Luis Oscar Gallardo Tristan
Expediente 425/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 46 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 425/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 46
- Última actuación
- 05/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Luis Oscar Gallardo Tristan
- Agente Segundo de la Unidad de Investigación Y Litigación En Nuevo Laredo, Tamaulipas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 46.
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, cinco de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que se tuvo por consentido el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y se ordenó el archivo del presente expediente, sin embargo, no se remitieron las pruebas consistentes en tres discos tipo versátil digital (DVD), anexadas a las manifestaciones realizadas por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Segunda Investigadora Nuevo Laredo de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Tamaulipas (fojas 123 a 124), en relación a la ampliación de la demanda de amparo; por tanto, se ordena remitir las referidas pruebas a la citada autoridad. Notifíquese y cúmplase. (4)
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que por auto de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho (fojas 539 a 547), se declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto el recurso de inconformidad a que se refiere el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, por tanto, debe tenerse por consentido el mismo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro número uno, relativo al registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. Por otra parte, se considera que el presente juicio es susceptible de depuración, en términos de lo expuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental (debiendo conservarse la demanda y sentencia respectivas). En su oportunidad, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes. Notifíquese. (4)
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que por oficio NVOL-II-033/2018 (foja 501), recibido en la oficialía de partes de este juzgado de distrito, el Agente del Ministerio Público de la Federación, en apoyo de la Agencia Segunda Investigadora Nuevo Laredo, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Tamaulipas, anexó copia certificada de diversas constancias que obran en la carpeta de investigación FED/TAMP/NVO.LAR/0001077/2016 de su índice, con las que aduce dar total cumplimiento al fallo protector dictado en el presente expediente. Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa destacan las siguientes: Mediante sentencia terminada de engrosar el veintiséis de julio de dos mil diecisiete (fojas 235 a 248), este juzgado de distrito por una parte sobreseyó el presente juicio de amparo, y por otra concedió la protección constitucional al quejoso Luis Óscar Gallardo Tristán, para los efectos siguientes: ". para que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Segunda Investigadora Nuevo Laredo, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado: 1. Deje insubsistente el acuerdo de ocho de diciembre de dos mil dieciséis (foja 269 del tomo de prueba), dictado dentro de la carpeta de investigación FED/TAMP/NVO.LAR/0001077/2016; 2. Ordene notificar personalmente en el domicilio señalado en actuaciones al quejoso Luis Óscar Gallardo Tristán el acuerdo de aseguramiento de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 65 y 66 del tomo de prueba), dictado dentro de la carpeta de investigación FED/TAMP/NVO.LAR/0001077/2016, respecto del vehículo marca Freigthliner, modelo 1999, color blanco, tipo tracto camión, con número de serie 1FUYSSEB2XL985793, placas de circulación 12EM2B del estado de Tamaulipas, debiendo entregar al interesado una copia del registro de dicho aseguramiento, a fin de que acredite ante el fiscal investigador tener derecho a su devolución; 3. Asimismo, en la notificación deberá apercibirlo que de no manifestar lo que a su derecho convenga, en un término de noventa días naturales siguientes contados a partir de su notificación, el bien mueble causará abandono a favor de la Procuraduría General de la República. 4. Hecho que sea lo anterior, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que corresponda respecto al aseguramiento del automotor afecto a la indagatoria ministerial." (foja 247) Por auto de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete (fojas 269 y 270), causó ejecutoria la sentencia concesoria de amparo y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable; y por acuerdo de veintiséis de enero de dos mil dieciocho (fojas 472 a 483), este órgano federal determinó que el fallo protector había sido cumplido de manera parcial, bajo las siguientes consideraciones: "En efecto, la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Segunda Investigadora Nuevo Laredo, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Tamaulipas, en acatamiento al fallo protector: Dejó insubsistente el acuerdo de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, dictado dentro de la carpeta de investigación FED/TAMP/NVO.LAR/0001077/2016 (1); Notificó personalmente al quejoso el acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, en el que se decretó el aseguramiento del vehículo marca Freigthliner, modelo 1999, color blanco, con número de serie 1FUYSSEB2XL985793, placas de circulación 12EM2B del estado de Tamaulipas (2); Le entregó copias del registro de aseguramiento del vehículo de mérito, a fin de que estuviera en aptitud de solicitar su devolución (3); y Lo apercibió que de no manifestar lo que a su derecho conviniera dentro del término de noventa días naturales siguientes a partir de su notificación, el bien mueble causaría abandono a favor de la Procuraduría General de la República (4); Dejó sin efectos el acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, dictado dentro de la carpeta de investigación FED/TAMP/NVO.LAR/0001077/2016 (5); Analizó las probanzas allegadas por el impetrante a la referida indagatoria, así como las remitidas por esta autoridad en virtud de la tramitación del juicio de amparo en el que se actúa (6). No obstante lo anterior, por lo que hace al punto "7", antes precisado, en el que se instruyó a la responsable a fin de que con libertad de jurisdicción, resolviera respecto al aseguramiento del automotor afecto a la indagatoria ministerial, tomando en consideración los vicios destacados en la determinación de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por este órgano jurisdiccional, se estima que no se encuentra cumplido. En relación con este último tópico, cabe señalar que en la ejecutoria de amparo se estableció lo siguiente: "[.] Por tanto, la responsable violó las disposiciones aplicables al procedimiento de aseguramiento de bienes en la etapa de investigación, actuación que dejó en estado de indefensión al aquí quejoso, en razón de que no se le otorgó el plazo previsto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, menos aún se le proporcionaron los registros necesarios relativos al decreto de aseguramiento del automotor en comento para que, entonces sí, estuviera en aptitud de presentarse ante el órgano investigador a deducir sus derechos sobre el bien asegurado. De ahí que se vulneraron, en claro perjuicio del impetrante de garantías, las reglas procedimentales previstas en el artículo 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativas a la actuación que debe observar el fiscal investigador en tratándose de aseguramiento de bienes. [.]" En atención a lo anterior, y como parte del cumplimiento de la sentencia ejecutoriada, el Ministerio Público responsable emitió acuerdo el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, en el que en cuanto al destino del automotor que nos ocupa determinó lo siguiente: "[.] SEGUNDO. Se ordena notificar personalmente en el domicilio señalado, al C. Luis Oscar Gallardo Tristán, el acuerdo de aseguramiento de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en la presente carpeta de investigación, respecto del vehículo Marca Freightliner, modelo 1999, color blanco, placas 12EM2B del Estado de Tamaulipas, número de serie 1FUYSSEB2XL985793, con el apercibimiento de que tiene un término de 90 días naturales siguientes a su ejecución, entregándole en este acto copia del registro de aseguramiento, para que manifieste lo que en su derecho convenga, y que en caso de no manifestar lo que en su derecho convenga, perderá en dicho término el derecho de reclamar y recuperar los bienes causarán abandono a favor de la Procuraduría General de la República [.]" (foja 275). Asimismo, en el proveído de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se analizó el pretendido cumplimiento dado al fallo protector, este juzgador destacó lo siguiente: "[.] No obstante ello, el fiscal investigador si bien mediante acuerdo de cuatro de diciembre pasado, se pronunció sobre la improcedencia de la devolución del vehículo asegurado dentro de la carpeta de investigación FED/TAMP/NVO.LAR/0001077/2016, con lo que pretendió dar cumplimiento al diverso punto 5, también lo es, que en dicha determinación omitió pronunciarse de manera expresa y con libertad de jurisdicción lo que correspondiera respecto al aseguramiento del automotor afecto a la indagatoria ministerial. Se afirma lo anterior pues únicamente refirió: "SEGUNDO.