Luis Rey López Martínez

Expediente 433/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
433/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
08/12/2020

Partes del expediente

  • Luis Rey López Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de diciembre de dos mil veinte. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de diciembre de dos mil veinte. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y por una parte se negó y por otra se concedió la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo el auto inicial y el proveído en donde se concedió la suspensión provisional de la ampliación, así como la interlocutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    SENTENCIA Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 433/2019, promovido por Luis Rey López Martínez, contra diversos actos y autoridades. El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar, en caso de que se reúnan los requisitos procesales correspondientes, la constitucionalidad de la orden de requerimiento de pago y la ejecución forzosa mediante embargo (procedimiento administrativo de ejecución) emitidas contra el quejoso Luis Rey López Martínez, por las autoridades recaudadoras federales. ANTECEDENTES El promovente del amparo Luis Rey López Martínez, durante el año de dos mil dieciocho, fungió como Regidor de Gestión Gubernamental del Ayuntamiento de Santa Lucia del Camino, Oaxaca, lo cual se acredita con las constancias de autos, así como por el propio reconocimiento del peticionario de amparo. Aduce el quejoso que el primero de marzo de dos mil diecinueve, acudió ante las oficinas de Servicio de Administración Tributaria dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México en el Estado de Oaxaca, a realizar un trámite relativo a su declaración fiscal, la persona que lo atendió le informó sobre la existencia de diversas multas impuestas en su contra, las cuales se encontraban en proceso de cobro. Posteriormente, por escrito presentado el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, el quejoso, promovió demanda de amparo contra la notificación tendente al cobro de diversas multas determinadas en su contra. Dicha demanda fue turnada inicialmente al Juzgado Décimoprimero de Distrito en el Estado, quien la radicó con el número 229/2019 de su índice, y desahogado el trámite conducente, con base en el informe justificado rendido por la Administradora Desconcentrada Jurídica de Oaxaca 1 de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se identificaron actos reclamados independientes entre sí. Sobre esa base, el homólogo de que se trata, determinó separar los autos en virtud de que los actos reclamados derivaban de distintos procedimientos jurisdiccionales tramitados ante diferentes autoridades. Por razón de turno, tocó conocer a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, respecto de la notificación y requerimiento de pago de una multa, por lo que previa rectificación del juez declinante, el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo. En ese orden, el quejoso pretendió ampliar su demanda inicial, pero este juzgado el once de junio de dos mil diecinueve, desechó su promoción debido a su extemporaneidad. Determinación que fue recurrida en queja y posteriormente confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito. En virtud que ya obraban los informes justificados de mérito, y habiéndole dado intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación, una vez que se levantó la suspensión decretada ante la contingencia sanitaria por el virus COVID-19, se reactivó el trámite del asunto y se citó a las partes a la audiencia constitucional que se celebró en los términos que anteceden. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Luis Rey López Martínez, mediante escrito de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, promovió esta instancia constitucional aduciendo que diversas autoridades administrativas, pretendían ejecutar el cobro de diversas multas cuyo origen desconocía, lo que le notificaron el uno de marzo de ese año. Así, el peticionario del amparo señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Una vez que se recibieron los informes justificados respectivos, y se admitió a trámite el asunto por lo que hace a la orden de notificación, orden de requerimiento de pago y ejecución mediante embargo, de la multa que dio lugar al crédito fiscal con resolución determinante JAESPO/SGA/2112/2018, emitida por la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, ante la cual se substanció el juicio laboral 19/2010, en cuya secuela se impusieron diversas multas a los integrantes del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, en su carácter de personas físicas. La audiencia constitucional, tuvo verificativo el uno de octubre de dos mil veinte, en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es competente para conocer el presente caso, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 59/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013 relativo al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, debido a que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la demarcación territorial en la que ejerce jurisdicción este órgano. