Luis Padilla Santos
Expediente 697/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 18 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 697/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 06/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Luis Padilla Santos
- LUIS PADILLA SANTOS y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de julio de dos mil veintiuno. Agréguese la promoción señalada en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la secretaría del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca comunica el acuerdo de veintinueve de junio del año en curso, en donde ese órgano jurisdiccional acusa recibo de los dos tomos de pruebas correspondientes al juicio ejecutivo mercantil 55/2014, los cuales fueron devueltos mediante el oficio 17859/2021 de veinticinco de junio pasado. Al respecto, se toma conocimiento de lo anterior. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que se haya impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el fallo dictado en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como se sobreseyó en este juicio de amparo en términos de lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, dado que resulta innecesaria la retención de los dos tomos de pruebas correspondientes al juicio ejecutivo mercantil 55/2014 que la autoridad responsable Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca remitió en apoyo de su informe justificado, devuélvanse esos instrumentos mediante el oficio que al efecto se elabore; en tal sentido, se instruye al Actuario(a) Judicial de la adscripción que al notificar ese comunicado se cerciore que la persona con quien entienda la diligencia asiente con su puño y letra la recepción de la documentación que se devuelve en el acuse de recibo relativo. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de junio de dos mil veintiuno. Agréguese la promoción señalada en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el inconforme Luis Padilla Santos solicita copias certificadas de "[.] diligencia de emplazamiento al demandado; embargo de bienes inmuebles; sentencia definitiva y auto en que declaró ejecutoria en el expediente civil **[.]". Al respecto, dígase al promovente que no es factible acceder a su pretensión, porque en este asunto no obran constancias de un "expediente civil 55/2014"; además, la solicitud que formula es genérica, lo cual impide saber a qué constancias se refiere, porque no precisa las fechas de las actuaciones que alude ni el expediente correcto para estar en aptitud de verificar su existencia o no; en esos términos, se niega la petición de copias formulada por el disidente. Notifíquese.
- Principal
".S E N T E N C I A Mediante la cual resuelve el juicio de amparo indirecto 697/2020 promovido por ***, en contra de la interlocutoria de veintiuno de febrero de dos mil veinte, que el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca dictó en el incidente de liquidación de intereses moratorios planteado en el juicio ejecutivo mercantil 55/2014. El problema jurídico planteado en el presente asunto exige analizar, en el caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de una sentencia de fondo, si el acto impugnado vulnera en perjuicio del inconforme los derechos fundamentales de legalidad, de seguridad jurídica y de acceso a la justicia reconocidos por los numerales 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. ANTECEDENTES 1. Mediante el escrito presentado el cinco de junio de dos mil catorce, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, * **, en su carácter de endosatario en procuración de * * *, demandó en la vía ejecutiva mercantil a **** -como deudor principal- el pago de seiscientos cincuenta y tres mil pesos como suerte principal de diecisiete pagarés, intereses moratorios y los que se siguieran venciendo hasta la total solución de ese asunto y los gastos y costas que se originaran con motivo de la tramitación del juicio. 2. De ese asunto correspondió conocer, por razón de turno, al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, por lo que en el auto de nueve de junio de dos mil catorce, lo registró bajo el expediente 55/2014; admitió a trámite la demanda; dictó auto de exequendo en contra del demandado ***, en donde ordenó su emplazamiento a ese contradictorio. 3. En el proveído de dieciocho de febrero de dos mil quince, el Juez Federal señalado tuvo al enjuiciado *** por contestada la demanda y por opuestas sus excepciones, por lo que dispuso que se corriera traslado con dicho escrito a la parte actora para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 4. Seguido el juicio en sus ulteriores etapas, el treinta de junio de dos mil dieciséis, el referido órgano jurisdiccional dictó la sentencia respectiva, en la que estimó fundadas las pretensiones de los actores, por lo que condenó al demandado al pago de las prestaciones que le fueron exigidas, relativas a la suerte principal, los intereses moratorios sobre la tasa de interés del treinta por ciento anual, los réditos que se siguieran venciendo hasta la liquidación del adeudo, así como los gastos y costas originados con motivo de la tramitación de ese contradictorio. 