Luis Octavio Cotero Ortiz
Expediente 447/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 447/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/06/2021
Partes del expediente
- Luis Octavio Cotero Ortiz
- Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Estado de autos. Del análisis de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que en proveído de seis de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por no presentada la demanda que originó el presente expediente, por los motivos que ahí se mencionan. Causa estado. Consecuentemente, toda vez que de las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos del cuerpo de leyes aplicable, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de seis de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia. Orden de archivo. Asimismo, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, este asunto con fundamento en el canon 196 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. IV. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente asunto se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, toda vez que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que trascurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. V. Devolución de documentos. Por otra parte, toda vez que resulta innecesario que permanezcan en este juzgado los documentos exhibidos por la parte quejosa, se le requiere para que acuda a este Juzgado de Distrito a recogerlos dentro del plazo de diez días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Apercibido que de no acudir por éstos, en el plazo indicado, serán destruidos, sin necesidad de ulterior acuerdo. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así lo establecen los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el entendido de que deberá generar cita para la entrega de dichos documentos. En razón de que, en sesión extraordinaria de veintiocho de julio del año en curso, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal autorizó el Acuerdo General 21/2020, se determinó la reanudación de plazos y el regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 2019, estableciendo como data para ello el tres de agosto de dos mil veinte. En este último Acuerdo, en la fracción VII, del artículo 2º, del Capítulo I, se determinó la reanudación de plazos y términos procesales, dado que precisa que si bien fue a partir del tres de agosto pasado, en el que se reanudaron los plazos procesales; empero será a partir del diez de agosto en el que el personal retorne las labores presenciales, de ahí que para la consulta de expedientes y otras actividades presenciales de los justiciables, será por medio de cita programada. Por su parte, el diverso numeral 3, dispone que estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Aunado, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. En las apuntadas condiciones, la parte quejosa, se encuentra en aptitud de ingresar al sistema correspondiente y agendar su cita dentro del horario establecido, a efecto de que genere su Código QR a la persona que para tal efecto propone, a fin de que comparezca al juzgado a recibir los documentos. Notifíquese.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA DE CITATORIO: De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de Abril de dos mil trece, se publica por lista en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación a la parte tercero interesado Julio César Pérez Negrete, el contenido del acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, mismo que en síntesis dice:" Zapopan, Jalisco, a veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Se realiza pronunciamiento en relación con el cumplimiento. Vista la certificación de cuenta, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que del testimonio relativo a la sentencia recaída a la revisión principal número 48/2020, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, resolvió: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el presente juicio de amparo únicamente en lo relativo al auto de diecinueve de abril de dos mil diecinueve, a través del cual se ordenó girar oficio al Notario Público con el fin de que escriture el bien inmueble a favor del actor -ahora tercero interesado-. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Eleazar Calderón Estrada y Juana Abundis Cruz, contra el acto que reclama del Juez Séptimo de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco consistente en el auto de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual la Juez Civil no admitió el recurso de revocación interpuesto por los hoy recurrentes, contra el diverso de diecisiete de abril del mismo año, en el cual consideró insuficiente el contrato de compraventa que éstos exhibieron, para detener la ejecución de la sentencia. CUARTO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Eleazar Calderón Estrada y Juana Abundis Cruz, contra los actos consistentes en el auto de diecisiete de abril de dos mil diecinueve y el auto de veinticinco de abril de dos mil diecinueve donde se ordenó el desalojo que reclama del Juez Séptimo de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, dictado en el Juicio Civil Ordinario 1076/2012, así como su ejecución veintisiete de abril de dos mil diecinueve". Ahora bien los efectos para los cuales la Superioridad concedió el fallo protector son los siguientes: ".Deje insubsistente los autos de diecisiete de abril de dos mil diecinueve y auto de veinticinco de abril de dos mil diecinueve donde se ordenó el desalojo y su ejecución de veintisiete del mismo mes y año; Conforme al estudio realizado en este fallo deje intocado todo aquello que no fue motivo de la concesión de amparo; y omita reiterar las consideraciones estimadas ilegales en esta ejecutoria. Hecho lo anterior, y con libertad de jurisdicción, emita un nuevo fallo." Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante los comunicados 237/2021 y 240/2021, la autoridad responsable Juez Séptimo de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, remitió copia certificada del auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, correspondiente al juicio civil ordinario 1076/2012, el índice de dicho juzgado, del que se desprende que en acatamiento a los efectos señalados en la sentencia recaída al recurso de revisión principal 48/2020, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, dejó insubsistentes los proveídos de diecisiete y veinticinco de abril de dos mil diecinueve. Esto a fin de acordar tener como atendibles las manifestaciones del abogado patrono de los aquí incoantes, a quienes les reconoció el carácter de terceros extraños al juicio; también, manifestó encontrarse impedida material y jurídicamente para ordenar el desalojo del inmueble materia en el presente juicio de amparo, esto en atención de que a consideración de la responsable se da un conflicto de derechos. También, acordó admitir el recurso de revocación, interpuesto por el abogado patrono del aquí tercero interesado contra el auto de tres de marzo de dos mil diecinueve, el cual resolvió no revocar el auto impugnado. Asimismo, ordenó restituir a los quejosos de la posesión del inmueble controvertido, por lo que señaló fecha y hora a fin de que las partes comparecieran a realizar voluntariamente la entrega del bien inmueble. Por el diverso oficio 331/2021, la Juez Séptimo del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, remitió copia certificada de la constancia de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 1076/2012, del índice del jugado de referencia, de la cual se desprende que señaló diversa fecha y hora para que tuviera verificativo la diligencia de entrega de posesión. La autoridad responsable mediante comunicado 453/2021, remitió copia certificada de la diligencia de restitución de la posesión del bien inmueble a los aquí quejosos, de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, en la que se observa que se encontraban en la finca marcada con el número 2303, de la calle Monte Everest, Colonia Belisario Domínguez, en Guadalajara, Jalisco, inmueble objeto de la restitución y el mismo se recibió material y jurídicamente por los incoantes. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que atendió los lineamientos del fallo protector, esto es, del auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, correspondiente al juicio civil ordinario 1076/2012, el índice de dicho juzgado, del que se desprende que en acatamiento a los efectos señalados en la sentencia recaída al recurso de revisión principal 48/2020, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, dejó insubsistentes los proveídos de diecisiete y veinticinco de abril de dos mil diecinueve y con plenitud de jurisdicción resolvió sin reiterar las consideraciones que la superioridad calificó de ilegales. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Orden de destrucción del original del incidente de suspensión. Procederse a la destrucción del original del incidente, en razón de haberse negado tanto la suspensión provisional como la definitiva, esto en términos de la fracción III del mencionado punto. Por ende, glósese provisionalmente el original del cuaderno incidental. Destrucción de duplicado del incidente. En atención al punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; en virtud que resulta ociosa su glosa a los autos del juicio en que se actúa, remítase al legajo correspondiente. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de cuaderno de prueba. Por permitirlo el estado procesal de los autos, devuélvansele al Juez Séptimo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, los cuadernos de pruebas consistentes en seis tomos. Devolución de documentos. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que permanezcan en este juzgado los documentos exhibidos por las partes que así lo hicieron, los cuales se encuentran glosados, se les requiere para que acudan a este Juzgado de Distrito a recoger dichos documentos, dentro del plazo de diez días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se les practique. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así se establece en los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Apercibidos que de no acudir por estos, en el plazo indicado, podrán ser depurados junto con el expediente, sin ulterior acuerdo. Notifíquese; y personalmente a las partes quejosa y tercero interesado.
