Luis Quiroz Perea

Expediente 793/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
793/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
22/09/2023

Partes del expediente

  • Luis Quiroz Perea

Actuaciones

  1. Principal

    El veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, Álvaro Augusto Álvarez Rendón, Secretario de juzgado, certifica que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del artículo 3, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para las partes del treinta y uno de agosto al trece de septiembre de dos mil veintitrés; sin que hubieren interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. No se tramitó incidente de suspensión. No existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con el estado procesal que guardan los autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada en este juicio el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, en la que se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de que quede notificada del presente proveído, de cabal cumplimiento a la sentencia protectora en los siguientes términos: "Procedan a realizar las gestiones pertinentes y eficaces con la finalidad de que de inmediato se pague al quejoso ********************, la devolución de cuotas; y en el caso de insistir en suspender el pago, deberá promover juicio de lesividad en su contra o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en el que se le notifique el inicio del juicio o procedimiento, se le dé la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, de alegar y de obtener una resolución que dirima la controversia. Con la obligación de efectuar el pago de manera retroactiva, esto es, desde el momento en el que fue emitida la resolución correspondiente." Asimismo, remitan las constancias que así lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, se le impondrá una multa que en su momento se determinará, y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veinticinco de septiembre de agosto de dos mil veintitrés, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las diez horas con cinco minutos del veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 793/2023, se encuentra en audiencia pública Jorge Martín Zamora González secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del Titular, licenciado Rodolfo García Camacho, de conformidad con los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 170 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial y autorizado por el oficio CCJ/ST/3554/2023 de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda de amparo, a los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; así como a las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo anterior, el Secretario Encargado del Despacho provee: téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales que fueron presentadas por las autoridades responsables al rendir el informe respectivo, y por la parte quejosa. A lo que el Secretario Encargado del Despacho provee: con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, la cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver. En el periodo de alegatos, El Secretario hace constar que ninguna de las partes los hizo valer. A lo que el Secretario Encargado del Despacho provee: en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por perdido el derecho de las partes para formularlos. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, en vista de todo lo actuado se levanta la presente acta, firmando los que en ella intervinieron. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 793/2023; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, ********************, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto y las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta resolución. La parte quejosa señaló vulnerados en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda de referencia correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, la cual se registró en el libro de gobierno bajo el número de expediente 793/2023; se admitió a trámite mediante proveído de tres de julio de dos mil veintitrés; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que corresponde a la Representación Social de la Federación; y se señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional. TERCERO. Audiencia constitucional. En esta fecha veintiocho de agosto del presente año se celebra la audiencia constitucional, la cual inició en los términos asentados en el acta respectiva y concluye con el dictado de esta resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas resulta competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque el acto reclamado emana de una autoridad cuyo domicilio se encuentra en el territorio en el que se ejercen funciones de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis en conjunto del escrito que constituye la demanda de amparo, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo expresado en la tesis de jurisprudencia número P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En el caso, el acto reclamado en el presente juicio de amparo a las autoridades responsables Director General; Director de Prestaciones Económicas y Sociales; Subdirectora de Prestaciones Económicas; y, Director de Administración y Finanzas todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, consiste en: La omisión de realizar el pago de la devolución de cuotas en el dictamen ******************** de veintisiete de octubre de dos mil veintidós emitido por la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. TERCERO. Certeza