Luis Orlando Hernández Sánchez
Expediente 698/2022 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 698/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Héctor Chávez Ramos
- Luis Orlando Hernández Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Juicio de Amparo Directo
ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo directo, promovido por ***, ambos de apellidos ***, que promovieron en contra del acto y de la autoridad que quedaron precisados en el primer resultando de esta resolución.
- Juicio de Amparo Directo
Como se ordenó en la sesión ordinaria virtual de la misma fecha, este Primer Tribunal Colegiado de Circuito, anunció la posible actualización de las causas de improcedencia previstas en la fracción XXIII, en relación con las diversas XIV y XVIII, todas del artículo 61 de la Ley de Amparo, quedando en lista a fin de dar vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia señalada en el proyecto de resolución que se sometió a consideración; lo anterior en aras de velar por el derecho de audiencia y, en su caso, que la parte interesada se encuentra en oportunidad de expresar argumentos tendientes a favorecer su situación jurídica y se esté en aptitud de resolver lo que conforme a derecho corresponda una vez que, en su caso, se desahogue la vista conducente la cual se sustenta en las siguientes consideraciones: "SEXTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DETECTADA DE OFICIO. En el presente caso, se estima innecesario analizar la sentencia reclamada y los conceptos de violación que en su contra esgrimen los quejosos, pues en la especie, se actualiza una causal de improcedencia, misma que debe analizarse de forma preferente y oficiosa por ser una cuestión de orden público, de conformidad con el numeral 62 de la Ley de Amparo. En el presente juicio de amparo, se actualizan dos causales de improcedencia, que prevé la fracción XXIII, en relación con las diversas XIV y XVIII, todas del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en su contenido precisan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En congruencia con ese precepto, el diverso numeral 170, fracción I, tercer párrafo, del citado ordenamiento, textualmente dispone que para la procedencia del juicio de amparo deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. De conformidad con los preceptos legales, el amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, que dicten, entre otros órganos jurisdiccionales, tribunales judiciales, ya sea que la violación se cometa en aquellas o durante el procedimiento, con trascendencia en el resultado del fallo para quien acude al amparo, para cuya promoción del amparo en esa vía, es necesario agotar previamente los recursos ordinarios que contemple la ley que sea aplicable a la materia del juicio o procedimiento de origen, por virtud de los cuales puedan modificarse o revocarse, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos; así como señalan los citados preceptos, que el juicio de amparo es improcedente en contra de, entre otras, las resoluciones de tribunales judiciales, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. La Primera Sala del Máximo Órgano jurisdiccional del país sostuvo, que a la víctima u ofendido no le es exigible agotar el principio de definitividad para promover el amparo directo, aun cuando sólo haya interpuesto la apelación en contra de la sentencia de primera instancia el Ministerio Público, en el supuesto en que las normas adjetivas no legitimen a aquellas personas para interponer ese medio de impugnación, es decir, la Corte sostuvo esa postura de no agotar el principio de definitividad, bajo un supuesto excepcional, que es, que la legislación aplicable al procedimiento de origen no faculte a la víctima u ofendido a interponer el medio de impugnación contemplado en la ley adjetiva respectiva. Los criterios que soportaron lo antes expresado, son los de rubros, números y registros digitales siguientes: "VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. NO LE ES EXIGIBLE AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, CUANDO LAS NORMAS ADJETIVAS NO LO LEGITIMAN PARA INTERPONER EL MEDIO ORDINARIO DE IMPUGNACIÓN." Tesis: 1a./J. 80/2015 (10a.), Registro digital: 2010681, "VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. ESTÁ FACULTADO PARA IMPUGNAR LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA A TRAVÉS DEL RECURSO DE APELACIÓN O DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, SIN QUE ESTÉ OBLIGADO A AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD CUANDO LAS NORMAS PROCESALES NO LO LEGITIMEN PARA INTERPONER LA APELACIÓN." Tesis: 1a./J. 81/2015 (10a.), Registro digital: 2010679 "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. LA EFECTUADA EN EL AMPARO DIRECTO A FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA APELADA ÚNICAMENTE POR EL MINISTERIO PÚBLICO, DEBIDO A QUE LA NORMA ADJETIVA NO LO LEGITIMA PARA IMPUGNAR ESA RESOLUCIÓN, NO IMPLICA SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS