Luis Raul Elguea Barragan
Expediente 1163/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1163/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Luis Raul Elguea Barragan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1163/2023-III. Puebla, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por el Juez Comisionado como el Administrador de los Juzgados Penales del Sistema Tradicionales, de Oralidad Penal, Ejecución y Justicia para Adolescentes mediante el cual rinde el informe justificado que le corresponde. En consecuencia, se da a conocer su llegada a las partes, para que en el plazo de ocho días contados a partir de la notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a su interés convenga, y será relacionado con el valor que la ley le concede al momento de celebrar la audiencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1163/2023-III. Puebla, Puebla, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO Se agregan al expediente los oficios de cuenta, signados por el Coordinador General de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado de Puebla y el Titular de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla, mediante los cuales rinden el informe justificado que les corresponde y proporcionan medios de contacto. En consecuencia, se da a conocer su llegada a las partes, para que en el plazo de ocho días contados a partir de la notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a su interés convenga, y serán relacionados con el valor que la ley les concede al momento de celebrar la audiencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. MEDIOS DE CONTACTO No pasa por alto para este órgano federal que las autoridades responsable señalan como medios para establecer comunicación un número de teléfono y un correo electrónico, los cuales serán considerados como medios de contacto, lo anterior, con fundamento en el artículo 257 fracción I del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, dichos medios electrónicos no se encuentran establecidos como herramientas para poder efectuar las notificaciones respectivas, pues el artículo 26, fracción IV de la Ley de amparo en relación con el diverso 3° de la citada ley, precisa que las notificaciones electrónicas sólo pueden realizarse a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que las notificaciones le serán efectuadas en términos de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Incidental
INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 1163/2023-III. V I S T O S los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1163/2023-III, promovido por ***, promoviendo por propio derecho, contra actos del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla y otras autoridades. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva al quejoso *, contra el acto y autoridades señaladas en el considerando primero de esta interlocutoria, y por las razones referidas el considerando segundo. Notifíquese.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1163/2023-III. Puebla, Puebla, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda de amparo Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, presentada por ***, promoviendo por propio derecho, contra actos del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla y otras autoridades. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento parcial Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo2 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".3 En el presente caso, se observa que la demanda presentada por el quejoso debe subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento parcial por una causa de improcedencia, por los siguientes actos: Del escrito de demanda, se advierte que, el quejoso en su demanda de amparo, también señaló como autoridades responsables ordenadoras a las autoridades señaladas como. *** De la presente demanda de amparo, a quienes atribuyó la orden de búsqueda, aprehensión y detención; sin embargo, tales autoridades carecen de facultades legales para ordenar e incluso ejecutar directa y materialmente los citados actos reclamados. Por ello, respecto a ellos, se actualiza la causa de improcedencia, con las características de indudable y manifiesta, que resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con la fracción V del diverso 107, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo y el artículo16 constitucional. De entrada, basta decir que como un hecho notorio derivado de otros asuntos similares al presente, se desprende que la figura del Ministerio Público sólo comunica (en su caso) los mandamientos de molestia, como lo es la orden de aprehensión o detención, librada por una autoridad judicial; de ahí que dichas autoridades niegan la existencia de esa ejecución de tal orden de captura. Ahora, en el sistema de justicia penal adversarial, una persona puede ser detenida a fin de ser presentada ante la autoridad jurisdiccional por tres supuestos: 1. Porque se le conduzca a proceso a través de un citatorio orden de presentación a través de la fuerza pública o se ejecute una orden de aprehensión en su contra, en términos de lo dispuesto en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Este tipo de actos sólo puede ser emitido por una autoridad jurisdiccional. 2. Se detenga a una persona en flagrancia en términos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. La detención puede realizarla cualquier persona o autoridad, con la condición de poner a la persona detenida de forma inmediata a disposición del Ministerio Público, quien después de examinar la legalidad de la detención, podrá ordenar a retención por el plazo de constitucional. 3. El Ministerio Público ordene la detención de una persona por tratarse de caso urgente, conforme lo dispone el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 constitucional. Esta hipótesis, constituye una restricción a la libertad personal de carácter extraordinaria, pues se aparta de la regla de detención de control judicial previo; esto es, para que un representante social ordene una detención por causa urgente es necesario medien condiciones no ordinarias, como que por la hora o el lugar sea imposible acudir ante una autoridad a solicitar una orden de búsqueda o localización que de hacerlo existan datos que evidencien de manera objetiva que el imputado podría evadir la acción de la justicia. Con base en lo anterior, resulta inconcuso que, en el caso, no es posible adjudicar a las autoridades administrativas responsables los actos reclamados, porque como se explicó en párrafos precedentes, carece de facultades legales y constitucionales para ordenar búsqueda, aprehensión o localización de persona alguna, ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tampoco pueden ordenar su detención salvo que se trate de