del acto reclamado. son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Director General; Director de Prestaciones Económicas y Sociales; Subdirectora de Prestaciones Económicas; y, Director de Administración y Finanzas todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, pues si bien, al rendir su informe con justificación no fueron precisas en pronunciarse sobre la existencia o inexistencia del acto referido; lo cierto es que fueron tajantes en justificar la omisión del pago de la pensión mensual, por lo que debe entenderse que aceptaron su certeza. Ilustra lo aseverado, la tesis aislada que emitió el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." CUARTO. Acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Como cuestión previa, debe analizarse si el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, al omitir, realizar el pago de la devolución de cuotas de la parte quejosa. Al respecto, este juzgador federal considera que el instituto asegurador de referencia, en el caso particular, sí actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo siguiente. Conforme a lo interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 2a./J. 111/2005 y 2a./J. 3/2010, y a lo previsto en los artículos 6, 11 y 108, fracciones XVI, XVIII y XIII, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, el ISSSTEZAC es un organismo público descentralizado que tiene a su cargo las prestaciones que esa ley establece, entre las que se encuentran, pensión por jubilación, pensión por jubilación anticipada, pensión por vejez, pensión por invalidez derivada de riesgo de trabajo, pensión por invalidez derivada por causa ajena a riesgo de trabajo, pensión por viudez, orfandad y ascendencia, pensión por orfandad, póliza de defunción, póliza de ayuda para gastos de funeral, aguinaldo y devolución de cuotas; y entre sus facultades se tienen las de aplicar, cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la ley citada, así como conceder, negar, suspender, modificar o anular las pensiones, incluso, a través del dictado de los acuerdos necesarios para el otorgamiento de las prestaciones ahí establecidas. En ese sentido, cuando el referido instituto, en su calidad de ente asegurador, de manera unilateral y obligatoria omite, suspende o reduce el pago de la devolución de cuotas o el pago mensual de la pensión de la que viene gozando el pensionado-quejoso, resulta indefectible que no se trata de una relación de coordinación, sino de supra a subordinación, ya que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de los asegurados, pensionados o beneficiarios, al afectar su esfera jurídica, en forma unilateral y obligatoria, en ejercicio de facultades decisorias que le están atribuidas en la ley, que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad, sin necesidad de acudir a los tribunales o al consenso de la voluntad del afectado (como se expondrá más adelante); y de esa manera reúne los atributos para ser considerado como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Por tanto, el juicio de control constitucional procederá, en su caso, una vez agotado el principio de definitividad o cuando se verifique que se está ante uno de los casos de excepción a dicho principio. Apoya lo aseverado, por analogía jurídica, la jurisprudencia -por contradicción de criterios- PC.XV. J/3 A (11a.), sustentada por el Pleno del Decimoquinto Circuito, cuyo título y subtítulo dicen: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ISSSTECALI), ENTRE OTROS CASOS, CUANDO SE LE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA EL OTORGAMIENTO DE UNA PENSIÓN." Ahora bien, conviene tener presente que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 772/2015 determinó que existen casos excepcionales en los que el Instituto Mexicano del Seguro Social (que, al igual que el ISSSTEZAC en el caso concreto que se analiza, resulta ser un organismo público en su calidad de ente asegurador), emite o ejecuta actos que afectan directamente la protección y garantía constitucional y convencional del derecho a la seguridad social, a la salud o de cualquier otro derecho fundamental, de manera unilateral y obligatoria, y que para combatirlos es necesario y eficaz acudir directamente al juicio de amparo indirecto, sin agotar la jurisdicción ordinaria en materia de seguridad social; pues en esos casos no se puede desconocer que el instituto actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo. De lo que se sigue, que esa conclusión no fue realizada para que se entendiese como una regla general, esto es, que en todos los casos en los que el ente asegurador emita actos relacionados con los derechos de seguridad social de los asegurados o beneficiarios, debe considerársele como autoridad para efectos del juicio de amparo; pues en tal sentido fue clara al hacer depender la excepcionalidad de la procedencia del juicio cuando se hubiese cuestionado la inconstitucionalidad de la norma en la que se funda el acto que niega el otorgamiento de la pensión. Así se advierte de las partes que enseguida se resaltan de la referida ejecutoria: "71. En consecuencia, tomando en consideración el proceso legislativo que concluyó en el texto vigente del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo y los criterios de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se llega a la convicción de que los actos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, como ente asegurador, en el caso que se resuelve, son de autoridad en términos del referido artículo, fracción II, párrafo primero, lo cual excluye la posibilidad de que se le ubique en el párrafo segundo de la misma porción normativa, ya que de acuerdo con lo anteriormente relatado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, con independencia de su naturaleza formal, dictó el acto que negó la pensión solicitada por la quejosa de forma unilateral y obligatoria. 