Luis Ramón Carrillo Bustamante
Expediente 790/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 790/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Luis Ramón Carrillo Bustamante
Actuaciones
- Principal
MESA "10" Ciudad de México, a trece de octubre de dos mil dieciséis. Agréguense a los autos los oficios de cuenta, por medio de los cuales, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa informa que aceptó la competencia planteada por este órgano de control constitucional y se avocó al conocimiento del presente asunto; así como que admitió a trámite el presente juicio de amparo. Ahora bien, en virtud de que no existen actuaciones pendientes por desahogar en el presente asunto, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo, fracción I, se hace la indicación de que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; en consecuencia, una vez transcurridos seis meses, a partir del presente proveído, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese.
- Principal
mesa"10"Ciudad de México, a trece de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por LUIS RAMÓN CARRILLO BUSTAMANTE, por propio derecho y en representación de ALBERT CASTILLO CRUZ, contra actos del Director General del Centro Federal número "5 Oriente" con residencia en Villa Aldama Veracruz y otras autoridades, fórmese cuaderno de antecedentes y regístrese bajo el número 790/2016-10, que es el que le corresponde. Previo a la admisión, desechamiento o prevención de la solicitud que hace valer el peticionario de amparo en su escrito de demanda y en su caso determinar la constitucionalidad de los actos de molestia reclamados, resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la competencia de este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ello en virtud que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y, por tanto, preferentes. En tales circunstancias, resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la competencia de este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, en razón que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y, por tanto, preferentes. Ahora bien, de la lectura realizada a la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso combate la negativa de las autoridades responsables de entregar la correspondencia, libros, copias solicitadas, entre otras, así como la consigna para evitar que salga al patio el día que le corresponde al módulo donde se encuentra ubicado. Así, del análisis del escrito de demanda, este Juzgado Cuarto de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México estima carecer de competencia para conocer del presente juicio de garantías, es en atención a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución materia es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del citado numeral se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que a saber son: La primera regla, se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual, obviamente, presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución material por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. Por su parte el numeral 48, párrafo primero, de la Ley de la Materia, establece: "ARTÍCULO 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". En ese orden de ideas, de conformidad a lo ya expuesto en párrafos precedentes, cabe reiterar que el primer párrafo del mencionado ordinal 37 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. En ese tenor, es de inferirse que el acto se hace consistir en esencia, en la negativa de entrega de correspondencia, libros, copias solicitadas, entre otras, así como la consigna para evitar que el quejoso salga al patio el día que le corresponde al módulo donde se encuentra ubicado (CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIALNUMERO "5 ORIENTE" CON SEDE EN VILLA ALDAMA VERACRUZ), cuya ejecución material radica en el Estado de Veracruz. En efecto, si bien es cierto los actos reclamados por el quejoso son de naturaleza negativa, también lo es que los mismos tienen efectos positivos, tales como que al peticionario de amparo le sea entregada la correspondencia, libros, copias y demás documentación que solicita, así como que se le permita salir al patio los días a los que tiene derecho; por ende, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de la Materia, la competencia en materia de amparo, respecto de los actos reclamados en comento, corresponderá al Juez en donde tenga lugar la ejecución del acto reclamado. Por tanto, con fundamento en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal considera que, resulta legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, en virtud de que los actos reclamados, como ya se indicó, tienen ejecución en el Estado de Veracruz, dado que de la lectura integra de la demanda de garantías, se hace referencia que los actos reclamados se han ejecutado en esa entidad federativa. Y así, es aplicable el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de la Materia, que establece la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, la cual surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado y como ya se dijo, han empezado a tener ejecución los actos que se combaten en aquella entidad federativa. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la tesis número II. 2º.P.16 K (10ª.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, tomo III, Décima Época, cuyo contenido es: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión." Asimismo, sirve de apoyo la tesis visible en la página 14, de la Tercera Parte del Tomo CXXIX, Sexta Época, sustentada por la Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es: "COMPETENCIA EN AMPARO. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en sus párrafos tercero y cuarto, establece que es competente el Juez de Distrito dentro de cuya jurisdicción resida la autoridad que haya dictado la resolución impugnada, cuando ésta no requiera ejecución material, y en aquéllos casos en que, exigiendo ejecución material el acto que se reclama, el propio acto, por su mero pronunciamiento, viole garantías individuales, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. El mismo artículo 36, en su párrafo primero, dice que es competente el Juez dentro de cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto impugnado. Podría pensarse en que, al menos en apariencia, hay contradicción entre el párrafo primero y el párrafo cuarto del citado artículo 36. La contradicción, en el supuesto de existir, habría de resolverse en favor del párrafo primero, ya que en su texto coincide con el contenido del artículo 107 constitucional, fracción VII, según la cual "el amparo... contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentra el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse". Ahora bien, cuando el acto que se combate no requiere ejecución material o, con mayor razón, cuando no admite tal modo de ejecución, resulta indiscutible que el competente es el Juez de Distrito dentro de cuya jurisdicción reside la autoridad que haya emitido ese acto, de conformidad con el artículo 36, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Pero si la resolución impugnada exige ejecución material, es competencia el Juez Federal dentro de cuyo territorio se encuentra el lugar en que se ejecutará o pretenda ejecutarse, salvo que, además de combatirse el acto como violatorio de garantías individuales en sí mismo, se acredite que no se han iniciado aun los trámites para ejecución, y ésta, por otra parte, no se impugne como inminente". En esas condiciones, se concluye que este órgano de control constitucional carece de competencia legal tanto por razón de territorio como por materia, para conocer de la demanda de amparo promovida por LUIS RAMÓN CARRILLO BUSTAMANTE, por propio derecho y en representación de ALBERT CASTILLO CRUZ, y con apoyo en lo expuesto, esta Juzgadora considera que es competente para el conocimiento del asunto el JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA, lo anterior, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo y además al Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo que, remítase la demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, para que proceda a su turno al Juzgado Correspondiente, para los efectos legales conducentes. Domicilio del quejoso Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Procédase a la apertura del cuaderno de antecedentes respectivo y envíese éste al órgano jurisdiccional citado en líneas anteriores, solicitándose el acuse de recibo respectivo. Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Lo anterior de conformidad con el numeral 67, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis; 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese.
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