Luis Raymundo Galeana Juarez
Expediente 922/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 922/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 17/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Luis Raymundo Galeana Juarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. En tales condiciones, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no se encuentra pendiente cumplir determinación judicial ni devolver documentos originales, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de control. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
MESA I ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de la Secretaria, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha causó ejecutoria la resolución ahí dictada y se ordenó el archivo del expediente principal; asimismo, que no se encuentra pendiente devolver documentos originales. Por tanto, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y en términos de lo dispuesto en el capítulo 7.1.1. del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el Artículo 18, fracción a), del citado Acuerdo General y atendiendo a que se concedió tanto la medida cautelar provisional como la definitiva, el cuaderno incidental original es depurable dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el último considerando de la interlocutoria de seis de octubre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de control. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA I "... Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 922/2022, promovido por ********************, contra actos del Encargado de la Representación del Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca y otras autoridades. (...) C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 y reformado por los diversos 26/2022, 29/2022 y 30/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en un procedimiento administrativo, seguido ante autoridades del orden federal, con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Inexistencia de autoridades responsables. Mediante acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintidós se tuvo como inexistentes a las autoridades que la parte quejosa señaló como "Encargado de la Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca" y "Elvia Montesinos José, en su carácter de suplente de Ausencia del Titular de la Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca". TERCERO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, el acto reclamado, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia expresó. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco del tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto a continuación se transcribe. "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: De las tres primeras autoridades, la quejosa reclama la omisión de cumplir la resolución de uno de abril de dos mil veintidós, emitida en el juicio de nulidad *****, por la Magistrada Instructora de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la que concedió la medida cautelar solicitada por el aquí quejoso, consistente en que la autoridad responsable se abstenga de ejecutar los descuentos vía nomina que se le han venido realizando. Y de las dos restantes la omisión de vigilar el cumplimiento de la resolución de uno de abril de dos mil veintidós, emitida en el juicio de nulidad ****, del índice de la Sala responsable. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables Subdelegado de Prestaciones de la Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca; el Titular de la Unidad Jurídica de la Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca y la Magistrada Instructora de la Primera Ponencia de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en Oaxaca, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia del acto reclamado; sin embargo, hacen manifestaciones que evidencian su certeza, razón por la cual se tiene por cierto el acto reclamado por la quejosa. Por otra parte, el Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación de Prestaciones de la Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, no rindió su informe justificado no obstante haber quedado legalmente notificado de la petición del mismo desde el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós; razón por la cual con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene como cierto el acto que se le reclama. QUINTO. Causales de improcedencia Previo al análisis del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público, de estudio preferente, en principio se deben analizar las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia número ochocientos catorce, visible en la página quinientos cincuenta y tres, del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, bajo el rubro. "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, se advierte que se surte la causal de improcedencia, que hace valer la Sala responsable, relativa a que la parte quejosa NO AGOTÓ EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo que disponen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. (.)" De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos administrativos en contra de los cuales proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En efecto, el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, establece la improcedencia del juicio cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir, la ley que regula dicho medio de impugnación, mayores requisitos para la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo. Tal principio encuentra justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a promoverlo, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los ejerzan y, sólo en el caso de no obtener resolución favorable, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Pues, si las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear las defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. Así se tiene que para que resulte aplicable la causa de improcedencia en estudio, se requiere la satisfacción de los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que el acto impugnado sea revisable de oficio; o bien, a instancia de parte proceda en su contra algún medio de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o anulado; c) Que el recurso que proceda no se encuentre previsto en un reglamento. d) Que conforme a las leyes que rigen el acto o el medio de impugnación relativo proceda la suspensión, con los mismos alcances, sin que establezca un mayor plazo para el otorgamiento de la suspensión provisional, y sin que pida mayores requisitos que los que para tal fin establece la Ley de Amparo, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea susceptible de paralización; e) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación. f) Que no se aleguen, en exclusiva, violaciones directas a la Constitución. Ahora, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes; y, en tal virtud, antes de acudir a él, es necesario agotar en primer término la jurisdicción ordinaria; por lo que en el caso, la parte quejosa debió promover en contra del acto reclamado, el recurso de queja ante la Sala regional que dictó la medida cautelar en términos del artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 4 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Dicho numeral prevé: ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: [.] II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: Procederá en contra de los siguientes actos: [.] 4.- Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. [.] Del artículo transcrito, se advierte que si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado procede el recurso de queja ante la misma responsable. Además, conforme al artículo 28 que prevé la suspensión en el juicio de nulidad, no establece mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado; y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el recurso de queja. En consecuencia, se corrobora que la parte quejosa necesariamente debió agotar el recurso de queja previo a promover el juicio de amparo, pues éste es un medio de defensa a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, el cual prevé la suspensión de sus efectos sin mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Sin que en la especie se actualice alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo. Sirve de apoyo al efecto la Jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: Registro digital: 2024468 Instancia: Segunda Sala Undécima Época Materias(s): Administrativa, Común Tesis: 2a./J. 14/2022 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Abril de 2022, Tomo II, página 1741 Tipo: Jurisprudencia "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, dado que frente al reclamo de la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad, uno de ellos sostuvo que constituye un presupuesto de procedencia para el juicio de amparo que previamente se interponga el recurso de queja regulado en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mientras que el otro estableció que se trata de una instancia optativa, por lo que el afectado puede acudir de manera inmediata al juicio constitucional. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el particular debe necesariamente interponer el recurso de queja que establece el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Justificación: El indicado recurso de queja constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrla a cargo del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e, incluso, la de resolver que existe imposibilidad para ejecutar el fallo y que, por ende, procede el cumplimiento sustituto, además de la aplicación de multas sucesivas en caso de contumacia y la comunicación de ésta al superior jerárquico del servidor público involucrado y a la contraloría interna que le corresponda. De ahí que, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ese medio ordinario de defensa debe ser agotado, sobre todo porque no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la citada fracción XX del artículo 62 de la Ley de Amparo, PROCEDE SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la propia Ley de la Materia. Sin que obste el hecho de que el quejoso cite un criterio que refiere que es optativo para el gobernado promover el recurso de queja ante la autoridad responsable tratándose de la omisión de cumplimiento de una sentencia, porque dicho criterio fue superado por el que se cita en esta resolución. Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, en la demanda de amparo, respecto a los actos reclamados citados, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1028, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 708, del Tomo VI, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo sumario indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." SEXTO. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E UNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra las autoridades responsables y actos reclamados señalados en el resultando primero de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, se advierte que en proveído de diecisiete del mes actual, se requirió a la Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, copia certificada del comprobante de pago correspondiente al mes de noviembre del año en curso, en relación a la pensión por viudez ********************, a nombre de ********************, sin que a la fecha en que se actúa conste en actuaciones esa documental. En tales condiciones, para dar margen a la recepción de la aludida constancia, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. NOTIFÍQUESE.
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