Luis Rey Ríos Barraza
Expediente 766/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 766/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Luis Rey Ríos Barraza
Actuaciones
- Principal
Culiacán, Sinaloa, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron el auto de tres de diciembre de dos mil veinte del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído ha causado estado; por lo que al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia que en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; en el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente no es de valor jurídico ni de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte quejosa: Agréguese el oficio que remite la autoridad responsable por medio del cual rinde informe justificado. Culiacán, Sinaloa, tres de diciembre de dos mil veinte. Con vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, agréguese el informe justificado y documentos anexos rendido por los integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, en el que señalan no son ciertos los actos reclamados. Ahora, en el caso concreto la parte quejosa señala como actos reclamados: La omisión de dar respuesta al escrito que presentó ante la responsable el nueve de mayo de dos mil diecinueve, en el que solicitó se turnaran los autos para laudo y se dictara el mismo, esto, en el juicio laboral OPDL-8-212/2012. De las constancias que remitieron los integrantes de la Junta responsable se advierte que el veintinueve de septiembre del año en curso se dictó el laudo en el juicio laboral OPDL-8-212/2012; documentales que por ser públicas en términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su numeral 2, merecen eficacia demostrativa plena, según lo dispuesto por los ordinales 197 y 202 del primero de los ordenamientos legales citados. En ese sentido, si el reclamo que dio origen al presente sumario consistió en la omisión de acordar el escrito en el que solicitó que se dictara laudo en el juicio laboral de origen y, de las documentales allegadas por la responsable se advierte que el veintinueve de septiembre del año en curso se dictó el laudo en el juicio laboral, esto es, previo a la presentación de la demanda de amparo (catorce de octubre del año en curso), es evidente que el acto reclamado es inexistente. Por lo anterior es que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por ende, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Cabe destacar que la jurisprudencia 1a/J 49/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 49, diciembre de 2017, tomo I, página 386, establece: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ése es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese sentido, el criterio de jurisprudencia invocado no resulta aplicable al caso concreto porque si bien estableció que por regla general la negativa del acto reclamado no constituye causa notoria, manifiesta e indudable para decretar sobreseimiento fuera de audiencia, se refiere a los actos en que la negativa le arroja la carga procesal a la parte quejosa para comprobar la existencia del acto reclamado. Sin embargo, en el caso la autoridad responsable acreditó a través de acto positivo que sí emitió las actuaciones en fecha anterior a la presentación de la demanda de amparo respecto de las cuales se reclamaba su omisión, de ahí que sea innecesario esperar a la celebración de la audiencia porque es patente la causa de sobreseimiento por inexistencia de los actos reclamados. Derivado de lo anterior, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sin que sea impedimento que el reclamo consista en la omisión de acordar lo conducente respecto del escrito presentado por la parte quejosa ante la responsable, pues en ese escrito solicitó se dictara el laudo en el juicio laboral, lo que como ya se vio, ocurrió el veintinueve de septiembre pasado, por lo que ningún sentido tendría que se le diera respuesta. Sin que sea obstáculo para decretar el sobreseimiento, el que sea fuera de la audiencia constitucional, pues son claras y evidentes las actualizaciones de las causales de improcedencia que conducen al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar ésta, la conclusión sería la misma, por lo que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Atento a lo anterior, se deja sin efectos lo ordenado por proveído de diecinueve de octubre de la presente anualidad, única y exclusivamente en lo concerniente al señalamiento de la audiencia constitucional para las nueve horas con diez minutos del ocho de diciembre del año en curso. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Del estado de autos se advierte la concesión de amparo a la parte quejosa en sentencia terminada de engrosar el ocho de marzo de dos mil diecinueve, en la cual se determinó: DÉCIMO. Efectos de la protección constitucional otorgada respecto del acto de aplicación. La tutela constitucional concedida será para el efecto que: Se permita a la causante Noroeste Motorrs, Sociedad Anónima de Capital Variable, únicamente respecto de la declaración anual de impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete, el reconocimiento de efectos fiscales al fenómeno inflacionario que impacta el valor de la adquisición de las mercancías, materia prima, productos semiterminados o terminados que forman parte del costo de lo vendido, mediante la actualización de dichos valores, hasta el momento en que se lleve a cabo la enajenación del bien que se produzca o comercialice, limitado a aquellos casos en los que la compra de la mercancía y su venta -sea que se venda el mismo artículo o incorporado en un producto terminado- tengan lugar en ejercicios