Luis Pérez Cortez
Expediente 243/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 243/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/03/2023
Partes del expediente
- Luis Pérez Cortez
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obren como correspondan el oficio y anexo de cuenta que remite el Director del Instituto de Planeación del Desarrollo Municipal de Tecate, Baja California, mediante los cuales se le tiene informando los actos realizados en vías de cumplimiento al fallo protector. Por tanto, requiérase a la autoridad vinculada Juez de Primer Instancia Civil del Partido Judicial de Tecate, Baja California, para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, informe el trámite dado al oficio 1246/2023 girado por la autoridad responsable Director del Instituto de Planeación del Desarrollo Municipal de Tecate, Baja California y le remita las constancias relativas a la entrega del cheque correspondiente, a efecto de que éste provea lo conducente en relación con el fallo protector dictado en el presente juicio, o bien, manifieste el impedimento legal que tenga para ello, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 258 ambos de la Ley de Amparo; y, conforme al artículo 192 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1ª./J. 57/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 144, tomo XXV, mayo de 2007, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 172605, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/mecs
- Principal
Tijuana, Baja California, dos de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por el quejoso ********************mediante el cual pretende ampliar el escrito inicial de demanda, en relación con los conceptos de violación. Ahora bien, el artículo 111 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: No hayan transcurrido los plazos para su presentación; Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." Del análisis a ese numeral, se obtienen dos reglas para ampliar la demanda de amparo, a saber: Cuando no hayan transcurrido los plazos para su presentación; y, Cuando el quejoso tenga conocimiento de actos que guarden estrecha relación con los actos que reclama en el juicio de amparo; caso en el que el quejoso puede ampliar su demanda siempre y cuando no hayan transcurrido los plazos previstos por el artículo 17 de la ley de la materia, y no se haya celebrado la audiencia constitucional; o bien, promover una demanda diversa. Lo expuesto permite determinar que la condición para ejercer la ampliación de la demanda de amparo fundamentalmente estriba en que no hubiesen transcurridos los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, según se trate, a partir de la fecha en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado. De lo antes expuesto, se colige que el escrito mediante el cual la parte quejosa pretende ampliar su demanda de amparo, es extemporáneo, ya que según se advierte del sello estampado en el mismo, fue presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés y el plazo venció el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno; lo anterior, toda vez que mediante notificación de seis de diciembre de ese mismo año, se hizo conocedor del contenido acuerdo que se le notificó y se le corrió traslado con copia autorizada del mismo; aunado a que el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno intentó ampliar la demanda de amparo, la cual previa ratificación y desahogo de la prevención se le tuvo el quince de febrero de pasado, por ampliada en los términos que propuestos, en razón de levantarse la suspensión decretada con motivo del recurso de queja resuelto por la superioridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, tomo I, Abril de 2018, Libro 53, página 10, materia común, con número de registro digital 2016652, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR SU AMPLIACIÓN, CON MOTIVO DE LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO. El artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo incorpora expresamente la figura de la ampliación de la demanda de amparo, para los casos en que no hayan transcurrido los plazos para su presentación, o bien, cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los reclamados en la demanda inicial, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional. Este segundo supuesto se actualiza cuando el quejoso tiene conocimiento de nuevos actos reclamados o autoridades responsables, o la necesidad de presentar conceptos de violación novedosos derivados de la fundamentación y motivación que no se conocía con anterioridad, siempre que exista una estrecha relación con los actos impugnados inicialmente. Ahora, si bien el supuesto es abierto, por lo regular el referido conocimiento deriva directamente de las constancias y del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. En este caso, el cómputo del plazo para presentar la ampliación de demanda inicia al día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que tiene por recibido el informe justificado y ordena dar vista al quejoso, excepto cuando se acredite plenamente, que antes de la mencionada notificación, éste se ubicó en alguno de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, que conoció con anterioridad la materia novedosa, en cuyo caso el cómputo inicia a partir del día siguiente a ese conocimiento; sin que lo anterior esté vinculado con la vista que se otorga a las partes para imponerse del contenido del informe justificado, por ser actos procesales diferentes con finalidades también distintas, esto es, por un lado se encuentra la posibilidad de: (i) ampliar la demanda ante el conocimiento de actos, autoridades o aspectos novedosos relacionados -incorporando a la litis del amparo elementos que no habían sido integrados al juicio y, por ende, es necesario solicitar un nuevo informe justificado, ya sea a la propia autoridad o a una nueva-; y, por otro, (ii) imponerse del contenido del informe justificado respecto de argumentos y pruebas relacionados con el acto reclamado por el que originalmente se admitió la demanda. Una interpretación en la que se asumiera que el plazo para ampliar la demanda debe computarse a partir del día siguiente al del fenecimiento de la vista para imponerse del informe justificado, traería consigo, como consecuencia, alterar el contenido del artículo 18 invocado, ampliando sin fundamento legal los plazos establecidos por el legislador." Sin que por otra parte se advierta se esté dentro de los casos de excepción a que se refiere el artículo 17 de la propia ley, para que se promueva el juicio de amparo dentro del término distinto al que se contiene en dicho numeral de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que la informan la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Materia Común, Julio de 2003, página 12, de rubro y texto siguientes: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional. En otro tenor, respecto de ofrecer como prueba de su parte el informe de autoridad a cargo del Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Civil de esta ciudad. Atento a lo anterior, dígasele al promovente que lo procedente es desechar dicha probanza, ya que se equipara a la prueba de posiciones al tratarse de una autoridad que figura como responsable en este asunto; además, que la información que se le requiere versa sobre hechos realizados atribuibles a su intervención en ejercicio de sus funciones en relación con el expediente del que derivan los actos reclamados, por lo que en términos del artículo 119 de la ley de la materia, no es admisible dicha probanza en el juicio de amparo, que dispone: "Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa." Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis cuyo rubro, texto y datos de identificación, son los siguientes: "DOCUMENTAL VÍA INFORME DE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. CONSTITUYE UNA CONFESIONAL POR POSICIONES PROSCRITA POR LA LEY DE AMPARO. La nota distintiva entre las pruebas testimonial y confesional consiste en el sujeto a cargo de quien se ofrece; si la ofrecida versa sobre la declaración de un tercero, a través de una serie de cuestionamientos sobre hechos que le constan, debatidos en el juicio, se estará ante la presencia de una prueba testimonial; por el contrario, la declaración de una de las partes, mediante un interrogatorio, constituye una prueba confesional por posiciones. Por ende, la probanza ofrecida en el juicio de garantías, consistente en la "documental vía informe" a cargo de una autoridad responsable, mediante la respuesta a una serie de cuestionamientos que plantea la parte quejosa vinculados con los actos reclamados; virtualmente se traduce en una confesional por posiciones, proscrita por el artículo 150 de la Ley de Amparo. (Época: Novena Época; Registro: 178466; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXI, Mayo de 2005; Materia(s): Común; Tesis: IV.3o.A.19 K; Página: 1456) Finalmente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que anexa, así como la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/VMMF/jrcm
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