5. Inconforme con ese fallo, el enjuiciado *** interpuso el recurso de apelación que correspondió conocer al Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito bajo el toca civil 13/2016; el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, se dictó resolución en dicho medio de impugnación en la que se confirmó la sentencia recurrida; el demandado impugnó esa resolución a través del juicio de amparo directo del que conoció el entonces Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito bajo el expediente 919/2016, el cual se falló el diez de agosto de dos mil diecisiete; en la ejecutoria respectiva se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal al enjuiciado. 6. En el acuerdo de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, se declaró que la sentencia dictada en el mencionado contradictorio causó ejecutoria, por lo que se requirió al demandado * ** el cumplimiento voluntario de esa resolución. 7. A través del ocurso presentado el diez de diciembre de dos mil diecinueve, ***, en su carácter de endosatario en procuración de los actores * ** promovió un incidente de liquidación de intereses moratorios y exhibió la planilla de liquidación correspondiente. 8. Por auto de once de diciembre de dos mil diecinueve, la autoridad judicial señalada admitió a trámite la incidencia planteada y dio vista a la parte demandada para que manifestara lo que a su derecho conviniera; posteriormente, el veintisiete de enero de dos mil veinte, se celebró la audiencia de alegatos en el aludido incidente. 9. El veintiuno de febrero de dos mil veinte, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca dictó la interlocutoria respectiva en el incidente de liquidación de intereses moratorios planteado, en la que aprobó la planilla de liquidación que el endosatario en procuración de los accionantes presentó, por lo que estableció que el demandado debía pagar seiscientos cincuenta y tres mil pesos como suerte principal y un millón quinientos noventa y nueve mil ochocientos cincuenta pesos por concepto de intereses moratorios por el período comprendido del ocho de septiembre de dos mil once, al ocho de noviembre de dos mil diecinueve. 10. El veinticuatro de febrero del año próximo pasado, se notificó al enjuiciado *** esa resolución incidental. 11. En consideración del titular de la acción de amparo el acto combatido vulnera sus derechos fundamentales y ocasiona perjuicios en su esfera jurídica. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 12. Mediante escrito presentado el once de marzo de dos mil veinte, ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca * * * promovió juicio de amparo directo en contra de la interlocutoria de veintiuno de febrero de dos mil veinte, que ese órgano jurisdiccional dictó en el incidente de liquidación de intereses moratorios planteado en el juicio ejecutivo mercantil 55/2014. 13. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los consagrados por los ordinales 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de la actuación combatida y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. 14. El Juzgado Cuarto de Distrito en esta entidad federativa en el acuerdo de doce de marzo del año próximo pasado, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 55/2014, ordenó rendir el informe justificado respectivo ante el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, y comisionó al Actuario Judicial de su adscripción para que corriera traslado con un ejemplar del escrito inicial al tercero interesado * * *, en su carácter de endosatario en procuración de * * * 15. La demanda de amparo y los autos originales del juicio ejecutivo mercantil 55/2014 se presentaron el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quien turnó el asunto al Primer Tribunal Colegiado en las materias y circuito señalado. 16. En el auto de veintiocho de agosto de dos mil veinte, la entonces Magistrada Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito registró el asunto bajo el expediente del juicio de amparo directo 157/2020 y declaró que ese órgano de control constitucional carecía de competencia legal, por razón de la vía, para conocer de la demanda de amparo, porque señaló que no se actualizaba el requisito de procedibilidad del juicio de amparo uniinstancial previsto por el artículo 107, fracción V, de la Constitución General de la República, en relación con los diversos 45, 170 y 179 de la Ley de Amparo, porque la interlocutoria reclamada no constituía una sentencia definitiva, ni una resolución que ponía fin a la controversia de origen, sino que constituía un acto acaecido después de concluido el juicio; por tanto, dispuso que se remitiera el escrito inicial y sus anexos al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con residencia en esta localidad, para que se avocara a su conocimiento. 