Luis Pablo Gerardo Cuenca Martínez
Expediente 1582/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1582/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Luis Pablo Gerardo Cuenca Martínez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de dos de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I, del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Asimismo, se hace constar que no obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(V)
- Principal
Notificación personal.
- Principal
Se notifica por lista al quejoso, proveído de dos de enero dos mil dieciocho...Vista la demanda de amparo promovida por Luis Pablo Gerardo Cuenca Martínez, contra actos del Juez Segundo de lo Civil del Estado; fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo anótese su ingreso en el libro de registro de juicios de amparo con el número 1582/2018-V. -Desechamiento de demanda- Del análisis de la demanda de amparo, conduce a estimar que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, que determina el desechamiento de la misma, en términos del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto se advierte la facultad del juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, debe identificarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1º.A.J/4, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin De conformidad con el artículo 145 de la Ley AMPARO de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En cuanto a la interpretación de los términos "manifiesta" e "indudable", también cobra aplicación la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, página 403, novena época, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." Ahora bien, en el caso que nos ocupa de la lectura integral de la demanda en estrecha vinculación con la copia certificada del anexo que acompaña, se advierte que los actos que sintetiza como determinaciones reclamadas, provienen de la audiencia de juicio a que se refiere el artículo 353 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Aguascalientes, que se refiere precisamente a la audiencia de juicio en la que se recibirán las pruebas, se oirán alegatos y se dictará sentencia. Por lo anterior, es indudable que la audiencia de juicio se encuentra dictada dentro del juicio único civil 1428/2017 promovida por Luis Pablo Gerardo Cuenca Martínez en contra de Lucia Evangelina Romo Ramírez, Luis Pablo Cuenca Romo, Edgar William Madrid Escobedo y Ana Luisa Alonso Martínez. Luego, conforme lo dispuesto por el artículo 107 fracción V de la Ley de amparo, el juicio de amparo sólo procede en estos casos contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente los tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano sea parte. Sin embargo, las determinaciones que combate el aquí quejoso de ese acuerdo son: a) La suspensión de la audiencia de juicio y orden de reanudación en términos del artículo 159 del Código de Procedimientos Civiles de Estado (relativo a la acumulación); b) La paralización del procedimiento por ese motivo; c) La resolución del recurso de revocación; y d) Brindar la posibilidad al tercero interesado de tener anunciando incidente de excepción superviniente. Como puede observarse ninguno de estos actos afectan materialmente de derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los Tratados Internacionales, ni tampoco son de imposible reparación. Pues aun cuando aduce que se viola el artículo 17 constitucional, lo cierto es que se trata de actos procesales dentro del juicio único civil 1428/2017. Por tanto, se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia, relativa a que los actos reclamados no se tratan de actos en juicio que sea de imposible reparación, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, los que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." Del examen relacionado de las disposiciones transcritas, se desprende que cuando se trate de actos dictados en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, procederá el juicio de amparo indirecto. A su vez, que se está en presencia de actos dentro del juicio que sean de imposible reparación, cuando se afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado el citado artículo 107, señalando que ahora el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos dictados dentro de juicio cuando se afecten "materialmente derechos sustantivos", lo que excluye la procedencia del amparo indirecto cuando solo se afecten derechos adjetivos, aun cuando dicha afectación pudiera considerarse en grado predominante o superior. Así se advierte de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia P./J 37/2014 (10A), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 39, libro 7, junio de 2014, Tomo I, Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título y texto establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En tal virtud, para analizar si un acto produce consecuencias de imposible reparación dentro del juicio para efectos de decidir la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, el juzgador, de acuerdo con un criterio racional orientado en la jurisprudencia obligatoria emitida sobre el tema por la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe, en primer lugar, discernir si el acto afecta materialmente derechos sustantivos que prevén los derechos humanos contenidos en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales; y en segundo término, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Con base en las anteriores premisas normativas, este juzgador estima que el acto reclamado no puede considerarse como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, debido a que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en la Constitución ni en los tratados Internacionales, sino que la eventual violación de derechos que pudieran producirse únicamente son de carácter formal dentro del proceso del que derivan. Partiendo de esa base, se estima que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, porque no se actualiza alguno de los supuestos anteriormente citados, es decir, aquél no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales (vida, integridad personal, libertad, propiedad, etcétera). Obsérvese como en la especie, la quejosa en sus conceptos de violación propuestos en su demanda, no señala de manera específica que en el acto reclamado se hubiere afectado algún derecho sustantivo, por ejemplo el de propiedad, con el trámite del juicio único civil. Por el contrario, se advierte que se queja de que indebidamente la responsable le está dando oportunidad a su contrario de defenderse, no interpretó una disposición de naturaleza adjetiva o procesal (artículo 366 del Código de Procedimientos Civiles de Aguascalientes), indicando de que se vulneran sus derechos de debido proceso. En efecto, en el presente caso, la posible violación procesal no producirá de manera cierta e inmediata una afectación a los derechos fundamentales del quejoso, cuenta habida que aun cuando se suspenda el procedimiento, lo cierto es que puede obtener un fallo favorable, con lo que desaparecerían fácticamente los efectos de la violación procesal, dejando intacta su esfera jurídica al no alterarse ningún derecho sustantivo; por ende, será hasta que se dicte la sentencia definitiva correspondiente en el juicio civil, cuando pueda apreciarse si el proceder de la responsable vulneró o no las defensas del quejoso y en su caso, si la supuesta violación procesal trascendió al resultado del