Luis Ramón Pérez Ballesteros

Expediente 728/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
728/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
30/08/2022

Partes del expediente

  • Luis Ramón Pérez Ballesteros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de seis meses para la interposición del incidente de daños y perjuicios, sin que a la fecha se haya planteado; por tanto, se pone a disposición del impetrante el billete con número..., por la cantidad de..., en el entendido que cuenta con el plazo de dos años para recogerlo, previa toma de razón que por su recibo se asiente en actuaciones; con el apercibimiento que de no hacerlo, se declarará la prescripción de dicha garantía y se ordenará su remisión a la Tesorería de la Federación para que haga efectivo su cobro, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Se hace saber el promovente que, atendiendo al carácter del título de valor del que se trata, únicamente podrá ser entregado directamente a la parte quejosa y no así por conducto de alguno de sus autorizados. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es depurable, ya que se negó el amparo solicitado; mientras que el original del incidente de suspensión es depurable, pues se concedió la medida cautelar, por lo que deberá glosarse a este juicio. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente. Además, como en el presente asunto obra un documento original, con fundamento en el artículo 20, segundo párrafo, del citado acuerdo general, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, comparezca a recoger dicha constancia; apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, será destruido. Asimismo, toda vez que obra en la caja de valores de este juzgado un título valor exhibido por la parte quejosa con número N096683, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos CHRISTIAN BALLESTEROS DE PAZ 00/100 moneda nacional), que le fue fijada para garantizar los posibles daños y perjuicios que se le pudieran ocasionar a alguna de las partes en caso de que no obtuviera fallo protector, así como para que surtiera efectos la suspensión del acto reclamado; por tanto, una vez que transcurra el término de seis meses relativo al incidente de daños y perjuicios, la parte quejosa tiene un término de dos años, posteriores a éste, para recogerlo, con el apercibimiento que de no acudir a recibir dicho billete en el término concedido, prescribirá en favor de la Tesorería de la Federación, como lo previene el artículo 51 de la Ley de Tesorería de la Federación. Finalmente, devuélvanse al juez responsable las copias certificadas del juicio especial hipotecario 576/2009 que remitió en apoyo a su informe justificado, las cuales constan en dos tomos. Notifíquese, por lista al tercero interesado y vía electrónica al quejoso.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Vistos para resolver el juicio de amparo indirecto 728/2021-III; y, R e s u l t a n d o Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el once de junio de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, y remitido el quince siguiente al Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, Luis Ramón Pérez Ballesteros, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el Juez Sexagésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, por los actos que se precisarán más adelante en el considerando segundo. Segundo. Trámite y admisión de la demanda. Por auto de veinticinco de junio de la presente anualidad el Juez Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, una vez que estimó desahogada la prevención formulada al promovente en acuerdo de diecisiete de ese mes y año, admitió a trámite la demanda de amparo, dio la intervención que legalmente le compete al representante social federal de su adscripción, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, el catorce de julio de este año el titular del órgano jurisdiccional mencionado remitió el juicio de amparo 509/2021-VI-B de su índice, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, pues estimó que existía un conocimiento previo por parte de este juzgador debido a que obra un antecedente relacionado con el mencionado juicio biinstancial. Tercero. Radicación del juicio de amparo. Así, el veintiséis de julio último este Juzgado de Distrito asumió el conocimiento del asunto, reconoció la legalidad de todo lo actuado por aquél juzgador federal, otorgó la intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, tuvo por apersonado al tercero interesado Gerardo Harón Barrera Flores y señaló fecha y hora para la audiencia de ley, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o Primero. Competencia del órgano jurisdiccional. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, toda vez que los actos reclamados pretenden ejecutarse dentro del territorio en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Definición de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reprochados que se advierten del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, de la lectura de la demanda constitucional, en concordancia con la información allegada al juicio, se colige que el peticionario de amparo reclama:  La orden de lanzamiento respecto del bien inmueble identificado como la casa marcada con el número 326 de la avenida Paseo de la Herradura, construida sobre el lote número 15, manzana III, sección primera, fraccionamiento Parques de la Herradura, Huixquilucan, Estado de México, emitida en el juicio especial hipotecario 576/2009, del índice del Juzgado Sexagésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, promovido por BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, en contra de Gerardo Antonio Magaña Martínez y Claudia Georgina Adame Jenkins de Magaña. Tercero. Existencia de los actos reclamados. El Juez Sexagésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México manifestó al rendir su informe justificado que son ciertos los actos que se le reprochan (fojas 95 a 96 del juicio de amparo), razón por la que se tiene probada su existencia. La certeza de los actos combatidos se corrobora además con las constancias que remitió el titular del órgano jurisdiccional mencionado, consistentes en copias certificadas del juicio especial hipotecario 576/2009, las cuales obran en dos tomos por separado; documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que se trata de la reproducción de actuaciones que tienen la certificación de la fecha y lugar en que fueron realizadas por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley. Cuarto. Causales de improcedencia. Una vez determinada la certeza de los actos combatidos y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, como lo dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público. Sobre el tema, el tercero interesado Gerardo Harón Barrera Flores asevera que en el caso se configuran las causales de improcedencia contempladas en las fracciones XI y XII de la ley de la materia, ya que, por una parte, los actos aquí impugnados fueron materia del diverso juicio de amparo 1134/2019-III, del índice de este juzgado, y por otra, no existe afectación en la esfera jurídica del impetrante. La primera causal es infundada, debido a que para su actualización es preciso que se colmen los siguientes supuestos: a) Que contra una norma o acto se haya promovido previamente un juicio de amparo que esté concluido. b) Que el mismo quejoso que haya promovido el primer amparo sea quien ejerza una segunda acción constitucional contra la misma norma o acto. No obstante, el segundo de los requisitos mencionados no se encuentra acreditado, ya que si bien es cierto que el juicio biinstancial 1134/2019-III se intentó contra la orden de lanzamiento dictada en el juicio especial hipotecario 576/2009, radicado ante el Juzgado Sexagésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, también lo es que éste fue promovido por Jorge Rodero Ponce de León, quien es una persona distinta al aquí quejoso. En otro aspecto, debe desestimarse el segundo motivo de improcedencia que pretende evidenciar el tercero interesado, debido a que se relaciona con el estudio de fondo del asunto; estimar lo contrario implicaría adelantar indebidamente un juicio de valor sobre el tema de fondo del presente juicio. Al respecto es aplicable la jurisprudencia P./J. 135/20011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse". Quinto. Cuestión jurídica de fondo a resolver. A continuación, se examinará la constitucionalidad de la orden de entrega de inmueble combatida, sin que para tal efecto sea necesaria la transcripción de los motivos de disenso formulados por la parte agraviada, por no causar perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello. Como se anticipó, el quejoso Luis Ramón Pérez Ballesteros se duele de la orden de lanzamiento del inmueble identificado como la casa marcada con el número 326 de la avenida Paseo de la Herradura, construida sobre el lote número 15, manzana III, sección primera, fraccionamiento Parques de la Herradura, Huixquilucan, Estado de México, que fue dictada en el juicio especial hipotecario 576/2009, seguido ante el Juzgado Sexagésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, al ser tercero extraño al proceso de origen. El agraviado aduce como motivo de inconformidad que los actos combatidos violan en su perjuicio los derechos fundamentales de audiencia y legalidad consagrados en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, porque la autoridad responsable pretende lanzarla del bien inmueble respecto del cual tiene la posesión, sin haber sido oído ni vencido en juicio. Para determinar si le asiste razón al promovente, debe