17. El cinco de noviembre de dos mil veinte, se remitió la demanda de amparo y sus anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien turnó dicho ocurso a este Juzgado Federal. 18. En el proveído de nueve de noviembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional registró el presente asunto bajo el expediente 697/2020, aceptó la competencia declinada y se avocó a su conocimiento; admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; reconoció la calidad de tercero interesado a * * *, en su carácter de endosatario en procuración de * * **, por lo que dispuso su emplazamiento a este medio extraordinario de defensa; y, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. 19. La audiencia constitucional se llevó a cabo el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA 20. Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama un acto que tiene ejecución en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO 21. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 22. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto . 23. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este juicio constitucional da pauta a establecer que el inconforme reclama el acto siguiente: Del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca combate: ? La interlocutoria de veintiuno de febrero de dos mil veinte, dictada en el incidente de liquidación de intereses moratorios planteado en el juicio ejecutivo mercantil 55/2014. V. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO 24. Es cierto el acto reprochado al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, consistente en la interlocutoria de veintiuno de febrero de dos mil veinte, pronunciada en el incidente de liquidación de intereses moratorios planteado en el juicio ejecutivo mercantil 55/2014, porque así lo reconoció en su informe justificado, lo cual es suficiente e idóneo para tener por demostrada la existencia de la actuación que fue atribuida a ese ente público. 25. En el caso es aplicable la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que expone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." 26. Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con las constancias originales del juicio ejecutivo mercantil 55/2014, que la responsable aportó en el presente asunto, a las que se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su ordinal 2, ya que en dichas actuaciones se encuentra glosada la interlocutoria de veintiuno de febrero de dos mil veinte, dictada en el incidente de liquidación de intereses moratorios planteado en el referido contradictorio, por lo que esa situación conduce a establecer la existencia de la actuación combatida. 27. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación , de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VI. PROCEDENCIA 28. Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. 29. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito , que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." 30. En el caso, de oficio se advierte que en relación con el acto reclamado al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, consistente en la interlocutoria de veintiuno de febrero de dos mil veinte, dictada en el incidente de liquidación de intereses moratorios planteado en el juicio ejecutivo mercantil 55/2014, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el arábigo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que el inconforme no observó el principio de definitividad que rige a este juicio constitucional, al no haber agotado de manera previa al ejercicio de la acción de amparo el recurso de apelación previsto por los ordinales 1336, 1339, 1340, 1341 y 1348 del Código de Comercio. 31. Para evidenciar dicho aserto es necesario tener presente el contenido del arábigo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" 32. Del tramo normativo inserto se advierte que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones de los Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por medio del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. 33. Es decir, el dispositivo transcrito establece que el juicio de protección de los derechos fundamentales es improcedente cuando no se respete el principio de definitividad respecto de los actos provenientes de las autoridades jurisdiccionales. 34. El aludido principio que rige al juicio constitucional implica que previo a la presentación de la demanda de amparo el afectado por el acto de autoridad debe agotar los recursos ordinarios o los medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado, siempre que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar la resolución materia de la impugnación. 