Luis Óscar Iriarte Aragón

Expediente 1338/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1338/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
20/12/2021

Partes del expediente

  • Luis Óscar Iriarte Aragón

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Causa estado desechamiento. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja, en contra del auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, que desechó de plano la demanda de amparo promovida por******sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO LA REFERIDA DETERMINACIÓN. Publicación datos personales. Como la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto del derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por lo que el auto inicial y las demás resoluciones, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información; pero tiene el derecho de oponerse a la publicación de dichos datos para que cuando se presente la solicitud respectiva, se determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de alguna resolución, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de dicha parte, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Archivo. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, y con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Cotejo de expediente físico y electrónico. Finalmente, a fin de cumplir lo dispuesto en los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye tanto a la secretaria y actuario llevadores de este expediente, para que, en el lapso máximo de diez días hábiles, realicen el cotejo de la concordancia en la integración del expediente electrónico y físico, y realicen la certificación respectiva, en la cual hagan constar que el expediente físico y electrónico coinciden en su totalidad; esto, en el ámbito de sus áreas respectivas; es decir, la secretaría atenderá que coincidan todas las determinaciones dictadas y las promociones acordadas; en tanto que, el actuario judicial adscrito, se cerciorará de que concuerden todas las notificaciones realizadas a las partes. Hecho lo cual, se realizará el acuerdo de remisión material al personal encargado del archivo. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    (NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA TODA VEZ QUE NO SE PRESENTÓ EN EL JUZGADO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, NI SUS AUTORIZADOS, A PESAR DEL CITATORIO JUDICIAL QUE SE LES DEJÓ CON ANTERIORIDAD)San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de diciembre de dos mil veintiuno. Radicación y formación de la demanda. Con la demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en este municipio el treinta de noviembre del año en curso y turnada a este órgano jurisdiccional, al día siguiente, promovida por ****, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaachila, Oaxaca; fórmese expediente, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1338/2021. Expediente electrónico. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS COV2, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. Análisis y desechamiento. Es pertinente señalar que el escrito inicial de demanda y los documentos en los que se funde, deben ser analizados en su integridad, a efecto de determinar lo que en derecho corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL. EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS ANEXOS. En virtud de que la demanda constituye un todo, su interpretación debe ser integral, de manera que si de su contenido se advierte que se expusieron los motivos esenciales de la causa de pedir, y en relación con ellos se hace cita de los documentos fundatorios de la acción, así como de los relacionados con el litigio, exhibiéndolos, debe considerarse que forman parte de la demanda y su contenido, integrado a ella, pues estimar lo contrario implicaría que en la demanda respectiva se tuvieran que reproducir íntegramente todas aquellas cuestiones contenidas en esos medios de convicción, lo cual resultaría tan complejo como innecesario, pues para el juzgador el estudio de la demanda no se limita al escrito inicial, sino que comprende, además, el análisis de los documentos que la acompañan, porque son parte integrante de ella. De no ser así, se podría incurrir en rigorismos tales como el tener que reproducir en el escrito inicial de demanda, tanto los documentos base de la acción como los que se relacionen con el litigio" (Jurisprudencia XVII.2o.C.T. J/6, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Tomo XXI, Mayo de 2005, Página 1265, Novena Época). Así mismo, sirve de apoyo, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXIII, página 716, que dice: "DEMANDA, ADMISIÓN DE LA. Los Jueces y tribunales están facultados para normar sus actos conforme a la ley del procedimiento, y cuidar de que las demandas se formulen con la claridad, precisión y demás requisitos de ley que los códigos exigen, cuidando, también de que la acción respectiva se ejercite en la vía y forma que legalmente procede, y cuando la demanda no se entabla en la vía legal pertinente, debe desecharse de plano, sin que obste el razonamiento de que la parte contraria no alegue esa improcedencia, toda vez que esto solamente podrá hacerlo en la forma de excepción, lo cual no es posible, puesto que no se le da entrada a la demanda." Por tanto, antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito, se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE: JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZAACHILA, OAXACA. ACTOS RECLAMADOS: ".PRIMER ACTO RECLAMADO: LA NEGATIVA A ACORDAR MI ESCRITO DE FECHA 2 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, DENTRO DEL EXPEDIENTE SUMARIO HIPOTECARIO CIVIL N° 125/2020, DEL INDICE DE SU PRIMERA SECRETARIA. SEGUNDO ACTO RECLAMADO: LA FALTA DE NOTIFICACIÓN, DEL ACUERDO RECAIDO A MI ESCRITO DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, DENTRO DEL EXPEDIENTE SUMARIO HIPOTECARIO CIVIL N° 125/2020, DEL INDICE DE SU PRIMERA SECRETARIA." En ese sentido, se obtiene que la parte quejosa se duele esencialmente, de la omisión de dar contestación al escrito de fecha dos de noviembre de dos mil veintiuno así como la falta de notificación del acuerdo recaído al escrito de veinticuatro de noviembre pasado, ambos dentro del expediente sumario hipotecario civil 125/2020 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaachila, Oaxaca. Asentado lo anterior, de un análisis integral de la demanda de amparo así como del anexo respectivo, este juzgador advierte que configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5 fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley.". Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando resulte de alguna disposición de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. En tanto que, el artículo 5 de la ley en la materia, establece lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de "amparo: "I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En efecto, como se desarrollará, los actos reclamados no producen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, en la fecha de presentación del escrito de petición así como las notificaciones respectivas a la fecha en que se interpuso el juicio de amparo, no ha transcurrido un lapso excesivo a fin de considerar que se ha transgredido su derecho a la debida impartición de justicia, como así lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, el artículo 17 del Pacto Federal al efecto establece: ".Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.)". Del precepto fundamental transcrito se obtiene que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. De estos atributos, el que resulta útil para resolver el asunto es el referido a la justicia pronta, el cual consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; ello es así, pues la prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento, como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Si bien el referido precepto constitucional no establece un plazo determinado para que las autoridades emitan sus respectivas resoluciones, sí refiere que éstas se deben sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes, por lo que, toda autoridad judicial ante quien alguna persona formule por escrito cualquier tipo de solicitud o petición, siempre que ésta se haga de manera pacífica y respetuosa, tiene la obligación de dar respuesta congruente en los plazos y términos que se fijen las leyes para emitirlo y, además, hacer del conocimiento del promovente el resultado de su petición; debiéndose entender por lo primero, que toda respuesta de autoridad que recaiga a una solicitud de los gobernados debe hacerse atendiendo a lo efectivamente planteado sin omisión de alguna cuestión, sin que existan consideraciones contrarias entre sí y respetando los principios de congruencia y, por lo segundo, que la respuesta debe emitirse en un lapso en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición, y ésta debe darse a conocer al peticionario. Por tanto, este Juzgado Federal considera que la omisión aquí reclamada en esta vía constitucional no existe, pues como ya se indicó, en la especie aún no ha transcurrido un plazo razonable para que las autoridades responsables analicen la solicitud de la parte inconforme, den contestación a la misma y notifiquen el acuerdo o acuerdos recaídos, en razón de que el lapso transcurrido entre la presentación del escrito a las autoridades y la promoción de la demanda de amparo que se analiza, no puede considerarse suficiente para establecer que existe una abierta dilación en el procedimiento, que haga procedente el juicio de amparo, aunado que de lo relatado por, la parte quejosa se advierte que el aquí quejoso es parte dentro del juicio sumario hipotecario civil 125/2020 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaachila, Oaxaca, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente. En apoyo de lo anterior, resulta aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1086, con registro digital 2011580, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Así como lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 192/2007, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Octubre de 2007, página 209, con registro digital 171257, que es del tenor siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Lo anterior, permite concluir que, atendiendo a que en la especie no ha transcurrido un plazo prudente , aún no puede causar algún agravio al impetrante; pues no existe una abierta dilación para considerarse como ejecución irreparable, sino en su caso, como una violación de carácter adjetivo, aunque se estima que en la especie se encuentra transcurriendo un plazo razonable, para que las autoridades responsables (en el ámbito de sus funciones) analicen la solicitud planteada por la parte quejosa, den contestación a la misma y notifiquen el acuerdo o determinaciones recaídas, aunado a que el citado impetrante es parte dentro del juicio sumario hipotecario civil 125/2020 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaachila, Oaxaca. En esas condiciones, al quedar actualizada de manera notoria e indudable la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, prevista en los artículos 61, fracción XXIII, 5 fracción I, ambos de la Ley de Amparo; procede desechar de plano la demanda formulada por Luis Oscar Iriarte Aragón, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaachila, Oaxaca, por notoriamente improcedente en términos de lo que dispone el artículo 113 de la citada legislación. Domicilio y autorizados. Por otra parte, téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo. Asimismo, téngase por autorizados a las personas que señala únicamente para oír y recibir notificaciones de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del diverso 24 de la ley de la materia, por no encontrarse registrada cédula profesional alguna a su favor, en el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los faculte a ejercer legalmente la profesión de licenciados en derecho; sin perjuicio de que una vez que acrediten tal carácter, si a sus intereses conviniere, se les tendrá por autorizados en los términos amplios que establece el numeral 12 de la ley de la materia. Es aplicable al respecto, la Tesis XXI.1o.P.A.50K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1384, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 173706, cuyo rubro dice: "PROFESIONALES DEL DERECHO. PARA TENERLOS COMO AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE HAYAN REGISTRADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, LA CÉDULA CORRESPONDIENTE EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O JUZGADOS DE DISTRITO". Se toma en consideración los números telefónicos y correo electrónico que proporciona, como medios de contacto con este Juzgado, sin que haya lugar a realizar las notificaciones por esa vía, toda vez que no se encuentra autorizada para su realización en la Ley de Amparo. Asimismo, se hace del conocimiento a la parte quejosa que puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), se le realicen las notificaciones vía electrónica y pueda presentar las promociones por ese mismo medio a efecto de agilizar el procedimiento. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Uso de medios electrónicos, gratuidad y accesibilidad. Por otra parte, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, como lo solicita, se autoriza la utilización de medios electrónicos a las partes que intervendrán en este asunto. Cabe precisar, que en caso de solicitar copiar solo una parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte quejosa, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales relativos a las partes. Ilustra a lo anterior, la tesis siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas, previa solicitud y autorización por acuerdo, se hará atendiendo a las circunstancias que imperen en el momento de la petición. Firma y envío de oficios Se comisiona al actuario adscrito para que firme los oficios y copias que deriven de este expediente; asimismo los remita por correo electrónico, vía fax, interconexión, estafeta, eligiendo la vía más expedita. Asimismo, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS-Cov2, representa no sólo para el personal de este Juzgado, sino también para las demás partes procesales, se autoriza al actuario adscrito para que las notificaciones de los oficios que se generen de este asunto a las autoridades responsables que tengan el carácter de responsables o que intervengan en este juicio, se realicen, en su caso, vía correo electrónico institucional como comunicación oficial, para lo cual el fedatario deberá asentar la razón actuarial correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa con estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal del Consejo de la Judicatura Federal.

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