Luis Ramírez Cruz
Expediente 1159/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1159/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 07/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Luis Ramírez Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
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Cuernavaca, Morelos, siete de septiembre de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio 19151/2015 signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual, transcribe el contenido del auto de tres de septiembre del año en curso, dictado en el juicio de amparo 988/2015, en la parte que interesa solicita a este Juzgado se le remita copia certificada de la boleta de turno, del escrito de demanda del quejoso, de la resolución que se haya emitido y el estado procesal que guarda el juicio de amparo 1159/2014-II; agréguese a los autos del cuadernillo provisional. Atento a lo solicitado, mediante atento oficio en que se inserte el presente proveído, remítase copia certificada de lo solicitado, asimismo, se hace de su atento conocimiento que en el juicio de amparo 1159/2014-II, se dictó acuerdo el dieciséis de junio de dos mil quince, declarándose firme el auto de dieciocho de mayo de dos mil quince, por el cual se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, ordenándose el archivo del asunto como totalmente concluido. Finalmente, toda vez que mediante oficio SEADS/780/2015, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión ordinaria de diecinueve de agosto del año en curso, la Comisión de Adscripción determinó la readscripción del Juez Carlos Anuar Jaimes Torres como Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil quince; lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. CÚMPLASE.
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Cuernavaca, Morelos, dieciséis de junio de dos mil quince. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se aboque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de dieciocho de mayo de dos mil quince, mediante el cual se declaró cumplida la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de garantías y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. Por otra parte, toda vez que el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado, remitió copia certificada de las actuaciones que emanan de la causa penal 453/2010-3; en esas condiciones, remítase a la autoridad responsable la copia certificada de referencia, para los efectos legales a que haya lugar, solicitando de la manera más atenta se sirva acusar de recibo correspondiente. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el Licenciado José Leovigildo Martínez Hidalgo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
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Cuernavaca, Morelos, dieciocho de mayo de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo de los que se advierte que por auto de treinta de abril del año en curso, se dio vista a las partes, con el oficio del Juez Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector y debidamente notificados, no desahogaron la vista contenida en el citado acuerdo. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia terminada de engrosar el veinticuatro de marzo de dos mil quince, dictada por Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, en el único punto resolutivo, determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Luis Ramírez Cruz, precisando los efectos siguientes: ".VI. DECISIÓN. 90. En tal virtud, dado lo fundado de los conceptos de violación analizados bajo la prerrogativa procesal prevista en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Luis Ramírez Cruz, para el efecto de que el juez responsable deje insubsistente el auto de formal prisión reclamado y, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, ya sea en un sentido diverso o en el mismo de la anterior, siempre que subsane las deficiencias encontradas, esto es: 1) precise el cuerpo del delito que se imputa al quejoso y determine sus elementos en forma congruente, a partir de la interpretación señalada en este fallo de lo que debe entenderse por desmantelamiento de un vehículo automotor; 2) analice la denuncia del ofendido José Humberto Onorato Zavaleta del cuatro de agosto de dos mil ocho y su comparecencia del veinte de agosto siguiente; 3) analice la declaración de Armando Mejía Montes del veintiuno de octubre de dos mil ocho, de conformidad con las reglas que establece para la valoración de la prueba testimonial la legislación procesal penal federal; 4) analice de forma completa el informe de investigación del veinte de agosto de dos mil ocho; y, 5) analice el valor probatorio del acta de hechos del uno de agosto de dos mil ocho; lo anterior, sin perjuicio de la facultad que tiene de reclasificar el delito en caso de que así lo estime necesario o, en su defecto, decrete la libertad del quejoso por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, aunque por datos posteriores de prueba se proceda nuevamente en su contra; en el entendido que al emitir una nueva resolución deberá tomar en los lineamientos contenidos en el presente fallo, en términos de la tesis aislada CX/2015 de la Décima Época, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el once de marzo de dos mil quince, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional." (10a. Época; 1a. Sala; Semanario Judicial de la Federación; 1a. CX/2015; Publicación: Viernes 20 de Marzo de 2015 09:00 h)." Por auto de veintidós de abril del dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia de amparo, y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. En acatamiento a lo anterior, el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, mediante oficio recibido veintinueve de abril del año en curso, informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de la resolución dictada el veintiocho de abril del dos mil quince dentro del expediente penal 453/2010-3. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º. Ahora bien, del análisis de las citadas documentales, se advierte que el fallo protector se encuentra cumplido, por las siguientes razones jurídicas: El Juez responsable procedió a dictar resolución el veintiocho de abril de dos mil quince, dentro del expediente penal 453/2010-3, dejando sin efecto legal alguno la resolución de Plazo Constitucional de tres de enero de dos mil once, que dictó en contra de Luis Ramírez Cruz por considerarlo probable responsable en la comisión de delito de DESMANTELAMIENTO DE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR QUE SE POSEA ILEGALMENTE, en agravio de José Humberto Honorato Zavaleta. Asimismo, procedió a dictar una nueva resolución con plenitud de jurisdicción, siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo. Procedió a realizar la reclasificación del delito en los términos a que se refiere el artículo 171 del Código de Procedimientos Penales aplicable al caso, asimismo procedió a establecer debidamente la hipótesis delictiva que se debe atribuir al sujeto activo, en el que consideró que no se encuentra acreditada la hipótesis delictiva que se encuentra tipificada en el artículo 176 Bis, fracción I, del Código Penal vigente al momento del hecho pues si bien contiene en sus tres párrafos, dos delitos diversos, los cuales pueden o no cometerse por el mismo sujeto activo, pues el párrafo primero se refiere al delito de ROBO DE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR; mientras que el segundo párrafo dispone que se sancionara con las mismas penas señalada para el delito de robo de vehículo automotor, a quien o a quienes sean responsables o no de tal robo, y realicen cualquiera de las conductas a que se refiere el párrafo tercero, identificado como fracción I, mismo delito, del que desprendió entre otras conductas, la consistente en DESMANTELAR UNO O MÁS VEHÍCULOS AUTOMOTORES QUE SE POSEAN ILEGALMENTE, hipótesis que no se encuentra acreditada, en razón de que no se actualiza como premisa fundamental el robo del vehículo automotor (tractor) y mucho menor que el activo del delito haya participado en el robo del mismo. Asimismo, precisó que el delito de DESMANTELAMIENTO DE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR QUE SE POSEA ILEGALMENTE, se encuentra integrado con los siguientes elementos: Que el sujeto activo desmantele uno o más vehículos automotores. Que el o los vehículos desmantelados, sean poseídos ilegalmente por el sujeto activo. El Juez precisó que el segundo de los elementos del cuerpo del delito, que no se encuentra acreditado, pues de las actuaciones no apreció con medio probatorio que el activo del delito poseyera ilegalmente el vehículo automotor del que se presume sustrajeron diversas piezas. Por tanto, con libertad de jurisdicción en términos del artículo 171 del Código de Procedimientos Penales vigente al momento del hecho, consideró que la conducta que debe atribuírsele al sujeto activo es la de ROBO (SIMPLE) a que se refiere la fracción I, del artículo 174 del Código Penal vigente en la temporalidad del hecho, que a la letra dice: "Artículo 174.- A quien se apodere de una cosa mueble ajena, con ánimo de dominio, sin consentimiento de quien pueda otorgarlo conforme a la ley, se aplicaran: Fracción I. De seis meses a un año de prisión, de quince a noventa días de trabajo en favor de la comunidad, así como diez a cincuenta días de multa, cuando el valor de la cosa no exceda de veinte veces el salario mínimo, o no sea posible determinar su valor. Determinó los elementos del cuerpo del delito de Robo (simple), siendo los siguientes: 1.- Que el activo se apodere de una cosa mueble ajena. 2.- Que el Activo lo haga con el ánimo de dominio. 3.- Que el apoderamiento sea sin el consentimiento de quien pueda otorgarlo conforme a la ley. Asimismo, realizó el análisis de la legitimación del querellante, señalando que el artículo 199, primer párrafo, del Código Penal vigente al momento del hecho, señala que se perseguirán por querella de los delitos previstos en ese título (noveno), con excepción de los previstos en los artículos 176 Bis, 185, 192 y 195 Bis, calificados y el delito de abigeato, por lo tanto, estimó que el delito de Robo (simple) se persigue por querella de parte ofendida, la que se encuentra acreditada con la declaración del ofendido José Humberto Honorato Zavaleta, de fecha cuatro de agosto de dos mil ocho, así como la fe ministerial de documentos del cuatro de agosto del dos mil ocho, declaración y documentales que analizadas en términos de los