas, se constituye con las constancias que obran en el sumario, mientras que la segunda es consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos y probados al momento de hacer la deducción respectiva; por lo cual, de cualquier forma la presente juzgadora las tomará en consideración al emitir la resolución correspondiente, dado que no tienen vida propia, al ser pruebas que se obtienen del seguimiento del juicio. Al no existir probanzas pendientes que desahogar, se cierra el periodo relativo a la relación de constancias y la recepción de pruebas. ETAPA DE ALEGATOS. En términos de lo que establece el primer párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la etapa de alegatos, en la que se hace constar que ninguna de las partes formuló alegato alguno. A lo que precede, se acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresarlos, en virtud de no haberlo hecho en el momento procesal oportuno; en esas condiciones, se declara cerrado el periodo. RESOLUCIÓN. Relacionadas las constancias, recibidas las pruebas y sin alegatos, se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA. Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 259/2023-V-A, promovido por ****, por propio derecho, contra un acto de la Junta Especial Número 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo. ANTECEDENTES. PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Dicho escrito fue presentado por ****, el veinte de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Hidalgo, vía buzón judicial. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO. Por razón de turno, correspondió conocer de dicha demanda a este juzgado federal; por lo que, mediante proveído de veintiuno de febrero del año en curso, se radicó bajo el número de expediente 259/2023-V-A; se admitió a trámite; se requirió a la autoridad responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se verificó al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES JURÍDICAS. PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado de distrito tiene competencia legal para conocer del presente juicio, de conformidad con lo establecido en los numerales 33, fracción IV, 35 y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior, en virtud de que se reclama un acto de naturaleza negativa (omisión) que carece de efectos positivos, es decir, se trata de un acto que no requiere de ejecución material; por tanto, si la demanda en cuestión se presentó dentro de la jurisdicción de este juzgado federal, resulta patente que es competente para conocer de ella. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con el propósito de hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia que asiste a todo gobernado y de no hacer nugatoria la defensa del quejoso, para la correcta fijación de la litis constitucional, el órgano de amparo debe analizar e interpretar el escrito de demanda y ampliación de la misma en su integridad, atendiendo siempre a la intencionalidad de su autor, armonizando su contenido, con la totalidad de la información del expediente, de tal manera que se logre una adecuada congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tales premisas encuentran sustento en la jurisprudencia P./J. 40/2000 y en la tesis aislada P. VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, y Tomo XIX, Abril de 2004, páginas 32 y 255, respectivamente, de epígrafes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Ahora, del análisis integral de la demanda y con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que ***, reclama del Junta Especial Número 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo: JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE HIDALGO AMPARO INDIRECTO 259/2023-V-A La omisión a dictar laudo en el juicio laboral ***. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierta la omisión que se atribuye a la Junta Especial Número 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Además, esa certeza se corrobora con las constancias certificadas que adjuntó al mismo, mismas que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. EXAMEN DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA OMISIÓN RECLAMADA. Es fundado el concepto de violación, como enseguida se analizará. Sustancialmente, aduce el quejoso que la junta responsable viola su derecho fundamental de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, debido a que ha omitido dictar laudo en el expediente ***, en términos de lo establecido en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo. Asiste razón en lo anterior, en la medida que el retardo en el dictado de un laudo es atentatorio de los principios de prontitud y expeditez de la justicia. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la letra dice: Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. . Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. . La norma suprema transcrita, consagra a favor de los gobernados la garantía de expeditez de la administración de justicia por parte de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, quienes se encuentran obligados inexcusablemente a resolver los conflictos sometidos a su potestad de manera pronta, completa e imparcial. Para ello, deben observar además los plazos y términos que fijen las leyes secundarias. En ese sentido, los artículos 714, 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, disponen lo siguiente: Artículo 714. Las actuaciones de las Juntas deben practicarse en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad, siempre que esta Ley no disponga otra cosa. Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. . Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. De estas transcripciones emerge que, en el procedimiento laboral, una vez que concluya el desahogo de todas y cada una de las pruebas ofrecidas por las partes, el secretario auxiliar, de oficio, procederá a declarar cerrada la instrucción y, en consecuencia: a) Formulará por escrito un proyecto de laudo dentro del término de diez días; y, b) Entregará copia de dicho proyecto a cada uno de los miembros de la junta. Por su parte, los miembros de la junta: a) Podrán solicitar que se practiquen las diligencias que juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad, dentro del término de cinco días siguientes al en que reciban la copia del proyecto de laudo; b) En ese supuesto, la junta, con citación de las partes, señalará fecha y hora para el desahogo de las diligencias solicitadas, lo que deberá ocurrir dentro del plazo de ocho días; c) Una vez que transcurra el término de cinco días a que se refiere el inciso a), o el de ocho días señalado en el inciso b), el Presidente de la junta deberá citar a los miembros de ésta para la discusión y votación del proyecto de laudo, lo cual deberá realizarse dentro de los diez días siguientes a aquel en que concluyan los términos referidos en líneas que anteceden; y, d) En caso de que el proyecto formulado por el auxiliar sea aprobado en sus términos, se elevará a la categoría de laudo y será firmado por los miembros de la junta, o bien, si existen adiciones o modificaciones se ordenará al secretario redacte el laudo conforme a lo aprobado, debiendo quedar constancia de ello. Conforme a lo anterior, se tiene que por regla general, el secretario auxiliar de la junta cuenta con un término de diez días contados a partir de aquél en que se haya declarado cerrada la instrucción, para formular el proyecto de laudo correspondiente. Asimismo, la junta responsable cuenta con diez días para aprobar dicho proyecto, mismos que deberán computarse a partir del día siguiente al en que haya fenecido el término de cinco días a que se refiere el segundo párrafo del artículo 886 de la Ley Federal del Trabajo, siempre y cuando no exista solicitud por parte de sus miembros para el desahogo de las diligencias que juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad. En ese orden de ideas, si de las constancias aportadas por la responsable se advierte que el treinta de marzo de dos mil veintidós fue el cierre de la instrucción y se turnaron los autos a proyecto de resolución en el juicio génesis del acto reclamado, y hasta este momento no se ha dictado la resolución correspondiente, entonces, resulta incuestionable que la responsable se apartó de la obligación de emitir su laudo de manera pronta, pues hasta la fecha han transcurrido casi doce meses sin que se resuelva la cuestión que fue sometida a su potestad. Esto es, ese lapso se estima fuera de lo razonable, en comparación con el tiempo con que cuentan las juntas de conciliación y arbitraje para emitir sus laudos. Sin que sea óbice que la responsable haya argumentado en su informe justificado que la omisión reclamada obedece a la excesiva carga de trabajo con que cuenta ese órgano, pues esa circunstancia, además de que no está demostrada, es de naturaleza administrativa e interna del aludido tribunal, por lo que no lo exime de la responsabilidad que le asiste de resolver el proceso laboral de manera pronta; por lo que de ninguna manera se justifica la infracción al artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo, la jurisprudencia IV.3o.T. J/57 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 1283, registro 177266, que dice: JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional". Luego, si en el presente asunto la autoridad responsable aceptó que aún no emite el laudo correspondiente dentro del juicio laboral ***, de su índice, pero el mismo fue turnado para la realización del proyecto correspondiente en auto de treinta de marzo de dos mil veintidós, es incuestionable que ha incumplido con el mandato constitucional de emitir sus laudos de manera pronta. En consecuencia, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a ***, para que la Junta Especial Número 51 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo ordene a quien corresponda la emisión inmediata del laudo en el expediente laboral ***, de su índice, en términos de ley, considerando que han transcurrido casi doce meses desde que se cerró la instrucción. Por lo expuesto, y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ***, con base en los motivos y fundamentos expresados, y para los efectos expuestos en el considerando último de esta resolución...M-V
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