Luis Ramirez Escobedo

Expediente 187/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
187/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
08/07/2016

Partes del expediente

  • Luis Ramirez Escobedo

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, ocho de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiocho de junio de dos mil dieciséis. Se agrega a los autos para los efectos legales procedentes, la constancia signada por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado, en la que informa que no fue posible notificar el proveído de dieciséis de junio del año en curso, al quejoso, por las razones que ahí menciona. Ahora bien, la fracción III, inciso a), del artículo 27 de la Ley de Amparo, establece que cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones o el señalado resulte inexacto, las notificaciones del quejoso se harán por lista; en consecuencia, de una interpretación de la disposición legal asentada, se está ante una imposibilidad de carácter permanente para hacer la notificación personal; por tanto, lo que procede es efectuar la notificación por lista en los estrados de este juzgado; del proveído de referencia y las subsecuentes aun de carácter urgente. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro******************** Querétaro******************** dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los ********************s el escrito signado por *********; contra actos del: Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito de demanda signado por *****************; contra actos del: 1. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil de Querétaro, Querétaro; y, 2. Actuario adscrito al Juzgado Tercero de lo Civil de Querétaro, Querétaro. ANOTACIONES Se forma el expediente correspondiente, se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el Libro de Gobierno de este Juzgado bajo el número 187/2016-I-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto recamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la Ley de Amparo, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: El cumplimiento de la sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, emitida en los autos del expediente 1477/2015 del índice del Juez responsable, así como la diligencia efectuada por el actuario responsable, llevada a cabo el veinticinco de mayo del año en curso, en la cual dio posesión al tercero interesado, del bien consistente en ****** Lo anterior por considerar que en el caso, el acto reclamado no constituye el último acto de ejecución de dicha sentencia, por lo cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, a contrario sensu interpretado, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. [El énfasis es propio]. De conformidad con lo previsto en el segundo de los numerales precitados, en la etapa de ejecución, la última resolución es aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. En atención a lo expuesto, resulta claro que el acto reclamado, no constituye la última resolución dictada en el expediente ****** del índice del Juez responsable, de modo que será hasta que se emita la resolución que aprueba o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, cuando el quejoso estará en aptitud de acudir al juicio de amparo y, en su caso, exponer las violaciones que considere se realizaron en el transcurso del procedimiento. En relación a lo anterior, es de invocar la tesis 2a. VIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 230, del Tomo VII, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución. Tampoco puede considerarse como un acto de imposible reparación, ya que no trasciende a los derechos sustantivos del quejoso, máxime cuando tiene o tuvo expedito el derecho a reclamar la sentencia en Juicio de Amparo Directo y con ello solicitar la suspensión de la misma. En ese sentido, al no ser la diligencia de veinticinco de mayo del año en curso, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución ni tampoco una de imposible reparación, lo procedente es desechar la demanda promovida por ******** DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en *************Asimismo, se tienen por autorizados con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a ***********************, toda vez que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito al Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro******************** Querétaro******************** dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los ********************s el escrito signado por *********; contra actos del: Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito de demanda signado por *****************; contra actos del: 1. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil de Querétaro, Querétaro; y, 2. Actuario adscrito al Juzgado Tercero de lo Civil de Querétaro, Querétaro. ANOTACIONES Se forma el expediente correspondiente, se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el Libro de Gobierno de este Juzgado bajo el número 187/2016-I-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto recamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la Ley de Amparo, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: El cumplimiento de la sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, emitida en los autos del expediente 1477/2015 del índice del Juez responsable, así como la diligencia efectuada por el actuario responsable, llevada a cabo el veinticinco de mayo del año en curso, en la cual dio posesión al tercero interesado, del bien consistente en ****** Lo anterior por considerar que en el caso, el acto reclamado no constituye el último acto de ejecución de dicha sentencia, por lo cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, a contrario sensu interpretado, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. [El énfasis es propio]. De conformidad con lo previsto en el segundo de los numerales precitados, en la etapa de ejecución, la última resolución es aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. En atención a lo expuesto, resulta claro que el acto reclamado, no constituye la última resolución dictada en el expediente ****** del índice del Juez responsable, de modo que será hasta que se emita la resolución que aprueba o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, cuando el quejoso estará en aptitud de acudir al juicio de amparo y, en su caso, exponer las violaciones que considere se realizaron en el transcurso del procedimiento. En relación a lo anterior, es de invocar la tesis 2a. VIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 230, del Tomo VII, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución. Tampoco puede considerarse como un acto de imposible reparación, ya que no trasciende a los derechos sustantivos del quejoso, máxime cuando tiene o tuvo expedito el derecho a reclamar la sentencia en Juicio de Amparo Directo y con ello solicitar la suspensión de la misma. En ese sentido, al no ser la diligencia de veinticinco de mayo del año en curso, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución ni tampoco una de imposible reparación, lo procedente es desechar la demanda promovida por ******** DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en *************Asimismo, se tienen por autorizados con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a ***********************, toda vez que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito al Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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