DEL ÓRGANO ACUSADOR." Tesis: 1a./J. 78/2015 (10a.), Registro digital: 2010678 "AMPARO DIRECTO PENAL. MATERIA DE SU ESTUDIO CUANDO ES PROMOVIDO POR LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO CONTRA UNA SENTENCIA DEFINITIVA APELADA ÚNICAMENTE POR EL MINISTERIO PÚBLICO, DEBIDO A QUE LA NORMA ADJETIVA NO LES RECONOCE EL DERECHO PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN." Tesis: 1a. CLXXXVIII/2015 (10a.), Registro digital: 2009279 En este sentido, al referir los criterios citados al amparo por cualquiera de las vías, estaban enfocados para su procedencia, a visualizar si a pesar de contener las normatividades adjetivas aplicables al juicio de origen medios de impugnación en contra de resoluciones, no reconocían expresamente alguna aptitud jurídica para la víctima o para la parte ofendida a interponer ese recurso, o si de forma expresa se lo impedía. El procedimiento origen del acto que aquí se reclama, es uno especial en materia de justicia para adolescentes, que se rige por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal Para Adolescentes, y en aquello que no esté previsto en ésa normatividad, es supletorio en lo adjetivo por el Código Nacional de Procedimientos Penales. En este sentido, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal Para Adolescentes, precisa en los artículos que a continuación se invocan, lo siguiente: "Artículo 168. Reglas generales Las resoluciones judiciales podrán ser recurridas sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en el Código Nacional y en esta Ley. El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la resolución. En el procedimiento penal sólo se admitirán los recursos de revocación y apelación, según corresponda. Artículo 172. Trámite de la apelación El recurso de apelación contra las resoluciones del Juez de Control se interpondrá por escrito ante el mismo Juez que dictó la resolución, dentro de los cinco días contados a partir de aquel en el que surta efectos la notificación si se tratare de auto o cualquier otra providencia, y de siete días si se tratare de sentencia definitiva. La apelación contra el sobreseimiento dictado por el Tribunal de Juicio Oral se interpondrá ante el mismo tribunal dentro de los cinco días siguientes a su notificación. El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el Tribunal que conoció del juicio, dentro de los quince días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, mediante escrito en el que se precisarán las disposiciones violadas y los motivos de agravio correspondientes. Interpuesto el recurso, el Juez deberá correr traslado del mismo a las partes para que se pronuncien en un plazo de cinco días respecto de los agravios expuestos y señalen domicilio o medios en los términos del segundo párrafo del presente artículo. Al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, los interesados podrán manifestar en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios ante el Magistrado Especializado." Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales indica en sus artículos 459, fracción I, y 467, fracción VII, lo siguiente: "Artículo 459. Recurso de la víctima u ofendido La víctima u ofendido, aunque no se haya constituido como coadyuvante, podrá impugnar por sí o a través del Ministerio Público, las siguientes resoluciones: I. Las que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, cuando estime que hubiere resultado perjudicado por la misma; . Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: . VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso;" Como se observa de lo anterior, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal Para Adolescentes contempla la posibilidad de combatir las resoluciones judiciales, por los medios de impugnación que contemplen el Código Nacional y la citada ley, y sólo pueden atacarlas por quien se vea afectado y esté facultado a hacerlo conforme a dichas normas, y dentro de esos recursos, se contempla el de apelación, el cual puede interponerse en contra de resoluciones de juez de control o el Tribunal de Juicio Oral, o el Tribunal de Enjuiciamiento, ya sean providencias, sentencia definitiva, de sobreseimiento, medio de impugnación del que conoce un Magistrado Especializado. Mientras que el Código Nacional de Procedimientos Penales faculta a la víctima o al ofendido a interponer los recursos que ese ordenamiento contempla en ciertos supuestos (el artículo 459 de la normatividad referida, se encuentra en el Capítulo I, de Disposiciones Comunes, del Título XII, de Recursos), dentro de los que se encuentran, en contra de aquellas determinaciones que afecten la reparación del daño causado por el delito, y los citados preceptos contemplan la procedencia del recurso de apelación en contra del auto que determine la vinculación del imputado a proceso, lo que implica, que también está previsto el auto de no vinculación a proceso. En este último aspecto, se pronunció la Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dentro de la tesis jurisprudencial 1a./J. 54/2020 (10a.), de rubro y texto siguientes: "AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. LA VÍCTIMA U OFENDIDO ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN EN SU CONTRA, PORQUE AFECTA INDIRECTAMENTE SU DERECHO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, EN LOS CASOS EN QUE ÉSTA PROCEDA, Y PORQUE CON DICHA LEGITIMACIÓN SE ASEGURA SU DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Hechos: En dos procesos penales en los que se decretó un auto de no vinculación a proceso, las víctimas impugnaron dicha determinación mediante el recurso de apelación. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos respecto de si el auto de no vinculación a proceso afecta la reparación del daño en perjuicio de la víctima u ofendido, y entonces resolvieron de forma diferenciada sobre la legitimación de las víctimas para apelar dicho auto. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la víctima o parte ofendida del delito sí cuentan con legitimación para interponer el recurso de apelación en contra del auto de no vinculación a proceso, porque éste afecta de manera indirecta la reparación del daño. El auto de no vinculación a proceso tiene como consecuencia que no se continúe con la investigación, en su fase complementaria, y que no se lleve a cabo la etapa de juicio, en la que, de ser el caso, se declararía la culpabilidad del acusado y, por lo tanto, su correspondiente condena de reparar el daño. Justificación: El artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales faculta expresamente a la víctima o parte ofendida para impugnar aquellas determinaciones que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, con independencia de que se hayan o no constituido en coadyuvantes del Ministerio Público. Esto legitima a la víctima o parte ofendida para apelar el auto de no vinculación a proceso, pues tal auto impide el desenvolvimiento de un proceso que entre sus culminaciones podría contener la condena a reparar el daño. Con dicha legitimación se asegura el derecho de acceso a la justicia de las víctimas o partes ofendidas, pues dadas las consecuencias que dicha determinación trae consigo, es de suma importancia que su legalidad sea controlada por el tribunal de alzada, para garantizar que la misma sólo se presentará en los casos en los que efectivamente no existen elementos para continuar con la investigación." En este sentido, los criterios jurisprudenciales de números 1a./J. 80/2015 (10a.), 1a./J. 81/2015 (10a.), 1a./J. 78/2015 (10a.) y aislado 1a. CLXXXVIII/2015 (10a.), con los rubros que quedaron antes transcritos, no serían compatibles con el contenido de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal Para Adolescentes ni para el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que implica que para impugnar en el amparo (directo o indirecto) una resolución de primera instancia emitida por Tribunales de Control o de Enjuiciamiento, o por Tribunales especializados para adolescentes, la víctima del delito, sí está obligada a interponer previamente el medio de impugnación correspondiente, por lo que en el supuesto de no impugnar esa determinación de primera instancia por el recurso que la ley ordinaria admite, implicará que al reclamarla en el amparo resulte improcedente, al no haberse agotado previamente aquél medio de impugnación, con la salvedad de que la promoción del amparo se haga fuera del plazo que la Ley de Amparo contemple, pues en tal caso, prevalecerá la causal de improcedencia de haber consentido el acto reclamado; mientras que si el acto que se reclama en el amparo, no es la resolución de primera instancia, sino la determinación de segunda instancia, que ha sido interpuesta por alguna de las partes distintas de la víctima, operará la causal de improcedencia de un acto derivado de otro que ha sido consentido. Ahora bien, bajo ese panorama, el juicio de origen 109/2022, del Juzgado Especializado en Materia de Justicia para Adolescentes en el Estado de Zacatecas, fue iniciado en contra de quien fuera menor de edad Jesús Armando Calderón Ramos, por considerarlo probable responsable de hechos a los que la ley les confiere el carácter del delito de lesiones dolosas, en agravio de quien también contaba con la minoría de edad Luis Orlando Hernández Sánchez, persona que fue representado por su madre Patricia Hernández Sánchez, que a su vez, es de igual forma víctima indirecta del ilícito atribuido a aquél; en tal procedimiento, se dictó la resolución de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, de no vinculación a proceso en contra de Jesús Armando Calderón Ramos, porque consideró que operó la prescripción de la acción penal. En contra de esa determinación, fue solamente el Ministerio Público el que interpuso el recurso de apelación, del que tuvo conocimiento el Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes de Zacatecas, Zacatecas, lo radicó con el número de toca 44/2022 y resolvió