artículos 75, 103, 107, 109, fracción IV, incisos del a) al e), y 110 del Código de Procedimientos Penales en vigor al momento del hecho, le otorgó el valor de indicio, esto es así, porque el ofendido refirió que es propietario del vehículo motivo de la causa, lo cual se acredito con la documental consistente en la factura número 19383 de fecha catorce de febrero de mil novecientos ochenta y nueve expedida por Morales Gordillo, S.A. de C.V., Materiales para la construcción, la cual ampara la propiedad de un tractor diésel de la marca Caterpillar, modelo D4E con motor dieses 75HP, transmisión automática, factura la cual al reverso presente un endoso a favor de Humberto Honorato y con motivo del robo de partes del mismo, sufrió un daño en su patrimonio, bien jurídico tutelado que protege la ley penal, por lo tanto, considero que José Humberto Honorato Zavaleta, se encuentra legitimado para querellarse y por consecuencia actualizado el requisito de procedibilidad a que se refiere el artículo 112, tercer párrafo del Código de Procedimientos Penales en vigor al momento del hecho. Respecto al primer elemento del cuerpo del delito que exige acreditar que el activo se apodere de una cosa mueble ajena se encuentra acreditado, con la declaración del ofendido José Humberto Honorato Zavaleta de cuatro de agosto de dos mil ocho, lo que se guardó relación con la Fe Ministerial de documentos de cuatro de agosto de dos mil ocho, declaración e inspección de documentos que analizados en términos de los artículos 75, 83, 107, 109, fracción IV, incisos a) al e) y 110 del Código de Procedimientos Penales en vigor al momento del hecho, le otorgó el valor de indicio; y en el caso de la declaración, tomando en consideración que es clara y precisa con relación a la sustancia del hecho y sus circunstancias principales, esto es así, porque el ofendido refirió que el viernes primero de agosto de dos mil ocho, como a las dieciocho horas con treinta minutos, después de que uno de sus trabajadores le avisó que unos sujetos estaban desarmando piezas del tractor, se dirigió hasta donde estaba el tractor que es la mina que se encuentra en el cerro denominado "piedra cargada" del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, y al verificar vio que efectivamente unas personas le había quitado pizas al multicitado tractor, siendo las planchuelas de las cadenas, dos laminas que están pegadas en las laterales del trascabo; por tanto, así se acredita que un sujeto activo se apoderó de la cosa ajena mueble perteneciente la víctima del delito; de igual manera, mencionó que de las declaraciones del ofendido y del testigo Armando Mejía Montes y la documental consistente en la factura número 19383 de fecha catorce de febrero de mil novecientos ochenta y nueve expedida por Morales Gordillo, S.A. de C.V., Materiales para la construcción, la cual ampara la propiedad de un tractor diésel de la marca Caterpillar, modelo D4E con motor dieses 75HP, transmisión automática, se acredita el apoderamiento de la cosa ajena mueble, asimismo, tomó en consideración la diligencia de inspección ocular de dos de junio de dos mil nueve, así como las fotografías a color exhibidas por el asesor jurídico del ofendido. Respecto al segundo de los elementos del cuerpo del delito consistente en que el activo lo haga con el ánimo de domicilio, se encontró acreditado con la declaración del ofendido de cuatro de agosto de dos mil ocho, asimismo, señaló que a fin de acreditar el ánimo de dominio que el sujeto activo ejerció sobre la cosa mueble, procedió al análisis de la declaración del testigo Armando Mejía Montes, de fecha veintiuno de octubre de dos mil ocho ante la representación social, declaración que analizó en términos de los artículos 75, 107, 108, 109, fracción IV, incisos a) al e) y 110 del Código de Procedimientos Penales en vigor al momento del hecho, le otorgó el valor de indiciario preponderante, tomando en consideración que el testigo apreció los hechos con sus propios sentidos, además que es clara y precisa en cuento a la sustancia del hecho y características principales, ya que se encuentra relacionada con el dicho del ofendido, quien al ver que unos sujetos a bordo de una camioneta Nissan se dirigían hacia la mina en donde se encontraba un vehículo automotor de su propiedad, decidió mandarlo a ver que hacía, por lo que el testigo al llegar señaló lo siguiente: ".la mina que se encuentra en la parte de arriba del cerro del Poblado de Tepetzingo, Morelos, donde se encuentra la máquina de color amarillo, pudo observar que los sujetos estaban desarmando la máquina de color amarilla, por lo que el compareciente subió y le avisó al señor Honorato que estaban desarmando su máquina y que la camioneta tenía una piezas de la maquina."; declaración que sirvió de base para acreditar que efectivamente el activo llegó al lugar del hecho y después de desarmar las piezas del vehículo automotor, las tuvo bajo su esfera de acción de hecho, y con el ánimo de disponer de ellas en calidad de dueño, las subió a la camioneta, considerándose con ello actualizado el elemento subjetivo que es el ánimo de ejercer de hecho sobre las cosas todas las facultades que el propietario competen de derecho. Con relación al tercer elemento que exige que el