Luis Odín Medellín Martínez
Expediente 1957/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1957/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/12/2021
Partes del expediente
- Luis Odín Medellín Martínez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial a que se refiere la razón de cuenta que antecede, de la cual se advierte que la parte quejosa no se inconformó contra el auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno, que tuvo por desechada la demanda origen de este juicio; en tales condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme; en consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención a que fue desechado y carece de relevancia documental e histórica...
- Principal
Del estado procesal se advierte que en diligencia de esta fecha se tuvo al perito oficial ****, designado por este juzgado, ratificando el dictamen de rectificación que emitió en este asunto. En esas condiciones, dese vista a las partes con el dictamen pericial de rectificación, a fin de que puedan imponerse de su contenido.
- Principal
I. Creación del expediente. Con la demanda de amparo a que se refiere la razón de cuenta que antecede, que promueve ****, por su propio derecho y como propietario de la ***, contra actos atribuidos a la Dirección de Escuelas Particulares y otra autoridad; por considerarlos violatorios de los derechos consagrados en los artículos 3°, 8°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente y regístrese bajo el número ****/2021-III. II. Decisión sobre la procedencia de la demanda. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, es preciso mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que ésta se examine y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Así, de su análisis, se tiene que, el acto reclamado consisten, en... Actos que aduce la promovente resulta violatorio de los artículos 3°, 8°, 14 y 17 constitucional, pues vulnera sus derechos a la educación, petición, audiencia e impartición de justicia y expedita dentro de los términos establecidos en la ley causándole perjuicio. Así, del análisis de la demanda se tiene que el quejoso reclama lo siguiente... Ahora, respecto al citado acto reclamado, se considera que la demanda de amparo origen de este juicio, es notoriamente improcedente, de conformidad con en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que se deseche de plano. El mencionado numeral, dispone... De conformidad con el precepto legal en cita, para que la demanda de amparo se torne improcedente, se deben reunir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea emitido por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; en el caso, por autoridades administrativas; b) Dicho acto reclamado deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal; c) Que a través de dicho medio de defensa legal, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado; d) La norma que regula el recurso, juicio o medio de defensa legal, permita suspender los efectos del acto reclamado; e) Para la procedencia de la suspensión, el mencionado recurso, juicio o medio de defensa legal, no exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido; y, f) Por último, que no exista excepción al principio de definitividad. En el caso, como se dijo anteriormente, el quejoso reclamó en la demanda de amparo, el oficio ****, de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, firmado por la Directora de Escuelas Particulares, de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla, mediante el cual le informan una visita de vigilancia a su negociación "****". En ese orden, se puede concluir que la demanda de amparo es improcedente, al acreditarse el requisito señalado en el inciso a), debido a que el acto reclamado fue emitido por autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; esto es, por la Directora de Escuelas Particulares, de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla. El requisito indicado en el inciso b), también se cumple, ya que debe ser revisado de oficio, conforme a las leyes que los rijan, a través del juicio, recurso o medio de defensa legal; pues contra aquél procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, según lo dispone su artículo 4, Apartado A, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. Dicho numeral dispone... En ese sentido, es evidente que también el requisito señalado en el inciso c), se acredita, pues como se precisó anteriormente, a través del procedimiento contencioso administrativo del que conoce el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado. Luego, en cuanto al inciso d), consistente en que la norma que regula el recurso, juicio o medio de defensa legal, permita suspender los efectos del acto reclamado; también se colma, habida cuenta que en el Título Segundo, Capítulo VIII denominado de las medidas cautelares, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, se tiene que en su artículo 50, párrafo segundo, en relación con el 55, se prevé la suspensión de la ejecución de los actos reclamados. Por consiguiente, el inciso e), en que se precisó que para la procedencia de la suspensión, el mencionado recurso, juicio o medio de defensa legal, no exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido; es evidente que se cumple; para corroborar esta consideración, es necesario realizar un comparativo... De ello, se puede advertir que el artículo 55 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, prevé en esencia los mismos requisitos que la Ley de Amparo para la procedencia y otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados; incluso, es de contenido similar al numeral 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo... Por último, el inciso f), se colma, debido a que, en el caso, no existe excepción al principio de definitividad. Es así, debido a que el quejoso no es extraño al procedimiento de donde derivan los actos reclamados, al ser el promovente del recurso administrativo de revisión. Tampoco se puede considerar que el acto reclamado es de imposible reparación, pues en este supuesto, no opera la excepción al principio de definitividad, ya que ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. Esto es, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Entonces, no basta que el acto reclamado sea de imposible reparación, pues existe la obligación del quejoso en agotar el medio ordinario de defensa, en el caso, el procedimiento contencioso administrativo, que resulta ser el eficaz para modificar o revocar el auto impugnado... En otro aspecto, en el caso, no se alegaron exclusivamente violaciones directas a la