el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, confirmando el sentido del fallo de primera instancia; determinación la anterior, que constituye el acto que se reclama. De tal forma, que la resolución de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós no fue recurrida por las víctimas del delito, pese a que estuvo en posibilidad de hacerlo, en los términos de los artículos 168 y 172 de la Ley Nacional del Sistema Integral Penal Para Adolescentes y 459, fracción I, 467, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, razón la anterior, por la que la resolución que ahora reclama, emitida en apelación, es un acto que derivó de otro que consintió, sin que para esas conclusiones baste que el Ministerio Público haya sido la otra parte que interpuso el recurso de apelación, y que en el artículo 459 del Código Nacional de Procedimientos Penales se indique que la víctima puede interponer los recursos a través de ese órgano administrativo, pues para que la interposición de éste se hiciera en ese sentido, sería necesario que el ofendido se encontrara interviniendo en el procedimiento en coadyuvancia de la representación social. Por lo que si el Ministerio Público fue quien interpuso el recurso de apelación y la ejecutoria dictada en tal medio de impugnación confirmó el sentido de la determinación de primera instancia, como es en el caso, que operó la prescripción de la acción penal, es evidente que el juicio de amparo directo es improcedente, porque la resolución reclamada no es más que la consecuencia de un acto que ha sido consentido, ya que la falta de interposición del recurso de apelación por parte de la víctima, reflejó la tácita voluntad de reconocer el fallo de primera instancia, al ser la de segundo grado sólo una reiteración de aquélla. Sobre el tópico específico, es orientador el criterio siguiente: "SENTENCIA EMITIDA EN EL SISTEMA PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES. PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 168 Y 172 DE DICHA LEY, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 459 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.- Del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio es improcedente si no se agota el principio de definitividad, previamente a que se promueva, ya que es un medio extraordinario de defensa y únicamente procede contra actos definitivos, esto es, respecto de aquellos actos o resoluciones que ya no puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas por algún recurso o medio de defensa legal ordinario. Por ello, si en la ley que rige el acto reclamado existe un recurso o medio ordinario de defensa, conforme al cual, pueda ser modificado, revocado o nulificado, el quejoso estará obligado a agotarlo, previo a acudir a la instancia constitucional. Ahora, del análisis conjunto de los artículos 172 a 175 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, se obtiene que el recurso de apelación contra las resoluciones del juzgado de control se interpondrá por escrito ante la misma autoridad que dictó la resolución, dentro de los cinco días contados a partir de aquel en que surta efectos la notificación si se tratare de auto o cualquier otra providencia, y de siete días, si fuera sentencia definitiva y, además, la apelación contra el sobreseimiento dictado por el tribunal de juicio oral se interpondrá ante el mismo tribunal dentro de los cinco días siguientes a su notificación, y contra las sentencias definitivas dictadas por el tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el tribunal que conoció del juicio, dentro de los quince días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, mediante escrito, en el que se precisarán las disposiciones violadas y los motivos de agravio correspondientes. Por su parte, el artículo 168 de la ley para adolescentes mencionada establece que las resoluciones judiciales podrán recurrirse sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la propia legislación; además de que el derecho de recurrir corresponderá sólo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la resolución, y que sólo se admitirán los recursos de revocación y apelación, según corresponda. En este sentido, el artículo 459 del Código Nacional señalado prevé que la víctima u ofendido, aunque no se haya constituido como coadyuvante, podrá impugnar por sí o por medio del Ministerio Público, entre otras resoluciones, las que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, cuando estime que hubiere resultado perjudicado por la misma; por tanto, en términos de los artículos 168 y 172 de la ley para adolescentes invocada, en relación con el diverso artículo 459 referido, se concluye que contra la sentencia emitida en el sistema previsto en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, procede el recurso de apelación, el cual debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo, ya que, de no ser así, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, indicado." Asimismo, son aplicables y orientadoras, por analogía y por identidad de razones, las tesis, jurisprudencial y aisladas siguientes: "AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL OFENDIDO CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO, EN LO RELATIVO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, CUANDO AQUÉLLA CONFIRMÓ LO RESUELTO POR EL JUEZ NATURAL, Y SÓLO EL MINISTERIO PÚBLICO INTERPUSO EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE NUEVO LEÓN).