72. Es cierto que el instituto, como ente asegurador, es un organismo descentralizado y al someterse a la jurisdicción laboral actúa en igualdad como todo particular, y en esos casos el juicio de amparo no puede sustituir a la jurisdicción ordinaria en la resolución de conflictos sobre seguridad social. 73. Tales remedios judiciales, en materia de seguridad social, encuentran regulación especial en los artículos 295 de la Ley del Seguro Social, así como 899-A a 899-G de la Ley Federal del Trabajo. Dichos procedimientos tienen la amplitud de competencia y conocimiento que corresponde a la jurisdicción ordinaria, en materia de legalidad y probatoria, que no tiene el juicio de amparo en la medida que éste es una instancia subsidiaria de protección de los derechos humanos. 74. Sin embargo, existen casos excepcionales en los que dicho organismo público, como ente asegurador, emite o ejecuta actos que afectan directamente la protección y garantía constitucional y convencional del derecho a la seguridad social o de cualquier otro derecho fundamental, como el derecho a la salud, de manera unilateral y obligatoria, además de que los emite en ejercicio de sus funciones que están determinadas por las normas generales que reglamentan la garantía y satisfacción del derecho a la seguridad social, y para combatirlos es necesario y eficaz acudir directamente al juicio de amparo indirecto, sin agotar la jurisdicción ordinaria en materia de seguridad social. En esos casos no se puede desconocer que el instituto actúa como autoridad para efectos del amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues con el acto de aplicación consistente en la resolución que niega el otorgamiento de la pensión de viudez a la quejosa, de forma unilateral, esto es, no en un plano de igualdad, le niega ese beneficio. 75. En efecto, el Instituto Mexicano del Seguro Social presta un servicio público para dar cumplimiento a las obligaciones del Estado Mexicano en materia de seguridad social. Tal es el mandato contenido en el artículo 4 de la Ley del Seguro Social, el cual coincide con su calidad del servicio que se presta, de manera universal y en atención al interés social y general, a todos quienes cumplan los requisitos previstos en la ley para ser incorporados en ese régimen de seguridad social y gozar de las prestaciones que taxativamente surgen y se otorgan conforme a las disposiciones de la ley que lo regula. En el ejercicio de esa actividad, los particulares ejercen derechos configurados legalmente y su protección se encuentra prevista en ley, y para el ejercicio de esos derechos los particulares se encuentran en una relación de asimetría con dicho instituto. 76. En la prestación de ese servicio público, el instituto está facultado para emitir actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de manera unilateral u obligatoria, o bien, puede incurrir en omisión de actos que de realizarse crearían situaciones, modificarían o extinguirían situaciones jurídicas. Tal es el caso de determinaciones sobre la procedencia o no de prestaciones de seguridad social, previstas en la ley a la que tienen derecho los particulares, las cuales se emiten de forma unilateral y de manera vinculante para los particulares, y que prevalecen hasta que se dicta el laudo o resolución que las invaliden en el juicio o medio de defensa procedente. 77. Por último, la función del Instituto Mexicano del Seguro Social está prevista y regulada en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, constitucional y en la Ley del Seguro Social, de manera que no entabla relaciones con los particulares en el ámbito de la autonomía de la voluntad, sino en los términos vinculantes de las propias normas generales que rigen su función. 78. De esta forma, de manera excepcional, el juicio de amparo indirecto es procedente para conocer de los actos que emita el Instituto Mexicano del Seguro Social como ente asegurador, y en los que sea necesario acudir directamente al juicio de amparo indirecto, sin que medie la jurisdicción ordinaria, a fin de obtener la protección efectiva de los derechos humanos involucrados; pues debe tenerse en cuenta que en el presente caso, se advierte que el oficio atribuido a la autoridad del Instituto Mexicano del Seguro Social contiene una resolución en la que se niega la pensión de viudez, con base en el artículo 154, fracción II, de la Ley del Seguro Social, el cual la quejosa tilda de inconstitucional. 79. De donde se obtiene que, la petición de la quejosa no implica únicamente cuestiones de legalidad o probatorias que se dilucidan con mayor eficacia ante la jurisdicción ordinaria, sino que basta que se analice la regularidad constitucional del fundamento invocado en el acto de autoridad, para determinar si debe o no otorgarse la prestación de viudez solicitada. 80. Lo anterior en la inteligencia de que, de resultar inconstitucional el numeral impugnado, la autoridad responsable deberá, en principio, inaplicar la norma y, con libertad de jurisdicción, emitir una nueva determinación, pues pueden existir casos en los cuales la autoridad responsable estime que por diversa causa legal o fáctica deba negarse la pensión; cuestiones que no podría ser factible analizarlas, por no constituir materia de la litis en el juicio de amparo. 