35. Debe destacarse que la razón por la que el legislador restringió el acceso al juicio de protección de los derechos fundamentales mediante la causal de improcedencia en estudio atiende a la finalidad de preservar la supremacía de la acción de amparo como un instrumento protector del orden constitucional, el cual impide ejercerlo contra cualquier acto de autoridad que aun cuando surja de un procedimiento pudiera válidamente enmendarse a través de los recursos ordinarios que se prevén por la ley común, por medio de los cuales la jurisdicción ordinaria podría revocarlo, anularlo o modificarlo, ya que de lo contrario el juicio de amparo se convertiría en un recurso más que el gobernado podría hacer valer a su elección, lo que de suyo resulta inadmisible. 36. El indicado motivo de improcedencia no es absoluto, toda vez que en el propio dispositivo se establece la salvedad de que no opera cuando se esté dentro de los supuestos de excepción enumerados, ya que en dicha eventualidad el quejoso estará en aptitud de elegir entre hacer valer la acción constitucional, o bien, el recurso o medio de impugnación que conforme a la ley que rija al acto reclamado sea procedente. 37. Cabe señalar que el supuesto de inejercitabilidad invocado obliga a acatar el citado principio sin distinguir la naturaleza de la autoridad responsable de quien se reclama el acto, por lo que su observancia opera tratándose de Tribunales judiciales (del Poder Judicial de la Federación cuando actúan como autoridad de instancia con jurisdicción ordinaria y los del fuero local, ya sean civiles o familiares), administrativos (Tribunales federales y locales de justicia administrativa, agrario, entre otros) o laborales (ya sea federales, locales o burocráticos). 38. En ese contexto, el quejoso previo a acudir a la Justicia Federal a someter a escrutinio constitucional una actuación que emana de un ente judicial o que ejerce facultades materialmente jurisdiccionales debe agotar todas las instancias procesales tendentes a revocar, modificar, anular o invalidar el acto que combate y una vez que con esos mecanismos ordinarios de defensa no haya revertido los efectos del origen de la inconformidad estará en aptitud de ejercer la acción de amparo. 39. Para los efectos del aludido principio se entiende que un recurso -horizontal o vertical- o medio ordinario de defensa debe agotarse únicamente cuando a través de ese mecanismo de impugnación el acto de autoridad pueda ser revocado -cambiar en su totalidad el criterio de la resolución recurrida-, modificado -hacer un cambio parcial de la resolución- o anulado -dejar insubsistente el acto de autoridad-; asimismo, debe precisarse que sólo se entenderá colmado este requisito de procedencia cuando el recurso o el mecanismo ordinario de defensa que se haga valer se haya substanciado en todas sus etapas hasta su resolución que lo dé por terminado. 40. Ahora, debe precisarse que si bien el acto reclamado en este asunto fue emitido con posterioridad a la sentencia definitiva, es decir, la actuación impugnada acaeció después de concluido el juicio, si se tiene en cuenta que el fallo definitivo concluyó la controversia de origen y la causal de improcedencia invocada dispone que se deberá agotar el recurso o el medio ordinario de defensa contra la resolución dictada por el Tribunal judicial dentro del procedimiento por medio del cual pueda ser modificada, revocada o nulificada, lo cierto es que el Máximo Tribunal Constitucional de la Nación ha sostenido que también deben agotarse esos mecanismos ordinarios de defensa después de emitida la sentencia definitiva, es decir, después de concluido el procedimiento relativo. 41. En efecto, si bien la mencionada hipótesis de inejercicio de la acción constitucional exige agotar los medios ordinarios de defensa dentro del procedimiento, esa situación no implica que los mecanismos de impugnación no puedan promoverse contra los actos posteriores al dictado de la sentencia definitiva, toda vez que en esa etapa también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe y en caso de estimarse que aconteció una violación en tal actuación puede interponerse el recurso correspondiente. 42. En esa línea, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto deben agotarse los medios ordinarios de defensa que la ley prevea contra los actos pronunciados dentro del procedimiento y después de dictada la sentencia definitiva, ya que de no hacerlo se actualizaría la causal de improcedencia a que se refiere el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. 43. En respaldo de lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 26/2005 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que señala: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La nulidad de actuaciones, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra las pronunciadas después de dictada sentencia, pues de no hacerlo se surtirá la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo." 44. Enseguida debe destacarse que la aludida causal de improcedencia establece cuatro supuestos de excepción al principio de definitividad. 45. La primera atañe a los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En la especie no se actualizan esas hipótesis, dado que el acto reclamado tiene una naturaleza jurídica distinta a las actuaciones descritas. 