- Cuando el juzgador de primera instancia dicta sentencia condenatoria al considerar comprobados el delito y la responsabilidad penal del inculpado, pero en lo relativo a la reparación del daño resuelve absolverlo, ello se traduce en un agravio a la víctima impugnable mediante el recurso de apelación, independientemente de que también lo haga el Ministerio Público, pues ambos gozan de legitimación para ese efecto, y en tanto que las obligaciones constitucionales conferidas al representante social no excluyen las prerrogativas y derechos otorgados al ofendido, quien también debe agotar sus medios de defensa. Así, en caso de que sólo el Ministerio Público interponga el recurso de apelación, y la ejecutoria de segundo grado confirme lo relativo a la reparación del daño, se concluye que el juicio de amparo directo promovido por el ofendido contra esta última resolución es improcedente en términos del artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, porque dicho acto reclamado es la consecuencia de un acto consentido, pues la falta de impugnación constituye la manifestación de voluntad no subsanable por el hecho de que la sentencia de primera instancia haya sido apelada por la autoridad ministerial." "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA CUANDO LA VÍCTIMA DEL DELITO LO PROMUEVE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO DICTADO AL IMPUTADO, SI OMITIÓ INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN Y SÓLO LO HIZO EL MINISTERIO PÚBLICO -LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS ABROGADA- (APLICACIÓN POR ANALOGÍA E IDENTIDAD DE RAZÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 92/2010). Hechos: Al resolver el recurso de apelación interpuesto sólo por el Ministerio Público contra el auto de no vinculación a proceso dictado al imputado, la Sala determinó confirmar la sentencia recurrida y en su contra la víctima del delito promovió juicio de amparo indirecto, el cual se declaró improcedente, al estimarse actualizada la causa prevista en el artículo 61, fracción XIII, en relación con los diversos 63, fracción V y 217, todos de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado es consecuencia de otro consentido. Ello, en virtud de que la quejosa, previamente a instar la acción constitucional, debió interponer el recurso de apelación previsto en el artículo 467, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de contenido similar al artículo 450, fracción V, del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas (abrogado), el cual debió aplicarse en el caso particular, en atención a la fecha en que ocurrieron los hechos delictivos. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el juicio de amparo indirecto promovido por la víctima del delito contra la resolución que confirma el auto de no vinculación a proceso dictado al imputado es improcedente, si omitió interponer en su contra el recurso de apelación previsto en el artículo 450, fracción V, del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas (abrogado) y sólo lo hizo el Ministerio Público. Justificación: Lo anterior, porque de una interpretación armónica y sistemática de los artículos 116, 151, 437 y 450 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas (abrogado), la víctima está legitimada para impugnar el auto de no vinculación a proceso emitido por el Juez de Control, en la inteligencia de que si bien al Ministerio Público le corresponde el monopolio de la persecución e investigación de los delitos, lo que implica que es el único órgano competente para formular e impulsar la acusación delictiva, per se, ello no significa que la propia víctima no pueda coadyuvar en el proceso, así como impugnar las resoluciones respectivas. Además, de conformidad con los artículos 5o., 107 y 170 de la Ley de Amparo, es válido estimar que ésta no faculta al Ministerio Público para que promueva el juicio de amparo indirecto en favor de la víctima, situación que reafirma el hecho de que es el titular de la acción persecutoria y representante social, pero no sustituye a la víctima. Consecuentemente, para impugnar la legalidad de un auto de no vinculación a proceso, la víctima del delito sí está obligada a interponer el recurso de apelación previsto en el artículo 450, fracción V, mencionado (de texto análogo al artículo 467, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales), previamente a promover el juicio de amparo indirecto, en atención a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 92/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable por analogía e identidad de razón, de rubro: "AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL OFENDIDO CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO, EN LO RELATIVO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, CUANDO AQUÉLLA CONFIRMÓ LO RESUELTO POR EL JUEZ NATURAL, Y SÓLO EL MINISTERIO PÚBLICO INTERPUSO EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE NUEVO LEÓN)."" "ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO. LO CONSTITUYE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA QUE CONFIRMA LA NEGATIVA DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN, SI SE NOTIFICÓ A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO EL DERECHO Y PLAZO CON QUE CONTABA PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN DE PRIMER GRADO Y NO LO HIZO VALER, Y SÓLO APELÓ EL MINISTERIO PÚBLICO [INAPLICABILIDAD DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 80/2015 (10a.) Y 1a./J. 81/2015 (10a.)].- De las tesis de jurisprudencia 1a./J. 80/2015 (10a.) y 1a./J. 81/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de títulos y subtítulos: "VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. NO LE ES EXIGIBLE AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, CUANDO LAS NORMAS ADJETIVAS NO LO LEGITIMAN PARA INTERPONER EL MEDIO ORDINARIO DE IMPUGNACIÓN." y "VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. ESTÁ FACULTADO PARA IMPUGNAR LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA A TRAVÉS DEL RECURSO DE APELACIÓN O DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, SIN QUE ESTÉ OBLIGADO A AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD CUANDO LAS NORMAS PROCESALES NO LO LEGITIMEN PARA INTERPONER LA APELACIÓN.", se advierte que el criterio relativo a que es optativo para la víctima u ofendido del delito, elegir si interpone el recurso ordinario o acudir al juicio de amparo, se hace depender de la restricción que impone la codificación procesal de no reconocerles legitimación para interponer el medio de impugnación ordinario, puntualizando que, en ese supuesto, no le será exigible agotar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, en consonancia con los derechos constitucionales de acceso a la justicia y equidad procesal que deben prevalecer entre los sujetos activos y pasivos en el proceso penal de origen, en atención a las consecuencias legales producidas por la comisión de delitos. Criterio que es inaplicable en aquellos asuntos en donde el Juez penal, al dictar la resolución que niega la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público investigador, ordenó hacer del conocimiento de la víctima u ofendido del delito su derecho a interponer el recurso de apelación, y que para ello contaba con cinco días, a partir del día siguiente al en que le surtiera efectos su notificación, pues con esto se le reconoce la legitimación para hacer valer dicho medio de impugnación y se le hace saber el plazo legal con que cuenta para ello, otorgando de esta forma, certeza jurídica sobre el derecho procesal que le asiste en ese sentido. En estas condiciones, el hecho de que decidiera no ejercer esta prerrogativa, y que sólo apelara el Ministerio Público, implica su consentimiento con la resolución de primer grado que negó el libramiento de la orden de aprehensión y que, al haber sido confirmada en sus términos por el tribunal de alzada, implica que el acto reclamado deriva de otro consentido, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo." "JUICIO DE AMPARO DIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE CONFIRMA EL SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA PENAL. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR LA VÍCTIMA DEL DELITO, SI SÓLO EL MINISTERIO PÚBLICO APELÓ EL FALLO PRIMIGENIO, AUN CUANDO AQUÉLLA HAYA INTERPUESTO APELACIÓN ADHESIVA, PUES ÉSTA NO CONSTITUYE UN RECURSO AUTÓNOMO.- Hechos: En un proceso penal el Juez de la causa decretó el sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria en favor del imputado; el Ministerio Público apeló la resolución y la víctima se adhirió a la misma; resolución que fue confirmada en segunda instancia, contra la cual la víctima del delito presentó demanda de amparo directo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el juicio de amparo directo promovido por la víctima del delito contra la resolución de segunda instancia que confirma el sobreseimiento en la causa penal es improcedente, si sólo el Ministerio Público apeló el fallo primigenio, aun cuando aquélla haya interpuesto apelación adhesiva, pues ésta no constituye un recurso autónomo. Justificación: El artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de que la víctima u ofendido impugne las determinaciones que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, con independencia de que se haya o no constituido en coadyuvante del Ministerio Público. Precepto que lo legitima para apelar la sentencia de primer grado, a fin de que el órgano de segunda