81. De donde se sigue que el juicio de amparo es procede de forma excepcional contra la resolución que niega la pensión de viudez de la quejosa, pues el ente asegurador emite la resolución de forma unilateral y obligatoria, cuyas funciones están determinadas en la propia ley; pues es factible promover el juicio de amparo, en casos como el que nos ocupa, contra un acto emitido por un ente asegurador, en el cual se aplica una norma general. 82. No es obstáculo a lo anterior el consistente, en que ha sido criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el consistente en que el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando resuelve las solicitudes en las que se reclaman prestaciones de seguridad social, no es autoridad para los efectos del amparo al no estar investido de facultades de imperio, ya que la relación entre éste y los asegurados o beneficiarios se da en un plano de igualdad (coordinación); de ahí que, en su caso, las controversias que entre éstos se susciten se ventilarán por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con el artículo 295 de la Ley del Seguro Social; esto es así, porque el presente asunto reviste características excepcionales, si se tiene en consideración que el oficio atribuido a la autoridad del Instituto Mexicano del Seguro Social contiene una resolución en la que se niega de forma unilateral y obligatoria la pensión de viudez, en un plano de supra a subordinación y, por ende, no de mera coordinación, con base en el artículo 154, fracción II, de la Ley del Seguro Social, el cual la quejosa tilda de inconstitucional. [.] 84. Esto es así, porque en el momento histórico que se emitió, correspondiente al año dos mil once, el panorama legislativo era distinto al actual, pues a partir de la entrada en vigor de la Nueva Ley de Amparo, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo se modificó; de ahí que, en casos como el que nos ocupa, en términos del primer párrafo del citado numeral, la actuación del Instituto Mexicano del Seguro Social se cataloga como de autoridad actuando como ente asegurador. 85. Pues cabe resaltar que dicho organismo actúa en sustitución de los patrones respecto de las obligaciones de seguridad social, por lo que si bien no es una autoridad en su más pura expresión y en términos de las primeras concepciones que históricamente se han tenido respecto de la noción de autoridad para efectos del juicio de amparo, sin embargo, sí tiene a su cargo la aplicación de la Ley del Seguro Social y el objetivo de garantizar a los trabajadores asegurados el derecho a la seguridad social y, en esa medida, de forma unilateral y obligatoria se pronunció sobre la negativa de la pensión de la quejosa. 86. De ahí que, esta Segunda Sala estima que de forma excepcional, el juicio de amparo es procedente en contra de la resolución señalada como acto de aplicación del artículo 154, fracción II, de la Ley del Seguro Social en cita, pues es un acto emitido con las características de autoridad, con independencia de su naturaleza formal." (Lo subrayado y en "negritas" es de este juzgado federal) Como se ve, el Alto Tribunal reiteró que ese ente asegurador (Instituto Mexicano del Seguro Social), frente a los asegurados o beneficiarios, actúa en un plano de igualdad o de coordinación y no como autoridad para efectos del juicio constitucional; pero aclaró que, a la luz de la Ley de Amparo en vigor, excepcionalmente puede atribuírsele ese carácter, si emite un acto en aplicación de una ley que se tilda de inconstitucional y que se impugna en el juicio de amparo, porque entonces no podría obligarse al gobernado a acudir primero a la jurisdicción laboral ordinaria, dado que su reclamo no atañe a cuestiones de legalidad o probatorias, sino al análisis de la regularidad constitucional del fundamento invocado en el acto de autoridad. En pocas palabras, de lo que se entiende de la ejecutoria transcrita, excepcionalmente el juicio de amparo será procedente contra un acto que el IMSS emite como ente asegurador, si lo hace en estricta aplicación de una norma tildada de inconstitucional y si, por ende, para obtener la protección efectiva de los derechos humanos involucrados, es necesario acudir directamente a ese medio extraordinario de defensa, por no ser idónea la jurisdicción ordinaria. Así, en opinión de este juzgador federal, conforme a la ejecutoria de referencia, las únicas dos excepciones que tornan procedente el juicio de amparo cuando se reclaman actos del IMSS como ente asegurador son: 1. Cuando se controvierte la inconstitucionalidad de los preceptos en los que se funda la resolución reclamada; y, 2. Cuando se reclama la falta de respuesta de una petición (precisando que, una vez recaída la contestación respectiva, no podrá ampliarse la demanda en su contra), en términos de la tesis jurisprudencial 2a./J. 66/2016 (10a.), intitulada: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR." Ahora, en el caso concreto, no se desconoce que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, en sus artículos 155 y 156, establecen que las controversias entre el ISSSTEZAC, los trabajadores derechohabientes y pensionados, relativas al régimen de seguridad social, serán competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas (ahora Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, de conformidad con la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas); así como que en contra de los actos, omisiones o resoluciones de la Junta Directiva o del Director General que afecten los intereses del trabajador derechohabiente o