causa urgente, por conducto de los agentes del ministerio público; sin embargo, para que ello sea posible se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que el aquí quejoso lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, y que razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el aquí quejoso pueda evadirse. Lo que evidencia de manera indudable que, si acaso, existiera el desarrollo de una investigación en su contra, ello no implica que el representante social ordenara buscarlo o localizarlo. Ahora, aun si el representante social la llegara a citar con la calidad de persona investigada, primero, tendría que cumplir con la obligación de darle a conocer los registros de la investigación tal como lo dispone el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir con los principio y derechos de adecuada defensa, igualdad ante la ley y debido proceso. Incluso, después de haber cumplido con tales exigencias, el agente del Ministerio Público sólo podría recabarle su entrevista a fin de incorporarla como dato de prueba, y no su declaración porque en el sistema penal acusatorio el representante social carece de facultades para obtener pruebas de manera unilateral, como lo hacían en el sistema penal mixto; ahora, para obtener algún tipo de prueba de lo que una persona imputada llegue a decir, es indispensable que se cumplan con los principios de inmediación y contradicción. Lo que en el caso, evidentemente no sucede. Además, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la cita de un inculpado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución General de la República, toda vez que a virtud de la orden de presentación, solamente se pide al inculpado a comparecer ante la fiscalía, pero ello no implica que se le obligue a ser entrevistado, pues al encontrarse ante la autoridad ministerial, el presentado puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo. Además, con ello, lejos de coartarle algún derecho, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que al ordenar que el peticionario del amparo, en su caso, se apersone ante dicha autoridad, aquel se encuentra en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación; asimismo, se le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aparte, de que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. En efecto, el agente del Ministerio Público, tiene la facultad constitucional de investigar los delitos y ese proceso de investigación para conocer determinados hechos no debe ser obstaculizado por cada acto de investigación que se pretenda llevar a cabo, como es la entrevista de quien es señalado como la persona que de manera probable participó en algún hecho que la ley señala como delito Mención aparte merecen las técnicas de investigación que pueden afectar de manera directa e inmediata derechos fundamentales; sin embargo, para que el agente del Ministerio Público pueda llevar a cabo ese tipo de actuaciones, se requiere de la insaculación estricta del Juez de Control a través de un test de proporcionalidad, tal como lo prevé el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, si el quejoso reclama las órdenes que las autoridades administrativas, con independencia de la calidad con la que la cite (testigo o imputada); es inconcuso que, ese acto de molestia no le produce afectación alguna a sus derechos fundamentales de manera directa e inmediata. Por consiguiente, es improcedente el juicio de amparo contra las órdenes de búsqueda, aprehensión y detención así como su ejecución, reclamadas los fiscales mencionados Resulta aplicable la tesis de rubro, texto y datos de localización siguientes: "MINISTERIO PÚBLICO. ASUME EL CARÁCTER DE AUTORIDAD DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO, POR LO QUE SUS ACTOS U OMISIONES SON IMPUGNABLES POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE AFECTEN DE MANERA DIRECTA E INMEDIATA SUS DERECHOS FUNDAMENTALES*** Por ende, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 21 constitucional, lo procedente es desechar de manera parcial la demanda de amparo respecto de la órdenes de búsqueda, aprehensión y detención reclamadas a las autoridades administrativas por los argumentos ya expuestos. Por esa razón, desde este momento de deja de tener como autoridades responsables a las mencionas. Entonces, se ordena realizar las anotaciones correspondientes, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y realizar los ajustes respecto de las autoridades responsables y el acto reclamado. Admisión parcial. Los actos reclamados por el quejoso, se ajustan a los requisitos legales establecidos, motivo por el cual se admite a trámite la demanda, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 8, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo. Materia del juicio. Los actos reclamados por el quejoso, por los cuales se admite esta demanda comprenden: La orden de búsqueda, aprehensión y detención librada contra el quejoso, y su cumplimiento. Precisión de las autoridades responsables de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución en el Estado de Puebla. El quejoso señaló entre las autoridades responsables a los dos Jueces de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial centro y centro poniente. Empero, constituye un hecho notorio para este órgano judicial que aun cuando existen diversos jueces de oralidad en cada una de las regiones judiciales, los mismos se conforman en un solo ente: Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución. Pues así lo informó Juan Jesús Gutiérrez Estrada, Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad y de Ejecución Sede Regional Puebla, al momento de rendir su informe justificado relativo al juicio de amparo, en el cual, de manera textual apuntó:**** Ahora, Daniel Iván Cruz Luna, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, por oficio 22328/2021-ADM, comunicó a este juzgado federal que la administración general a su cargo cuenta con el acceso al índice cronológico de los libros de gobierno de todas las sedes judiciales en materia de oralidad penal en el Estado de Puebla. De ahí que para maximizar el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, sea conveniente realizar un ajuste procesal y requerir únicamente al indicado juzgador (Administrador General) como responsable para que rinda informe justificado en representación de todos los jueces de Control de la Región Judicial Centro y Centro Poniente, respecto de los actos que reclama el aquí quejoso. Con motivo de lo anterior y a efecto de evitar mayores dilaciones en la substanciación de este juicio constitucional, se tiene como autoridad responsable ordenadora al Juez de Oralidad Penal y Ejecución en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, para que rinda el informe justificado en representación