Luis René Méndez King
Expediente 138/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 138/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Luis René Méndez King
Actuaciones
- Principal
Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el siete de marzo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales. Por otra parte, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, así como el precepto noveno del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, envíese al archivo. Asimismo, en cumplimiento artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurrido el plazo de tres años. De igual forma, en observancia a lo previsto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado acuerdo; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que el Fedatario Judicial de la adscripción, informa la imposibilidad de notificar a la parte quejosa **, el acuerdo de siete de marzo de dos mil veintidós, por las razones ahí expuestas. Atento a lo anterior, toda vez que no se proporcionó diverso domicilio en donde pueda ser notificada, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, se ordena notificarle el acuerdo en comento, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se publique en los estrados de este Juzgado Federal. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Con la demanda de amparo de cuenta se tiene a *****, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye la Juez Interna del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad; se manda formar expediente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo número *****. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito, podrá desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, es ineludible precisar que por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. En ese contexto, después de analizar la demanda de amparo este órgano jurisdiccional advierte que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los artículos 1, y 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo, mismos que disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;--- Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley'. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Preceptos legales que establecen que el juicio constitucional es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, esto es, se reconoce el carácter de quejoso a quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la norma citada y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, pero el interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. Es decir, no es requisito único para promover el juicio constitucional que el solicitante de amparo cuente con interés jurídico, pues en ocasiones para la procedencia será necesario que aduzcan tener un interés legítimo individual o colectivo, con la excepción de que tratándose de actos derivados de Tribunales Judiciales, Administrativos, Agrarios o del Trabajo, el solicitante del amparo solo podrá aducir ser titular de un derecho subjetivo, el cual se ve afectado de manera personal y directa, por lo que no habrá cabida al reclamo de un interés legítimo, ni mucho menos de un interés simple. Es necesario precisar que el interés jurídico supone la existencia de un derecho dentro de la esfera jurídica particular de un individuo (derecho subjetivo); en cambio, el interés legítimo admite una afectación indirecta, no en sí misma, sino por encontrarse ubicada en una situación especial frente al orden jurídico, lo cual le permite accionar para obtener el respeto a su interés jurídicamente tutelado aunque no goce de un derecho subjetivo reflejo individual, es decir, la persona se encuentre en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante; además el demandante debe acreditar que se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, además la anulación del acto que se reclama producirá un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica. En cambio, el interés simple o jurídicamente irrelevante, es aquel que puede tener cualquier interesado por alguna acción u omisión del Estado, pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para este y, por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del gobernado. Precisado lo anterior, debe decirse que la parte quejosa reclama la falta de notificación personal del primer acuerdo dictado en autos del expediente *****del índice del Juzgado Interno del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, con motivo de la queja interpuesta en contra del al Secretario de Acuerdos en funciones de Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cozumel, Quintana Roo; y, como consecuencia todo lo posteriormente actuado. Con base en lo anterior, se advierte que la parte quejosa no tiene un derecho subjetivo reconocido por una norma, ni existe una afectación directa en su esfera jurídica individual (interés jurídico), dado que el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate. Cierto, el artículo 109, párrafo primero, de la Constitución Federal establece que el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo ese carácter, incurran en responsabilidad administrativa. En debida observancia al precepto constitucional que antecede, en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, establece a favor de determinadas personas, la posibilidad de presentar quejas o denuncias, por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, ante la autoridad competente; los numerales que prevén esa prerrogativa, son del tenor siguiente: "TITULO QUINTO CAPITULO ÚNICO DE LAS RESPONSABILIDADES Artículo 124.- Los titulares de los órganos de carácter jurisdiccional y administrativo, los servidores públicos de la administración de justicia y demás empleados del Poder Judicial, son responsables de las faltas y responsabilidades administrativas que cometan en el desempeño de sus funciones, previstas en esta Ley. Artículo 129.