Luis Rentería Guerrero
Expediente 1464/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1464/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Luis Rentería Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio firmado por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de treinta de octubre de dos mil veintitrés. Prueba documental. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que acompaña, a la cual se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, de las que se desprende la actualización de una causa de improcedencia del juicio. En efecto, de las manifestaciones vertidas por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y la documental anexa a su oficio de cuenta, se observa que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto de los actos por los cuales se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Esto es, como si el acto de autoridad nunca hubiera irrumpido en la esfera jurídica del gobernado, o que habiéndolo hecho, no deje alguna huella, toda vez que la justificación de esta causa de improcedencia de la acción constitucional de garantías, radica en la ociosidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que además, no dejó huella en la esfera de derechos del particular, que amerite ser borrada por la protección de la Justicia Federal. Lo anterior se encuentra establecido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, se precisa que el acto reclamado por la quejosa se hace consistir específicamente en la omisión de la Junta responsable, de dictar resolución incidental de liquidación en el juicio laboral 1328/2004. Ahora bien, de las constancias que el presidente de la Junta responsable anexó a su informe con justificación y en el oficio que se atiende, se advierte que mediante proveído de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, dicto la resolución incidental de liquidación correspondiente en el juicio arbitral que nos ocupa. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por el impetrante de amparo radicaba en la omisión de la Junta responsable, de dictar resolución incidental de liquidación en el juicio laboral 1328/2004, por lo que es inconcuso que a la presente fecha le fue restituido el derecho vulnerado. En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia aludida, toda vez que con el actuar de la responsable las cosas quedaron a favor de la parte quejosa, tal como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXl del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 63, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Audiencia constitucional sin efectos. En mérito de lo expuesto, se deja sin efectos la fecha señalada para las trece horas con veinticuatro minutos del treinta de noviembre del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable, personalmente a la quejosa y por lista a la representación social federal. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DE 15/NOVIEMBRE /2023, QUE DICE:Auto. Hermosillo, Sonora, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio firmado por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de treinta de octubre de dos mil veintitrés. Prueba documental. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que acompaña, a la cual se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, de las que se desprende la actualización de una causa de improcedencia del juicio. En efecto, de las manifestaciones vertidas por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y la documental anexa a su oficio de cuenta, se observa que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto de los actos por los cuales se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Esto es, como si el acto de autoridad nunca hubiera irrumpido en la esfera jurídica del gobernado, o que habiéndolo hecho, no deje alguna huella, toda vez que la justificación de esta causa de improcedencia de la acción constitucional de garantías, radica en la ociosidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que además, no dejó huella en la esfera de derechos del particular, que amerite ser borrada por la protección de la Justicia Federal. Lo anterior se encuentra establecido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, se precisa que el acto reclamado por la quejosa se hace consistir específicamente en la omisión de la Junta responsable, de dictar resolución incidental de liquidación en el juicio laboral 1328/2004. Ahora bien, de las constancias que el presidente de la Junta responsable anexó a su informe con justificación y en el oficio que se atiende, se advierte que mediante proveído de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, dicto la resolución incidental de liquidación correspondiente en el juicio arbitral que nos ocupa. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por el impetrante de amparo radicaba en la omisión de la Junta responsable, de dictar resolución incidental de liquidación en el juicio laboral 1328/2004, por lo que es inconcuso que a la presente fecha le fue restituido el derecho vulnerado. En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia aludida, toda vez que con el actuar de la responsable las cosas quedaron a favor de la parte quejosa, tal como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXl del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 63, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Audiencia constitucional sin efectos. En mérito de lo expuesto, se deja sin efectos la fecha señalada para las trece horas con veinticuatro minutos del treinta de noviembre del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable, personalmente a la quejosa y por lista a la representación social federal. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de noviembre de dos mil veintitrés Autoridad informa -folio ***-. Glósese a los autos el oficio que firma el director General Jurídico y de Representación Agraria de la Procuraduría Agraria, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en Ciudad de México, mediante el cual informa que solicitó al representante de esa Procuraduría, a fin de que ejerza la representación de la parte tercera interesada, ***, conferida por este órgano judicial Se informa celebración de asamblea -registro ****-. De igual manera, se recibe el oficio que firma el representante de la citada Procuraduría en Sonora, residente en esta localidad, a través del cual informa la celebración de la asamblea de elección de Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia celebrada por segunda convocatoria, en la que se designó como ****, respectivamente, y como presidente y secretarios del Consejo de Vigilancia, a ***, respectivamente. Se ordena emplazar a ejido tercero interesado. En esa virtud, y toda vez que dicho ejido tiene el carácter de tercero interesado en este juicio de derechos, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese despacho al Juzgado de Primera Instancia Civil, con residencia en Guaymas, Sonora, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a quien corresponda a fin de que Emplace a juicio al ****, a través de su comisariado ejidal, integrado por ****, como presidente, secretario y tesorero respectivamente, en el domicilio conocido como domicilios siguientes *****; *****; y, ******. Para ello deberá acompañar copia del auto de radicación y de la demanda, en los términos señalados en los citados preceptos. En el mismo acto los requiera para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señalen domicilio cierto donde oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndolos que de no hacerlo en el plazo señalado, conforme a lo previsto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, las ulteriores notificaciones, aún las de carácter personal, se les harán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado Diferimiento de audiencia constitucional. A fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las diez horas con veintiocho minutos del siete de diciembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese; mediante despacho ****y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Visto la certificación de cuenta, se desprende que no fue posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el veintitrés de los actuales, en razón del paro de labores organizado por las y los trabajadores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, acorde a la circular SGP/02/2023, emitida por la secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, así como los avisos de suspensión de labores de diecinueve y veinticinco del año en curso, firmados por el coordinador suplente y la coordinadora de Juezas y Jueces de Distrito en el Estado de Sonora, respectivamente, que declararon inhábiles el periodo comprendido del diecinueve al veintinueve de octubre del presente año. De igual forma, del estado de los autos se advierte que no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para esta fecha, toda vez que se encuentra pendiente se lleve a cabo el emplazamiento a juicio de parte tercera interesada dentro del presente sumario. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la aludida audiencia, y se señalan las diez horas con siete minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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