fallo, mientras tanto la parte quejosa tiene la posibilidad de combatirla conjuntamente con la sentencia definitiva que resuelva el juicio, si ésta resultara desfavorable a sus intereses. Se afirma lo anterior, además, pues el acto reclamado al versar esencialmente sobre actos de naturaleza meramente adjetiva (haberle ordenado suspender el procedimiento), no afecta de manera directa e inmediata los derechos fundamentales de la parte quejosa. Esto último es así, porque para que la afectación a derechos sustantivos se actualice, respecto de actos en juicio de imposible reparación, debe ser de manera evidente e inmediata, es decir que la afectación a los derechos sustantivos, verbigracia, libertad de trabajo, libertad personal, seguridad jurídica, legalidad, etcétera, deben verse afectados inmediatamente con el acto de autoridad, lo que en el caso no acontece, porque el acto que se reclama no está dirigido a afectar de manera directa ni inmediata alguna de las libertades del quejoso, sino que se trata de medidas procesales que permiten darle cause el juicio en el que se emitieron, de tal forma que tales actos no inciden en la esfera de derechos sustantivos del quejoso, sino que se erigen, como se ha insistido, en eventuales afectaciones procesales que de trascender en el resultado del procedimiento del que derivan, el quejoso estará en aptitud de reclamarlos como violaciones procesales, en el juicio de amparo directo que en su caso llegare a presentar, en términos de los numerales 170, fracción I, y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, o incluso mediante el amparo adhesivo, en el caso de resultarle favorable el fallo, de conformidad con el artículo 182 fracción II de la misma norma, a efecto de hacer valer las violaciones procesales correspondientes. De lo anterior se sigue, que cuando un particular -como en el caso del quejoso- se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento formal o materialmente jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 14 y 16 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una acción autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, que pretenda privarlo de dichos derechos, sino que se da justamente dentro del mismo. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. En suma, si los actos que reclama no afectan sus derechos sustantivos, sino que se trata de actos procesales susceptibles de ser reparados por diversa vía constitucional, así como que no se trata de persona extraña al procedimiento de origen, lo que no acontece en la especie, por ser la quejosa una parte formal (actora) en el juicio único civil; por lo que subsiste la posibilidad de que la parte promovente del amparo obtenga satisfecha su pretensión de en caso de una resolución favorable a sus intereses en el juicio único civil de referencia, o en su defecto, que haga valer las violaciones procesales que estima existentes, en diversa instancia constitucional contra la sentencia definitiva desfavorable que en su caso se dicte, por tratarse dicha infracción de una violación procesal y no de un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues lo cierto es que la resolución al recurso de apelación reclamada, no produce de manera inmediata afectación a derecho fundamental alguno, contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de que es parte el Estado Mexicano, ya que a través del citado acto no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino la violación de derechos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, mismos que pueden ser impugnados, en los términos ya apuntados. Es aplicable por el tema tratado, la tesis 1V.1º.t.1k (10ª.), la cual aparece publicada en la página 2162, del Tomo III, febrero de 2014, de la Décima Época del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA, AL DISPONER QUE SON LOS QUE AFECTAN MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El referido numeral de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, no se contrapone con el contenido de los mandatos establecidos en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sino que, en todo caso, los reglamenta, ya que fija lo que debe entenderse por actos de imposible reparación para efectos de la procedencia del amparo indirecto y, al efecto, dispone que se trata de los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Norma Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De ahí que si la Ley de Amparo es el ordenamiento reglamentario de los citados artículos constitucionales, se concluye que dicha legislación cumple con su finalidad y es congruente con la Constitución, en la medida en que regula el contenido y alcance de los conceptos previstos en ésta, sin que ello se traduzca en imponer limitantes al acceso a la administración de justicia." De tal suerte, que en el caso concreto, la resolución de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en juicio único civil 1428/2017 de Juzgado Segundo Civil del Estado, en el que resolvió suspender el procedimiento, a efecto acumular el incidente superviniente por el demandado; tiene una naturaleza que pone de manifiesto que se trata de una cuestión meramente procedimental o adjetivas, la cual en modo alguno es constitutiva de derechos, por otro lado, no se sabe cuál será el resultado que arroje el juicio único civil, que de ser desfavorable a los intereses del ahora quejoso, puede hacerse valer agravio o concepto de violación correspondiente, en el medio de defensa que se intente en contra de la sentencia. En las relatadas consideraciones, como el acto reclamado, no es de imposible reparación, por no vulnerar materialmente derechos sustantivos, ante lo indudable y manifiesto de dicha causal de improcedencia, se impone desechar la demanda de amparo promovida por Luis Pablo Gerardo Cuenca Martínez, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. -Domicilio- Por otra parte, de conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa la quejosa en su demanda de garantías. -Autorizados- Asimismo, se tiene como autorizada únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a Lourdes Ruiz Velasco de Lira toda vez que no acreditado encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciada en derecho o abogada, conforme al sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. -Habilitación de horas- Con apoyo en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la materia, este Juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente. -Información reservada o confidencial- En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, exponiendo las razones por las que le hayan otorgado dicha clasificación, lo anterior sin perjuicio de que sean considerados como sujetos obligados, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. -Consulta vía internet- De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Del mismo modo, se les hace saber que podrán recibir notificaciones vía electrónica, previa manifestación expresa que al efecto realicen a este tribunal; solicitud que podrá ser revocada, si así lo manifiestan. -Transparencia- Finalmente, con fundamento en el artículo 1° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 73, fracción II, y así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, se publicarán con la supresión de sus datos personales, salvo que medie consentimiento expreso por escrito, de conformidad con el último párrafo del artículo 68 de la citada Ley General. (V)
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