Luis Ramiro Lumbreras de la Garza

Expediente 455/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
455/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
04/12/2020

Partes del expediente

  • Luis Ramiro Lumbreras de la Garza

Actuaciones

  1. Principal

    En atención a que ninguna de las partes interpuso recurso de queja contra el auto del veintiuno de octubre del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de garantías; se declara que la misma ha causado estado, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    AUTO. MONTERREY, NUEVO LEÓN, A VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la demanda de garantías presentada por Luis Ramiro Lumbreras de la Garza, contra actos del Juez de Control y de Juicio Oral Penal en el Estado y otras autoridades, regístrese con el número 455/2020-IV, que le correspondió en el libro de gobierno que se lleva en este tribunal para tal efecto. Ahora bien, como el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de garantías y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la debe desechar de plano, sin suspender el acto reclamado, el suscrito procede al respecto, es decir, a determinar la procedencia o no del juicio, para tal propósito es preciso recurrir a su aclaración a efecto de establecer los actos que se controvierten y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. De lo anterior se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, considerando que los adjetivos "manifiesto", significa, claro, evidente "indudable", significa, cierto, seguro, que no puede dudarse. En tal sentido, el accionante constitucional Luis Ramiro Lumbreras de la Garza, reclama del Juez de Control y de Juicio Oral Penal en el Estado y otras autoridades lo siguiente: "La Medida Cautelar de Prisión Preventiva, la cual se me dicto en audiencia de fecha 21-veintiuno de marzo del 2020-dos mil veinte.", la cual deriva de una orden de aprehensión. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional o en este caso en su escrito aclaratorio de demanda y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Encuentra apoyo en lo conducente, en la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 730, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X (Septiembre de 1999), Novena Época, Materia Común, del texto rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.". El estudio de las causales de improcedencia de la acción de amparo es de estudio preferente, por tratarse de una cuestión de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, en correlación con el sexto transitorio ibídem. En ese sentido, se aprecia que se surte la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XIII, con relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII.- Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". "Artículo 18.- Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Conforme a dicha disposición, el consentimiento de los actos reclamados estriba en la omisión de ejercer la acción de garantías dentro de los plazos que para cada caso establece la legislación de la materia, de modo tal que esa circunstancia de índole negativa engendra no sólo la tolerancia tácita del acto de que se trate, sino que además trae aparejada la pérdida de la acción constitucional, por haber expirado el plazo en el que debió hacerse valer. Sin que lo anterior implique una restricción del derecho a la justicia reconocido en el marco convencional, constitucional y legal, pues el hecho de que se impongan requisitos de procedencia para su ejercicio no implica que éste se elimine, sino únicamente genera la posibilidad de garantizar la seguridad jurídica, de manera tal que a fin de ejercer aquel derecho el gobernado debe cumplir con los requisitos que la propia legislación exija, bajo pena de declarar consentido el acto de autoridad en caso de no hacerlo. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, publicada en la página 699 del Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro es: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO." Pues bien, dada la naturaleza de las violaciones reclamadas (la medida cautelar de prisión preventiva de veintiuno de marzo de dos mil veinte), es claro que la parte quejosa debió ajustarse, para ejercer su acción, al término genérico de quince días que al efecto concede el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues dicho acto reclamado no se adecua a alguno de los supuestos de excepción que prevé la fracción IV de ese mismo numeral, ya que no se relaciona con la privación de la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro o alguno de los contenidos en el numeral 22 del Pacto Federal. Sin embargo, tal acto de autoridad fue consentido tácitamente para los efectos del juicio de amparo. En efecto, el artículo 17 de la Ley de Amparo establece, en su primer párrafo, que: "El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." Por su parte, el numeral 18 de la misma legislación dispone que: "Los plazos a que se refiere el artículo anterior, se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución." Como puede verse, las transcritas disposiciones legales establecen el plazo de quince días para el ejercicio de la acción de amparo, así como tres supuestos para computarlo: el primero de ellos parte del día siguiente a aquél en el que surta efectos la notificación del acto reclamado, conforme a la ley que lo rija, es decir, tiene como presupuesto la existencia de una notificación, el segundo inicia el día siguiente al en que el gobernado tenga conocimiento de su existencia o de su ejecución y el último desde el día siguiente al en que el quejoso se ostente sabedor del acto. La primera de las hipótesis señaladas, es la que se actualiza en el caso concreto, en razón de que el quejoso en relación al acto reclamado, promovió la demanda de amparo en forma extemporánea. Se afirma lo anterior, toda vez que en relación a la "medida cautelar de prisión preventiva de veintiuno de marzo de dos mil veinte", la cual a la fecha