pensionado, procede el recurso de inconformidad, y que la resolución que ponga fin a dicho recurso, podrá ser impugnada a través del juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas. De lo que se sigue que el ISSSTEZAC, como ente asegurador, es un organismo descentralizado y al someterse a la jurisdicción administrativa actúa en igualdad como todo particular, y en esos casos el juicio de amparo no puede sustituir a la jurisdicción ordinaria en la resolución de conflictos sobre seguridad social. No obstante esa circunstancia, en este caso en particular, cuando se reclama la omisión de pago devolución de cuotas, omisión del pago de pensión jubilatoria, suspensión o reducción en el pago mensual de la pensión por jubilación a que dice tener derecho la parte quejosa, de forma unilateral, coercitiva y sin mediar fundamentación y motivación por escrito, no existe obligación del particular-inconforme de agotar tales medios ordinarios de defensa, lo que hace procedente el juicio de amparo de forma inmediata y, por tanto, que se considere al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, como autoridad para efectos del juicio de control constitucional, en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61 de la Ley de Amparo textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" De la intelección del precepto legal transcrito se colige que el juicio de amparo resulta improcedente, entre otros casos, contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. Y que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación (aun cuando en el informe justificado la autoridad responsable señale la fundamentación y motivación del acto reclamado), en caso de que sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En la especie, la parte quejosa aduce que las autoridades responsables omitieron el pago de la devolución de cuotas a que dice tener derecho. A ese respecto, las autoridades responsables sostienen que la omisión y/o suspensión en el pago de la devolución de cuotas obedece a la falta de capacidad financiera del instituto asegurador, de conformidad con los artículos 11, último párrafo, y 128, ambos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. De las premisas apuntadas, se obtiene que las autoridades responsables efectivamente actuaron de forma unilateral, coercitiva y sin mediar fundamentación y motivación por escrito; por tanto, por esa sola circunstancia la parte quejosa no estaba obligada a agotar los medios ordinarios de defensa, con independencia de que, conforme a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas y la propia Ley del ISSSTEZAC suspendan o no los efectos de los actos reclamados de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal ahí contemplados, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Esto, porque basta que, respecto del acto impugnado se actualice alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de derechos fundamentales, para promover de forma inmediata la demanda de amparo. En conclusión, este juzgador de amparo considera como excepciones que tornan procedente el juicio de amparo cuando se reclaman actos del ISSSTEZAC como ente asegurador, son: 1. Cuando se controvierte la inconstitucionalidad de los preceptos en los que se funda la resolución reclamada; 2. Cuando se reclama la falta de respuesta de una petición (precisando que, una vez recaída la contestación respectiva, no podrá ampliarse la demanda en su contra), por analogía jurídica, en términos de la tesis jurisprudencial 2a./J. 66/2016 (10a.), intitulada: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR."; y, 3. Cuando emite un acto (positivo, negativo o de omisión) de forma unilateral, coercitiva y sin mediar fundamentación y motivación por escrito (como en el caso concreto ocurre). En esas condiciones, en este caso particular, se considera al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, como autoridad para efectos del juicio de control constitucional, en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a la determinación adoptada, en la parte conducente, la jurisprudencia por divergencia de criterios, PC.III.A. J/1 A (11a.), emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de rubro: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS). CUANDO DECIDE SUSPENDER DERECHOS PENSIONARIOS RELACIONADOS CON LA PENSIÓN DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, DE FORMA UNILATERAL Y OBLIGATORIA, CON BASE EN LAS ATRIBUCIONES QUE ESTABLECE LA LEY QUE LO RIGE, ACTÚA COMO AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO." QUINTO. Causal de improcedencia no actualizada. Las autoridades responsables dependientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas aducen que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que, previo a acudir a esta instancia constitucional, la parte quejosa debió promover controversia ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, de conformidad con el artículo 155 de la Ley del ISSSTEZAC. Lo que resulta infundado, con base en las razones y fundamentos expresados en el considerando que antecede, las cuales dan respuesta cabal a la argumentación que sustenta la causal de improcedencia invocada. Así, al no existir causal de improcedencia que se actualice en relación al acto reclamado, se procede al análisis de los motivos de disenso propuestos por la parte quejosa. SEXTO. Transcripción innecesaria de los conceptos de violación. Los motivos de inconformidad insertos en el apartado de conceptos de violación, se tienen por reproducidos en este considerando, sin que resulte necesaria