- Dese el destino legal que corresponda al vehículo antes mencionado", lo cual de ninguna manera puede estimarse como la resolución que el fiscal investigador debía dictar, con libertad de jurisdicción, respecto del vehículo asegurado afecto a la carpeta FED/TAMP/NVO.LAR/0001077/2016, de su índice. Situación que evidentemente deja en estado de indefensión al quejoso al no saber cuál es el destino legal y actual de su vehículo, dado que esa autoridad está obligada a fundar y motivar sus resoluciones, así como a resolverlas de manera congruente y exhaustiva en relación con la litis que se le hubiere planteado; por lo que se insiste, esa declaración no define el destino que se le dará al vehículo asegurado Aspectos que, como ya se vio, al estar contenido en el cuerpo de la ejecutoria cuyo cumplimiento se analiza, así como en los efectos del fallo protector, constreñían al ministerio público investigador a pronunciarse expresamente sobre el destino del bien mueble asegurado, debiendo exponerlo razonadamente. [.]" Así las cosas, en cumplimiento a esa determinación, la responsable emitió un nuevo acuerdo el once de enero de dos mil dieciocho (fojas 455 y 456), en el que dio destino al vehículo afecto, en el que ordenó ponerlo a disposición de la autoridad aduanera, bajo la consideración de que no se acreditó la legal estancia del mismo en territorio nacional. Ahora bien, de lo anterior se puede válidamente colegir que el fiscal investigador no dio total cumplimiento a la sentencia de amparo, específicamente al punto en el que se le obligó dar destino legal al tracto camión afecto. Ello se estima así, ya que si bien en cuanto a dicho aspecto se le otorgó libertad de jurisdicción, también lo es que dicha libertad de actuación debe ajustarse al contexto en que se emitió la sentencia amparadora, misma que se normó en la interpretación del artículo 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone "Artículo 231. Notificación del aseguramiento y abandono El Ministerio Público deberá notificar al interesado o a su representante legal el aseguramiento del objeto, instrumento o producto del delito, dentro de los sesenta días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia del registro de aseguramiento, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, la notificación se hará por dos edictos que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación o su equivalente, medio de difusión oficial en la Entidad federativa y en un periódico de circulación nacional o estatal, según corresponda, con un intervalo de diez días hábiles entre cada publicación. En la notificación se apercibirá al interesado o a su representante legal para que se abstenga de ejercer actos de dominio sobre los bienes asegurados y se le apercibirá que de no manifestar lo que a su derecho convenga, en un término de noventa días naturales siguientes al de la notificación, los bienes causarán abandono a favor de la Procuraduría o de las Entidades federativas, según corresponda. Transcurrido dicho plazo sin que ninguna persona se haya presentado a deducir derechos sobre los bienes asegurados, el Ministerio Público solicitará al Juez de control que declare el abandono de los bienes y éste citará al interesado, a la víctima u ofendido y al Ministerio Público a una audiencia dentro de los diez días siguientes a la solicitud a que se refiere el párrafo anterior. La citación a la audiencia se realizará como sigue: I. Al Ministerio Público, conforme a las reglas generales establecidas en este Código; II. A la víctima u ofendido, de manera personal y cuando se desconozca su domicilio o identidad, por estrados y boletín judicial, y III. Al interesado de manera personal y cuando se desconozca su domicilio o identidad, de conformidad con las reglas de la notificación previstas en el presente Código. El Juez de control, al resolver sobre el abandono, verificará que la notificación realizada al interesado haya cumplido con las formalidades que prevé este Código; que haya transcurrido el plazo correspondiente y que no se haya presentado persona alguna ante el Ministerio Público a deducir derechos sobre los bienes asegurados o que éstos no hayan sido reconocidos o que no se hubieren cubierto los requerimientos legales. La declaratoria de abandono será notificada, en su caso, a la autoridad competente que tenga los bienes bajo su administración para efecto de que sean destinados a la Procuraduría, previa enajenación y liquidación que prevé la legislación aplicable." En ese contexto, debe señalarse que si bien la responsable actuó en forma correcta al emitir el acuerdo de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, en el que en cuanto al destino del automotor que nos ocupa determinó que la parte quejosa debía comparecer ante ella a fin de reclamar el derecho que le correspondiera y que en caso de no hacerlo en ese plazo, el bien mueble causaría abandono a favor de la Procuraduría General de la República, también cierto es que con posterioridad emitió una diversa resolución de veintisiete de diciembre del año próximo pasado, en la que estimó que a su consideración el impetrante Luis Oscar Gallardo Tristán, acreditó la propiedad del vehículo afecto, sin embargo, no demostró que ese mueble, se encuentre de manera legal en este país; actuar este último, que no resulta congruente con el apercibimiento que la propia responsable formuló al aquí amparista para el caso de no comparecer en el término que le otorgó para deducir sus derechos en relación con el vehículo asegurado, que hizo consistir en la declaratorio de abandono a favor de la Procuraduría General de la República, como tampoco es acorde con el espíritu de la ejecutoria de amparo cuyo cumplimiento nos ocupa. Es así, toda vez que conforme a las consideraciones que sustentan la sentencia protectora, como se dijo, incluso en el ejercicio d su libertad de jurisdicción debía actuar dentro del margen legal previsto en el artículo 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual, el fiscal investigador únicamente podía actuar en dos sentidos, el primero analizar si con las probanzas que el interesado -aquí amparista- le ofertó se demostraba la titularidad del bien asegurado, y determinar sobre su destino legal, es decir, proceder a su devolución; o el segundo, en caso de que el interesado no le hubiere acreditado la titularidad del automotor en el plazo de noventa días, debía solicitar al Juez de Control que declarara el abandono del bien en favor de la Procuraduría General de la República. En esas condiciones, es claro que el actuar de la responsable se apartó de los lineamientos señalados en la ejecutoria de amparo, específicamente en el punto en el que se le obligó dar destino legal al tracto camión afecto, en términos de lo establecido en el artículo 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales." En cumplimiento al acuerdo de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, el Agente del Ministerio Público de la Federación, en apoyo de la Agencia Segunda Investigadora Nuevo Laredo, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Tamaulipas, remitió las siguientes comunicaciones: Oficios