Luis Pérez González y Otros.
Expediente 789/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 789/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/09/2018
Partes del expediente
- Luis Pérez González
- Luis Pérez González y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que los quejosos (quienes son los únicos interesados en hacerlo), no recurrieron la sentencia de seis de septiembre pasado mediante la cual se sobreseyó en el juicio de amparo, por lo que se estima ocioso continuar en espera de los acuses de recibo de los oficios girados para notificar la resolución de referencia a las autoridades responsables foráneas; en consecuencia, con fundamento en los numerales 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general en comento, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo, es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el tres de abril de dos mil diecinueve. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en los cuadernos incidentales. Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención de los anexos remitidos por el Juez Sexto Penal de esta ciudad, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, debido a que es suficiente con la constancia de notificación respectiva.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 789/2018, promovido por Luis Pérez González y Alejandro Pérez Ávila, contra actos del Juez Primero Penal de Delitos No Graves de esta ciudad y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el treinta de enero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca, que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito, los quejosos solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. Los peticionarios del amparo narraron los antecedentes de los actos reclamados, formularon los conceptos de violación que consideraron pertinentes y señalaron violados en su perjuicio los artículos 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. El uno de febrero siguiente se admitió a trámite la demanda registrada con el orden 107/2018-VII-2; se requirió a las responsables su respectivo informe justificado; se dio intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho juzgado; finalmente, se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional que tuvo verificativo el veintinueve de agosto pasado, en la que el citado juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto por razón de territorio. IV. Mediante proveído de tres del mes en curso este juzgado aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del presente controvertido, que se registró con el orden 789/2018; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, haciéndose del conocimiento de las partes dicha circunstancia; sin que se realizara pronunciamiento respecto del emplazamiento de quien pudiera tener el carácter de tercero interesado, en virtud del sentido de la presente determinación; finalmente, se turnó el asunto a la secretaria proyectista para el dictado de la sentencia respectiva; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis de todos los elementos de la demanda, así como de las constancias que integran el presente expediente, se precisa que los actos reclamados consisten en: 1. La orden de localización o aprehensión, así como su ejecución, que se reclaman en su carácter de ordenadoras a: a) Jueces Primero a Trigésimo Noveno Penales de Delitos No Graves. En cuanto ejecutoras: b) Procurador; y c) Jefe General de la Policía de Investigación, ambos de la Procuraduría General de Justicia; d) Secretario Seguridad Pública. Todas las autoridades anteriores de la Ciudad de México. e) Procurador; y f) Director General de la Policía Investigadora, ambos de la Procuraduría General de Justicia; g) Secretario de Seguridad Pública. Los tres anteriores del Estado de Hidalgo. 2. La orden de reaprehensión dictada contra los quejosos el veintinueve de agosto de dos mil catorce, por el Juez Décimo Tercero Penal de Delitos No Graves en esta ciudad (ahora Juez Sexto Penal similar), en la causa penal 132/2010. TERCERO. No existen los Jueces Noveno a Trigésimo Noveno Penales de Delitos No Graves en la Ciudad de México, tal como se obtiene del oficio signado por la Secretaria General del Consejo de la Judicatura de esta ciudad, el dos de julio pasado. De igual forma, no es cierta la orden de aprehensión y localización que se reclama de los Jueces Primero a Octavo Penales de Delitos No Graves, Procurador y Jefe General de la Policía de Investigación, ambos de la Procuraduría General de Justicia, Secretario de Seguridad Pública, las anteriores autoridades de la Ciudad de México, ni del Procurador y Director General de la Policía Investigadora, ambos de la Procuraduría General de Justicia, así como del Secretario de Seguridad Pública, los tres anteriores del Estado de Hidalgo, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe de ley, sin que el justiciable haya aportado prueba alguna que desvirtuara su negativa. Consecuentemente, al resultar inexistentes las citadas autoridades y los actos reclamados de las restantes, procede sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia. CUARTO. Es cierta la orden de reaprehensión reclamada del Juez Sexto Penal de Delitos No Graves en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con la documental que adjuntó a su informe de ley, consistente en copia certificada de la causa penal indicada, en la que consta tal mandato de captura; documental que tiene pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 129, en vinculación con los diversos 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. No obstante la certeza del acto reclamado, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación formulados por los quejosos, en virtud de que este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causal de improcedencia que se estudiará más adelante, cuyo análisis es preferente al del fondo del asunto por tratarse de una cuestión de orden público de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, de las constancias que conforman la causa penal en estudio, se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el numeral 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo en improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior.". Por su parte, la fracción X del numeral en cita, a que remite la fracción transcrita, es del siguiente tenor: "X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios.". Del precepto transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclama un acto que haya sido materia de una ejecutoria en un juicio de amparo diverso, lo que en materia procesal