- El procedimiento para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo anterior, se sujetará a las siguientes reglas: I. La denuncia se presentará por escrito, dentro del término de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente en que el denunciante haya tenido conocimiento de la conducta sancionable, ante Consejo de la Judicatura o el Juez Interno del Poder Judicial, la cual deberá contener: nombre del presunto infractor, señalando su puesto y adscripción, nombre y domicilio del denunciante, descripción de los hechos y, medios de prueba que estime conveniente ofrecer y que tengan relación con los hechos; II. Las quejas o denuncias que se formulen deberán estar apoyadas en elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción y presumir la responsabilidad del servidor público denunciado; Si falta alguno de los requisitos anteriores, la denuncia será desechada de plano y se mandará a archivar como asunto totalmente concluido. III. Presentada la denuncia, se ordenará emplazar al presunto infractor corriéndole traslado con copia de la misma y de los documentos acompañados, a fin de que, en un plazo de cinco días hábiles, ocurra a producir su contestación por escrito, debiendo ofrecer pruebas al momento de rendir su contestación señalando los puntos sobre los que versen las mismas, precluyendo su derecho para realizarlo en otro acto; IV. En el escrito de contestación el presunto infractor deberá referirse a cada uno de los hechos aducidos por el denunciante, confesándolos o negándolos y expresando los que ignore por no ser propios, o refiriéndolos como a su derecho convenga, así mismo ofrecerá los medios probatorios que considere; V. El órgano sancionador podrá recabar de oficio las pruebas conducentes hasta antes de la audiencia de juicio. Las partes sólo podrán ofrecer las pruebas durante este plazo si se tratare de pruebas supervinientes; VI.- Contestada la denuncia o transcurrido el plazo para hacerlo, se fijará fecha y hora para la audiencia de desahogo de pruebas, la cual no podrá exceder de diez días hábiles posteriores a la contestación de denuncia. Tratándose de testigos que sean funcionarios públicos del Poder Judicial o de otras dependencias, el Juez Interno ordenará su notificación. Cuando se trate de testigos que no sean funcionarios públicos, deberán de ser presentados por el oferente el día de la audiencia y en caso de que no comparezcan se declarará desierta la prueba. Salvo que se justifique la imposibilidad de su presentación, en cuyo supuesto aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior. En el caso de documentos, el Juez Interno de oficio o a petición de parte siempre que justifique que no pueda recabarlos, solicitará a las autoridades la presentación de ellos. Las partes oferentes, de la prueba pericial deberán presentar a sus propios peritos el día de la audiencia donde protestarán el cargo, exhibiendo su respectivo dictamen con tres días de anticipación con los anexos que acrediten sus conocimientos técnicos, a fin de que la parte contraria conozca el peritaje rendido, para que el día de la audiencia pueda cuestionar el dictamen exhibido. En caso de no presentar el dictamen el perito dentro término indicado no podrá comparecer, y se declarará desierta la prueba; de igual manera se procederá en los mismos términos ante la incomparecencia del perito el día de la audiencia. Para el caso de la citación se podrán utilizar las siguientes medidas de apremio: multa de diez hasta ciento veinte días de salario mínimo vigente en la entidad en la época que acontecieron los hechos; el auxilio de la fuerza pública o arresto hasta por treinta y seis horas. VII.- La audiencia será pública y presidida por el Juez Interno, y se desarrollarán oralmente en lo relativo a toda intervención de quienes participen en ellas. Quienes declaren serán instruidos de sus obligaciones y de las responsabilidades por su incumplimiento y se les tomara protesta de decir verdad; VIII.- La audiencia se llevará a cabo con la asistencia del denunciante o en su defecto si la denuncia la hace algún miembro del Consejo, será el Visitador nombrado por el consejo quien deberá estar presente en dicha audiencia; al inicio de la Audiencia, el Juez Interno hará constar oralmente en los registros respectivos, la fecha, hora, lugar, y las personas que intervienen en la diligencia, verificando la identidad de los mismos, haciéndole saber a las partes, comparecientes y público asistente, el orden, decoro y respeto que deberán observar; IX.- Si la autoridad denunciada se presentara después de iniciada la audiencia, podrá incorporarse, haciéndose constar oralmente el momento de su incorporación, sin embargo, tendrá por precluído el derecho para hacer valer las manifestaciones y demás actos referentes a las actuaciones ya celebradas; X.- El Juez Interno, referirá oralmente un extracto de los puntos sobre los que versa la denuncia y la contestación. A continuación se desahogarán las pruebas ofrecidas, primero las de la parte quejosa y posteriormente del presunto infractor y su representante; XI.- Una vez desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes, así como aquellas que de oficio haya determinado realizar el propio Juez Interno, se escucharán los alegatos que serán emitidos de forma oral, primero del denunciante y posteriormente del presunto infractor; XII.- El Juez Interno determinará el inicio y la conclusión de cada una de las etapas de la audiencia, precluyendo los derechos procesales que debieron ejercitarse en las anteriores; XIII.- Enseguida, se dictará resolución administrativa, fundada y motivada en el acto si fuera posible; en caso contrario, se citará a las partes para dictarla dentro del término de diez días posteriores a la audiencia. Si la resolución dictada por el Juez Interno tiene como consecuencia alguna de las sanciones previstas para este procedimiento, el Juez Interno dará cuenta al Pleno del Consejo de la Judicatura para que aplique la sanción impuesta, ordenando la anotación respectiva en su expediente; XIV.- La resolución de no responsabilidad administrativa, deberá ser publicada en la página oficial del Poder Judicial del Estado, en su caso, se sujetará al denunciante a las responsabilidades civiles y penales correspondientes; XV.