tenerse en cuenta que el precepto 14 constitucional dispone que para llevar a cabo cualquier acto privativo primeramente debe seguirse un procedimiento ante los tribunales previamente constituidos para ello, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Tales formalidades son los requisitos necesarios para garantizar la defensa adecuada del afectado antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3. La oportunidad de alegar; y, 4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Si dichos requisitos no se respetan no se observaría el derecho fundamental de audiencia, que evita la indefensión del afectado. Entonces, siempre que por un mandato de autoridad se pretenda privar a alguien de su propiedad o posesión, debe existir un procedimiento previo, legalmente establecido con anterioridad a la privación de la posesión en un caso hipotético, en el cual se llame al poseedor a quien se le pretenda privar de sus bienes, para que tenga la oportunidad de ser oído y defenderse. Ahora, toda vez que el quejoso Luis Ramón Pérez Ballesteros es persona extraña al procedimiento de origen, es oportuno establecer que el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, dispone que persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, queda incluido en este concepto, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. En esos términos versa la jurisprudencia P./J. 7/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 , de contenido: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Con el propósito de acreditar el derecho de posesión que defiende en esta vía, el agraviado ofreció, entre otros, la prueba documental consistente en el original del contrato de arrendamiento celebrado el uno de julio de dos mil veinte entre Jorge Rodero Ponce de León (arrendador) y Luis Ramón Pérez Ballesteros (arrendatario), respecto del inmueble situado en avenida Paseo de la Herradura, número 326, lote 15, manzana III, sección primera, fraccionamiento Parques de la Herradura, Huixquilucan, Estado de México. Probanza a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por ser de fecha cierta a partir del uno de julio de dos mil veinte, fecha en la que fue ratificado el convenio de voluntades por sus signantes ante el Notario Público Número Cuarenta y uno del Distrito de Torreón, Coahuila. Por ser aplicable se cita la jurisprudencia 1a./J. 21/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3 , de contenido: "DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Si bien es cierto que conforme al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por ejemplo, en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de dominio, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Por tanto, si el documento privado que contiene un acto jurídico traslativo de dominio es presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho real de propiedad hecho valer, y sin perjuicio de que el tribunal de amparo, valorando el documento con las reglas de las documentales privadas, pueda determinar si en éste se contiene o no un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a la autoridad responsable." No obstante, pese a que con dicha documental queda de manifiesto que el quejoso adquirió en arrendamiento el bien que defiende a través de esta vía constitucional, ello es insuficiente para concederle la protección de la Justicia de la Unión, en razón de actualizarse la figura jurídica conocida como causahabiencia. La doctrina define al causahabiente como la persona que ha sustituido o se ha subrogado por cualquier título en el derecho de otra u otras. Junto a las partes, en determinados actos jurídicos, están aquellas personas que por un acontecimiento posterior a la realización del mismo adquieren en forma derivada los derechos y obligaciones de quienes fueron sus autores; a aquéllos se les conoce con el nombre de causahabientes, a éstos con el de causantes. Luego el causahabiente es quien, con posterioridad al nacimiento de la relación jurídica entre partes distintas a él, entra con un diverso acto jurídico celebrado en calidad de sujeto de la relación, colocándose en la posición de uno de los autores del acto original, sustituyendo a éste, a quien se le denomina causante. En el caso, el contrato de arrendamiento aportado por el impetrante contiene un acuerdo de voluntades celebrado con posteridad al inicio del juicio al que afirma no fue llamado (cinco de mayo de dos mil nueve). Ahora, es un hecho notorio para la suscrita, en términos del numeral 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, que en el juicio de amparo 1134/2019-III, del índice de este juzgado, promovido contra el auto de doce de agosto de dos mil diecinueve dictado en el juicio especial hipotecario 576/2009, del índice del Juzgado Sexagésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, el