apoderamiento sea sin el consentimiento de quien pueda otorgarlo conforme a la ley, se encuentra acreditado con la declaración del ofendido José Humberto Honorato Zavaleta del cuatro de agosto de dos mil ocho, que guarda relación con la fe ministerial de documentos de cuatro de agosto de dos mil ocho, así como la declaración del testigo presencial de hechos de Armando Mejía de veintiuno de octubre de dos mil ocho; declaración que analizó en términos de los artículos 75, 107, 108, 109, fracción IV, incisos a) al e) y 110 del Código de Procedimientos Penales en vigor al momento del hecho, le otorgó el valor de indiciario preponderante, tomando en consideración que el testigo apreció los hechos con sus propios sentidos, además que es clara y precisa en cuento a la sustancia del hecho y características principales, pues el ofendido al ver que unos sujetos a bordo de una camioneta Nissan se dirigían hacia la mina en donde se encontraba un vehículo automotor de su propiedad, decidió mandarlo a ver que hacían; declaración que sirvió de base para acreditar que efectivamente el activo llegó al lugar del hecho y después de desarmar las piezas del vehículo automotor, las tuvo bajo su esfera de acción de hecho, pues el testigo observó con sus sentidos que incluso que ya las tenían en la camioneta, es decir, ya se habías apoderado de ellas y que lo anterior implica el traslado de una cosa del patrimonio de su dueño al del delincuente, sin consentimiento de aquél, es decir, que tal acción se realizó sin consentimiento de quien podía disponer de ellas con arreglo a la ley que en el caso se trata del ofendido Jose Humberto Honorato Zavaleta, siendo así como se acreditó el tercer elemento del delito de Robo (simple). Por lo que respecta a la probable responsabilidad de Luis Ramírez Cruz en la comisión del delito de Robo (simple), en agravio de José Humberto Honorato Zavaleta, se encuentra debidamente acreditada en autos, tomando en consideración las argumentaciones jurídicas y elementos o indicios, que relacionó con la declaración de José Humberto Honorato Zavaleta de fecha cuatro de agosto de dos mil ocho, así como la comparecencia de dicho ofendido del veinte de agosto de dos mil ocho, asimismo, analizó la declaración del testigo presencial de hechos de Armando Mejía Montes de fecha veintiuno de octubre de dos mil ocho, asimismo, precisó que la probable responsabilidad del indiciado en la comisión del delito de ROBO (simple) que se le atribuye, también se encuentra acreditada con el informe de ORDEN DE INVESTIGACIÓN que los elementos de la Policía Ministerial rindieron al Ministerio Púbico Investigador, de fecha veinte de agosto de dos mil ocho, mismo que analizó en términos de lo señalado por los artículos 75, 107, 109, fracción IV, incisos a) al e) y 110 del Código de Procedimientos Penales en vigor al momento del hecho, le otorgó el valor de indicio preponderante, pues es claro y preciso en cuando a la sustancia del hecho y características principales, afirmó que se desprende la manifestación del sujeto Luis Ramírez Cruz de que efectivamente el día de los hechos el primero de agosto de dos mil ocho, siendo aproximadamente las seis y media de la tarde, se encontraba en el lugar del hecho en la mina que se encuentra en el cerro denominado "piedra cargada" del municipio de Emiliano Zapata, Morelos, según refirió descansando ya que andaba buscando un caballo; lo que le permitió establecer que el sujeto activo se encontraba ubicado en las circunstancias de tiempo y lugar, y que se encuentra relación con lo declarado por el ofendido y testigo Armando Mejía Montes, quienes ubican correctamente al indiciado Luis Ramírez Cruz, en las circunstancias de tiempo y lugar de ejecución del hecho delictivo. Asimismo, procedió analizar los documentos ofrecido por el ofendido consistente en el Acta de Hechos realizada por Evaristo Arellano Rosales, Ayudante Municipal de la colonia o poblado de Tepetzingo, del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, de fecha uno de agosto de dos mil ocho, así como la hoja de papel de cuaderno escrita a mano de fecha uno de agosto de dos mil ocho, documentales que analizo en términos de los artículos 75, 103, 108, y 110 del Código de Procedimientos Penales en vigor al momento del hecho, le otorgó el valor de indicios aislados, tomando en consideración que el acta de hechos no fue firmada por Luis Ramírez Cruz, ni se observó que haya estado presente al momento de su realización, lo que resulta ilógico tomando en consideración que el acta de hechos fue realizada media horas antes de la hora en que el propio ofendido señalo como momento en que se cumplieron los elementos del cuerpo del delito; por lo tanto, resulto evidente que no sirve para acreditar que los hechos sucedieron ese mismo día, pero con media hora de diferencia; con relación a la hoja de papel de cuaderno escrito a mano, mediante el cual el indiciado supuestamente entrega en garantía un vehículo de su propiedad con motivo de unos supuestos daños, que ocasionó al vehículo propiedad del ofendido, sin embargo, dicho documento le restó valor indiciario alguno, tomando en consideración que el indiciado no lo ratificó ante la presencia judicial, en los términos que exige el artículo 103 del Código de