Luis Ramírez Martínez

Expediente 119/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
119/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
27/02/2023

Partes del expediente

  • Luis Ramírez Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término para interponer el recurso de queja contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que instituye las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis de agosto siguiente, se provee: Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Finalmente, se instruye al secretario a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta de la parte quejosa a través refiere que en cumplimiento a la prevención decretada en autos exhibe copias simples de la demanda de amparo, lo anterior, a efecto de que se admita la misma. Atento a lo anterior, dígase al promovente que no ha lugar acordar de conformidad lo peticionado, toda vez que mediante proveído de nueve de febrero de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, quince de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la razón del actuario judicial adscrito a este juzgado, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo de notificar personalmente al quejoso *************, la determinación de nueve de febrero último. Por lo anterior, demostrada la imposibilidad material que tuvo el funcionario judicial para practicar la notificación de mérito en términos del artículo 26, fracción III; en una interpretación armónica de los artículos 24 al 31, todos de la ley de la materia, notifíquese por lista la referida determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto sea señalado domicilio para tal efecto. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ************, por propio derecho, contra actos del Juez de Control Maestro José Gabriel Martínez Peña y otros. Fijación de Litis De la lectura integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado que se combate en esta vía consiste en: La adecuación del tipo penal del delito de feminicidio en grado de tentativa. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 119/2023-IV. Genérese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinar el escrito de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, la improcedencia del juicio. En la especie, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que ésta carece de firma autógrafa del promovente Luis Ramírez Martínez; por lo que, resulta improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el citado numeral 6o., ambos de la Ley de Amparo, que rezan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente". (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita.". Como se ve, el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente escritos en calidad de promovente, debidamente firmados, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta a este órgano jurisdiccional para que conozca y estudie las manifestaciones vertidas, porque un escrito, cualquiera que sea la naturaleza del mismo, sin firma autógrafa o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello, tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del Juez mediante una prevención. Así, como se advierte de la certificación de cuenta, el escrito de demanda carece de firma autógrafa de Luis Ramírez Martínez, por tanto, no contiene la voluntad de su autor en comprometerse con su contenido, pues el acto de estampar el signo gráfico correspondiente a su firma, sirve para que no quede duda acerca de la circunstancia de que las manifestaciones ahí vertidas son de la voluntad de la persona que aparece como suscriptora; toda vez que la firma autógrafa no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento, por ello, la demanda de amparo que se plantea resulta improcedente y en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente. Finalmente, cabe señalar que la demanda de amparo, es copia fotostática en la cual se observa la firma del solicitante de amparo; no obstante dicha circunstancia no exime al promovente de plasmar su firma autógrafa, lo anterior, a efecto de acreditar su voluntad con la que suscribe el escrito que se atiende. Domicilio del quejoso Toda vez que el quejoso se encuentra interno, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquesele personalmente esta determinación, así como las subsecuentes en el lugar donde se encuentra recluido. Defensor de oficio No se inadvierte que el quejoso se encuentra privado de su libertad y no cuenta con asistencia jurídica, sin embargo, no se estima necesario que este juzgador de manera oficiosa le designe un defensor público, para que lo asista en esta instancia constitucional, toda vez que únicamente opera en favor del quejoso cuando la procedencia del juicio sea viable y como ya se explicó en párrafos que anteceden la presente demanda de amparo resulta notoriamente improcedente. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia de rubro y contenido siguientes: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL DEBER DE GARANTIZAR ESE DERECHO CONFORME A LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 43/2019 (10a.), SI EL ESTUDIO OFICIOSO DE LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN, ORIGINA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA, AL DERIVAR DE LA INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL DE LA NORMA APLICABLE REALIZADA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Hechos: Una persona detenida en un centro penitenciario promovió juicio de amparo indirecto contra actos relacionados con las condiciones de su internamiento. El Juez de Distrito, sin requerirla previamente para que designara a un abogado, o bien, a la Defensoría Pública para que le asignara un defensor, en atención a su deber de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva conforme a la jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.), desechó de plano la demanda, al estimar que de manera manifiesta e indudable se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues previamente a la promoción del juicio constitucional, el quejoso debió agotar el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Inconforme, éste interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que se actualiza una excepción al deber de garantizar el derecho de tutela jurisdiccional efectiva conforme a la jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.), si el estudio oficioso de la improcedencia del juicio de amparo promovido contra las condiciones de internamiento en un centro de reclusión, origina el desechamiento de plano de la demanda, al derivar de la interpretación jurisprudencial de la norma aplicable realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Justificación: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), de título y subtítulo: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", estableció que el juicio de amparo promovido contra las omisiones inherentes a las condiciones de reclusión en un centro penitenciario, sin interponer previamente el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal es improcedente, porque se actualiza la causa prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por no agotarse el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Por otra parte, en el diverso criterio jurisprudencial 1a./J. 43/2019 (10a.), de título y subtítulo: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO.", la misma Sala dispuso el deber de los Jueces de Distrito de garantizar al quejoso el derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva, mediante la designación de un representante, así como para el tribunal revisor de verificar que en el inicio del procedimiento del juicio de amparo se tuteló esa prerrogativa a favor de la parte inconforme y, en caso contrario, ordenar la reposición del procedimiento. Sin embargo, se actualiza una excepción a este último criterio obligatorio para los Jueces de Distrito, cuando el estudio oficioso de la improcedencia del juicio respecto de los actos referidos dé origen al desechamiento de plano de la demanda, al derivar de la interpretación jurisprudencial de la norma aplicable realizada por el propio Tribunal Constitucional, pues ante ese escenario, es evidente que la condición de defensa garantizada al quejoso en la parte inicial del juicio de amparo, no podría superar la obligatoriedad en la aplicación de la jurisprudencia que define la improcedencia del juicio, en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo (vigente hasta el 7 de junio de 2021). De ahí que a ningún fin práctico conduciría que el tribunal revisor ordenara la reposición del procedimiento para el efecto de que desde el inicio del juicio de amparo el Juez de Distrito garantice el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva por medio de la representación del quejoso, si al proveer sobre la admisión de la demanda presentada por éste contra las condiciones de su reclusión, antes de intentar el amparo, debía agotar el mecanismo de controversia ante el Juez de Ejecución o el de Control, según se trate, lo que de inobservarse necesariamente obligaría al Juez de Distrito a arribar a la misma determinación, en el sentido de que se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia referida, decretada vía jurisprudencial por el Máximo Tribunal del País. Por ello, se concluye que esa obligación procedimental de garantizar el derecho de tutela judicial efectiva en el juicio de amparo, únicamente opera en favor del quejoso cuando la procedencia del juicio sea viable, esto es, cuando no encuentra obstáculo en la declaración de improcedencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la jurisprudencia aplicable.". Notifíquese personalmente.

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