46. La segunda se actualiza cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o de reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de la sentencia definitiva en el proceso penal, mientras que la cuarta excepción se dirige al auto de vinculación a proceso, supuestos en los que tampoco se ubica el acto reclamado en tanto que éste no tiene como finalidad causar una afectación a la libertad personal del justiciable ni emana de un proceso penal. 47. La tercera que consiste en la posibilidad de que las personas extrañas al juicio de donde deriva el acto reclamado puedan solicitar la protección constitucional sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, la cual sólo opera cuando al quejoso le revista el carácter de persona extraña al juicio de origen -es decir, que es ajeno a la relación jurídica procesal porque no es parte, pero sufre una afectación en su universo jurídico-, o bien, que se ostente como tercero extraño por equiparación -esto es, que aun cuando es parte en sentido formal no fue emplazado legalmente-, por lo que no sería factible obligarlo a interponer los medios ordinario de defensa en un procedimiento del que no tiene conocimiento, lo que tampoco sucede en la especie en razón de que el solicitante del amparo no se ubica en esos supuestos, dado que en el juicio de origen tiene la calidad de parte demandada y se incorporó a la relación jurídica procesal entablada en ese asunto al dar contestación a la demanda instaurada en su contra, lo que revela que tiene conocimiento de las actuaciones que integran el juicio natural y no es ajeno al vínculo jurídico procesal entablada en ese contradictorio. 48. En ese sentido, es necesario destacar que de la consulta del juicio ejecutivo mercantil 55/2014 se advierte que el inconforme no se encuentra dentro de los casos de excepción descritos por la norma jurídica examinada que lo faculten para promover en forma inmediata el juicio de amparo sin agotar los recursos o los medios ordinarios de defensa que la ley que rige al acto reclamado establece. 49. Ahora, el disidente reclama del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca la interlocutoria de veintiuno de febrero de dos mil veinte, dictada en el incidente de liquidación de intereses moratorios planteado en el juicio ejecutivo mercantil 55/2014, resolución en contra de la cual procedía el recurso de apelación previsto por los numerales 1336, 1339, 1340, 1341 y 1348 del Código de Comercio vigente en la época en la que se dictó la sentencia en ese contradictorio, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 1336. Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos siguientes." "Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $574,690.47 (Quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 47/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código." "Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $574,690.47 (Quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 47/100 M.N.) por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." "Artículo 1341. Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone." "Artículo 1348. Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución será apelable en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata." 50. De los segmentos normativos transcritos se obtienen, en lo que interesa, las premisas siguientes: 50.1. El recurso de apelación tiene por objeto que el Tribunal de alzada confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas. 50.2. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos con cuarenta y siete centavos por concepto de suerte principal, sin que se tomen en consideración los intereses y demás accesorios exigidos a la fecha de la presentación de la demanda. 50.3. Sólo serán apelables los autos, las interlocutorias o las resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga el Código de Comercio, si la sentencia es susceptible de impugnarse a través del recurso de apelación. 50.4. La apelación debe interponerse ante el órgano jurisdiccional que haya pronunciado el auto, la interlocutoria o la resolución a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en el que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis días si fuere contra auto, interlocutoria o resolución dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. 50.5. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva se expresarán al interponerse el recurso de apelación. 50.6. El recurso de apelación no procederá en los juicios mercantiles cuando el monto sea inferior a quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos con cuarenta y siete centavos por concepto de suerte principal. 50.7. El recurso de apelación procederá en los juicios mercantiles cuando el monto de la suerte principal exigida sea mayor a quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos con cuarenta y siete centavos. 