Anexos NVOL-II-033/2018 (fojas 501 a 523) Copia autentificada de: Auto de treinta y uno de enero del año en curso Oficio NVOL-II-030/2018 dirigido al quejoso Luis Oscar Gallardo Tristán. Oficio NVOL-II-031/2018 dirigido al administrador de la Aduana de Nuevo Laredo. Comparecencia del quejoso ante la responsable en el que solicita la devolución del vehículo. Oficio UIL/NVO.LAR-II-021/2018, dirigido al encargado de la Policía Federal Ministerial, en la que se ordena la devolución del vehículo. Acta de entrega. Todos de fecha treinta y uno de enero del año en curso, obrantes dentro de la carpeta de investigación FED/TAMP/NVO.LAR/0001077/2016; Por acuerdo de seis de febrero del año actual, se ordenó dar vista a las partes para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a sus intereses conviniera (foja 524), sin que las partes realizaran manifestación alguna. Ahora bien, no obstante que mediante auto de veintiséis de enero de dos mil dieciocho (fojas 472 a 483), se determinó que la sentencia concesoria se encontraba parcialmente cumplida, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a verificar que hayan sido cumplidos todos y cada uno de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo; de ahí que este juzgador se avocará a analizar si de las constancias que obran en autos, se advierte el acatamiento total del fallo protector. De lo ordenado en aquel acuerdo y lo expresado en la sentencia de amparo, las actuaciones que de la autoridad responsable debía dar realizar a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, son los siguientes: 1. Dejar insubsistente el acuerdo de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, dictado dentro de la carpeta de investigación FED/TAMP/NVO.LAR/0001077/2016 de su índice; 2. Notificar personalmente en el domicilio señalado en actuaciones al quejoso Luis Óscar Gallardo Tristán, el acuerdo de aseguramiento de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, dictado dentro de la referida indagatoria, respecto del vehículo marca Freigthliner, modelo 1999, color blanco, tipo tracto camión, con número de serie 1FUYSSEB2XL985793, placas de circulación 12EM2B del Estado de Tamaulipas; 3. En ese acto de notificación, entregar al interesado una copia del registro de dicho aseguramiento, a fin de que acreditara ante el fiscal investigador tener derecho a su devolución; 4. Apercibirlo que de no manifestar lo que a su derecho conviniera, en un término de noventa días naturales siguientes contados a partir de su notificación, el bien mueble causaría abandono a favor de la Procuraduría General de la República; 5. Dejar sin efectos el acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, dictado dentro de la carpeta de investigación; 6. Dictar un nuevo pronunciamiento en el que analizara las probanzas allegadas por el impetrante a la referida indagatoria, así como las remitidas por esta autoridad, por virtud de la tramitación del presente juicio de amparo, y, 7. Con libertad de jurisdicción, resolviera respecto al aseguramiento del automotor afecto a la indagatoria ministerial, tomando en consideración los vicios destacados en la determinación de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por este órgano jurisdiccional (fojas 416 a 421). 8. Dejar sin efectos los autos de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete y once de enero de dos mil dieciocho, dictados dentro de la carpeta de investigación; 9. Dictar un nuevo pronunciamiento tomando en consideración los vicios destacados en el proveído de veintiséis de enero de la presente anualidad y en consecuencia, acordar sobre el destino del vehículo asegurado que nos ocupa, teniendo en cuenta el contexto legal que motivó la protección constitucional, 10. Determinar con libertad de jurisdicción la devolución del vehículo referido al aquí quejoso, o declarar el abandono del mismo a favor de la Procuraduría General de la República, ello en términos de lo dispuesto por el artículo 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales; pero sin posibilidad legal de dar otro tipo de destino. En acatamiento a todo lo anterior, la autoridad responsable el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Segunda Investigadora Nuevo Laredo, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Tamaulipas, realizó lo siguiente: (i) En auto de veintidós de agosto de dos mil diecisiete (foja 275), dejó insubsistente el diverso de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, dictado dentro de la carpeta de investigación FED/TAMP/NVO.LAR/0001077/2016; (ii) Por oficio NVOL-II-396/2017 de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, (fojas 280 y 281), dirigido al quejoso Luis Óscar Gallardo Tristán y notificado el veintitrés siguiente, hizo de su conocimiento el acuerdo de aseguramiento de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, respecto del vehículo asegurado marca Freigthliner, modelo 1999, color blanco, con número de serie 1FUYSSEB2XL985793, y placas de circulación 12EM2B del Estado de Tamaulipas; (iii) Asimismo, le entregó copia del registro de aseguramiento y le informó que contaba con un plazo de noventa días naturales, a partir de dicha notificación, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibido que, de no hacerlo en dicho plazo, perdería el derecho de reclamar y recuperar los bienes, asimismo, le informó que pasado dicho término el bien asegurado causaría abandono a favor de la Procuraduría General de la República; (iv) Por acuerdo de trece de octubre de dos mil diecisiete (foja 359), tuvo por recibido el escrito presentado por el aquí quejoso a través del cual le solicitaba la devolución de vehículo asegurado; sin embargo, dicha autoridad le requirió para que exhibirá la documentación original a fin de acreditar la propiedad del mueble; (v) En resolución de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete (foja 396), el fiscal de la Federación determinó no acordar procedente la devolución del vehículo asegurado, en virtud de que el impetrante no exhibió la documentación en original que le fuera requerida; asimismo en dicho acuerdo ordenó dar ".el destino legal que corresponda al vehículo." afecto a la indagatoria. (vi) Por acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete (foja 433 a 436), dejó insubsistente el diverso de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, dictado dentro de la multicitada indagatoria; (vii) Con ese mismo acuerdo, determinó que una vez analizadas las documentales exhibidas ante dicha fiscalía, así como los allegadas en la substanciación de este controvertido constitucional, tuvo por acreditada a favor del quejoso la propiedad de la unidad marca Freigthliner, modelo 1999, color blanco, tipo Tracto Camión, con número de serie 1FUYSSEB2XL985793, y placas de circulación 12EM2B del Estado de Tamaulipas. Empero, declaró que con las documentales analizadas no se acreditaba que dicha unidad automotriz se encontrara de manera legal en este país, pues expuso que como se advierte del título de propiedad el mismo es de procedencia extranjera. En esas circunstancias, el fiscal de la Federación determinó no acordar procedente la devolución del vehículo asegurado, en virtud de que como se dijo, el impetrante no exhibió documentación con la que acreditara la legal estancia del tracto camión en este país; asimismo, en dicho acuerdo ordenó dar vista al quejoso para que con documentación idónea acreditara lo requerido. (viii) Por acuerdo de once de enero de dos mil dieciocho (fojas 455 a 458), el agente responsable determinó que toda vez que el quejoso no acreditó con documentación idónea la legal estancia en este país del tracto camión, y no tener impedimento alguno, ordenó girar oficio al Administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, a fin de dejar a su disposición el vehículo asegurado. (ix) En auto de treinta y uno de enero del año en curso, dictado dentro de la carpeta de investigación FED/TAMP/NVO.LAR/0001077/2016, dejó sin efectos las determinaciones de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete y once de enero pasado, asimismo, se pronunció nuevamente respecto del aseguramiento del automotor afecto a dicha investigación, tomando en consideración los vicios destacados en proveído de veintiséis