se denomina como "Cosa Juzgada", lo cual produce el efecto de tornar improcedente un juicio de amparo cuando este tiene el mismo objeto que otro en el que ya se estudió y resolvió el mismo problema planteado, evitando con ello que recaiga nueva sentencia que pudiera ser contradictoria sobre el fondo del asunto que ya fue analizado. En relación con ese tópico es aplicable la jurisprudencia emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 284 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo V, Materia Civil, Primera Parte -SCJN Primera Sección- Civil Subsección 2 Adjetivo, titulada: "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA". En ese sentido, para que se actualice la causal de improcedencia a que alude la fracción XI del citado precepto, es necesario que respecto de los actos reclamados exista cosa juzgada; esto es, cuando en otro juicio de amparo se dictó sentencia ejecutoria contra la cual no procede recurso alguno, cuyo sentido no es susceptible de ser modificado, siempre y cuando se trate de: a) los mismos actos; b) las mismas autoridades responsables; y, c) el mismo quejoso (aunque las violaciones constitucionales sean diversas). Al respecto, es orientadora la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 28 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 39, Tercera Parte, Séptima Época, Materia Común, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE EJECUTORIA PRONUNCIADA EN OTRO JUICIO DE AMPARO. SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A IGUAL QUEJOSO, IDÉNTICAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y LOS MISMOS ACTOS RECLAMADOS". Así es, se actualiza la causal de improcedencia anunciada, en razón de que de la copia certificada remitida por la autoridad judicial responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte que los quejosos con anterioridad promovieron juicio de amparo en que reclamaron la orden de reaprehensión que en esta vía se impugna, del cual conoció este órgano jurisdiccional al resolver el juicio de amparo 924/2016. Para sustentar lo anterior, se considera conveniente precisar los antecedentes del acto reclamado. 1. El veintinueve de agosto de dos mil catorce, el Juez Sexto Penal de Delitos No Graves en esta ciudad, en los autos de la causa penal 132/2010, giró orden de reaprehensión contra los quejosos. 2. Los quejosos promovieron diverso juicio de amparo, entre otras autoridades, contra dicho juzgador, en el cual señalaron como acto reclamado la orden de reaprehensión dictada en su contra el veintinueve de agosto de dos mil catorce, en la causa penal 132/2010, radicándose dicha demanda en este órgano jurisdiccional con el orden 924/2016, en que mediante sentencia terminada de engrosar el veinte de octubre de dos mil dieciséis, se determinó sobreseer en dicho controvertido, causando ejecutoria el once de noviembre siguiente. Consecuentemente, se observa que la orden de reaprehensión reclamada en este controvertido adquiere el carácter de cosa juzgada para efectos de este juicio constitucional, toda vez que fue motivo de análisis en el expediente 924/2016 del orden de este juzgado, en que existe identidad en la autoridad responsable y en los quejosos, por ende, no es susceptible de ser examinada nuevamente. Se afirma lo anterior, porque el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, por lo que de acuerdo a esta naturaleza, sería ilógico otorgar a los quejosos la oportunidad de tramitar tantos juicios como oportunidades de nulificar el acto, estimen necesarias. Por lo que si la constitucionalidad del acto ya ha sido resuelta, la controversia no debe plantearse nuevamente, pues ello abriría la posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias, a la proliferación superflua de juicios de amparo, y a que la cosa juzgada fuera obsoleta. Por lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia en cita, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en vinculación con el diverso 61, fracción XI, de la ley de la materia, dado que el acto que dio origen a este controvertido constitucional fue materia de otro juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 65, 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Por los motivos expuestos en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Luis Pérez González y Alejandro Pérez Ávila, contra los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión dictada en su contra, así como su ejecución que reclaman de los Jueces Primero a Trigésimo Noveno Penales de Delitos No Graves; Procurador y Jefe General de la Policía de Investigación, ambos de la Procuraduría General de Justicia; Secretario Seguridad Pública, todas las autoridades anteriores de la Ciudad de México; Procurador y Director General de la Policía Investigadora, ambos de la Procuraduría General de Justicia; Secretario de Seguridad Pública, los tres anteriores del Estado de Hidalgo; y, respecto de la orden de reaprehensión dictada el veintinueve de agosto de dos mil catorce, por el Juez Décimo Tercero Penal de Delitos No Graves en esta ciudad (ahora Juez Sexto Penal similar), en la causa penal 132/2010.
- Principal
Ciudad de México, a tres de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta proveniente del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, a través del cual remite el expediente 107/2018 de su orden, promovido por Luis Pérez González y Alejandro Pérez Ávila, contra actos del Juez Primero Penal de Delitos No Graves de esta ciudad y otras autoridades, al considerar que es legalmente incompetente para conocer de dicho asunto, por razón de territorio, y por tanto, declina competencia a favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en Turno, correspondiendo su conocimiento a este órgano de control constitucional. Ahora, este juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 789/2018, acúsese el recibo de estilo. Hágase del conocimiento de las partes dicha circunstancia. Por lo que respecta al original y duplicado del incidente de suspensión y los anexos remitidos, realícese el cambio de carátulas con los datos de identificación que corresponda. Dese la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la adscripción, en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora bien, toda vez que la audiencia constitucional fue celebrada por el juez declinante en sus primeras dos etapas de pruebas y alegatos, túrnese a la secretaria proyectista a fin de que proceda con el dictado de la sentencia. Se autoriza a la secretaria a firmar los oficios que deriven de este asunto.
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