Luis Raymundo Cano Hernandez

Expediente 119/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
119/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
28/03/2019

Partes del expediente

  • Luis Raymundo Cano Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo para interponer recurso de queja contra el acuerdo de catorce de marzo de dos mil diecinueve, emitido en el juicio de amparo número 119/2019-7A por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Luis Raymundo Cano Hernández; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la ley de la materia se declara que dicho auto ha causado estado. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificadas las partes del presente acuerdo sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. De acuerdo a la fracción I del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito se precisa que este asunto es susceptible de destrucción dado que por auto de catorce de marzo de dos mil diecinueve se tuvo por no presentada la demanda de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Del análisis del presente asunto se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido el quejoso, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental puesto que ingresó en este Juzgado Federal el uno de marzo de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente expediente con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término de cinco días otorgado al quejoso Luis Raymundo Cano Hernández para que diera cumplimiento a lo solicitado en proveído de cuatro de marzo del año en curso, en que se le previno para que: - Precise a cuáles Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio del Vigesimosexto Circuito Judicial; a cuáles Jueces de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en San José del Cabo, Los Cabos, Baja California Sur; y a cuáles Jueces de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur; asimismo, a cuáles agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Delegación de la Procuraduría General de la República, en La Paz, Baja California Sur; y a cuáles agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Delegación de la Procuraduría General de la República en Cabo San Lucas, Baja California Sur, señala como autoridades responsables, en virtud que resulta necesario a fin de estar en aptitud de llamarlos a juicio y requerirles su correspondiente informe justificado. - Amplíe los antecedentes del acto reclamado y precise qué elementos del cuerpo de seguridad pública fueron quienes acudieron al evento particular a que hace referencia en el punto 1 de los hechos de su demanda, esto es, deberá indicar de qué elementos se trataba o bajó qué mando actuaban (cuerpos de seguridad Federal, Estatal o Municipal); y, de igual manera, deberá indicar porqué señala como autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras a diversos Jueces, Delegados de la Procuraduría General de la República, agentes del Ministerio Público Federal y elementos de Policía de diversos lugares de la república. Por tanto, ante el incumplimiento se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho auto, y con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada su demanda de amparo.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio 751 firmado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada por ese Tribunal en sesión de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, al resolver el conflicto competencial 21/2018 suscitado entre la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán y el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, derivado del juicio de amparo indirecto 795/2018, y anexa el citado juicio, en donde resolvió declarar legalmente competente al Juzgado de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad de Los Mochis, para conocer y resolver el juicio de amparo indirecto promovido por Luis Raymundo Cano Hernández. En atención a lo anterior, mediante oficios vía Sise que para el efecto se expidan, hágase lo anterior del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, así como de los Jueces Cuarto y Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán y Mazatlán, respectivamente; además en cuanto al primero de los citados, como acuse de recibo del oficio de cuenta y anexos. De los artículos 108 y 114, en relación con el numeral 11, todos de la Ley de Amparo, se colige que este órgano jurisdiccional está facultado para requerir al promovente para que aclare su demanda. Bajo ese contexto, para estar en posibilidad de proveer sobre el trámite de la demanda de garantías, requiérase al solicitante del amparo Luis Raymundo Cano Hernández, para que bajo protesta de decir verdad y dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído: - Precise a cuáles Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio del Vigésimosexto Circuito Judicial; a cuáles Jueces de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en San José del Cabo, Los Cabos, Baja California Sur; y a cuáles Jueces de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur; asimismo, a cuáles agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Delegación de la Procuraduría General de la República, en La Paz, Baja California Sur; y a cuáles agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Delegación de la Procuraduría General de la República en Cabo San Lucas, Baja California Sur, señala como autoridades responsables, en virtud que resulta necesario a fin de estar en aptitud de llamarlos a juicio y requerirles su correspondiente informe justificado. - Amplíe los antecedentes del acto reclamado y precise qué elementos del cuerpo de seguridad pública fueron quienes acudieron al evento particular a que hace referencia en el punto 1 de los hechos de su demanda, esto es, deberá indicar de qué elementos se trataba o bajó qué mando actuaban (cuerpos de seguridad Federal, Estatal o Municipal); y, de igual manera, deberá indicar porqué señala como autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras a diversos Jueces, Delegados de la Procuraduría General de la República, agentes del Ministerio Público Federal y elementos de Policía de diversos lugares de la república. En la inteligencia que de no cubrir la prevención que nos ocupa, en el plazo y términos precisados, de conformidad con los artículos 108 y 114, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Se hace del conocimiento, del solicitante que deberá proporcionar la información que se le requiere sin faltar a la verdad, ya que de lo contrario, puede incurrir en responsabilidad en términos de lo que establece el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y.". Por otra parte, la parte quejosa refiere que atendiendo a lo previsto en los artículos 3, 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, 93, 94, 96 y 97 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativo a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, solicita que se le autorice para poder consultar a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para realizar la consulta del expediente electrónico que se integró del presente juicio; asimismo, que para los efectos de lo previsto en el artículo 94 del citado acuerdo, manifiesta que el nombre de usuario con el que ingresó al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y al que deberá asociarse el otorgamiento de acceso es: "Lgarza". Por tanto, con fundamento en los artículos del 93 y 94 del Acuerdo General Conjunto número 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, así como en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se concede al apoderado legal de la parte quejosa Julián de la Garza García, con usuario "Lgarza", permiso para consultar el presente juicio por la vía electrónica, a quien además deberán realizarse las notificaciones inherentes al juicio que nos ocupa, aún las de carácter personal, por así haberlo solicitado expresamente en el escrito de demanda.

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