Constitución, para la procedencia de la demanda de amparo. En efecto, si bien puede promoverse en forma inmediata el juicio de amparo, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; empero, esa situación sólo acontece cuando se plantean exclusivamente ese tipo de violaciones, no así cuando el estudio de constitucionalidad del acto reclamado, depende del análisis previo de su aspecto de legalidad. En ese sentido, si el estudio de constitucionalidad del acto reclamado depende del análisis previo de su aspecto de legalidad, evidentemente no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque entonces sí es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación de la resolución que estima violatoria de sus derechos reconocidos en la Carta Magna, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo el quejoso puede alegar los vicios de legalidad que ostenta la resolución o acto impugnado, lo que equivale a plantear las denominadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, es sólo determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, correspondiendo inicialmente a la autoridad ordinaria al resolver el recurso o juicio, y en forma mediata competerá al Juez de Distrito. Sin que se pase por alto, que la autoridad ordinaria no pueda analizar la constitucionalidad del acto controvertido, porque al fallarse el recurso ordinario, si estimara fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto controvertido quedaría sin efecto y resultaría por tanto innecesario que se estudiara su aspecto de constitucionalidad. Sostener un criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de amparo, haciendo nugatorio el principio de definitividad que consagra el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución Federal, para hacer procedente la acción constitucional... Señala además que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Sin embargo, la indebida fundamentación no constituye una excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo; pues de la lectura del oficio SEP-2.0.15-DEP/1097/2021 se fundamenta en los artículos 3°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1°, 5°, 154, 155, 158 y 161 de la Ley General de Educación Federal; y artículos 1°, 7°, 12, 20 fracción III y IV, 22 fracción I de la Ley de Educación del Estado de Puebla; por lo que no se actualizaría una hipótesis de excepción. Además, tampoco el recurso o medio de defensa para combatir los actos reclamados, se encuentra previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; sino que, como se indicó anteriormente, el procedimiento contencioso administrativo que el quejoso tiene a su alcance para combatir los actos reclamados, se encuentra previsto en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla... En consecuencia, al no actualizarse la excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, debe acudirse al procedimiento contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, por lo que resulta improcedente la demanda de amparo indirecto origen de este juicio, ante lo cual, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 61, fracción XX, de la misma legislación, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente. Además, esta determinación obedece a la prontitud y expedites que impone el artículo 17 Constitucional, pues aun cuando se llegara a admitir la demanda y se tramitara el presente juicio, no podría dejarse de observar las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto; aunado a que desde el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, en que entró el vigor la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, el Tribunal de Justicia Administrativa de esta entidad, tiene competencia para conocer del acto reclamado analizado en la demanda, lo cual redunda en el acceso a la justicia a que tiene derecho el peticionario del amparo. V. Domicilio y autorizado. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en la demanda, por autorizado en términos restringidos del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que señala por así haberlo solicitado de manera expresa. De conformidad con lo dispuesto en la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al quejoso a través de sus autorizados, a imponerse de los acuerdos y resoluciones dictadas en este asunto, mediante el uso de aparatos como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, previa constancia que al efecto se deje en autos; lo anterior para los efectos legales procedentes. VI. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los Actuarios Judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 21 de la Ley de Amparo; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. VII. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, así como 3 fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se comisiona al Secretario que integre la presente en el expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 2, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, se ordena al Secretario, a los Oficiales Administrativos correspondientes de mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a su debida integración del expediente impreso a más tardar el quince de octubre de dos mil veinte. En el entendido que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las cuáles son: Copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan; copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Sin embargo, es criterio de esta juzgadora que se digitalicen las pruebas, poderes, valores, garantías diversas así como las constancias que sirvan de justificación al acto reclamado remitidas por las autoridades responsables, para el efecto de una debida integración del expediente electrónico. VIII. Protección de datos personales. Conforme lo dispuesto en los artículos 9, 11, fracción VI, 113, fracciones I y III, y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; hágase saber a las partes que los datos considerados como confidenciales habrán de salvaguardarse en cualquier caso, a efecto de evitar su publicidad.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 14,986 expedientes
- Luis Miguel Jiménez Jiménez y Otros.1348/2015
- Luis Miguel Nieto García1306/2022
- Luis Miguel Salinas Espejel y Otros.2198/2016
- Luis Morales Mogollán y Otros.363/2016
- Luis Morales Mogollan y Otros.619/2017
- Luis Muñoz González y Otros.804/2017
- Luis Patricio Acevedo y Cortes428/2020
- Luis Pedro Cuevas Martínez y Otros.795/2019
- Luis Pérez de Jesús236/2021
- Luis Pérez Flores y Otros.2390/2015
- Luis Raúl Beltrán Sánchez y Otros.1496/2017
- Luis Raúl Beltrán Sánchez950/2020