50.8. Las interlocutorias son apelables si lo fueran las sentencias definitivas. 50.9. La interlocutoria dictada en un incidente de liquidación será apelable en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. 51. Con base en lo anterior, es factible sostener que la interlocutoria de veintiuno de febrero de dos mil veinte, dictada en el incidente de liquidación de intereses moratorios planteado en el juicio ejecutivo mercantil 55/2014 es apelable, porque el monto de la suerte principal exigida en ese contradictorio es de seiscientos cincuenta y tres mil pesos que corresponden a la suma de los diecisiete pagarés que constituyeron los títulos fundatorios de la acción ejercida en ese asunto. 52. Tal situación se destaca, porque el importe de la suerte principal exigida en el juicio natural es mayor a quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos con cuarenta y siete centavos que establecen los numerales 1339 y 1340 del Código de Comercio. 53. En esa línea, se advierte que en contra de la interlocutoria de veintiuno de febrero de dos mil veinte, que el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca dictó en el incidente de liquidación de intereses moratorios planteado en el juicio ejecutivo mercantil 55/2014 procedía el recurso de apelación previsto por los arábigos 1336, 1339, 1340, 1341 y 1348 del Código de Comercio. 54. En efecto, el justiciable podía combatir mediante el citado mecanismo de impugnación vertical la interlocutoria dictada en el incidente de liquidación de intereses moratorios planteado en el juicio natural, en donde el Juez de primer grado cuantificó esa prestación económica y exponer los agravios que esa resolución incidental le ocasionó en su esfera normativa, ya que dicho recurso tiene por objeto modificar o revocar la interlocutoria materia de la impugnación, sin que el disidente haya agotado previo al ejercicio de la acción constitucional ese medio ordinario de defensa, lo que evidencia que no observó el principio de definitividad rector en el juicio de amparo. 55. De manera que al existir el recurso de apelación como un medio ordinario de defensa que el Tribunal de alzada debe conocer para resarcir las irregularidades que el justiciable señala que se cometieron en su contra debió interponer ese mecanismo de impugnación antes de ejercer la acción constitucional, a fin de cumplir con el principio de definitividad rector en el juicio de protección de derechos fundamentales, por lo que al no agotarse previamente ese medio de defensa legal se patentiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. 56. Es así, porque si el principio de definitividad exige el agotamiento previo del recurso o el medio de defensa ordinario procedente respecto a un determinado acto de autoridad esa situación se traduce en la obligación del quejoso de agotar los mecanismos de impugnación antes de promover el juicio constitucional, sin que se advierta que haya observado el referido principio rector; por tanto, en la especie el juicio de protección de los derechos fundamentales es improcedente. 57. Por las consideraciones expuestas se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional establecida por el numeral 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, dado que el disidente no observó el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo, al no haber agotado de manera previa a la promoción del presente asunto el recurso de apelación previsto por los ordinales 1336, 1339, 1340, 1341 y 1348 del Código de Comercio en contra de la resolución reclamada. VII. DECISIÓN 58. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia establecida por el arábigo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo estatuido por el normativo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto del acto que el justiciable reclamó al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, consistente en la interlocutoria de veintiuno de febrero de dos mil veinte, dictada en el incidente de liquidación de intereses moratorios planteado en el juicio ejecutivo mercantil 55/2014. 59. Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. 60. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." 61. También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que expone: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." 62. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por * ** en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por las consideraciones expuestas en el apartado VI de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
Quedan 14 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes
- Luis Orozco Fuster17/2017
- Luis Orozco Fuster1091/2016
- Luis Orozco Fuster1441/2016
- Luis Oscar Iriarte Aragon24/2018
- Luis Oscar Iriarte Aragón823/2018
- Luis Padilla Santos78/2022
- Luis Padilla Santos1239/2021
- Luis Pedro Aguilar Aragón759/2016
- Luis Peñaloza Torres1049/2017
- Luis Ramos Vargas1149/2018
- Luis Raúl Arias Cruz436/2015
- Luis Raúl Hernández Avendaño516/2014