instancia estudie su legalidad, con el propósito de que la confirme, revoque o modifique, lo que favorece a sus derechos fundamentales, porque se le posibilita reclamar la correcta aplicación de la ley a través del citado medio de defensa. Por tanto, el recurso de apelación debió ser agotado previamente a la interposición del juicio de amparo, atento al principio de definitividad que, entre otros, rige en el juicio constitucional; omisión que, irremediablemente, actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y conduce al sobreseimiento, en términos del diverso 63, fracción V, de la propia ley; sin que constituya obstáculo que la víctima u ofendido interpusiera el recurso de apelación adhesiva, porque éste no es un medio de defensa autónomo, sino secundario o derivado, pues el derecho a adherirse sólo surge cuando alguna de las otras partes ha interpuesto previamente el recurso de apelación ordinario, como lo prevé el artículo 473 del Código Nacional de Procedimientos Penales." "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 217, PÁRRAFO PRIMERO, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, SI LO INTERPONE EL OFENDIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE CONFIRMA LA SENTENCIA QUE ABSUELVE AL ACUSADO, SIN HABERLA RECURRIDO E, INCLUSIVE, HABER MANIFESTADO EXPRESAMENTE SU DESEO DE NO INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN Y SÓLO HABERLO HECHO EL MINISTERIO PÚBLICO [INAPLICABILIDAD DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 80/2015 (10a.) Y 1a./J. 81/2015 (10a.)]. Hechos: Dentro de una causa penal, el Juez de primera instancia, mediante sentencia definitiva, absolvió a los acusados de la comisión del delito imputado y, para tal efecto, se notificó tanto al ofendido como al Ministerio Público, haciéndoles saber que contra esa resolución procedía el recurso de apelación y que disponían del plazo de cinco días hábiles para recurrirla. Siendo que el ofendido compareció ante el juzgado, y señaló su deseo de no apelar dicha determinación, en tanto que el Ministerio Público sí la impugnó. Derivado de ello, al resolver el tribunal de segunda instancia, confirmó la resolución de primera instancia. Inconforme con esta determinación, el ofendido interpuso el juicio de amparo directo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si el ofendido del delito interpone el juicio de amparo directo contra la resolución del tribunal de alzada que confirma la sentencia que absuelve al acusado, sin haberla recurrido e, inclusive, haber manifestado expresamente su deseo de no interponer el recurso de apelación y sólo haberlo hecho el Ministerio Público, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo. Justificación: Al ordenar el Juez del proceso la notificación a la parte ofendida de la resolución que absuelve al acusado del delito imputado, y señalarle el derecho que tiene para interponer el recurso de apelación, así como el término legal para ello, y decide no ejercer esta prerrogativa, y que sólo apelara el Ministerio Público, implica su consentimiento con la sentencia de primera instancia y al haber sido confirmada en sus términos por el tribunal de alzada, entonces el acto reclamado deriva de otro consentido. Sin que al respecto sean aplicables las tesis de jurisprudencia 1a./J. 80/2015 (10a.) y 1a./J. 81/2015 (10a.), pues el criterio relativo a que es optativo para la víctima u ofendido del delito elegir si interpone el recurso ordinario o acudir, desde luego, al juicio de amparo, se hace depender de la restricción que impone la codificación procesal penal de no reconocerles legitimación para interponer el medio de impugnación ordinario; sin embargo, en el caso no se está en ese supuesto."." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa, por el plazo de tres días, para que manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia advertida de oficio por el magistrado ponente y puesta a consideración del Pleno de este Tribunal Colegiado. Por otra parte y sin necesidad de un nuevo acuerdo, una vez que transcurra dicho plazo, devuélvase el presente expediente a la ponencia de origen para que se dé cuenta al pleno.
- Amparo en revisión
Agréguese a los autos el oficio 23587/2023, firmado electrónicamente por el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, según la evidencia criptográfica, mediante el cual acusa recibo del similar, por el que se remitió testimonio de la ejecutoria dictada en el presente asunto. Toda vez que en la ejecutoria dictada, se confirmó la resolución impugnada y se concedió la suspensión definitiva a la parte quejosa, archívese el expediente y es CONSERVABLE.
- Amparo en revisión
PRIMERO. Se confirma la resolución impugnada. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por el quejoso ***, contra el acto que reclamó de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, para los efectos precisados en el considerando cuarto de la interlocutoria recurrida.
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