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo y su ampliación, se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: De las autoridades: a) Administrador de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente, b) Subadministrador Desconcentrado Jurídico de la Administración Desconcentrada Jurídica de Oaxaca "1", c) Administrador de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal, y d) Administrador de la Administración Desconcentrada de Recaudación, todos del Servicio de Administración Tributaria dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México en el Estado de Oaxaca: Los actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución consistentes en el mandamiento de ejecución, y requerimiento de pago al ahora quejoso, de una multa, que en el caso concreto dio lugar al crédito fiscal controlado con la determinante JAESPO/SGA/2112/2018. La orden de ejecución forzosa mediante embargo. De las autoridades: e) Subadministrador de la Subadministración de recaudación y f) jefe del Departamento Desconcentrado de Notificación, ambos del Servicio de Administración Tributaria dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México en el Estado de Oaxaca: La notificación de diversas multas. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS No son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Oaxaca 1; Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca 1; Jefe de Departamento de Recaudación, adscrito a la Administración de Recaudación de Oaxaca 1 y Subadministrador Desconcentrado Jurídico de la Administración Desconcentrada Jurídica de Oaxaca 1; ya que, al rendir sus informes justificados negaron su existencia, por su parte el quejoso no desvirtuó dichas negativas. Así, se tiene que no se acreditó en autos que las autoridades responsables hubieran notificado la imposición de la multa que dio lugar al crédito fiscal controlado con la determinante JAESPO/SGA/2112/2018, ni que hayan realizado actos dentro del procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de aquél. En tales condiciones, ante la inexistencia de los actos reclamados que se atribuye a las referidas autoridades responsables, en términos de lo que previene el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio respecto a tales autoridades y por los referidos actos que se le atribuyen. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS De las constancias de autos, así como de los informes justificados rendidos por las responsables se advierte que quedó acreditada la existencia de los actos reclamados a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca 1 y Subadministrador Desconcentrado de Recaudación, del Servicio de Administración Tributaria con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, aunque este último no fue quien notificó la multa que dio lugar al crédito fiscal, sino quien firmó en ausencia del titular de esa administración el mandamiento de ejecución. Lo anterior, se corrobora con las documentales que exhibieron en autos, consistentes en copia certificada de constancias deducidas del juicio laboral 19/2010, del registro de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, así como del mandamiento de ejecución de tres de julio de dos mil dieciocho, acta de requerimiento de pago y acta embargo levantadas el diez de agosto de dos mil dieciocho. Tales medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, por tratarse de documentales públicas expedidas por autoridades en ejercicio de sus funciones, que ostentan firmas y sellos que los distinguen. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyos epígrafe y texto son: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Previo al estudio del fondo del asunto, este juzgador federal debe examinar si en la especie se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, según lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. En ese orden, el quejoso Luis Rey López Martínez, ostentándose como tercero extraño, reclama el procedimiento administrativo de ejecución, en el caso, mandamiento de ejecución, acta de requerimiento de pago, acta de embargo de un bien inmueble, realizados con el objeto de hacer efectivo el cobro del crédito fiscal generado a partir de la multa determinada en el oficio JAESPO/SGA/2112/2018. En vinculación con lo anterior, es menester señalar que, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, ya que el quejoso debe esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento, para poder reclamar las violaciones procesales que se hubieren cometido, a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva. Sin embargo, cuando se reclama un acto dictado dentro del citado procedimiento, alegando que desconoce el crédito fiscal que la autoridad pretende hacerle efectivo, se actualiza una excepción a la regla general mencionada, toda vez que comparece como persona extraña a la controversia, ya sea por no haber figurado como parte en el procedimiento de origen, por no haber sido llamado o por no habérsele notificado la resolución determinante del crédito fiscal, lo que hace innecesario que espere al dictado de la resolución final en la secuela ejecutiva para impugnar los actos intraprocesales en amparo, así como interponer los medios ordinarios de defensa procedentes contra el acto reclamado. Lo anterior, siempre que no se desvirtúe plenamente el carácter de tercero extraño con el que compareció, ya que en tal supuesto el juicio será improcedente, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 2a./J. 11/2013 (10a.), con número de registro 2003074 de rubro "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO." Bajo