Luis Ramírez Beltrán

Expediente 1666/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 25 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1666/2015
Año
2015
Actuaciones
25
Última actuación
29/07/2016

Partes del expediente

  • Luis Ramírez Beltrán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Incidental

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer recurso de inconformidad contra el auto del cinco de julio de dos mil dieciséis, que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes.Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo; POR HABERSE CONCEDIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental original, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión se concedió la medida provisional y definitiva solicitada, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer recurso de inconformidad contra el auto del cinco de julio de dos mil dieciséis, que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes.Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo; POR HABERSE CONCEDIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental original, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión se concedió la medida provisional y definitiva solicitada, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento.

  3. Principal

    El artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se advierte que en la sentencia dictada en el presente juicio, se concedió el amparo y protección de la justicia federal en los siguientes términos: "VIII. DECISIÓN. 77. Consecuentemente, al resultar el acto reclamado violatorio de los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que procede es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a Luis Ramírez Beltrán, para el efecto de que el Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, con residencia en Apizaco, Estado de Tlaxcala, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente el auto de formal prisión de dieciocho de diciembre de dos mil quince, dictado en la causa penal 168/2015; b) A partir de la recepción del oficio por el que se le comunique que causó ejecutoria este fallo, reponga el procedimiento desde la declaración preparatoria del inculpado, tomando nuevamente ésta, atendiendo todas las formalidades preceptuadas en el artículo 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho; firmando todos los que en ella intervengan. c) Hecho que sea, sujete nuevamente al quejoso Luis Ramírez Beltrán a la dilación constitucional para resolver su situación jurídica -la cual iniciará a partir de la recepción del oficio aludido en el párrafo que antecede-. d) Deje subsistentes todas las pruebas que se hayan ofrecido y, en su caso, desahogado antes y después del auto de término constitucional para los efectos correspondientes; y, e) Atienda todas las formalidades que un acto de tal naturaleza requiere, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación procesal para el Estado de Tlaxcala; hecho lo anterior, resuelva debidamente la situación jurídica del quejoso fundando y motivando dicha determinación en la que se deberá asentar la fecha y hora en que sea emitida. f) Al resolver la situación jurídica del quejoso, aplique el Código Penal para el Estado de Tlaxcala, vigente en la época de comisión del evento delictivo que estime acreditado. Con lo cual quedará cumplida esta sentencia constitucional. 78. Concesión que igualmente se hace extensiva al actos de ejecución reclamados al Director del Centro de Reinserción Social Regional, con residencia Apizaco, Estado de Tlaxcala, consistentes en la orden de identificación administrativa, toda vez que constituye una consecuencia inmediata y directa del auto de formal prisión dictado en contra del quejoso." Transcurrido el término legal, sin que las partes hubieran promovido recurso alguno en contra de la sentencia dictada por este juzgado, causó ejecutoria por auto del veintiséis de abril de dos mil dieciséis, por lo que se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento respectivo, asimismo, se giró oficio al Comisionado Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Tlaxcala-como superior jerárquico-, para que ordenara al Director del Centro de Reinserción Social Regional, con residencia en Apizaco, Estado de Tlaxcala a cumplir con la ejecutoria de amparo. Así, por auto de ocho de junio de dos mil dieciséis, se determinó que con vista en las constancias remitidas por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, no había dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se le requirió nuevamente, por segunda ocasión, dicho cumplimiento en los términos ahí apuntados, puesto que el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, fue