Procedimientos Penales vigente al momento del hecho, para los documentos privados. Una vez que analizó las pruebas en lo particular y general en términos de los artículos 75, 83, 102, 107, 108, 109, fracción IV, incisos a) al e) y 110 del Código de Procedimientos Penales en vigor al momento del hecho, desprendió que fueron suficientes para acreditar la probable responsabilidad de Luis Ramírez Cruz, en la comisión del delito de ROBO (simple) en agravio de José Humberto Honorato Zavaleta, en los términos a que se refieren los artículos 16, párrafo segundo y 18, fracción I, del Código Penal vigente en la entidad. Finalmente, determinó dictar AUTO DE SUJECIÓN A PROCESO en contra de Luis Ramírez Cruz, como probable responsable en la comisión del delito de Robo (simple), previsto y sancionado por el artículo 174, fracción I, del Código Penal aplicable al caso, en agravio de José Humberto Honorato Zavaleta; y toda vez que la sanción no excede de cuatro años de prisión, en términos del artículo 75, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, declinó competencia al Juez Menor en Turno de la Primera Demarcación Judicial del Estado. Consecuentemente, resulta valido afirmar que la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el licenciado JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa: LUIS RAMÍREZ CRUZ, el auto de dieciocho de mayo de dos mil quince, que en lo conducente establece: ... Cuernavaca, Morelos, dieciocho de mayo de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo de los que se advierte que por auto de treinta de abril del año en curso, se dio vista a las partes, con el oficio del Juez Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector y debidamente notificados, no desahogaron la vista contenida en el citado acuerdo. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia terminada de engrosar el veinticuatro de marzo de dos mil quince, dictada por Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, en el único punto resolutivo, determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Luis Ramírez Cruz, precisando los efectos siguientes: ".VI. DECISIÓN. 90. En tal virtud, dado lo fundado de los conceptos de violación analizados bajo la prerrogativa procesal prevista en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Luis Ramírez Cruz, para el efecto de que el juez responsable deje insubsistente el auto de formal prisión reclamado y, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, ya sea en un sentido diverso o en el mismo de la anterior, siempre que subsane las deficiencias encontradas, esto es: 1) precise el cuerpo del delito que se imputa al quejoso y determine sus elementos en forma congruente, a partir de la interpretación señalada en este fallo de lo que debe entenderse por desmantelamiento de un vehículo automotor; 2) analice la denuncia del ofendido José Humberto Onorato Zavaleta del cuatro de agosto de dos mil ocho y su comparecencia del veinte de agosto siguiente; 3) analice la declaración de Armando Mejía Montes del veintiuno de octubre de dos mil ocho, de conformidad con las reglas que establece para la valoración de la prueba testimonial la legislación procesal penal federal; 4) analice de forma completa el informe de investigación del veinte de agosto de dos mil ocho; y, 5) analice el valor probatorio del acta de hechos del uno de agosto de dos mil ocho; lo anterior, sin perjuicio de la facultad que tiene de reclasificar el delito en caso de que así lo estime necesario o, en su defecto, decrete la libertad del quejoso por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, aunque por datos posteriores de prueba se proceda nuevamente en su contra; en el entendido que al emitir una nueva resolución deberá tomar en los lineamientos contenidos en el presente fallo, en términos de la tesis aislada CX/2015 de la Décima Época, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el once de marzo de dos mil quince, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional." (10a. Época; 1a. Sala; Semanario Judicial de la Federación; 1a. CX/2015; Publicación: Viernes 20 de Marzo de 2015 09:00 h)." Por auto de veintidós de abril del dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia de amparo, y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. En acatamiento a lo anterior, el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, mediante oficio recibido veintinueve de abril del año en curso, informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de la resolución dictada el veintiocho de abril del dos mil quince dentro del expediente penal 453/2010-3. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º. Ahora bien, del análisis de las citadas documentales, se advierte que el fallo protector se encuentra cumplido, por las siguientes razones jurídicas: El Juez responsable procedió a dictar resolución el veintiocho de abril de dos mil quince, dentro del expediente penal 453/2010-3, dejando sin efecto legal alguno la resolución de Plazo Constitucional de tres de enero de dos mil once, que dictó en contra de Luis Ramírez Cruz por considerarlo probable responsable en la comisión de delito de DESMANTELAMIENTO DE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR QUE SE POSEA ILEGALMENTE, en agravio de José Humberto Honorato Zavaleta. Asimismo, procedió a dictar una nueva resolución con plenitud de jurisdicción, siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo. Procedió a realizar la reclasificación del delito en los términos a que se refiere el artículo 171 del Código de Procedimientos Penales aplicable al caso, asimismo procedió a establecer debidamente la hipótesis delictiva que se debe atribuir al sujeto activo, en el que consideró que no se encuentra acreditada la hipótesis delictiva que se encuentra tipificada en el artículo 176 Bis, fracción I, del Código Penal vigente al momento del hecho pues si bien contiene en sus tres párrafos, dos delitos diversos, los cuales pueden o no cometerse por el mismo sujeto activo, pues el párrafo primero se refiere al delito de ROBO DE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR; mientras que el segundo párrafo dispone que se sancionara con las mismas penas señalada para el delito de robo de vehículo automotor, a quien o a quienes sean responsables o no de tal robo, y realicen cualquiera de las conductas a que se refiere el párrafo tercero, identificado como fracción I, mismo delito, del que desprendió entre otras conductas, la consistente en DESMANTELAR UNO O MÁS VEHÍCULOS AUTOMOTORES QUE SE POSEAN ILEGALMENTE, hipótesis que no se encuentra acreditada, en razón de que no se actualiza como premisa fundamental el robo del vehículo automotor (tractor) y mucho menor que el activo del delito haya participado en el robo del mismo. Asimismo, precisó que el delito de DESMANTELAMIENTO DE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR QUE SE POSEA ILEGALMENTE, se encuentra integrado con los siguientes elementos: Que el sujeto activo desmantele uno o más vehículos automotores. Que el o los vehículos desmantelados, sean poseídos ilegalmente por el sujeto activo. El Juez precisó que el segundo de los elementos del cuerpo del delito, que no se encuentra acreditado, pues de las actuaciones no apreció con medio probatorio que el activo del delito poseyera ilegalmente el vehículo automotor del que se presume sustrajeron diversas piezas. Por tanto, con libertad de jurisdicción en términos del artículo 171 del Código de Procedimientos Penales vigente al momento del hecho, consideró que la conducta que debe atribuírsele al sujeto activo es la de ROBO (SIMPLE) a que se refiere la fracción I, del artículo 174 del Código Penal vigente en la temporalidad del hecho, que a la letra dice: "Artículo 174.- A quien se apodere de una cosa mueble ajena, con ánimo de dominio, sin consentimiento de quien pueda otorgarlo conforme a la ley, se aplicaran: Fracción I. De seis meses a un año de prisión, de quince a noventa días de trabajo en favor de la comunidad, así como diez a cincuenta días de multa, cuando el valor de la cosa no exceda de veinte veces el salario mínimo, o no sea posible determinar su valor. Determinó los elementos del cuerpo del delito de Robo (simple), siendo los siguientes: 1.- Que el activo se apodere de una cosa mueble ajena. 2.- Que el Activo lo haga con el ánimo de dominio. 3.- Que el apoderamiento sea sin el consentimiento de quien pueda otorgarlo conforme a la ley. Asimismo, realizó el análisis de la legitimación del querellante, señalando que el artículo 199, primer párrafo, del Código Penal vigente al momento del hecho, señala que se perseguirán por querella de los delitos previstos en ese título (noveno), con excepción de los previstos en los artículos 176 Bis, 185, 192 y 195 Bis, calificados y el delito de abigeato, por lo tanto, estimó que el delito de Robo (simple) se persigue por querella de parte ofendida, la que se encuentra acreditada con la declaración del ofendido José Humberto Honorato Zavaleta, de fecha cuatro de agosto de dos mil ocho, así como la fe ministerial de documentos del cuatro de agosto del dos mil ocho, declaración y documentales que analizadas en términos de los artículos 75, 103, 107, 109, fracción IV, incisos del a) al e), y 110 del Código de Procedimientos Penales en vigor al momento del hecho, le otorgó el valor de indicio, esto es así, porque el ofendido refirió que es propietario del vehículo motivo de la causa, lo cual se acredito con la documental consistente en la factura número 19383 de fecha catorce de febrero de mil novecientos ochenta y nueve expedida por Morales Gordillo, S.A. de C.V., Materiales para la construcción, la cual ampara la propiedad de un tractor diésel de la marca Caterpillar, modelo D4E con motor dieses 75HP, transmisión automática, factura la cual al reverso presente un endoso a favor de Humberto Honorato y con motivo del robo de partes del mismo, sufrió un daño en su patrimonio, bien jurídico tutelado que protege la ley penal, por lo tanto, considero que José Humberto Honorato Zavaleta, se encuentra legitimado para querellarse y por consecuencia actualizado el requisito de procedibilidad a que se refiere el artículo 112, tercer párrafo del Código de Procedimientos Penales en vigor al momento del hecho. Respecto al primer elemento del cuerpo del delito que exige acreditar que el activo se apodere de una cosa mueble ajena se encuentra acreditado, con la declaración del ofendido José Humberto Honorato Zavaleta de cuatro de agosto de dos mil ocho, lo que se guardó relación con