Luis Remigio Sabido Rodríguez

Expediente 333/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
333/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
05/07/2018

Partes del expediente

  • Luis Remigio Sabido Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad de México, a cinco de julio de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III, de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Con sustento en el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo general en comento, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el diez de enero de dos mil diecinueve. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en los cuadernos incidentales. Finalmente, con fundamento en el punto décimo primero, último párrafo y punto vigésimo primero, fracción II del multicitado acuerdo, se deja a disposición de la parte quejosa por el plazo de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, la documental que ofreció como prueba en este juicio, en el entendido que el horario establecido para la entrega es de diez a trece horas, con el apercibimiento que de no recogerlas en la temporalidad indicada, se procederá a destruirlas junto con este expediente.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 333/2018, promovido por Luis Remigio Sabido Rodríguez, contra las omisiones reclamadas del Procurador General de Justicia de esta ciudad y otras autoridades; y R E S U L T A N D O : Mediante escrito presentado el dos de mayo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este órgano de control constitucional, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las omisiones de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo. El solicitante de amparo narró los antecedentes de las omisiones reclamadas, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló como violados los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1°, 8°, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El día siguiente de su presentación, se admitió a trámite la demanda bajo el orden 333/2018; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se fijaron fecha y hora para la audiencia constitucional que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis de todos los elementos de la demanda, así como de las constancias que integran el presente expediente, se precisa que los actos reclamados son las omisiones de dar respuesta al escrito de veinte de abril del presente año y citar al quejoso a comparecer en una averiguación previa o carpeta de investigación, que se atribuye a: Procurador; Agente del Ministerio Público Responsable de Agencia; Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Dos Sin Detenido; Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Tres S/D. Las tres últimas autoridades de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia BJ-4. Fiscal Desconcentrado de Investigación en Miguel Hidalgo; Agente del Ministerio Público Responsable de Agencia; Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Uno Sin Detenido; Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Dos Sin Detenido; Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Tres Sin Detenido. Las cuatro últimas de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia MH-5. Fiscal Desconcentrado de Investigación en Cuauhtémoc; Fiscal Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros. Todas de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad. TERCERO. La autoridad señalada en el inciso d), no existe con tal denominación, según se advierte de la razón actuarial de ocho de mayo pasado; por tanto, no pueden existir los actos que se le reclaman. En otro contexto, no son ciertas las omisiones reclamadas de las restantes responsables -con excepción de la omisión de dar respuesta al escrito de veinte de abril del presente año, atribuido a la autoridad precisada en el inciso a)-, pues así lo manifestaron al rendir su informe de ley, sin que el quejoso haya aportado prueba en contrario, acorde con el principio establecido en el numeral 82, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que dispone que "el que niega sólo está obligado a probar cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho", carga probatoria que deriva en razón de la materia realizada por las autoridades ministeriales citadas. En tal virtud, debido a la inexistencia de la citada autoridad y de las omisiones reclamadas de las restantes responsables -con la precisión anotada-, se sobresee en el juicio de amparo, con fundamento en el dispositivo 63, fracción IV, de la ley de la materia. Por otro lado, es cierta la omisión de dar respuesta al escrito de veinte de abril del presente año, atribuida al Procurador General de Justicia de esta ciudad, pues así se aprecia de su informe de ley. No obstante la certeza de la omisión mencionada, es innecesario el estudio de fondo del asunto, en virtud que se actualiza una causal de improcedencia, la cual es de orden preferente a aquél y se invoca de oficio conforme al numeral 62 de la Ley de Amparo. La causal de improcedencia que se estima actualizada es la prevista en el dispositivo 61, fracción XXI, de la ley en cita. Para fundamentar dicha causal es necesario hacer una breve reseña de algunos antecedentes: Por escrito recibido por la autoridad responsable el veinte de abril pasado, el justiciable solicitó se le citara a comparecer y que se le informara si tenía averiguación previa o carpetas de investigación en su contra. Dicha petición fue turnada a la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, teniendo conocimiento de tal circunstancia el ocho de mayo anterior. La referida subprocuraduría remitió el escrito al Fiscal Desconcentrado de Investigación en Miguel Hidalgo, el cual se lo hizo llegar a su homólogo en Benito Juárez. El último de los fiscales en mención envió el ocurso referido a la Responsable de Agencia Encargada de la Coordinación Territorial en BJ-4, la cual mediante los oficios de tres y dieciséis de mayo siguiente dio contestación a la petición del quejoso. En consecuencia, de lo anterior se constata que al momento de promover la demanda de amparo (dos de mayo de dos mil dieciocho) no se había dado contestación a la referida solicitud; sin embargo, el tres y dieciséis de mayo pasado, se acordó la misma, circunstancia que se corrobora con las constancias que adjuntó la autoridad responsable en apoyo a su informe de ley, de las que se advierte que tal petición fue notificada el ocho y dieciséis siguiente en el domicilio señalado para tal efecto por el amparista. Por tanto, no existe motivo para la resolución de fondo del juicio de amparo cuando es evidente que no puede alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de la omisión controvertida, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carece de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, ambos de la ley de la materia, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio consistente en la cesación de efectos de la omisión reclamada se actualiza cuando, ante la existencia o insubsistencia de la omisión reclamada, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Lo anterior se apoya en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En razón de lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la citada ley. No se soslaya que no se dio vista a la parte quejosa con la respuesta que recayó a su petición, pues tal obligación sólo deriva cuando a través del juicio tuvo conocimiento de dicha circunstancia y, en el caso, como se dijo, la autoridad responsable le notificó la determinación que emitió, por lo que el amparista estaba en condiciones de controvertirla por la vía que consideraran conducente; por tanto, en el caso, se estima que no se actualiza el supuesto que prevé la jurisprudencia 136/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 801 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, mayo de 2012, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA". Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 63, 65, 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E : ÚNICO. Por los motivos expuestos en el considerando tercero, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Luis Remigio Sabido Rodríguez, contra las omisiones de dar respuesta al escrito de veinte de abril del presente año y citar al quejoso a comparecer en una averiguación previa o carpeta de investigación, que se atribuye al: Procurador; Agente del Ministerio Público Responsable de Agencia; Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Dos Sin Detenido; Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Tres S/D. Los tres últimos de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia BJ-4. Fiscal Desconcentrado de Investigación en Miguel Hidalgo; Agente del Ministerio Público Responsable de Agencia; Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Uno Sin Detenido; Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Dos Sin Detenido; Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Tres Sin Detenido. Los cuatro finales en mención de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia MH-5. Fiscal Desconcentrado de Investigación en Cuauhtémoc; Fiscal Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros. Todos de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad.

