Luis Raúl Nuñez Pérez

Expediente 279/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
279/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
26/04/2021

Partes del expediente

  • Luis Raúl Nuñez Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de tres de abril de la presente anualidad, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, transcurrió del doce al dieciséis de abril del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Finalmente, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente auto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha diecinueve de marzo dos mil veintiuno, el cual en lo conducente señala Morelia, Michoacán, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, y toda vez que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución dictada en este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósese el original del incidente respectivo. Ahora bien, dado que en el presente juicio de amparo no se emplazó a tercero interesado, déjese a disposición del depositante y quejoso José Luis Rico Duarte, el billete de depósito número N863491, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, valioso por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), mismo que exhibió para que surtiera efectos la suspensión provisional que le fue concedida; ello en atención a que resulta innecesario seguir conservándolo en depósito y a disposición de este Juzgado; en consecuencia la anterior circunstancia, hágase de su conocimiento en el domicilio que tiene señalado en autos para recibir notificaciones, informándole además que de conformidad con lo establecido por el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, tiene dos años contados a partir de que quede legalmente notificado del presente proveído, para que comparezca ante este Juzgado a recibir dicho billete de depósito previamente endosado, apercibido que de no hacerlo en ese lapso, la garantía de que se trata prescribirá a favor del Erario Federal. Finalmente, una vez que se actualice alguno de los supuestos a que se hace referencia en el párrafo que antecede, esto es, que el citado depositante comparezca ante este Juzgado a recibir el billete de depósito respectivo, o bien, que el mismo sea ingresado al Erario Federal en el término de dos años, se proveerá lo conducente al archivo y destino legal del presente asunto. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no obra constancia que acredite que las autoridades Jueces de la Sala 4, 1, 2 y 3 del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán; y, Agente Segundo del Ministerio Público de la Carpeta de Alto Impacto en Zamora, Michoacán, hayan sido notificadas de los oficios 4628/2021, 4629/2021, 4630/2021, 4631/2021 y 4632/2021, respectivamente, de fecha dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual se les solicitó su informe respetivo. En consecuencia, para dar margen a lo anterior y no violar las normas que rigen el procedimiento, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere y se señalan las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VENTIUNO, para su verificativo. Notifíquese.