esos términos, del análisis integral de los autos, este órgano constitucional concluye que la manifestación de Luis Rey López Martínez ha quedado desvirtuada, toda vez que no ostenta el carácter de tercero extraño ni tercero extraño por equiparación, en el juicio laboral 19/2010, de donde emanada la multa materia del procedimiento administrativo de ejecución. Es así, porque el quejoso fue parte en el procedimiento laboral origen, al haber sido llamado como integrante del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, además, está acreditado en autos que el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, la Junta laboral de que se trata, ordenó librar oficio a la autoridad recaudadora con el fin que a través del procedimiento de ejecución hiciera efectiva la multa impuesta; asimismo, consta en autos que el mandamiento de ejecución, le fue notificado al momento de la diligencia de requerimiento de pago, el diez de agosto de dos mil dieciocho, así como el acta de embargo, actuaciones que se entendieron directamente con el quejoso Luis Rey López Martínez. Lo anterior, sin que en el caso esta resolución prejuzgue sobre la validez de las notificaciones de que se trata, mandamiento de ejecución y su requerimiento de pago correspondiente ni de la diligencia de embargo asentada en el acta correspondiendo, dado que para tal fin las normas de esas materias establecen los medios ordinarios de defensa procedentes. Aunado a que dichas actuaciones por tratarse de actos de autoridad, se presumen legales y por ende válidas, hasta en tanto no exista una resolución de autoridad competente que declare su la nulidad. Además, no es óbice a dicha conclusión el hecho de que el quejoso, aduzca que tuvo conocimiento de la existencia del crédito fiscal hasta el uno de marzo de dos mil diecinueve, porque en todo caso, desde ese momento estuvo en posibilidad de instar las acciones ordinarias conducentes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Máxime que, de conformidad con el previsto artículo 74 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, en el desempeño de su cargo como regidor estaba en posibilidad de pedir de cualquier oficina pública municipal, los documentos o datos que estimara convenientes para ilustrar el desempeño de los asuntos que le estaban encomendados, y en caso, de que cualquier servidor municipal se negara a proporcionar los datos citados, podía proceder de manera que se le impusiera la multa correspondiente. En consecuencia, el impetrante no puede alegar que desconoce haber sido parte en el juicio laboral de origen, por lo tanto, en términos del aludido criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo es improcedente, actualizándose con ello la causal 61, fracción XXIII, en relación con las fracciones II y IV del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, preceptos de cuya interpretación sistemática se concluye que el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, ya que el quejoso debe esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento, para poder reclamar las violaciones procesales que se hubieren cometido, a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia, 2a./J. 17/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia analizada en el presente considerando se impone decretar el sobreseimiento por lo que respecta a los actos emitidos a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca 1 y Subadministrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, sin que resulte necesario analizar las diversas causas planteadas por la Administrador Desconcentrada Jurídica de Oaxaca 1, ya que a ningún fin práctico conduciría, toda vez que el sentido de esta resolución, sería el mismo. Finalmente, se precisa que no es procedente analizar los conceptos de violación expuestos por el peticionario del amparo, de conformidad con lo señalado por la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio D E C I S I Ó N En virtud del análisis previo, este juzgado procede a decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, en relación con las diversas hipótesis establecidas en las fracciones II y IV del artículo 61 del propio ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Luis Rey López Martínez, en términos de lo precisado en los apartados V y VII de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE (SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO)

  4. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de octubre de dos mil veinte. Con el escrito señalado en la cuenta, fórmese un cuaderno de antecedentes para actuar en éste, ya que el expediente principal se encuentra en estudio con motivo de la celebración de la audiencia constitucional; una vez dictada la sentencia glósese este cuadernillo al expediente principal sin previo acuerdo. Incorpórese a los autos el oficio del Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado de Distrito únicamente para que obre como corresponda, debido a que no es procedente tenerlo formulando alegatos, en el juicio de amparo 433/2019, debido a que tal promoción fue turnada a esta mesa de trámite con posterioridad a la audiencia constitucional de uno de octubre en curso. Con independencia de lo anterior, de conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, como lo pide el ocursante, expídasele copia certificada de la sentencia correspondiente. NOTIFÍQUESE."

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