de enero, de este juicio y ordenó notificar personalmente al quejoso a fin de llevar a cabo la entrega física del vehículo automotor; (x) Mediante oficios NVOL-II-030/2018 y NVOL-II-031/2018, notificó al quejoso Luis Oscar Gallardo Tristán y al Administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, respectivamente el auto que emitió el treinta y uno de enero de los corrientes. (xi) Finalmente mediante oficio UIL/NVO.LAR-II-0021/2018, dirigido al Encargado de la Policía Federal Ministerial, la responsable ordenó realizar la devolución de la unidad vehicular al amparista, lo que aconteció como se advierte del acta de entrega del mismo. En razón de lo anterior, y con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se determina que el fallo protector se encuentra cumplido. Ello, en virtud de que, en atención a lo expuesto con anterioridad, este juzgado de Distrito estima que el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Segunda Investigadora Nuevo Laredo, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Tamaulipas, ha dado total cumplimiento a la sentencia concesoria del amparo, pues de las constancias reseñadas en párrafos precedentes se advierte que: Dejó insubsistente el acuerdo de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, dictado dentro de la carpeta de investigación FED/TAMP/NVO.LAR/0001077/2016 de su índice. Notificó personalmente en el domicilio señalado en actuaciones al quejoso Luis Óscar Gallardo Tristán, el acuerdo de aseguramiento de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, dictado dentro de la referida indagatoria, respecto del vehículo marca Freigthliner, modelo 1999, color blanco, tipo tracto camión, con número de serie 1FUYSSEB2XL985793, placas de circulación 12EM2B del Estado de Tamaulipas. Entregó copia al interesado del registro de dicho aseguramiento, a fin de que acreditara ante el fiscal investigador tener derecho a su devolución. Dejó sin efectos el acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, dictado dentro de la carpeta de investigación. Dictó auto de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, en el que analizó las probanzas allegadas por el impetrante a la referida indagatoria, así como las remitidas por esta autoridad, por virtud de la tramitación del presente juicio de amparo, y tuvo por acreditada a favor del quejoso la propiedad del vehículo marca Freigthliner, modelo 1999, color blanco, tipo Tracto Camión, con número de serie 1FUYSSEB2XL985793, y placas de circulación 12EM2B del Estado de Tamaulipas. Dejó sin efectos los autos de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete y once de enero de dos mil dieciocho, dictados dentro de la carpeta de investigación; Dictó un nuevo pronunciamiento tomando en consideración los vicios destacados en el proveído de veintiséis de enero de la presente anualidad y en consecuencia, acordó sobre el destino del vehículo asegurado, teniendo en cuenta el contexto legal que motivó la protección constitucional, en el que determinó con libertad de jurisdicción, la devolución del vehículo referido al aquí quejoso, lo que finalmente aconteció según se advierte del acta de entrega respectiva. Actuaciones que demuestran que el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Segunda Investigadora Nuevo Laredo, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Tamaulipas, cumplió en su totalidad el fallo protector dictado en los presentes autos. Además, debe destacarse que este órgano jurisdiccional considera que la responsable no incurrió en exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, toda vez que no se extralimitó en su cumplimiento ni fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal; tampoco se aprecia defecto, porque el agente responsable cumplió con el fin ordenado en la ejecutoria de derechos fundamentales. Con fundamento en el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista al quejoso para que dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en el entendido que de no hacerlo así se tendrá por consentido. Finalmente, agréguese a los presentes autos el mensaje telegráfico remitido por el Director de Amparo Autoridad Responsable, en representación del Procurador General de la República, con sede en Ciudad de México, mediante el cual informa las medidas tomadas para conminar en su carácter de superior jerárquico al Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Segunda Investigadora Nuevo Laredo, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Tamaulipas, dé cabal cumplimiento a la sentencia de amparo; sin embargo, únicamente agréguese en virtud del pronunciamiento sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo que en este acuerdo se realiza. Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Principal
Se notifica por este medio al quejoso el acuerdo de veintiséis de enero del año en curso, en virtud de no haber atendido el citatorio de treinta de enero de este año. Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintiséis de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que por oficios NVOL-II-527/2017, NVOL-II-002/2018 y NVOL-II-005/2018 (fojas 432, 443 y 454), recibidos en la oficialía de partes de este juzgado de distrito, el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Segunda Investigadora Nuevo Laredo, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Tamaulipas, anexó copias certificadas de diversas constancias que obran en la carpeta de investigación FED/TAMP/NVO.LAR/ 0001077/2016 de su índice, con las que aduce dar total cumplimiento al fallo protector dictado en el presente expediente. Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa destacan las siguientes: Mediante sentencia terminada de engrosar el veintiséis de julio de dos mil diecisiete (fojas 235 a 248), este juzgado de distrito por una parte sobreseyó el presente juicio de amparo, y por otra concedió la protección constitucional al quejoso Luis Óscar Gallardo Tristán, para los efectos siguientes: ". para que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Segunda Investigadora Nuevo Laredo, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado: 1. Deje insubsistente el acuerdo de ocho de diciembre de dos mil dieciséis (foja 269 del tomo de prueba), dictado dentro de la carpeta de investigación FED/TAMP/NVO.LAR/0001077/2016; 2. Ordene notificar personalmente en el domicilio señalado en actuaciones al quejoso Luis Óscar Gallardo Tristán el acuerdo de aseguramiento de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 65 y 66 del tomo de prueba), dictado dentro de la carpeta de investigación FED/TAMP/NVO.LAR/0001077/2016, respecto del vehículo marca Freigthliner, modelo 1999, color blanco, tipo tracto camión, con número de serie 1FUYSSEB2XL985793, placas de circulación 12EM2B del estado de Tamaulipas, debiendo entregar al interesado una copia del registro de dicho aseguramiento, a fin de que acredite ante el fiscal investigador tener derecho a su devolución; 3. Asimismo, en la notificación deberá apercibirlo que de no manifestar lo que a su derecho convenga, en un término de noventa días naturales siguientes contados a partir de su notificación, el bien mueble causará abandono a favor de la Procuraduría General de la República. 