distintos. Con base en lo anterior, se le devuelva a la moral quejosa la cantidad que, conforme a derecho, resulte procedente. Sin que la concesión alcance a la prohibición de otorgar efectos fiscales a la revaluación de inventarios, pues esa porción normativa es simétrica y válida, virtud que el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta dispone que no se consideran ingresos los obtenidos por el contribuyente con motivo de la revaluación de sus activos y de su capital. En resolución de nueve de enero de dos mil veinte dictada en los autos del amparo en revisión 163/2019, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, resolvió el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia de amparo aquí dictada, en la cual se confirmó la sentencia de amparo en los términos establecidos por este órgano jurisdiccional y se desechó el recurso de revisión interpuesto por el Director General de Amparos Contra Leyes, en suplencia del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos en representación de la autoridad responsable Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Con base en lo anterior el doce de febrero del año en curso se vinculó al cumplimiento de la sentencia de amparo a la Administración Desconcentrada de Auditoria Fiscal de Sinaloa "1" y se requirió el mismo; quien mediante oficio, acordado en proveído de dos de marzo de dos mil veinte, se tuvo al Administrador Desconcentrado de Auditoria Fiscal de Sinaloa "1" informando el cumplimiento a la sentencia de amparo, con lo cual se dio vista a la parte quejosa. En auto de veinticinco de septiembre de dos mil veinte nuevamente se ordenó dar vista a la parte quejosa con el informe de cumplimiento de amparo dado por parte de la Administradora Central de Amparos e Instancias Judiciales, en representación de la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, en el cual manifestó: En estricto cumplimiento al fallo protector, la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, no aplicará a la quejosa Noroeste Motors, S.A. de C.V., el artículo 39, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para que se le permita la actualización de dichos valores hasta el momento en el que se lleve a cabo la enajenación del bien que se produzca o comercialice, si bien limitado a aquellos casos en los que la compra de la mercancía y su venta - sea que se venda el mismo artículo o incorporado en un producto terminado - tenga lugar en ejercicios distintos, únicamente por lo que hace al ejercicio fiscal dos mil diecisiete. Por otra parte, en relación con el efecto relativo al recalculo del impuesto, se manifiesta que dicha operación corresponde efectuarla a la parte quejosa, pues su resultado tendrá como consecuencia cualquiera de los dos supuestos siguientes: (i) que la peticionara pueda obtener la devolución del monto pagado (en su caso) en exceso, con su correspondiente actualización, o bien, ii) determinar o incrementar la pérdida fiscal del ejercicio según sea el caso, en términos de las disposiciones aplicables. Lo anterior sin que hasta este momento la parte quejosa haya expuesto manifestación alguna, pese encontrarse notificada de los proveídos de dos de marzo y veinticinco de septiembre, ambos del año en curso. Dado que la concesión de amparo fue para efectos de que se permita a la quejosa Noroeste Motorrs, Sociedad Anónima de Capital Variable, únicamente respecto de la declaración anual de impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete, el reconocimiento de efectos fiscales al fenómeno inflacionario que impacta el valor de la adquisición de las mercancías, materia prima, productos semiterminados o terminados que forman parte del costo de lo vendido, mediante la actualización de dichos valores, hasta el momento en que se lleve a cabo la enajenación del bien que se produzca o comercialice, limitado a aquellos casos en los que la compra de la mercancía y su venta -sea que se venda el mismo artículo o incorporado en un producto terminado- tengan lugar en ejercicios distintos, y con base en lo anterior, se le devuelva la cantidad que, conforme a derecho, resulte procedente, y la autoridad responsable encargada del cumplimento de amparo informó que dicha operación corresponde efectuarla a la parte quejosa, pues su resultado tendrá como consecuencia cualquiera de los dos supuestos siguientes: (i) que la peticionara pueda obtener la devolución del monto pagado (en su caso) en exceso, con su correspondiente actualización, o bien, ii) determinar o incrementar la pérdida fiscal del ejercicio según sea el caso, en términos de las disposiciones aplicables. Lo que implica que para efectos de que la autoridad responsable esté en aptitud de cumplir con la sentencia de existe obligación de hacer por parte de la moral quejosa, sin que hasta este momento haya constancia alguna en la cual se observe la parte quejosa haya comparecido ante la responsable a presentar solicitud de devolución por concepto de pago indebido. En tales condiciones, y por última ocasión, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe si ya presentó ante la Administración Desconcentrada de Auditoria Fiscal de Sinaloa "1", solicitud de devolución por concepto de pago indebido, a fin de efectuar el cumplimiento de amparo o, en su caso, manifiesta la imposibilidad que tenga para ellos. Se le apercibe que en caso de ser omisa al presente requerimiento, dentro del plazo establecido, se procederá determinar ya sea el cumplimiento de la sentencia de amparo, incumplimiento o se declarara sin materia ante la falta de interés por su parte, según sea corresponda.
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