omiso en pronunciarse sobre la subsistencia de las pruebas que se ofrecieron antes y después del auto de término constitucional. Por otra parte, el juez responsable consideró aplicable el artículo 338, fracción III, del Código Penal vigente para el Estado de Tlaxcala, al resolver la situación jurídica del quejoso, siendo que los efectos del fallo protector fueron el sentido de que aplicara el Código Penal para el Estado de Tlaxcala vigente en la época de comisión del evento delictivo; esto es el ordenamiento jurídico vigente al marzo de dos mil catorce. Por acuerdo de veinticuatro de junio del año en curso, se dio vista a las partes quejosa y tercero interesado por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del nuevo cumplimiento dado por el juez responsables a la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este Juzgado proveería lo que en derecho correspondiera. Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable, y considerando que las partes quejosas y terceros interesados no desahogaron la vista de mérito, según se desprende de la certificación de cuenta, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Ahora, mediante oficio registrado en este Juzgado con el folio 9995, la Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, remitió copia certificada de la resolución de veintidós de junio de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 168/2015 de su índice; la cual, en la parte que interesa menciona: "RESUELVE: (.) PRIMERO.- Esta potestad judicial, es legalmente competente para tramitar la presente causa penal, que se inició contra Luis Ramírez González, como probable responsable del delito de FRAUDE GENÉRICO, cometido en agravio de FAUSTO JORGE VÁZQUEZ HERNÁNDEZ y FELISA CUERVO VIZCARRA, ilícito, previsto y sancionado por el artículo 304, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado en la época de los hechos, ya que los hechos consignados se suscitaron en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala, que se encuentra dentro de la circunscripción territorial del Distrito Judicial de Sánchez Piedras. SEGUNDO.- En cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado, en el juicio de garantías 1666/2015-VII, promovido por LUIS RAMÍREZ BELTRÁN, contra actos de esta autoridad se deja sin efecto legal alguno las resoluciones de fechas, dieciocho de diciembre de dos mil quince, quince de mayo y catorce de junio del año dos mil dieciséis, que determina la situación jurídica de LUIS RAMÍREZ GONZÁLEZ y/o LUIS RAMÍREZ BELTRÁN, como probable responsable del delito de FRAUDE, ilícito previsto y sancionado por el artículo 304 fracción I del código penal aplicable en el época de los hechos, cometido en agravio de FAUSTO JORGE VÁZQUEZ HERNÁNDEZ y FELISA CUERVO VIZCARRA, dictadas dentro de la causa penal 168/2015 de los del índice de este juzgado y de la que emana el acto reclamado por el quejoso. TERCERO.- En cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado, en el juicio de garantías 1666/2015-VII, promovido por LUIS RAMÍREZ BELTRÁN, contra actos de esta autoridad se decreta AUTO DE FORMAL PRISIÓN en contra de LUIS RAMÍREZ GONZÁLEZ y/o LUIS RAMÍREZ BELTRÁN, como probable responsable del delito de FRAUDE, ilícito previsto y sancionado por el artículo 304 fracción I del código penal aplicable en la época de los hechos, cometido en agravio de FAUSTO JORGE VÁZQUEZ HERNÁNDEZ y FELISA CUERVO VIZCARRA, por la que se le instruye la causa penal 168/2015 de los del índice de este juzgado y de la que emana el acto reclamado por el quejoso, ordenándose comunicar la presente al Director del Centro de Reinserción social de esta ciudad, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar (.)" Documental a la que este juzgador concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. En las relatadas circunstancias, toda vez que se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la juez responsable: Deje insubsistente el auto de formal prisión de dieciocho de diciembre de dos mil quince, dictado en la causa penal 168/2015; A partir de la recepción del oficio por el que se le comunique que causó ejecutoria este fallo, reponga el procedimiento desde la declaración preparatoria del inculpado, tomando nuevamente ésta, atendiendo todas las formalidades preceptuadas en el artículo 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho; firmando todos los que en ella intervengan. Hecho que sea, sujete nuevamente al quejoso Luis Ramírez Beltrán a la dilación constitucional para resolver su situación jurídica -la cual iniciará a partir de la recepción del oficio aludido en el párrafo que antecede-. Deje subsistentes todas las pruebas que se hayan ofrecido y, en su caso, desahogado antes y después