4. Hecho que sea lo anterior, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que corresponda respecto al aseguramiento del automotor afecto a la indagatoria ministerial." (foja 247) Por auto de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete (fojas 269 y 270), causó ejecutoria la sentencia concesoria de amparo y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable; y por acuerdo de veinte de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 416 a 421), este órgano federal determinó que el fallo protector había sido cumplido de manera parcial, bajo las siguientes consideraciones: "En razón de lo anterior, y con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se determina que el fallo protector se encuentra parciamente cumplido, pues de las constancias reseñadas en párrafos precedentes se advierte que el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Segunda Investigadora Nuevo Laredo, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Tamaulipas, únicamente realizó lo siguiente: ? Dejó insubsistente el acuerdo de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, dictado dentro de la carpeta de investigación FED/TAMP/NVO.LAR/0001077/2016 (1); ? Notificó personalmente al quejoso el acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, en el que se decretó el aseguramiento del vehículo marca Freigthliner, modelo 1999, color blanco, con número de serie 1FUYSSEB2XL985793, placas de circulación 12EM2B del estado de Tamaulipas (2); ? Le entregó copias del registro de aseguramiento del vehículo de mérito, a fin de que estuviera en aptitud de solicitar su devolución (3); y ? Lo apercibió que de no manifestar lo que a su derecho convenga dentro del término de noventa días naturales siguientes a partir de su notificación, el bien mueble causaría abandono a favor de la Procuraduría General de la República (4). No obstante ello, el fiscal investigador si bien mediante acuerdo de cuatro de diciembre pasado, se pronunció sobre la improcedencia de la devolución del vehículo asegurado dentro de la carpeta de investigación FED/TAMP/NVO.LAR/ 0001077/2016, con lo que pretendió dar cumplimiento al diverso punto 5, también lo es, que en dicha determinación omitió pronunciarse de manera expresa y con libertad de jurisdicción lo que correspondiera respecto al aseguramiento del automotor afecto a al indagatoria ministerial. Se afirma lo anterior pues únicamente refirió: "SEGUNDO.- Dese el destino legal que corresponda al vehículo antes mencionado", lo cual de ninguna manera puede estimarse como la resolución que el fiscal investigador debía dictar, con libertad de jurisdicción, respecto del vehículo asegurado afecto a la carpeta FED/TAMP/NVO.LAR/0001077/2016, de su índice. Situación que evidentemente deja en estado de indefensión al quejoso al no saber cuál es el destino legal y actual de su vehículo, dado que esa autoridad está obligada a fundar y motivar sus resoluciones, así como a resolverlas de manera congruente y exhaustiva en relación con la litis que se le hubiere planteado; por lo que se insiste, esa declaración no define el destino que se le dará al vehículo asegurado Aspectos que, como ya se vio, al estar contenido en el cuerpo de la ejecutoria cuyo cumplimiento se analiza, así como en los efectos del fallo protector, constreñían al ministerio público investigador a pronunciarse expresamente sobre el destino del bien mueble asegurado, debiendo exponerlo razonadamente. No pasa inadvertido para este juzgador, que en acuerdo de trece de octubre de la presente anualidad (foja 359), notificado al quejoso el veinticuatro del mismo mes y año en cita (foja 385), la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación, requirió al quejoso para que exhibiera la documentación original con la que acreditara la propiedad del vehículo asegurado. Sin embargo, a fin de privilegiar una adecuada tutela jurisdiccional al amparista, el agente responsable debió tomar en consideración también que durante la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, la parte quejosa exhibió ante esta instancia judicial precisamente los documentos en original sobre la propiedad del vehículo afecto a la indagatoria de origen (fojas 114 y 115). Tópico que cobra especial relevancia, toda vez que uno de ellos fue presentado en idioma inglés y traducido en castellano, documental con la que se le dio vista a la autoridad responsable y fue impugnado por su veracidad, por lo que mediante dictamen emitido por perito oficial (fojas 215 a 217), se corrió traslado a las partes con la finalidad de que se impusieran de su traducción, y que mediante oficio NVOL-II-304/2017 (foja 229), manifestó no tener inconveniente legal alguno con el mismo. De ahí que el tema del acreditamiento de la propiedad del vehículo marca Freigthliner, modelo 1999, color blanco, tipo tracto camión, con número de serie 1FUYSSEB2XL985793, placas de circulación 12EM2B del estado de Tamaulipas, no le era ajeno al fiscal investigador responsable porque, se reitera, por virtud de la tramitación de este juicio de amparo tuvo conocimiento previo de la documentación con la que efectivamente quedó acreditada la propiedad del automotor a favor del aquí quejoso Luis Óscar Gallardo Tristán. En esas condiciones, al no haber quedado cumplido el fallo protector, se requiere por última ocasión al Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Segunda Investigadora Nuevo Laredo, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Tamaulipas, para que dentro del plazo de tres días, realice lo siguiente: ? Deje insubsistente el acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, dictado dentro de la carpeta de investigación FED/TAMP/NVO.LAR/0001077/2016; y, ? Dicte uno nuevo en el que analice las probanzas allegadas por el impetrante a la referida indagatoria, así como las remitidas por esta autoridad, por virtud de la tramitación del presente juicio de amparo, y con libertad de jurisdicción se pronuncie respecto al aseguramiento del automotor afecto a la indagatoria ministerial, tomando en consideración los vicios destacados en esta determinación." En cumplimiento al acuerdo de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Segunda Investigadora Nuevo Laredo, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Tamaulipas, remitió las siguientes comunicaciones: Oficios Anexos NVOL-II-527/2017 (fojas 432 a 436) Copia autentificada de: Acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, dictado dentro de la carpeta de investigación FED/TAMP/NVO.LAR/0001077/2016; NVOL-II-002/2018 (fojas 443 a 444) Copia autentificada de: Oficio NVOL-II-001-2018, dirigido al quejoso Luis Óscar Gallardo Tristán, con el que notifica el acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, en el que; 1. Requiere para que comparezca fin de acreditar la legal estancia de la unidad afecta a la indagatoria; y, 2. Apercibe que no hacerlo así, el automotor sería puesto a disposición de la Aduana de Nuevo Laredo. NVOL-II-005/2018 (fojas 454 a 458) Copias autentificadas de: Acuerdo de once de enero del año que transcurre, con el que ordenó girar oficio al Administrador de la Aduana de esta ciudad, a fin de dejar a su disposición el vehículo asegurado, toda vez que no se acreditó su legal estancia en este país; y, Oficio NVOL-II-004/2018, dirigido a Luis Óscar Gallardo Tristán, con el que notifica el proveído anterior mencionado. Por acuerdo de quince de enero del año actual, se ordenó dar vista a las partes para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a sus intereses conviniera (foja 459), lo que así realizó el impetrante mediante escrito recibido el veintidós de enero de la presente anualidad en este juzgado de Distrito (fojas 467 a 470). Ahora bien, no obstante que mediante auto de veinte de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 416 a 421), se determinó que la sentencia concesoria se encontraba parcialmente cumplida, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a verificar que hayan sido cumplidos todos y cada uno de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo; de ahí que este juzgador se avocará a analizar si de las constancias que obran en autos se advierte el acatamiento total del fallo protector. De lo ordenado en aquel acuerdo y lo expresado en la sentencia de amparo, las actuaciones que de la autoridad responsable debía dar realizar a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, son los siguientes: 1. Dejar insubsistente el acuerdo de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, dictado dentro de la carpeta de investigación FED/TAMP/NVO.LAR/0001077/2016 de su índice; 2. Notificar personalmente en el domicilio señalado en actuaciones al quejoso Luis Óscar Gallardo Tristán, el acuerdo de aseguramiento de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, dictado dentro de la referida indagatoria, respecto del vehículo marca Freigthliner, modelo 1999, color blanco, tipo tracto camión, con número de serie 1FUYSSEB2XL985793, placas de circulación 12EM2B del Estado de Tamaulipas; 3. En ese acto de notificación, entregar al interesado una copia del registro de dicho aseguramiento, a fin de que acredite ante el fiscal investigador tener derecho a su devolución; 4. Apercibirlo que de no manifestar lo que a su derecho convenga, en un término