Luis Rafael Capulín Moreno
Expediente 1561/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1561/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 15/11/2023
Partes del expediente
- Luis Rafael Capulín Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de noviembre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió el proveído de cinco de octubre de dos mil veintitrés, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo que, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, intégrese el cuaderno incidental respectivo y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con los artículos 14, fracción III, y 20, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó en el presente juicio. Asimismo, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años con apoyo en el artículo 20, fracción III del referido Acuerdo General, pues en el caso se negó la suspensión definitiva. De igual manera, como lo dispone el artículo 34 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente que corresponda. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso o digital que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra o, en su caso, una firma digital, el cual es insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Se precisa que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. En ese tenor, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique se encuentra completamente integrado el expediente electrónico. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, ante Ricardo Mora Álvarez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio con anexo de cuenta, del Director de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Gestión y Desarrollo del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, a través del cual rinde el informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado correspondiente y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 9º de la citada ley, se le tiene designando como delegados a las personas que cita en su oficio. Asimismo, se tiene por recibida la constancia que acompaña en original y fotocopia a su oficio consistente en el acuse del oficio ********************, del cual la autoridad oficiante solicita que previo cotejo y certificación que se haga solicita la devolución del mismo. Ahora bien, de dicha constancia se advierte que el Director de la Dirección de Desarrollo Urbano, mediante oficio ********************, de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, dio respuesta al escrito de ********************-aquí quejoso- de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés y notificado el dos de octubre de dos mil veintitrés; lo que se corrobora con la constancia remitida por la autoridad oficiante, documental que tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la parte quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso ********************, hizo consistir el acto reclamado en la omisión de dar contestación a su escrito de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, y el Director de la Dirección de Desarrollo Urbano, mediante oficio ********************, de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, dio respuesta a dicho escrito y notificado el dos de octubre de dos mil veintitrés. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues al haberse dado contestación por parte del Director de la Dirección de Desarrollo Urbano, mediante oficio ********************, de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, y notificado el dos de octubre de dos mil veintitrés, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si tal omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con treinta y cinco minutos del seis de octubre de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, respecto a que la autoridad oficiante solicita la devolución del original del acuse del oficio ********************, que adjuntó a su oficio, en consecuencia, previo cotejo y copia certificada que quede en autos, devuélvasele el original del acuse del oficio de mérito. Solicitándose el acuse respectivo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaría General "B" de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por el que acusa recibo del expediente laboral ********************, de su índice. De lo que se toma conocimiento. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta de la Magistrada Presidente y Magistrado Representante del Estado en representación del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento de cinco de septiembre del año en curso, remite copia certificada del auto de once de septiembre del año en curso, dictado en el expediente laboral D-510/2015, de su índice, de cuyo contenido se advierte en lo que interesa que: -Requirió a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Puebla, para que en el término de tres días le informe el estado procesal que guarda el procedimiento realizado para lograr la reinstalación de la actora Perla María Teresa Chávez Estrada, apercibiéndola que de no cumplir será acreedora a una multa de treinta unidades de medida y actualización. -Señaló las diez horas del catorce de septiembre del dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la diligencia de requerimiento de pago a Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Puebla (demandada), hasta por la cantidad de $1,180.079.72 (un millón ciento ochenta mil setenta y nueve pesos setenta y dos centavos moneda nacional). -Apercibiendo a la parte actora que de no comparecer en la hora y fecha señalada, comenzará a correr su perjuicio en el término establecido para la prescripción de la ejecución de laudo, y a la demandad de no realizar el pago en los términos correspondientes será acreedora a una multa de treinta unidades de medida y actualización. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, para que en el término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de lo siguiente: 1) Emita la respuesta de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Puebla respecto del estado procesal que guarda el procedimiento realizado para lograr la reinstalación de la actora Perla María Teresa Chávez Estrada o en su caso el auto que recayó, haya cumplido o no. 2) El resultado de la diligencia de requerimiento de pago señalada a las diez horas del catorce de septiembre del dos mil veintitrés en el expediente laboral D-510/2015, de su índice, así como el acuerdo que le recayó. Se apercibe al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá a María Susana Herrera Berra, persona física que actualmente ocupa el cargo de Magistrada Presidenta y Juan Carlos Lezama Beristaín Magistrado representante del Estado, adscritos al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla una multa, a cada uno, de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 apartado B y Sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 1°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés. En el entendido que en términos del artículo 193, primer párrafo de la Ley de Amparo, los citados titulares requeridos seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; y de igual forma serán comprometidas las personas físicas que ocupen el cargo con posterioridad si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria. Asimismo, conforme a lo previsto por el artículo 192 segundo párrafo de la ley de la materia, se hace del conocimiento a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento en la forma y términos señalados, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus cargos y su consignación; en el entendido que el cumplimiento extemporáneo injustificado no es excluyente de responsabilidad. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, que informa la jurisprudencia número VI.2o.T. J/2 (10a.), visible en la página 2579 del Tomo IV, Noviembre de 2014 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "APERCIBIMIENTO DE MULTA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ES UN TRIBUNAL, INTEGRADO POR MÁS DE UN TITULAR, DEBE HACERSE A CADA UNO DE SUS INTEGRANTES (ESPECIFICANDO NOMBRE Y APELLIDOS) Y NO AL TRIBUNAL EN ABSTRACTO." Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Sin que haya lugar a requerir a la autoridad responsable por conducto de su superior jerárquico en términos del artículo 192 de la ley de la materia, en razón de que dicha autoridad es un organismo plenamente autónomo en el ámbito jurisdiccional. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a./J.36/2011 (10a), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de dieciséis de noviembre de dos mil once, publicada en la página 3515, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO." Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.
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