se encuentra cumpliendo en el Centro de Reinserción Social número uno ubicado en Apodaca, Nuevo León, se desprende que el quejoso tuvo conocimiento en la fecha en que se dictó la misma, ya que sobre el particular, en los antecedentes del acto reclamado expone que en dicha fecha se llevó a cabo la audiencia inicial, dentro del expediente 3496/2020, misma en la que estuvo presente. En el caso, la determinación impugnada en esta vía fue emitida el veintiuno de marzo de dos mil veinte, por lo cual, en esa misma data se tuvo por notificado al ahora quejoso, ya que intervino en esa audiencia inicial, lo anterior de conformidad con el artículo 84 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece lo siguiente: "Artículo 84. Regla general sobre notificaciones Las resoluciones deberán notificarse personalmente a quien corresponda, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se hayan dictado. Se tendrán por notificadas las personas que se presenten a la audiencia donde se dicte la resolución o se desahoguen las respectivas diligencias. Cuando la notificación deba hacerse a una persona con discapacidad o cualquier otra circunstancia que le impida comprender el alcance de la notificación, deberá realizarse en los términos establecidos en el presente Código." De ahí que, sí la notificación del actos que reclama el quejoso le fueron realizadas el veintiuno de marzo del año en curso, éstas tienen como consecuencia que los términos le empiecen a correr al día siguiente de que se realizó dicha notificación. Ahora bien, por cuestiones de la contingencia que enfrentamos, los términos quedaron suspendidos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus "COVID-19"; los mismos se reanudaron el tres de agosto del presente año, por lo cual es claro que el plazo para el ejercicio de la acción de garantías inició a partir del cuatro de agosto siguiente hábil a aquél en el que surtió efectos la notificación del acto reclamado feneciendo quince días después, con exclusión de los días que fueron inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo, y que a la fecha ha trascurrido en demasía dicho termino para la interposición de la demanda de amparo. En ese sentido, sí la demanda de amparo fue presentada en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal del Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, hasta el veintiuno de octubre de dos mil veinte, es indudable que el término de quince días excede del previsto en la ley para la presentación de la demanda de garantías, esto es, contado a partir del día siguiente al en que se le practicó la notificación de los actos que reclama, por lo cual es evidente y notoria su extemporaneidad, pues debió presentarse dentro de los quince días siguientes en que le fue realizada la notificación de los actos que reclama. Luego entonces, el cómputo de los quince días a que alude el numeral 17 y 18 de la Ley de Amparo, en el presente asunto, transcurrió en exceso respecto de la fecha en la que se dictó la medida cautelar de prisión preventiva, dentro de la carpeta 3496/2020. Es aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I Décima Época, registro: 2009174, página: 38, de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA.". Por lo anterior, se estima que la causa de improcedencia en comentario opera en la medida que el ahora quejoso, no promovió el juicio de amparo dentro del término de quince días a que alude el numeral 17, de la ley de la materia; de ahí que debe considerarse que los citados actos reclamados fueron consentido implícitamente al haber instado el juicio constitucional de modo extemporáneo. Conviene destacar, que conforme a lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la aplicación del principio pro persona, no significa que deje de observar el término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, para estos casos, pues no significa que se dejen de observar los diversos principios de legalidad, igualdad, seguridad jurídica y debido proceso, previstos en los numerales 14 y 16 de la Constitución Federal, so pretexto de un acceso efectivo a la impartición de justicia. Resulta aplicable, la Jurisprudencia 10/2014 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada el siete de febrero de dos mil catorce, con el siguiente rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA.". Luego, si bien del contenido de los artículos 1° y 17 de la Constitución Federal, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que privilegian el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que no tienen el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance -que en la especie se traduce en la promoción del juicio de amparo indirecto, dentro del término de quince días contados a partir de que tuvieron conocimiento del acto reclamado-. Estimar lo contrario, equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales, convencionales y legales que rigen la función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función dado que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, aunado a que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Tiene aplicación, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el siguiente contenido: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables". Por tanto, hágase las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E 2.0), en el Libro de Gobierno de este órgano jurisdiccional. Finalmente, con fundamento en lo estipulado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los ordinales 5, 7, 8, tercer párrafo y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, omítase el nombre y datos personales de las partes en las resoluciones públicas y demás publicaciones que se difundan por medios electrónicos, aún y cuando no hayan manifestado por escrito su oposición, en la inteligencia que dicha supresión no debe impedir conocer el criterio sostenido por este órgano de control jurisdiccional. Notifíquese y personalmente al quejoso.

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