de noventa días naturales siguientes contados a partir de su notificación, el bien mueble causará abandono a favor de la Procuraduría General de la República; 5. Dejar sin efectos el acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, dictado dentro de la carpeta de investigación; 6. Dictar un nuevo pronunciamiento en el que analizara las probanzas allegadas por el impetrante a la referida indagatoria, así como las remitidas por esta autoridad, por virtud de la tramitación del presente juicio de amparo, y, 7. Con libertad de jurisdicción, resolviera respecto al aseguramiento del automotor afecto a la indagatoria ministerial, tomando en consideración los vicios destacados en la determinación de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por este órgano jurisdiccional (fojas 416 a 421). En acatamiento a todo lo anterior, la autoridad responsable el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Segunda Investigadora Nuevo Laredo, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Tamaulipas, realizó lo siguiente: (i) En auto de veintidós de agosto de dos mil diecisiete (foja 275), dejó insubsistente el diverso de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, dictado dentro de la carpeta de investigación FED/TAMP/NVO.LAR/0001077/2016; (ii) Por oficio NVOL-II-396/2017 de veintidós de agosto del año en curso, (fojas 280 y 281), dirigido al quejoso Luis Óscar Gallardo Tristán y notificado el veintitrés siguiente, hizo de su conocimiento el acuerdo de aseguramiento de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, respecto del vehículo asegurado marca Freigthliner, modelo 1999, color blanco, con número de serie 1FUYSSEB2XL985793, y placas de circulación 12EM2B del Estado de Tamaulipas; (iii) Asimismo, le entregó copia del registro de aseguramiento y le informó que contaba con un plazo de noventa días naturales, a partir de dicha notificación, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibido que, de no hacerlo en dicho plazo, perdería el derecho de reclamar y recuperar los bienes, asimismo, le informó que pasado dicho término el bien asegurado causaría abandono a favor de la Procuraduría General de la República; (iv) Por acuerdo de trece de octubre del año que transcurre (foja 359), tuvo por recibido el escrito presentado por el aquí quejoso a través del cual le solicitaba la devolución de vehículo asegurado; sin embargo, dicha autoridad le requirió para que exhibirá la documentación original a fin de acreditar la propiedad del mueble; (v) En resolución de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete (foja 396), el fiscal de la Federación determinó no acordar procedente la devolución del vehículo asegurado, en virtud de que el impetrante no exhibió la documentación en original que le fuera requerida; asimismo en dicho acuerdo ordenó dar ".el destino legal que corresponda al vehículo." afecto a la indagatoria. (vi) Por acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete (foja 433 a 436), dejó insubsistente el diverso de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, dictado dentro de la multicitada indagatoria; (vii) Con ese mismo acuerdo, determinó que una vez analizadas las documentales exhibidas ante dicha fiscalía, así como los allegadas en la substanciación de este controvertido constitucional, tuvo por acreditada a favor del quejoso la propiedad de la unidad marca Freigthliner, modelo 1999, color blanco, tipo Tracto Camión, con número de serie 1FUYSSEB2XL985793, y placas de circulación 12EM2B del Estado de Tamaulipas. Empero, declaró que con las documentales analizadas no se acreditaba que dicha unidad automotriz se encontrara de manera legal en este país, pues expuso que como se advierte del título de propiedad el mismo es de procedencia extranjera. En esas circunstancias, el fiscal de la Federación determinó no acordar procedente la devolución del vehículo asegurado, en virtud de que como se dijo, el impetrante no exhibió documentación con la que acreditara la legal estancia del tracto camión en este país; asimismo, en dicho acuerdo ordenó dar vista al quejoso para que con documentación idónea acreditara lo requerido. (viii) Finalmente, por acuerdo de once de enero de dos mil dieciocho (fojas 455 a 458), el agente responsable determinó que toda vez que el quejoso no acreditó con documentación idónea la legal estancia en este país del tracto camión, y no tener impedimento alguno, ordenó girar oficio al Administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, a fin de dejar a su disposición el vehículo asegurado. Sin embargo, del análisis de las anteriores constancias y que obran en autos, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de acuerdo a su numeral 2, se advierte que la ejecutoria de amparo fue cumplida parcialmente, según se expone a continuación. En efecto, la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Segunda Investigadora Nuevo Laredo, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Tamaulipas, en acatamiento al fallo protector: ? Dejó insubsistente el acuerdo de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, dictado dentro de la carpeta de investigación FED/TAMP/NVO.LAR/0001077/2016 (1); ? Notificó personalmente al quejoso el acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, en el que se decretó el aseguramiento del vehículo marca Freigthliner, modelo 1999, color blanco, con número de serie 1FUYSSEB2XL985793, placas de circulación 12EM2B del estado de Tamaulipas (2); ? Le entregó copias del registro de aseguramiento del vehículo de mérito, a fin de que estuviera en aptitud de solicitar su devolución (3); y ? Lo apercibió que de no manifestar lo que a su derecho conviniera dentro del término de noventa días naturales siguientes a partir de su notificación, el bien mueble causaría abandono a favor de la Procuraduría General de la República (4); ? Dejó sin efectos el acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, dictado dentro de la carpeta de investigación FED/TAMP/NVO.LAR/0001077/2016 (5); ? Analizó las probanzas allegadas por el impetrante a la referida indagatoria, así como las remitidas por esta autoridad en virtud de la tramitación del juicio de amparo en el que se actúa (6). No obstante lo anterior, por lo que hace al punto "7", antes precisado, en el que se instruyó a la responsable a fin de que con libertad de jurisdicción, resolviera respecto al aseguramiento del automotor afecto a la indagatoria ministerial, tomando en consideración los vicios destacados en la determinación de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por este órgano jurisdiccional, se estima que no se encuentra cumplido. En relación con este último tópico, cabe señalar que en la ejecutoria de amparo se estableció lo siguiente: "[.] Por tanto, la responsable violó las disposiciones aplicables al procedimiento de aseguramiento de bienes en la etapa de investigación, actuación que dejó en estado de indefensión al aquí quejoso, en razón de que no se le otorgó el plazo previsto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, menos aún se le proporcionaron los registros necesarios relativos al decreto de aseguramiento del automotor en comento para que, entonces sí, estuviera en aptitud de presentarse ante el órgano investigador a deducir sus derechos sobre el bien asegurado. De ahí que se vulneraron, en claro perjuicio del impetrante de garantías, las reglas procedimentales previstas en el artículo 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativas a la actuación que debe observar el fiscal investigador en tratándose de aseguramiento de bienes. [.]" En atención a lo anterior, y como parte del cumplimiento de la sentencia ejecutoriada, el Ministerio Público responsable emitió acuerdo el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, en el que en cuanto al destino del automotor que nos ocupa determinó lo siguiente: "[.] SEGUNDO. Se ordena notificar personalmente en el domicilio señalado, al C. Luis Oscar Gallardo Tristán, el acuerdo de aseguramiento de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en la presente carpeta de investigación, respecto del vehículo Marca Freightliner, modelo 1999, color blanco, placas 12EM2B del Estado de Tamaulipas, número de serie 1FUYSSEB2XL985793, con el apercibimiento de que tiene un término de 90 días naturales siguientes a su ejecución, entregándole en este acto copia del registro de aseguramiento, para que manifieste lo que en su derecho convenga, y que en caso de no manifestar lo que en su derecho convenga, perderá en dicho término el derecho de reclamar y recuperar los bienes causarán abandono a favor de la Procuraduría General de la República [.]" (foja 275). Asimismo, en el proveído de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se analizó el pretendido cumplimiento dado al fallo protector, este juzgador destacó lo siguiente: "[.] No obstante ello, el fiscal investigador si bien mediante acuerdo de cuatro de diciembre pasado, se pronunció sobre la improcedencia de la devolución del vehículo asegurado dentro de la carpeta de investigación FED/TAMP/NVO.LAR/0001077/2016, con lo que pretendió dar cumplimiento al diverso punto 5, también lo es, que en dicha determinación omitió pronunciarse de manera expresa y con libertad de jurisdicción lo que correspondiera respecto al aseguramiento del automotor afecto a la indagatoria ministerial. Se afirma lo anterior pues únicamente refirió: "SEGUNDO.