  3. Incidental

    Ciudad de México, a siete de junio de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el escrito signado por el autorizado del quejoso y anexo de cuenta; en atención a sus términos, permítase la consulta vía electrónica del presente expediente, así como la práctica de notificaciones a través de la vía electrónica, por conducto de dicho autorizado, ya que se proporcionó usuario autenticado.

  4. Principal

    Ciudad de México, a siete de junio de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el primero de los escritos signado por el autorizado del quejoso y anexo de cuenta; en atención a sus términos, permítase la consulta vía electrónica del presente expediente, así como la práctica de notificaciones a través de la vía electrónica, por conducto de dicho autorizado, ya que se proporcionó usuario autenticado. En otro contexto, glósese el restante ocurso de cuenta, firmado por el autorizado del amparista; en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se desecha el ofrecimiento de la prueba consistente en inspección judicial que indica, dado que no resulta idónea para resolver la litis constitucional. Lo anterior es así, pues lo que pretende hacer valer la parte quejosa con dicha probanza, es acreditar que existe una indagatoria en su contra, y no así respecto de las omisiones reclamadas. En ese sentido, la diligencia que se solicita no es el medio idóneo para desvirtuar las negativas mencionadas, pues se reitera no forma parte de la litis el acreditar la existencia de una averiguación previa en su contra.

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