- Las audiencias se registrarán por videograbación, audio grabación o cualquier medio idóneo, a juicio del Juez Interno, para producir fe, que permita garantizar la fidelidad e integridad de la información, la conservación y reproducción de su contenido, y el acceso a los mismos a quienes de acuerdo a la Ley tuvieren derecho a ello; XVI.- Para la aplicación de las sanciones, se tomará en cuenta la gravedad de la falta cometida, la incidencia o reincidencia de la misma y la conducta anterior del servidor público. El Juez Interno substanciará el procedimiento y emitirá la resolución que corresponda, salvo lo previsto en el Título Octavo de la Constitución del Estado o los casos previstos en esta Ley como competencia del Tribunal Pleno o del Pleno del Consejo de la Judicatura. En todo caso, se respetará su garantía de audiencia al infractor. [.]" De lo trascrito se advierte que los Titulares de los órganos de carácter jurisdiccional y administrativo, los servidores públicos de la administración de justicia y demás empleados del Poder Judicial, son responsables de las faltas y responsabilidades administrativas que cometan en el desempeño de sus funciones, previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Asimismo, que la denuncia se presentará por escrito, dentro del término de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente en que el denunciante haya tenido conocimiento de la conducta sancionable, ante Consejo de la Judicatura o el Juez Interno del Poder Judicial, la cual deberá contener: nombre del presunto infractor, señalando su puesto y adscripción, nombre y domicilio del denunciante, descripción de los hechos y, medios de prueba que estime conveniente ofrecer y que tengan relación con los hechos. Siendo el caso que las quejas o denuncias que se formulen deberán estar apoyadas en elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción y presumir la responsabilidad del servidor público denunciado y si faltare alguno de los requisitos anteriores, la denuncia será desechada de plano y se mandará a archivar como asunto totalmente concluido. Empero este derecho no permite tener por acreditado el interés legítimo del promovente para reclamar en amparo indirecto las determinaciones emitidas en la misma, ya que no existe disposición constitucional o legal que vincule a dicha autoridad a emitir un pronunciamiento en un sentido específico, por tanto, no existe el vínculo con una norma de rango constitucional que prevea un derecho objetivo, ni siquiera de manera implícita. Toda vez que subyace la facultad exclusiva punitiva con la que cuenta el Estado en materia de responsabilidades; en ese sentido, la facultad o derecho de informar a la autoridad competente los hechos que probablemente constituyan alguna responsabilidad administrativa, no lleva aparejado el derecho de impugnar lo que ésta determine, quien sólo se encuentra compelida a ejercer sus facultades de investigación y sanción, una vez que se reúnen los supuestos de procedencia, los probatorios y todos aquellos que se exige en la legislación para tal efecto. De igual manera, no se advierte la afectación a la esfera jurídica del denunciante ya que el régimen de responsabilidades de los servidores públicos, como lo ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tiene como propósito salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público, por lo que no existe ni siquiera la posibilidad de afectación a su esfera jurídica. Por ende, al determinar la autoridad responsable que la notificación no se hiciera de manera personal en el domicilio señalado en el escrito de queja, el denunciante no cuenta con un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, ya que se actualiza sólo un interés genérico o simple de muy diversa índole en la medida en que el ánimo puede verse inclinado a cierta finalidad por motivos culturales, económicos, sociales o de cualquier otra índole, distinta a la relevante para promover el juicio de amparo. Máxime que tampoco se advierte el beneficio o efecto positivo ante una eventual concesión, ello, en razón de que la queja de que se trata no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares del quejoso, sino preservar la prestación óptima del servicio público; de esta manera, el orden jurídico procesal estatal otorga al particular una mera facultad para formular quejas y denuncias por las conductas que considera incumplen con lo dispuesto en esas legislaciones, sin que ello dé lugar a exigir de la autoridad competente el sentido de la determinación que deba emitir, al no existir un vínculo con una norma de rango constitucional que prevea ese derecho, ni siquiera implícitamente, ya que subyace la facultad exclusiva del Estado en materia de responsabilidades administrativas. En ese sentido, se concluye que el derecho de presentar quejas o denuncias administrativas, no trae aparejado el interés legítimo para reclamar en amparo indirecto las determinaciones dictadas por la autoridad competente para ello. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los artículos 1°, y 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo (interpretado en sentido contrario), con apoyo en el artículo 113 d la ley de la materia, se desecha de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por ****contra actos de la Juez Interna del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que cita en su escrito de demanda y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******, toda vez que así lo solicitó en su demanda de amparo. Con fundamento en los numerales 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción estén en posibilidades de llevar a cabo la notificación de los acuerdos que con motivo de este asunto se emitan. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, en términos de los artículos 22, fracción I y 28, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal1, transiten hacia la actuación al "juicio en línea" desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con independencia de lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la fracción del procesales. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. numeral 22 citado, se exhorta a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no
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