su trascripción, atendiendo al criterio jurisprudencial J/129, consultable en la página 599 del tomo VII, abril de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Instancia: Tribunales Colegiado de Circuito, novena época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS." SÉPTIMO. Suplencia de la queja. En el presente asunto, en caso de ser necesario, se suplirá la deficiencia de la queja de los conceptos de violación en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que quien acude al juicio de derechos fundamentales goza de las prestaciones del régimen de seguridad social y se controvierte la omisión del pago de devolución de cuotas; esto, con independencia de que dicho nexo esté regulado por el derecho laboral o por el derecho administrativo. Apoya lo anterior, la tesis aislada 2a. XCV/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS." OCTAVO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación propuestos son esencialmente fundados, suficientes para conceder la tutela constitucional pedida. En éstos, aduce la parte quejosa -en síntesis- que las autoridades responsables vulneran en su perjuicio los artículos 1o, 4°, y 123, apartado B, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no le han pagado la devolución de cuotas; ello, sin que se atendieran los parámetros específicos como lo son la vida digna y el derecho a un mínimo vital y en todo caso, poder abastecer los alimentos de sus dependientes económicos. Al respecto, las autoridades responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas refieren que la omisión el pago de la devolución de cuotas obedece a: 1) la falta de capacidad financiera del Instituto asegurador; y, 2) las recomendaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado;. I. Litis constitucional. Precisado lo anterior, la litis en el presente juicio de amparo se fija en el sentido de resolver si está justificado a derecho o no que las autoridades responsables no le hayan realizado el pago de la devolución de cuotas que por años de servicio adquirió la parte quejosa. Dicho de otra manera, la presente litis constitucional tiene por objeto determinar que el actuar de las autoridades señaladas como responsables, sea acorde con lo preceptuado por nuestra Carta Magna, si respetaron los derechos humanos consagrados en ella o en los Tratados Internacionales celebrados por el Estado Mexicano sobre la materia. Fijada la litis, como se adelantó, los conceptos de violación propuestos resultan fundados. II. Marco jurídico. Antes que todo, resulta oportuno definir que el acto reclamado lo constituye una omisión con efectos positivos, que se traduce en no pagar por parte de las autoridades responsables la devolución de cuotas que le corresponde de la que es titular la quejosa. Ahora, es conveniente tener en cuenta que el derecho humano de previa audiencia contemplado en el artículo 14 Constitucional, consiste en el deber que tiene la autoridad para que los individuos puedan ser oídos en su defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos; ese derecho a su vez, se encuentra íntimamente relacionado al de debido proceso, pues la trasgresión del primero, implica la del segundo, por lo que su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la relativa a que en el juicio o procedimiento administrativo instaurado en forma de juicio que se siga en contra del gobernado, se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales, genéricamente se traducen en: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa. 3). La oportunidad de alegar. 4). El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Es de invocarse en ese aspecto, la jurisprudencia P./J. 47/95, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Bajo esa línea argumentativa, los artículos 14 y 16 Constitucionales distinguen a los actos privativos como aquellos que producen efecto de disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado y los autoriza a través del cumplimiento de determinados requisitos, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Por lo mismo, los actos de molestia son aquellos que sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho, con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, y los autoriza siempre y cuando preceda mandamiento escrito, girado por una autoridad con competencia legal para ello, en el cual funde y motive la causa legal del procedimiento. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 40/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe y sinopsis textuales son los siguientes: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." Ahora bien, en materia de seguridad social, el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las bases mínimas de su organización que cubrirá, entre otras prestaciones, los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, la vejez y la muerte. De lo que se sigue, que el principio constitucional de previsión social se encuentra sustentado en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia ante los riesgos a que están expuestos, orientados a procurar el mejoramiento del nivel de vida. Por su parte, en esta entidad federativa existe un ente asegurador denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas que se rige por su propia legislación, de cuyos artículos 2, 3, 8, 11, 34 y 52 se advierte un régimen de seguridad social que amplía las bases mínimas contenidas en la Carta Magna; esto en beneficio de los trabajadores derechohabientes de los entes públicos afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, el cual tiene como finalidad garantizar