- Dese el destino legal que corresponda al vehículo antes mencionado", lo cual de ninguna manera puede estimarse como la resolución que el fiscal investigador debía dictar, con libertad de jurisdicción, respecto del vehículo asegurado afecto a la carpeta FED/TAMP/NVO.LAR/0001077/2016, de su índice. Situación que evidentemente deja en estado de indefensión al quejoso al no saber cuál es el destino legal y actual de su vehículo, dado que esa autoridad está obligada a fundar y motivar sus resoluciones, así como a resolverlas de manera congruente y exhaustiva en relación con la litis que se le hubiere planteado; por lo que se insiste, esa declaración no define el destino que se le dará al vehículo asegurado Aspectos que, como ya se vio, al estar contenido en el cuerpo de la ejecutoria cuyo cumplimiento se analiza, así como en los efectos del fallo protector, constreñían al ministerio público investigador a pronunciarse expresamente sobre el destino del bien mueble asegurado, debiendo exponerlo razonadamente. [.]" Así las cosas, en cumplimiento a esa determinación, la responsable emitió un nuevo acuerdo el once de enero de dos mil dieciocho (fojas 455 y 456), en el que dio destino al vehículo afecto, en el que ordenó ponerlo a disposición de la autoridad aduanera, bajo la consideración de que no se acreditó la legal estancia del mismo en territorio nacional. Ahora bien, de lo anterior se puede válidamente colegir que el fiscal investigador no dio total cumplimiento a la sentencia de amparo, específicamente al punto en el que se le obligó dar destino legal al tracto camión afecto. Ello se estima así, ya que si bien en cuanto a dicho aspecto se le otorgó libertad de jurisdicción, también lo es que dicha libertad de actuación debe ajustarse al contexto en que se emitió la sentencia amparadora, misma que se normó en la interpretación del artículo 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone "Artículo 231. Notificación del aseguramiento y abandono El Ministerio Público deberá notificar al interesado o a su representante legal el aseguramiento del objeto, instrumento o producto del delito, dentro de los sesenta días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia del registro de aseguramiento, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, la notificación se hará por dos edictos que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación o su equivalente, medio de difusión oficial en la Entidad federativa y en un periódico de circulación nacional o estatal, según corresponda, con un intervalo de diez días hábiles entre cada publicación. En la notificación se apercibirá al interesado o a su representante legal para que se abstenga de ejercer actos de dominio sobre los bienes asegurados y se le apercibirá que de no manifestar lo que a su derecho convenga, en un término de noventa días naturales siguientes al de la notificación, los bienes causarán abandono a favor de la Procuraduría o de las Entidades federativas, según corresponda. Transcurrido dicho plazo sin que ninguna persona se haya presentado a deducir derechos sobre los bienes asegurados, el Ministerio Público solicitará al Juez de control que declare el abandono de los bienes y éste citará al interesado, a la víctima u ofendido y al Ministerio Público a una audiencia dentro de los diez días siguientes a la solicitud a que se refiere el párrafo anterior. La citación a la audiencia se realizará como sigue: I. Al Ministerio Público, conforme a las reglas generales establecidas en este Código; II. A la víctima u ofendido, de manera personal y cuando se desconozca su domicilio o identidad, por estrados y boletín judicial, y III. Al interesado de manera personal y cuando se desconozca su domicilio o identidad, de conformidad con las reglas de la notificación previstas en el presente Código. El Juez de control, al resolver sobre el abandono, verificará que la notificación realizada al interesado haya cumplido con las formalidades que prevé este Código; que haya transcurrido el plazo correspondiente y que no se haya presentado persona alguna ante el Ministerio Público a deducir derechos sobre los bienes asegurados o que éstos no hayan sido reconocidos o que no se hubieren cubierto los requerimientos legales. La declaratoria de abandono será notificada, en su caso, a la autoridad competente que tenga los bienes bajo su administración para efecto de que sean destinados a la Procuraduría, previa enajenación y liquidación que prevé la legislación aplicable." En ese contexto, debe señalarse que si bien la responsable actuó en forma correcta al emitir el acuerdo de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, en el que en cuanto al destino del automotor que nos ocupa determinó que la parte quejosa debía comparecer ante ella a fin de reclamar el derecho que le correspondiera y que en caso de no hacerlo en ese plazo, el bien mueble causaría abandono a favor de la Procuraduría General de la República, también cierto es que con posterioridad emitió una diversa resolución de veintisiete de diciembre del año próximo pasado, en la que estimó que a su consideración el impetrante Luis Oscar Gallardo Tristán, acreditó la propiedad del vehículo afecto, sin embargo, no demostró que ese mueble, se encuentre de manera legal en este país; actuar este último, que no resulta congruente con el apercibimiento que la propia responsable formuló al aquí amparista para el caso de no comparecer en el término que le otorgó para deducir sus derechos en relación con el vehículo asegurado, que hizo consistir en la declaratorio de abandono a favor de la Procuraduría General de la República, como tampoco es acorde con el espíritu de la ejecutoria de amparo cuyo cumplimiento nos ocupa. Es así, toda vez que conforme a las consideraciones que sustentan la sentencia protectora, como se dijo, incluso en el ejercicio d su libertad de jurisdicción debía actuar dentro del margen legal previsto en el artículo 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual, el fiscal investigador únicamente podía actuar en dos sentidos, el primero analizar si con las probanzas que el interesado -aquí amparista- le ofertó se demostraba la titularidad del bien asegurado, y determinar sobre su destino legal, es decir, proceder a su devolución; o el segundo, en caso de que el interesado no le hubiere acreditado la titularidad del automotor en el plazo de noventa días, debía solicitar al Juez de Control que declarara el abandono del bien en favor de la Procuraduría General de la República. En esas condiciones, es claro que el actuar de la responsable se apartó de los lineamientos señalados en la ejecutoria de amparo, específicamente en el punto en el que se le obligó dar destino legal al tracto camión afecto, en términos de lo establecido en el artículo 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esa virtud, conforme a lo expuesto en la ejecutoria de amparo, lo que la autoridad responsable debía realizar, posterior a que la parte interesada -aquí quejoso-, le exhibió probanzas a fin de acreditar la titularidad del bien mueble asegurado, consistente en vehículo