  4. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha tres de abril de dos mil veintiuno, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, tres de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida vía electrónica en el Portal de Servicios Informáticos en Línea del Consejo de la Judicatura Federal por ***, por sí y ostentándose representante legal de las y los fideicomisarios que ingresaron a la Asociación de Empleados Jubilados de Banrural Delegación Zamora, A.C., mediante la utilización de la firma electrónica certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL) con número de serie 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.36.33.39.32.32.38 a nombre de ***, contra actos de los Servidores Públicos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado que forman parte y actualmente Integran el comité técnico del fideicomiso número 80320 fondo de pensiones del Sistema Banrural, por conducto del licenciado ***, Director General del citado organismo público descentralizado de la administración pública federal y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número 279/2021-IV. Ahora bien, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35, 37 y 112 de la Ley de Amparo, SE DESECHA la demanda de amparo, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 6°, de la Ley de Amparo, que establecen respectivamente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." En el caso los actos reclamados, en esencia, se hacen consistir en la modificación a los términos en que inicialmente se prestaba la atención médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, a los empleados jubilados del sistema Banrural y sus derechohabientes, en la región de Zamora, Michoacán, así como la omisión de dar respuesta a diversas peticiones presentadas por la parte quejosa ante las autoridades responsables. Sin embargo, de la demanda a estudio, se advierte que la misma, carece de evidencia criptográfica de la firma electrónica de parte del citado quejoso ***, quien promueve por derecho propio y ostentándose representante legal de las y los fideicomisarios que ingresaron a la Asociación de Empleados Jubilados de Banrural Delegación Zamora, A.C., circunstancia que no se encuentra comprendida como motivo de prevención que contemple el dispositivo 108 de la ley de la materia, luego, como el juicio Constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el gobernado a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda Constitucional, es presentando la referida demanda firmada por el impetrante, virtud a ello, un escrito de demanda presentado sin firma equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar algún acto procesal tendente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad de la parte quejosa de presentarla, por tal motivo no existe instancia de parte agraviada. Tiene aplicación, en lo conducente, la Jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 79, del Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y testo siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". De igual manera, tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón, la tesis visible en la página 508, Tomo VI, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII de la misma ley, en relación con el artículo 4o. del propio ordenamiento." Asimismo, tiene aplicación, en lo que en ella interesa, la diversa tesis visible en la página 259 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de 1993, Materia Común, Octava Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO NO FIRMADA POR QUIEN LA FORMULA. Dado que en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes de ejercitar un derecho se manifiesta a través de su firma y, si no saben firmar, lo hará otra persona a su ruego y en el documento se imprimirá su huella digital; ante la falta de firma o, como aconteció en la especie, que la firma que calza el escrito de demanda de amparo, no corresponde a simple vista a quien se ostenta como peticionario de garantías, en virtud de ser notoriamente distinta de las que aparecen en las diversas promociones que presentó el demandado ahora agraviado en el expediente del juicio natural y en el toca de apelación, se desconoce si es voluntad del peticionario ejercitar la acción constitucional, máxime que el inconforme omitió formular oportunamente ante la autoridad responsable un escrito, en el que expresará por qué firmó de modo diferente la demanda de amparo o, en su caso, indicará que hacía suyo su contenido; consecuentemente, tomando en consideración que el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 107 de la Constitución, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, debe decirse que el proveído mediante el cual desechó el presidente de este órgano colegiado la demanda de amparo en cuestión se encuentra apegado a derecho, ya que de no haberlo estimado y resuelto así, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara oportunamente escritos para que después, en cualquier tiempo, fuera subsanada la omisión de voluntad de promover correctamente el juicio de garantías." Además de que, en el caso no se encuentra en los supuestos de excepción de firma electrónica a que refiere el artículo 109, párrafo segundo, de la Ley de Amparo que establece: ".Artículo 109. Cuando se promueva el amparo en los términos del artículo 15 de esta Ley, bastará para que se dé trámite a la demanda, que se exprese: [.] En estos supuestos, la demanda podrá formularse por escrito, por comparecencia o por medios electrónicos. En este último caso no se requerirá de firma electrónica". Es decir, el citado numeral dispone que no se requiere de firma electrónica cuando se promueva demanda de amparo en términos del artículo 15 de la Ley de la materia que al respecto señala: ".Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad". Lo que en la especie, no acontece, puesto que no se reclaman actos a que se refiere el mencionado artículo 15 de la Ley de Amparo, que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, en razón a que el citado quejoso y promovente no se encuentra imposibilitado para hacer valer el juicio Constitucional él mismo, es decir, no se advierte que exista alguna imposibilidad del citado quejoso para promover el juicio Constitucional, puesto que no se encuentra incomunicado, discapacitado o que padezcan alguna enfermedad que le impida firmar la demanda electrónicamente; máxime que el acto reclamado no se emitió fuera de procedimiento, como lo establece el citado numeral 15 de la Ley de Amparo. No es obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que el promovente de la demanda de amparo haya señalado actos reclamados que, a su parecer, importan peligro de privación de la vida, por omisión y tormento por equiparación, los cuales están prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, traducidos en la imposibilidad total de recibir atención médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria a los empleados jubilados del Sistema Banrural y Derechohabientes, en Zamora, Michoacán, pues es el caso que, en la especie, no se tiene un acto concreto de que las responsables hayan negado la atención médica, así como el otorgamiento de pases para atención de segundo y tercer nivel, ya que si bien es verdad, se mencionó que tanto al promovente de la demanda, como a los agremiados a la Asociación que dice representar, se les negó brindar el acceso a los servicios de salud a los que tienen derecho, no menos lo es que no se precisó la fecha o fechas en que ocurrió esa situación, así como qué padecimientos tienen cada uno de los integrantes de la asociación quejosa, que ameriten la atención médica que se dice se negó, así como tampoco se precisó en qué lugar y, en particular, qué autoridades negaron tal atención médica, por lo que todo ello conduce a estimar que, en la especie, lo que la parte quejosa, aduce, se trata de actos que atentan contra la salud y vida, realmente se trata de su inconformidad a recibir la atención médica, en los términos actualmente pactados por las autoridades responsables, pues así se evidencia del resto del contenido de su demanda de amparo, esto es, que la atención médica ya no se presta de conformidad con el artículo 41 de las condiciones generales de trabajo, ya que tales servicios médicos se encuentran disminuidos respecto a lo establecido por dicho numeral, esto es, que se trata de cambiar el esquema en la administración del servicio médico, pasando de un esquema de servicio autoadministrado a uno por cuota capitada. De ahí que, atento a lo anterior, los actos reclamados no encuadren dentro del artículo 15 de la Ley de Amparo, por lo que sí resulta necesario que la demanda de amparo se encuentre firmada electrónicamente por quien la promueve, como ya quedó asentado en párrafos precedentes. Además, la tesis aislada que cita la parte quejosa, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA VÍA ELECTRÓNICA. LA FALTA DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL) DEL QUEJOSO, NO ACTUALIZA DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, QUE DÉ LUGAR A SU DESECHAMIENTO DE PLANO, ATENTO A LAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS DE PANDEMIA QUE PREVALECEN EN EL PAÍS GENERADAS POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 8/2019 (10a.)].", a criterio de este órgano jurisdiccional, no resulta obligatoria, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, pues no se trata de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y, por ende, lo que procede es DESECHAR la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. No es obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que la demanda a estudio haya sido presentada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través de la firma electrónica a nombre de LUIS OMAR NUÑEZ SOLORIO, quien fue autorizado por el quejoso, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues con tal firma no se aprecia la voluntad del peticionario del amparo para promover dicha demanda. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano". Por otro lado, como lo solicita la parte quejosa, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en la calle Misión de San Diego, número ciento veintinueve, fraccionamiento Real San Diego, en esta ciudad, y autorizando para tal efecto a LUIS OMAR NÚÑEZ SOLORIO, quien gozará de todas las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se advierte el dato inherente a la cédula profesional 5568686, que acredita al referido autorizado como licenciado en derecho. Sin que haya lugar a realizar la notificación del presente proveído al correo electrónico nzconsultores@outlook.com o al teléfono móvil que señala, toda vez que la Ley de Amparo, así como algún Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, no contemplan realizar notificaciones por correo electrónico; no obstante lo anterior, se deja a salvo su derecho, de solicitar se le realicen las notificaciones de manera electrónica a través del Portal de Servicio en línea del Poder Judicial de la Federación; por lo que, el correo electrónico y número de teléfono móvil, únicamente se tendrán como un medio de contacto, en los casos en que este órgano federal lo llegue a considerar necesario en el momento oportuno. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Notifíquese personalmente.

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