la Fe Ministerial de documentos de cuatro de agosto de dos mil ocho, declaración e inspección de documentos que analizados en términos de los artículos 75, 83, 107, 109, fracción IV, incisos a) al e) y 110 del Código de Procedimientos Penales en vigor al momento del hecho, le otorgó el valor de indicio; y en el caso de la declaración, tomando en consideración que es clara y precisa con relación a la sustancia del hecho y sus circunstancias principales, esto es así, porque el ofendido refirió que el viernes primero de agosto de dos mil ocho, como a las dieciocho horas con treinta minutos, después de que uno de sus trabajadores le avisó que unos sujetos estaban desarmando piezas del tractor, se dirigió hasta donde estaba el tractor que es la mina que se encuentra en el cerro denominado "piedra cargada" del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, y al verificar vio que efectivamente unas personas le había quitado pizas al multicitado tractor, siendo las planchuelas de las cadenas, dos laminas que están pegadas en las laterales del trascabo; por tanto, así se acredita que un sujeto activo se apoderó de la cosa ajena mueble perteneciente la víctima del delito; de igual manera, mencionó que de las declaraciones del ofendido y del testigo Armando Mejía Montes y la documental consistente en la factura número 19383 de fecha catorce de febrero de mil novecientos ochenta y nueve expedida por Morales Gordillo, S.A. de C.V., Materiales para la construcción, la cual ampara la propiedad de un tractor diésel de la marca Caterpillar, modelo D4E con motor dieses 75HP, transmisión automática, se acredita el apoderamiento de la cosa ajena mueble, asimismo, tomó en consideración la diligencia de inspección ocular de dos de junio de dos mil nueve, así como las fotografías a color exhibidas por el asesor jurídico del ofendido. Respecto al segundo de los elementos del cuerpo del delito consistente en que el activo lo haga con el ánimo de domicilio, se encontró acreditado con la declaración del ofendido de cuatro de agosto de dos mil ocho, asimismo, señaló que a fin de acreditar el ánimo de dominio que el sujeto activo ejerció sobre la cosa mueble, procedió al análisis de la declaración del testigo Armando Mejía Montes, de fecha veintiuno de octubre de dos mil ocho ante la representación social, declaración que analizó en términos de los artículos 75, 107, 108, 109, fracción IV, incisos a) al e) y 110 del Código de Procedimientos Penales en vigor al momento del hecho, le otorgó el valor de indiciario preponderante, tomando en consideración que el testigo apreció los hechos con sus propios sentidos, además que es clara y precisa en cuento a la sustancia del hecho y características principales, ya que se encuentra relacionada con el dicho del ofendido, quien al ver que unos sujetos a bordo de una camioneta Nissan se dirigían hacia la mina en donde se encontraba un vehículo automotor de su propiedad, decidió mandarlo a ver que hacía, por lo que el testigo al llegar señaló lo siguiente: ".la mina que se encuentra en la parte de arriba del cerro del Poblado de Tepetzingo, Morelos, donde se encuentra la máquina de color amarillo, pudo observar que los sujetos estaban desarmando la máquina de color amarilla, por lo que el compareciente subió y le avisó al señor Honorato que estaban desarmando su máquina y que la camioneta tenía una piezas de la maquina."; declaración que sirvió de base para acreditar que efectivamente el activo llegó al lugar del hecho y después de desarmar las piezas del vehículo automotor, las tuvo bajo su esfera de acción de hecho, y con el ánimo de disponer de ellas en calidad de dueño, las subió a la camioneta, considerándose con ello actualizado el elemento subjetivo que es el ánimo de ejercer de hecho sobre las cosas todas las facultades que el propietario competen de derecho. Con relación al tercer elemento que exige que el apoderamiento sea sin el consentimiento de quien pueda otorgarlo conforme a la ley, se encuentra acreditado con la declaración del ofendido José Humberto Honorato Zavaleta del cuatro de agosto de dos mil ocho, que guarda relación con la fe ministerial de documentos de cuatro de agosto de dos mil ocho, así como la declaración del testigo presencial de hechos de Armando Mejía de veintiuno de octubre de dos mil ocho; declaración que analizó en términos de los artículos 75, 107, 108, 109, fracción IV, incisos a) al e) y 110 del Código de Procedimientos Penales en vigor al momento del hecho, le otorgó el valor de indiciario preponderante, tomando en consideración que el testigo apreció los hechos con sus propios sentidos, además que es clara y precisa en cuento a la sustancia del hecho y características principales, pues el ofendido al ver que unos sujetos a bordo de una camioneta Nissan se dirigían hacia la mina en donde se encontraba un vehículo automotor de su propiedad, decidió mandarlo a ver que hacían; declaración que sirvió de base para acreditar que efectivamente el activo llegó al lugar del hecho y después de desarmar las piezas del vehículo automotor, las tuvo bajo su esfera de acción de hecho, pues el testigo observó con sus sentidos que incluso que ya las tenían en la camioneta, es decir, ya se habías apoderado de ellas y que lo anterior