marca Freigthliner, modelo 1999, color blanco, tipo tracto camión, con número de serie 1FUYSSEB2XL985793 y placas 12EM2B, del Estado de Tamaulipas, era analizarlas y con libertad de jurisdicción pronunciarse respecto al aseguramiento del citado automotor, y de estimar que se acreditó la titularidad del bien, lo que incluso ya reconoció la propia responsable, proceder a su devolución, debiendo ceñir su actuación a lo que prevé la legislación aplicable, en la especie, a lo establecido en el artículo 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece el destino legal que se debe dar a los bienes objetos de aseguramiento, pues la aplicación de dicho dispositivo obedece a los lineamientos plasmados en la el fallo protector, o en su defecto, si estimaba que no se acreditaba la titularidad del bien, declarar o solicitar la declaración de abandono a favor de la Procuraduría General de la República. Sin que le esté permitido al Fiscal investigador ordenar la remisión el automotor mencionado a una diversa autoridad como lo es el Administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, ya que dicho actuar no se encuentra regulado por la normatividad aplicable al aseguramiento de bienes objeto de delito. Entonces, si en el caso, en fecha veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable determinó por un lado, que la parte quejosa acreditó la propiedad de la unidad marca Freigthliner, modelo 1999, color blanco, tipo tracto camión, con número de serie 1FUYSSEB2XL985793 y placas 12EM2B, del Estado de Tamaulipas, y por otro, que no acreditó que dicho automotor se encuentre de manera legal en este país (fojas 433 a 436), es claro que al emitir la resolución relativa se apartó del espíritu de la ejecutoria de amparo, pues debía ceñir su actuación a lo precisado por el numeral 231 referido, lo que en el caso no sucedió. A mayor abundamiento se señala que es criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no es requisito para la procedencia de la acción constitucional, el que se demuestre la legal estancia en el país de un vehículo de procedencia extranjera, habida cuenta que en vía constitucional, como la que nos ocupa, se analizan los tópicos relativos a la afectación de la propiedad o posesión que respecto del mismo tiene la parte quejosa, y no su derecho de importación, por lo que en todo caso, la legal o ilegal estancia en el país del automotor, sería en todo caso materia del procedimiento administrativo que, en su caso, se siga contra el impetrante por las autoridades facultada para ello. Resulta aplicable por las razones que la invocan, la jurisprudencia 2a./J. 53/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 177, Tomo IV, Noviembre de 1996, Materia Administrativa, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL AMPARO EN CONTRA DEL SECUESTRO, DESPOSEIMIENTO, DECOMISO O CUALQUIER ACTO DE AUTORIDAD QUE AFECTE EL DERECHO DE PROPIEDAD O POSESIÓN DE LOS MISMOS, SE DEMUESTRA CON EL SOLO ACREDITAMIENTO, POR PARTE DE LA QUEJOSA, DE ESTOS DERECHOS. El interés jurídico se traduce en un derecho jurídicamente tutelado y es uno de los presupuestos para promover el juicio de garantías en los términos de lo que establecen los artículos 4o. y 73, fracción V, de la Ley de Amparo. Como derecho jurídicamente protegido, es incontrovertible que para promover un juicio de garantías, debe de estarse a la naturaleza del acto que se reclama. Por tanto, si los actos reclamados se hacen consistir en desposeimiento, secuestro o decomiso de vehículos de procedencia extranjera, entre otros actos de la misma naturaleza, que implican afectación o menoscabo del derecho de propiedad o posesión, resulta lógico que para comprobar el interés jurídico, sólo deben demostrarse tales derechos de propiedad o posesión respecto de los mismos, de manera fehaciente, con datos inequívocos, bien con la copia certificada de la tarjeta de circulación, de la que se desprenda que la propietaria del vehículo fronterizo es precisamente la quejosa; o bien con la factura en la que conste la adquisición del vehículo por la peticionaria de garantías; o con cualquier otra prueba idónea y fehaciente que demuestre esos extremos, así como la existencia de los actos reclamados consistentes en el desposeimiento, secuestro o decomiso del vehículo de procedencia extranjera. Ciertamente, porque quien es propietario o poseedor de un vehículo respecto del cual penden actos de autoridad tales como secuestro, desposeimiento o decomiso, el interés jurídico se demuestra con las documentales que acrediten que la quejosa es la propietaria o poseedora del mismo, puesto que su esfera de derecho de propiedad o posesión se vio afectada por el acto de autoridad, que como tal, debe cumplir con los extremos que la Constitución le impone. Lo anterior se desprende del artículo 4o. de la Ley de Amparo, en concordancia con lo que dispone el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, según los cuales el juicio de amparo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado y tal perjuicio inmediato y directo, da el presupuesto indispensable para la procedencia del juicio de garantías, sin que sea necesario para acudir a la instancia constitucional, el que también se demuestre la legal estancia en el país del multicitado vehículo de procedencia extranjera, pues los actos reclamados sólo afectan la propiedad o posesión que respecto del mismo tiene la quejosa, y no su derecho de importación, por lo que la legal o ilegal estancia en el país del multicitado automotor, será materia del procedimiento administrativo que, en su caso, se siga contra la formulante del amparo." Por tanto, en virtud de lo antes expuesto, y se considera que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida en su totalidad, por lo tanto, por última ocasión se requiere al Ministerio Público responsable para que dentro del plazo de tres días, realice lo siguiente: ? Deje insubsistentes los acuerdos de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete y once de enero del año que transcurre, dictados dentro de la carpeta de investigación FED/TAMP/NVO.LAR/0001077/2016; y, ? Dicte uno nuevo en el que tome en consideración los vicios destacados en esta determinación, en consecuencia, provea sobre el destino del vehículo asegurado que nos ocupa, teniendo en cuenta el contexto legal que motivó la protección constitucional, por lo cual, con libertad de jurisdicción deberá determinar si ordena la devolución de ese bien al aquí quejoso, o declara el abandono del mismo a favor de la Procuraduría General de la República, ello en términos de lo dispuesto por el artículo 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales; pero sin posibilidad legal de dar otro tipo de destino. Hecho que sea, deberá remitir las constancias respectivas a fin de hacerlo del conocimiento de las partes. Esto, en virtud que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento; por lo cual, esa autoridad deberá hacer lo ineludible para llevar a cabo dicho cumplimiento dentro del término concedido. Subsistiendo el apercibimiento decretado en el proveído de diecisiete de agosto del año que transcurre (fojas 269 y 270), asimismo, se reitera, sin perjuicio de que se remitan los autos al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, requiérase al Procurador General de la República, para que en su carácter de superior jerárquico de la mencionada autoridad responsable, le ordene cumplir con la ejecutoria de amparo, bajo el mismo apercibimiento pronunciado en autos. Finalmente, no pasan inadvertidos los escritos de la parte quejosa, recibidos por este órgano jurisdiccional el siete de septiembre, treinta de noviembre, y quince de diciembre de dos mil diecisiete, nueve y veintidós de enero del año en curso (fojas 290 a 294, 392, 393, 403, 404, 450, 451 y 467 a 470), en los que, esencialmente, vierte argumentos relacionados con el incumplimiento al fallo protector; sin embargo, por el momento no se emitirá mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que en este propio acuerdo se tuvo por no cumplida la sentencia amparadora y se requirió nuevamente a la autoridad responsable para que la acate en su totalidad. Notifíquese y personalmente al quejoso. (4)
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