quejoso Gerardo Harón Barrera Flores exhibió el primer testimonio de la escritura pública número siete mil setecientos setenta y dos, que contiene la protocolización del contrato de compraventa celebrado entre Gerardo Antonio Magaña Martínez y Claudia Georgina Adame Jenkins de Magaña o Claudia Georgina Adame de Magaña (vendedores) y Jorge Rodero Ponce de León (comprador) respecto del bien inmueble número 326 de la avenida Paseo de la Herradura, edificado sobre el lote número 15, manzana III, sección primera, fraccionamiento Parques de la Herradura, Huixquilucan, Estado de México. Así, se tiene que Gerardo Antonio Magaña Martínez y Claudia Georgina Adame Jenkins de Magaña o Claudia Georgina Adame de Magaña -quienes figuran como parte demandada en el juicio de origen- celebraron contrato de compraventa con Gerardo Harón Barrera Flores, quien a su vez arrendó al aquí impetrante Luis Ramón Pérez Ballesteros la vivienda localizada en avenida Paseo de la Herradura, número 326, lote 15, manzana III, sección primera, fraccionamiento Parques de la Herradura, Huixquilucan, Estado de México; sin embargo, en el presente caso existe causahabiencia debido a que con anterioridad a la celebración de ese acto jurídico (uno de julio de dos mil veinte), se instauró el juicio especial hipotecario 576/2009, el cual fue iniciado el cinco de mayo de dos mil nueve y en el que, por cierto, se dictó sentencia definitiva el veintiocho de enero de dos mil trece, tal como se advierte de las constancias allegadas por el juez responsable en apoyo a su informe justificado. Por tanto, si el uno de julio de dos mil veinte (fecha posterior al inicio del juicio de origen) se celebró contrato de arrendamiento con un tercero -aquí agraviado-, respecto del bien inmueble afecto, es inconcuso que el inquilino adquiere el carácter de causahabiente y, consecuentemente, se somete a las consecuencias jurídicas de lo que se resuelva en el juicio de origen, con independencia que el arrendatario haya tenido conocimiento de que el bien inmueble, cuyo uso y goce recibió, estaba sujeto a una controversia judicial, pues esa figura jurídica se da por el simple hecho de que el contrato se haya celebrado con posterioridad a la iniciación del procedimiento del que emanan los actos reclamados. Cobra aplicación la tesis XVII.1o.C.T.54 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito4 , que dice: "CAUSAHABIENCIA. SE ACTUALIZA SI EL CONTRATO RELATIVO ES POSTERIOR A LA FECHA DE INICIACIÓN DEL JUICIO SEGUIDO EN CONTRA DE LA ARRENDADORA, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL ARRENDATARIO HUBIERA TENIDO CONOCIMIENTO O NO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 68/2006-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 85/2006, publicada en la página 128 del Tomo XXV de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de enero de 2007, cuyo rubro es: "CAUSAHABIENCIA. PARA EFECTOS PROCESALES, SU ACTUALIZACIÓN REQUIERE QUE SE ACREDITE QUE EL ADQUIRENTE DEL INMUEBLE TUVO CONOCIMIENTO DE LA CONTROVERSIA JUDICIAL A QUE ESTÁ SUJETO DICHO BIEN.", determinó que, desde el punto de vista procesal, para que una persona tenga el carácter de causahabiente, esto es, que se considere el sucesor de los derechos de una persona de quien ha adquirido una propiedad, es indispensable que mediante inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad o algún otro medio de prueba idóneo y fehaciente, se acredite que el adquirente tuvo conocimiento de que el bien de que se trata está sujeto a una controversia judicial y, por ende, que contrajo un derecho litigioso. Sin embargo, como bien lo señala el texto de la misma y la ejecutoria de la cual emanó, se obtiene que el tema a que se refiere es la "adquisición" de bienes inmuebles, empero, cuando los derechos cuestionados derivan de un contrato de arrendamiento celebrado con posterioridad a la iniciación del juicio seguido en contra de la arrendadora, no resulta necesario, para que la causahabiencia se actualice, que se acredite que el arrendatario quejoso hubiera tenido conocimiento de que el bien inmueble, cuyo uso y goce recibió, estaba sujeto a una controversia judicial, pues esa figura jurídica se da por el simple hecho de que el contrato se hubiere celebrado con posterioridad a la iniciación del procedimiento del que emanan los actos reclamados." Igualmente resulta ilustrativa la tesis XVII.2o.28 C, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito 5 , que dice: "CAUSAHABIENTE. CARECE DE INTERÉS JURÍDICO EL ARRENDATARIO PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, CUANDO LA CONVENCIÓN DE ARRENDAMIENTO SE CELEBRE CON EL DEMANDADO EN EL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, CON POSTERIORIDAD A SU INICIO, PUES NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO A JUICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). De una interpretación sistemática de los artículos 2786 y 2787 del Código Civil para el Estado de Chihuahua, que disponen que la hipoteca es una garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor y que da derecho a éste, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagado con el valor de los bienes, en grado de preferencia, los que quedan sujetos al gravamen impuesto, aunque pasen a favor de terceros, en relación con los preceptos 446, 449, 450, 452, 453 y 455 del Código de Procedimientos Civiles de la misma entidad, que prevén la tramitación del juicio especial hipotecario, se arriba a la conclusión de que una vez iniciado ese procedimiento especial y registrada la cédula hipotecaria ante la autoridad administrativa correspondiente, si con posterioridad el demandado, como arrendador, celebra contrato de arrendamiento con un tercero, como arrendatario, respecto del bien inmueble afectado en el contrato de hipoteca, es inconcuso que el inquilino adquiere el carácter de causahabiente del demandado y, por ende, se somete a las resultas o consecuencias jurídicas de lo que se resuelva en ese juicio, en razón de que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 449, 452 y 455 del ordenamiento jurídico procesal citado, el registro de la cédula tiene como efectos jurídicos sujetar la finca que sirve de garantía al resultado del juicio hipotecario, así como que se haga saber a las autoridades y al público que no se practique en la finca algún embargo, toma de posesión, diligencia precautoria o cualquiera otra que entorpezca el curso del procedimiento o viole los derechos en él adquiridos por el actor acreedor hipotecario, quedando desde ese momento el deudor constreñido a cumplir con la obligación de un depositario judicial respecto del bien afectado, lo que resulta congruente con el principio de persecución de la cosa que caracteriza a la hipoteca como un contrato de garantía real, y que consiste en que el derecho adquirido por un tercero, cualquiera que sea su naturaleza, siempre estará sometido a la acción hipotecaria. En esa virtud y en atención al principio general de derecho consistente en que no se puede transmitir a otro más de lo que se tiene, es evidente que cuando se celebre un contrato de arrendamiento en las circunstancias apuntadas, el derecho de posesión que transmita el demandado al arrendatario no es un derecho pleno, en la medida en que estará gravado o restringido su disfrute a lo que se decida en el juicio correspondiente, lo que significa que el demandado, en su calidad de depositario judicial, deberá entregarlo cuando así se le requiera por resolución que se emita en ese procedimiento, sin que el inquilino pueda oponerse a tal mandamiento, puesto que carece de interés jurídico propio para acudir al juicio de garantías como tercero extraño al juicio de origen, pues como causahabiente del demandado en el juicio hipotecario el derecho de defensa que protege la garantía de audiencia se ejerce a través de su causante, por lo que en ese supuesto se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo." El anterior motivo -causahabiencia-, hace que resulte innecesario llevar a cabo la valoración de las restantes pruebas ofrecidas por el agraviado (presuncional e instrumental), dado que en nada cambiaría el sentido de la presente resolución. Consecuentemente, al encontrarse el mandato reclamado ajustado a derecho, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal solicitada, en tanto que no existe deficiencia alguna que suplir en términos del numeral 79, de la Ley de Amparo, que lleve a concluir lo contrario. R e s u e l v e Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ... Notifíquese, por lista al tercero interesado y a la agente del Ministerio Público Federal adscrita, vía electrónica al quejoso

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos la promoción electrónica del Juzgado Sexagésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual hace del conocimiento que las copias certificadas relativas al Juicio Especial Hipotecario 576/2009 de su índice, las remitió al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan, en dos tomos y que no obstante a ello, se encuentra integrándolas nuevamente para remitirlas a este órgano jurisdiccional. Ahora bien, de autos se aprecia que por proveído de veintinueve de julio de dos mil veintiuno se recibieron las constancias aludidas, por tanto, infórmese al Juzgado oficiante que ya no es necesario que las remita. Por otra parte, agréguese el oficio del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, por el cual envía diversas constancias de notificación. Por tanto y acúsese recibo. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa y al tercero interesado.

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