del auto de término constitucional para los efectos correspondientes; y, Atienda todas las formalidades que un acto de tal naturaleza requiere, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación procesal para el Estado de Tlaxcala; hecho lo anterior, resuelva debidamente la situación jurídica del quejoso fundando y motivando dicha determinación en la que se deberá asentar la fecha y hora en que sea emitida. Al resolver la situación jurídica del quejoso, aplique el Código Penal para el Estado de Tlaxcala, vigente en la época de comisión del evento delictivo que estime acreditado. Y de la documental que remitió la Jueza Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, se advierte que: Por resolución dictada el veintidós de junio de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 168/2015, dejó insubsistentes las resoluciones de dieciocho de diciembre de dos mil quince, quince de mayo de dos mil dieciséis y catorce de junio de dos mil dieciséis. Repuso el procedimiento desde la declaración preparatoria del inculpado, tomando nuevamente ésta el nueve de mayo del presente año, atendiendo todas las formalidades preceptuadas en el artículo 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho; firmando todos los que en ella intervinieron. Sujetó nuevamente al quejoso Luis Ramírez Beltrán y/o Luis Ramírez González, a la dilación constitucional ampliada. Dejó subsistentes todas las pruebas que se ofrecieron antes y después del auto de término constitucional estas son: escrito de querella de Fausto Jorge Vázquez Hernández de dieciocho de abril de dos mil catorce, escrito de Felisa Cuervo Vizcarra de dieciocho de diciembre de dos mil catorce, ratificación de Fausto Jorge Vázquez Hernández, de dieciocho de abril de dos mil catorce, ratificación de Felisa Cuervo Vizcarra de dieciocho de diciembre de dos mil catorce, escrito de Fausto Jorge Vázquez Hernández de veintinueve de octubre de dos mil catorce, escrito de Felisa Cuervo Vizcarra y Fausto Jorge Vázquez Hernández de ocho de mayo de dos mil quince y los testimonios vertidos en calidad de cargo por Felisa Cuervo Vizcarra y Mauro Elliott Márquez Vázquez de veintidós de julio de dos mil catorce. Atendió todas las formalidades que un acto de tal naturaleza requiere, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación procesal para el Estado de Tlaxcala; consideró aplicable el artículo 304, fracción I, del Código Penal vigente para el Estado de Tlaxcala, vigente en la época de comisión del evento delictivo; esto es el ordenamiento jurídico vigente al marzo de dos mil catorce, motivó el por qué, la conducta que se atribuye al quejoso está sancionada en el artículo 304, fracción I, del Código Penal para el Estado de Tlaxcala. Al resolver la situación jurídica del quejoso, aplicó el artículo 304, fracción I, del Código Penal vigente para el Estado de Tlaxcala, vigente en la época de comisión del evento delictivo; esto es el ordenamiento jurídico vigente al marzo de dos mil catorce. Por su parte la autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala, informó que a través de los oficios número 1992 y 2302, la Juez responsable le remitió copia certificada de la resolución dictada dentro del proceso 168/2015 que se le instruye a Luis Ramírez Beltrán y/o Luis Ramírez González, como probable responsable del delito de fraude, cometido en agravio de Fausto Jorge Vázquez Hernández y Felisa Cuervo Vizcarra, la cual emitió en cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio Por tanto, resulta evidente que se acreditó haber cumplido con los efectos de la sentencia de amparo, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo vigente, hágase del conocimiento de las partes quejosa y tercero interesada la anterior determinación para que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación interpongan recurso de inconformidad.

  4. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Jueza Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras; mediante el cual, en cumplimiento al fallo protector dictado en autos, remite copia certificada de la resolución de veintidós de junio de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 168/2015 de su índice. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercero interesada debiendo correrles traslado con el oficio y anexo de cuenta, remitido por la autoridad ordenadora en cita, por el término de tres días computados legalmente para que manifiesten lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado por las autoridad responsable, con el apercibimiento que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda tocante a dicho cumplimiento del fallo protector.

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