Luis Octavio Guzmán Ibañez
Expediente 1151/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 29 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1151/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 29/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Luis Octavio Guzmán Ibañez
Actuaciones
- Incidental
Ciudad de México, veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés. Apertura. Como está ordenado en el cuaderno principal, con copias simples de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, en términos del artículo 125 y 128 de la Ley de Amparo, tramítese en un solo cuaderno el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1151/2023-I, promovido por Luis Octavio Guzmán Ibáñez, contra actos del Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número Seis, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Antonio Cortés Mayorga, consistente en: La resolución emitida en audiencia de veinte de diciembre de dos mil veintitrés, mediante la cual se resolvió imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada dentro de la causa penal TE006/379/2023. Informe previo. Con apoyo en lo dispuesto en los ordinales los artículos 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable informe previo, que deberá rendir en el plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS, para tal efecto envíese copia simple de la demanda de amparo, pudiendo agregar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir informe previo o de hacerlo extemporáneamente, se les impondrá multa de ciento veinte días de unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el ordinal 260, fracción I, de la ley de la materia. A fin de contar con los elementos necesarios para estar en aptitud de resolver proveer la suspensión definitiva en el presente incidente, se requiere a la autoridad responsable para que al rendir informe previo, precise el delito por el cual se encuentra sujeto a proceso el quejoso, así como la calidad que ostenta en dicho procedimiento en relación con ese hecho y, además, remita copia certificada del audio y video relativos a la audiencia de revisión de medida cautelar celebrada el veinte de diciembre de dos mil veintitrés; lo anterior a efecto de que esta juzgadora advierta los presupuestos materiales relacionados con la existencia del hecho ilícito que se relaciona con el quejoso (deben de estar fundados y expresados con base en hechos específicos) y la calidad que ostenta el amparista en relación con ese hecho. Apercibido que de no hacerlo o no informar las razones que se lo impidan en el término concedido, se le impondrá multa equivalente a ciento veinte unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 260, fracción II, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 363, publicada en la página 309, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Audiencia incidental. Se fijan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL OCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para la celebración de la audiencia incidental. Tramite de suspensión. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, la suspensión se decretará cuando lo solicite el agraviado; que con su otorgamiento no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Efectos de la suspensión. En esta tesitura, dado que el acto reclamado es la resolución de veinte de diciembre de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal TE006/379/2023, en que se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, con fundamento en los artículos 138, 147, 163 y 166, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL a Luis Octavio Guzmán Ibáñez, para que quede a disposición de este juzgado por lo que hace a su libertad en el penal en que se encuentra interno, y a disposición de la autoridad judicial responsable, por lo que hace a la continuación del procedimiento, hasta en tanto se emita la suspensión definitiva en el presente incidente. No se soslaya que el quejoso solicita la suspensión con efectos restitutorios para el efecto de que se ordene a la autoridad judicial responsable que ponga en libertad al quejoso; sin embargo, no es procedente conceder la suspensión provisional en los términos solicitados, porque si bien es cierto que al proveer sobre la medida suspensional el órgano de amparo debe hacer un análisis de ponderación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora frente al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, analizando caso por caso, conforme a los artículos 107, fracción x, constitucional, 138 y 147 de la ley de amparo, también es cierto que, hasta este momento procesal, no se cuenta con elementos objetivos para analizar el cumplimiento de esos tópicos, pues para ello es necesario contar con la información que proporcione la autoridad judicial responsable en su informe previo. Como establece la jurisprudencia PR.P.CN. J/11 P (11a.), sustentada por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con Residencia en la Ciudad de México, visible con registro digital 2026999, materia común, penal, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. AL PROVEER SOBRE LA MEDIDA SUSPENSIONAL, EL ÓRGANO DE AMPARO NO DEBE LIMITARSE AL EFECTO PRECISADO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBE HACER UN ANÁLISIS DE PONDERACIÓN DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA FRENTE AL INTERÉS SOCIAL Y LA NO CONTRAVENCIÓN DE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO, ANALIZANDO CASO POR CASO, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL, 138 Y 147 DE LA LEY DE AMPARO." Domicilio. Con fundamento en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme con lo establecido en el artículo 2°, se tiene como domicilio para recibir notificaciones el indicado. En relación con el correo electrónico que proporciona, no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que la Ley de Amparo no lo considera como medio de notificación, por lo que únicamente se tiene como medio de contacto con este juzgado. Autorización de medios electrónicos. Se autoriza la utilización de medios electrónicos para la consulta y reproducción de los acuerdos que se dicten en el presente expediente, salvo que se trate de información reservada o clasificada como sigilo. Es aplicable al respecto la tesis I.3o.C.725 C, publicada en la página 2847, tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Expediente electrónico. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, procédase a la autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que pueda consultar, promover y acceder al expediente electrónico con el usuario "ANGELBD", mediante el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Autorizados. En términos de lo dispuesto en el numeral 12 de la Ley de Amparo, se tiene autorizado en términos amplios a Ángel Balderas Delgado, toda vez que su cédula profesional está inscrita en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Actuaría. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el adecuado despacho de los asuntos se habilita al actuario judicial adscrito, para que en su caso, en días y horas inhábiles realice las notificaciones personales que deriven del presente juicio de amparo. Se requiere al actuario judicial, para que en caso de no existir la autoridad responsable con la denominación que se precisa, investigue la correcta y asiente la razón correspondiente, para acordar lo que en derecho corresponda. Juicio en línea. Se exhorta a las partes para que, actúen en el presente expediente en la modalidad de "JUICIO EN LÍNEA" en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós. Transparencia. En términos de los numerales 1, 3, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución que se dicte en este juicio de amparo constituye información pública y considerando que puede contener información reservada o confidencial, en términos de los artículos 110 y 113 de la citada legislación, se elaborará una versión pública de ella. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma Jovita Vargas Alarcón, Jueza Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ante el Secretario Mario Francisco Pedrosa Martínez, que da fe. Doy fe.
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