de los jueces de control adscritos a la región judicial señalada en líneas anteriores. Precisión de las autoridades responsables que habrán de emplazarse. Autoridad ordenadora: ? Administrador General de los Juzgados Penales del Sistema Tradicional, de Oralidad Penal, Ejecución y de Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla, para que rinda el informe justificado en representación de los jueces de control adscritos a la Región Judicial Centro y Centro Poniente. Autoridades ejecutoras: Titular de la Agencia Estatal de Investigación (en su correcta denominación) Director de Procedimientos Constitucionales de la Fiscalía General del Estado de Puebla Luego, se instruye a la Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice las anotaciones con las denominaciones anteriores, al momento de registrar las autoridades responsables. Apertura del incidente de suspensión. Ante la solicitud de la medida cautelar, se ordena tramitar por separado el incidente de suspensión relativo a este juicio. No obstante, en términos del numeral 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se descarta la formación del duplicado físico del incidente de suspensión. Notificación a la fiscal adscrita. Se ordena notificar en forma personal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, para que intervenga en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que se le deberá entregar una impresión de este proveído y de la demanda de amparo. A fin de justificar el cumplimiento de lo anterior, se ordena al actuario correspondiente deje constancia legal en el expediente. Informe justificado. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables su informe justificado, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de su legal notificación4 . En éstos, deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad de los actos reclamados; incluidos (de ser el caso), copia certificada o auténtica, completa y legibles de las constancias pertinentes para apoyar su informe justificado. Se apercibe a las autoridades responsables que en caso de no rendir el informe justificado o de presentarlo sin acompañar las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se les impondrá 4 En términos de lo dispuesto por el artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo. una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a las autoridades responsables que el informe justificado deberá rendirse, preferentemente, de manera digital a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o los servicios de interconexión existentes, mediante el empleo de la firma electrónica; o, en su defecto, de manera física a través de la Oficialía de Partes de este juzgado y la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de en Materia Penal. No obstante, con la finalidad de privilegiar el derecho a una impartición de justicia pronta, de manera transicional y excepcional, será admisible la recepción de informes a través de medios tecnológicos o soluciones digitales, tales como el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional, a saber: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx Requerimiento de antecedentes e informe sobre terceros interesados. Se requiere a las autoridades responsables informen en un plazo de cinco días lo siguiente: 1. Si en el procedimiento de donde emanan los actos reclamados, se ha tramitado diverso juicio de protección y de ser así, señalen ante cuál autoridad federal se radicó el mismo; y 2. Proporcionen el nombre y domicilio de las personas que puedan tener el carácter de terceros interesados en este juicio (agraviados, ofendidos o víctimas), para ello deberán remitir las constancias de donde se desprenda tal información. Lo anterior bajo el apercibimiento que en caso de desatender dicho requerimiento, se le impondrá a la omisa una multa de cincuenta unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo. Una vez que se reciba la información requerida, habrá de proveerse el emplazamiento de quien tenga el carácter de tercero interesado -si procede-, en términos del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON TRES MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio. Se hace saber a las partes que, con la finalidad de privilegiar el uso de medios electrónicos y servicios digitales, la audiencia constitucional se celebrará a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes; ello, en atención a lo dispuesto por el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General antes citado. No obstante, en caso de que sea indispensable la intervención oral de las partes, por ser necesaria para el desahogo de una probanza, diligencia o ejercer su derecho de alegar de manera verbal -únicamente en supuestos previstos por el artículo 124, segundo párrafo, de la Ley de Amparo por regla general-, su desahogo se realizará a través de videoconferencia, para lo cual la parte que así lo desee deberá elevar su petición dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, de lo contrario, como ya se precisó, la audiencia se celebrará sin su presencia. Causas de sobreseimiento. Se informa a las partes que de conocer alguna causal de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la ley de la materia; y acompañen las constancias que la acrediten. No cumplir lo anterior implica, como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo, la imposición para las autoridades de una multa por el importe de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el señalado en esta ciudad de Puebla. Se tiene como autorizado en términos amplios del quejoso, conforme lo indicado en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, porque se encuentra registrada su cédula profesional ante el Registro Único de Profesionistas del Derecho. Por otra parte, se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a los diversos profesionistas señalados en la demanda, por así haberse solicitado. Medios de contacto No pasa por alto para este órgano federal que la parte quejosa señala como medios para establecer comunicación un correo electrónico y un número de teléfono, los cuales serán considerados como medios de contacto, lo anterior, con fundamento en el artículo 257 fracción I del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, dichos medios electrónicos no se encuentran establecidos como herramientas para poder efectuar las notificaciones respectivas, pues el artículo 26, fracción IV de la Ley de amparo en relación con el diverso 3° de la citada ley, precisa que las notificaciones electrónicas sólo pueden realizarse a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que las notificaciones le serán efectuadas en términos de la Ley de Amparo. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
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