implica el traslado de una cosa del patrimonio de su dueño al del delincuente, sin consentimiento de aquél, es decir, que tal acción se realizó sin consentimiento de quien podía disponer de ellas con arreglo a la ley que en el caso se trata del ofendido Jose Humberto Honorato Zavaleta, siendo así como se acreditó el tercer elemento del delito de Robo (simple). Por lo que respecta a la probable responsabilidad de Luis Ramírez Cruz en la comisión del delito de Robo (simple), en agravio de José Humberto Honorato Zavaleta, se encuentra debidamente acreditada en autos, tomando en consideración las argumentaciones jurídicas y elementos o indicios, que relacionó con la declaración de José Humberto Honorato Zavaleta de fecha cuatro de agosto de dos mil ocho, así como la comparecencia de dicho ofendido del veinte de agosto de dos mil ocho, asimismo, analizó la declaración del testigo presencial de hechos de Armando Mejía Montes de fecha veintiuno de octubre de dos mil ocho, asimismo, precisó que la probable responsabilidad del indiciado en la comisión del delito de ROBO (simple) que se le atribuye, también se encuentra acreditada con el informe de ORDEN DE INVESTIGACIÓN que los elementos de la Policía Ministerial rindieron al Ministerio Púbico Investigador, de fecha veinte de agosto de dos mil ocho, mismo que analizó en términos de lo señalado por los artículos 75, 107, 109, fracción IV, incisos a) al e) y 110 del Código de Procedimientos Penales en vigor al momento del hecho, le otorgó el valor de indicio preponderante, pues es claro y preciso en cuando a la sustancia del hecho y características principales, afirmó que se desprende la manifestación del sujeto Luis Ramírez Cruz de que efectivamente el día de los hechos el primero de agosto de dos mil ocho, siendo aproximadamente las seis y media de la tarde, se encontraba en el lugar del hecho en la mina que se encuentra en el cerro denominado "piedra cargada" del municipio de Emiliano Zapata, Morelos, según refirió descansando ya que andaba buscando un caballo; lo que le permitió establecer que el sujeto activo se encontraba ubicado en las circunstancias de tiempo y lugar, y que se encuentra relación con lo declarado por el ofendido y testigo Armando Mejía Montes, quienes ubican correctamente al indiciado Luis Ramírez Cruz, en las circunstancias de tiempo y lugar de ejecución del hecho delictivo. Asimismo, procedió analizar los documentos ofrecido por el ofendido consistente en el Acta de Hechos realizada por Evaristo Arellano Rosales, Ayudante Municipal de la colonia o poblado de Tepetzingo, del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, de fecha uno de agosto de dos mil ocho, así como la hoja de papel de cuaderno escrita a mano de fecha uno de agosto de dos mil ocho, documentales que analizo en términos de los artículos 75, 103, 108, y 110 del Código de Procedimientos Penales en vigor al momento del hecho, le otorgó el valor de indicios aislados, tomando en consideración que el acta de hechos no fue firmada por Luis Ramírez Cruz, ni se observó que haya estado presente al momento de su realización, lo que resulta ilógico tomando en consideración que el acta de hechos fue realizada media horas antes de la hora en que el propio ofendido señalo como momento en que se cumplieron los elementos del cuerpo del delito; por lo tanto, resulto evidente que no sirve para acreditar que los hechos sucedieron ese mismo día, pero con media hora de diferencia; con relación a la hoja de papel de cuaderno escrito a mano, mediante el cual el indiciado supuestamente entrega en garantía un vehículo de su propiedad con motivo de unos supuestos daños, que ocasionó al vehículo propiedad del ofendido, sin embargo, dicho documento le restó valor indiciario alguno, tomando en consideración que el indiciado no lo ratificó ante la presencia judicial, en los términos que exige el artículo 103 del Código de Procedimientos Penales vigente al momento del hecho, para los documentos privados. Una vez que analizó las pruebas en lo particular y general en términos de los artículos 75, 83, 102, 107, 108, 109, fracción IV, incisos a) al e) y 110 del Código de Procedimientos Penales en vigor al momento del hecho, desprendió que fueron suficientes para acreditar la probable responsabilidad de Luis Ramírez Cruz, en la comisión del delito de ROBO (simple) en agravio de José Humberto Honorato Zavaleta, en los términos a que se refieren los artículos 16, párrafo segundo y 18, fracción I, del Código Penal vigente en la entidad. Finalmente, determinó dictar AUTO DE SUJECIÓN A PROCESO en contra de Luis Ramírez Cruz, como probable responsable en la comisión del delito de Robo (simple), previsto y sancionado por el artículo 174, fracción I, del Código Penal aplicable al caso, en agravio de José Humberto Honorato Zavaleta; y toda vez que la sanción no excede de cuatro años de prisión, en términos del artículo 75, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, declinó competencia al Juez Menor en Turno de la Primera Demarcación Judicial del Estado. Consecuentemente, resulta valido afirmar que la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el licenciado JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
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