el derecho a la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así´ como el pago de devolución de cuotas. El derecho a la previsión social, en su vertiente de pensión por jubilación, no se genera de manera gratuita, sino que deriva de la recepción de parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, de las cuotas y aportaciones que se realicen a cargo de los entes públicos, en los términos que señala la propia ley. Así, el artículo 4, fracción II, de la ley del ISSSTEZAC define a las aportaciones que han de realizarse con el fin de que se cumplan las obligaciones impuestas por dicha ley -entre ellas el pago de la devolución de cuotas- como el porcentaje del sueldo básico de cotización del trabajador derechohabiente a cargo de los entes públicos; lo que implica que dichas aportaciones, si bien son enteradas al instituto por los entes públicos, provienen del sueldo del trabajador en activo durante su vida laboral; es decir, el derecho a la devolución de cuotas, se genera con motivo de las aportaciones que realizo´ al instituto el propio trabajador durante su vida laboral, de ahí que su concesión no es gratuita sino que se trata de un derecho adquirido. III. Caso concreto. La parte quejosa expuso en su demanda, que laboró en el gobierno del Estado de Zacatecas y por ende el carácter de derechohabiente ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado de Zacatecas (ISSSTEZAC). También refirió que, a pesar de que recayó un dictamen sobre procedencia de devolución de cuotas con número ******************** de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, no ha recibido el pago correspondiente. De lo expuesto, es dable concluir que la quejosa no sólo reclamó la omisión de pago de devolución de cuotas, bajo la óptica de una sola violación constitucional, como lo es la protección a sus ingresos como pensionada, sino que también se hizo valer otra transgresión constitucional de inmediata tutela y protección, como lo es el derecho al mínimo vital y la protección a la seguridad social, en términos del artículo 123 Constitucional, deducidas del retraso del pago de devolución de cuotas. Es aplicable por analogía, la tesis de rubro y texto siguientes: "PENSIÓN JUBILATORIA. LA OMISIÓN RECURRENTE DE PAGARLA OPORTUNAMENTE VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS A LA DIGNIDAD, AL MÍNIMO VITAL Y A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS JUBILADOS. Bajo el enfoque actual de una mayor protección a los derechos humanos mediante el acceso a la justicia constitucional, y ante la problemática social que origina el retraso injustificado del pago de las pensiones a los jubilados, corresponde al Estado asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de todos sus ciudadanos, en el caso, el derecho que conforme al artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos adquirieron aquéllos después de laborar por el tiempo señalado por la ley, a recibir el pago de una pensión, el cual debe ser realizado en tiempo, porque sólo así se puede garantizar una subsistencia digna. A este despliegue estatal se le conoce como obligación de garantía y se traduce en que el Estado, a través de los entes públicos correspondientes, debe mantener el disfrute del derecho respectivo, pero también mejorarlo y restituirlo en caso de violación. Por tanto, cuando se omite pagar oportunamente una pensión jubilatoria en forma recurrente, se violan los derechos humanos a la dignidad y al mínimo vital de los jubilados, ya que aquélla comprende la satisfacción de las necesidades básicas para que ese retiro sea digno. Asimismo, se transgrede el derecho humano a la seguridad social, del que deriva el pago de la pensión, por la necesidad de garantizar la continuidad en tiempo y forma legal del pago de la pensión, como obligación del Estado mediante el ente asegurador de las prestaciones de seguridad social, derivado del derecho de los pensionados a recibir una protección especial por su condición de integrantes de un grupo en situación de vulnerabilidad, integrado por sujetos que ordinariamente tienen la presunción de subsistir económicamente de lo que reciben mensualmente por concepto de pensión." Ahora bien, los hechos relativos a la calidad de la quejosa y a la existencia del retraso del pago de la devolución de cuotas, fue admitido por las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (por conducto de su apoderado legal) y Director de Prestaciones Sociales y Económicas (a través de la suplente), al referir que es cierto el acto reclamado por la quejosa, toda vez que ello obedece a la falta de capacidad financiera del instituto. Motivo el expuesto que no es justificación para omitir el pago de la devolución de cuotas, la circunstancia alegada por parte de las autoridades responsable, en el sentido de que tal omisión obedece a la falta de capacidad financiera del instituto asegurador, de conformidad con los artículos 11, último párrafo, y 128, ambos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. Es así porque, por principio de cuentas, la alegada incapacidad financiera del instituto asegurador no genera, por sí misma, que se suspenda el pago de la devolución de cuotas, sino que la propia ley que lo rige prevé que cuando los recursos del ISSSTEZAC no sean suficientes para cumplir las obligaciones a su cargo, éstas se cubrirán proporcionalmente por los entes públicos; de modo que la crisis financiera a que aluden las autoridades responsables no puede permear en el derecho de la parte quejosa a obtener el pago de la devolución de cuotas. Así, la autoridad responsable, en caso de insistir en las hipótesis de insuficiencia financiera, previa al acto privativo (omisión del pago o reducción), deberá promover el juicio en la vía legal correspondiente y llamar a la parte quejosa al procedimiento para hacerla partícipe del mismo a efecto de que se le permita manifestar su conformidad o inconformidad con omisión de la devolución de pago. En efecto, como se anunció en considerandos previos, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, en sus artículos 155 y 156, establecen que las controversias entre el ISSSTEZAC, los trabajadores derechohabientes y pensionados, relativas al régimen de seguridad social, serán competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas (ahora Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, de conformidad con la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas). Ahora bien, el artículo 9, fracción VI, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas establece que el tribunal en mención será competente, entre otros supuestos, para conocer de los juicios de lesividad que promuevan las autoridades a las que se refieren las fracciones I y II de dicho artículo (autoridades de la administración pública estatal, municipal, paraestatal o paramunicipal), por la nulidad de las resoluciones favorables a las personas físicas o morales, cuando se consideren contrarias a la ley. De lo que se sigue, que si las autoridades pertenecientes al ISSSTEZAC basan la suspensión o la omisión en el pago de la devolución de cuotas a la parte quejosa, en la falta de capacidad financiera del instituto; es claro que, previo al acto privativo, se debe otorgar garantía de audiencia a la parte quejosa, por ejemplo, promover juicio de lesividad en su contra o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en el que se le notifique el inicio del juicio o procedimiento, se le dé la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, de alegar y de obtener una resolución que dirima la controversia. Como se ha mencionado, la quejosa funda su derecho a recibir su pago de devolución de cuotas, virtud a que el veintisiete de octubre de dos mil veintidós se le autorizó la devolución de esas cuotas, lo que se acredita con la documental que obra a foja 11 vuelta y 12 de los presentes autos. De tal suerte que, la quejosa debe intervenir en el litigio en que sea materia de controversia la omisión de pago de devolución de cuotas, ello atento a los principios de audiencia y de debido proceso contemplados en el artículo 14 Constitucional. En esas condiciones, se colige que el derecho de la parte quejosa a percibir el pago de devolución de cuotas, debe de ser respetado y, por ende, se insiste en que debe ser emplazada al procedimiento, en el que se le conceda el derecho de oponer las excepciones o defensas que estime pertinentes, ofrecer pruebas, alegar y obtener una resolución, en aras de hacer prevalecer su derecho. Por tanto, como se expuso, los motivos expresados por las autoridades responsables como justificación de la omisión del pago de la devolución de cuotas, insístase, deben ser dilucidados en un procedimiento en el que se otorgue a ésta garantía de audiencia, previamente al acto privativo. Bajo esta óptica, son fundados los conceptos de violación, virtud a la afectación causada a los otros derechos fundamentales que, sin haber sido trasgredidos directamente, son condición necesaria para el respeto, protección y garantía de los restantes derechos violados, como lo es la tutela de un derecho vital mínimo, la transgresión al derecho humano a la seguridad social del que deriva el pago de devolución de cuotas, la violación a la dignidad e integridad de la persona. En las relatadas condiciones, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ********************, contra los actos de las autoridades pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. NOVENO. Efectos de la protección de la Justicia de la Unión. De conformidad con el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, se precisa que los efectos de la concesión de la tutela constitucional consisten en que las autoridades responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, en el correspondiente ámbito de sus competencias: Procedan a realizar las gestiones pertinentes y eficaces con la finalidad de que de inmediato se pague al quejoso ********************, la devolución de cuotas; y en el caso de insistir en suspender el pago, deberá promover juicio de lesividad en su contra o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en el que se le notifique el inicio del juicio o procedimiento, se le dé la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, de alegar y de obtener una resolución que dirima la controversia. Con la obligación de efectuar el pago de manera retroactiva, esto es, desde el momento en el que fue emitida la resolución correspondiente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77, de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra los actos y autoridades precisados en los considerandos segundo y tercero de la presente sentencia y para los efectos indicados en el considerando noveno de la misma. Notifíquese.

  3. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la promoción de cuenta, signada por la autorizada del quejoso Luis Quiroz Perea, y en atención a su contenido, con apoyo en el numeral 124 de la Ley de Amparo, téngase como por hechas las manifestaciones que formula en vía de alegatos; los cuales serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese. ...

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