- Principal
Zapopan, Jalisco, once de mayo de dos mil veintiuno. Se realiza pronunciamiento en relación con el cumplimiento. Vista la certificación de cuenta, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el diez de febrero de dos mil veinte, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí parte quejosa, en los siguientes términos: "SEXTO. Efectos del fallo protector. Con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Rosa Aguilar Uribe, para los siguientes efectos: 1) Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, de inmediato la autoridad responsable, deberá por escrito dar respuesta en forma completa y congruente a la petición realizada por la agraviada y resolver en términos del fin que persigue el numeral 8o Constitucional. 2) Notificar a la quejosa sin dilación, la respuesta que recayó a su petición. Sobre el particular, cabe citar la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala y la entonces Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto, se citan enseguida: "PETICION. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Registro: 206849, Tercera Sala, Tomo: IX, Abril de 1992. Tesis: 3a. XXXIV/92. Página: 81.)" Asimismo, resulta aplicable en lo conducente, la tesis XVI.1o.A.20 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, de datos de identificación, rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o. en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado." (Época: Décima Época, Registro: 2006825, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: XVI.1o.A.20 K (10a.), Página: 1672) Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por oficio comunicado acordado el diecisiete de marzo de dos mil veinte, la Jefa de Área de Registro "B" del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada de diversas constancias, entre las que destaca el oficio C-RAN-JAL/47/2020, de diez de marzo de dos mil veinte, en el que se dio respuesta al escrito presentado el once de septiembre de dos mil diecinueve, así como la constancia de imposibilidad que tuvo para para notificar a la parte quejosa dicha determinación, por lo que se le tuvo en vías de cumplimiento. Por ello, en dicho proveído se le requirió a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, remitiera copia certificada, legible y completa de la notificación que en su momento se realizará a la quejosa Rosa Aguilar Uribe. Luego, el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se proveyó el comunicado oficio DG-RANJAL/762/2020 que signa el Encargado Estatal del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de diecisiete de marzo del año en curso, remitió copia certificada de las constancias con las que acreditó las gestiones realizadas respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entre las cuales destaca la constancia de imposibilidad para notificar a la parte quejosa el oficio C-RAN-JAL/47/2020, de diez de marzo de dos mil veinte, en el que se dio respuesta al escrito presentado el once de septiembre de dos mil veinte. Del sumario se advierte que por autos de diez y veintitrés de noviembre, así como el catorce de diciembre de dos mil veinte y veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó notificar a la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional, el diverso acuerdo de trece de octubre pasado, en el que se le requirió por el cumplimiento del fallo protector, sin que pudiera ser entregado dicho comunicado. Fue hasta el ocho de marzo de dos mil veintiuno, en que se proveyó la constancia elaborada por el Auxiliar de Actuario de la Unidad de Notificadores Común a los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de la que se advirtieron los motivos por los cuales no fue posible entregar el oficio 17027/2020, relativo al acuerdo de trece de octubre pasado, dirigido a la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional, en virtud de que desde el día cuatro de agosto de dos mil veinte, el domicilio oficial de la autoridad mencionada, se encontraba cerrado, sin que hubiera información acerca de la reactivación. Finalmente, en auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el comunicado del Encargado Estatal del Registro Agrario Nacional en el Estado de Jalisco, mediante el cual, allegó copia certificada de diversas constancias, entre ellas, la constancia de remisión al correo electrónico proporcionado por la parte quejosa, ante la imposibilidad de poder llevar a cabo la notificación en el domicilio que había señalado para ello, de la resolución que fue acordada en este juzgado el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, en la que dio respuesta a la solicitud 14190015875, presentada el once de septiembre de dos mil diecinueve, dirigida al Registro Agrario Nacional, Delegación Jalisco. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que atendió los lineamientos del fallo protector, esto es, al haber dado respuesta congruente al escrito que la parte quejosa le presentó y haberlo hecho de su conocimiento. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que permanezcan en este juzgado los documentos exhibidos por la parte quejosa con su escrito inicial de demanda, los cuales se encuentran glosados, se le requiere para que acuda a este Juzgado de Distrito a recoger dichos documentos, dentro del plazo de diez días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así se establece en los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Apercibido que de no acudir por estos, en el plazo indicado, podrán ser depurados junto con el expediente, sin ulterior acuerdo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio 1400/2021/T-2241, signado por la Directora de Presupuesto y Egresos en funciones de Tesorera Municipal de Zapopan, mediante el cual solicita aclaración de la sentencia dictada en el presente asunto, argumentando que se hace mención en el contenido de la sentencia la desincorporación de la tasa al millar 0.23, siendo que esta estuvo vigente hasta el ejercicio fiscal dos mil diecinueve y no en el ejercicio dos mil veinte, por lo que peticiona a este juzgado de Distrito se haga una aclaración de sentencia. Supuesto de procedencia de aclaración de sentencia. El presupuesto es que exista una sentencia dictada en la audiencia constitucional, con defectos tales como: a) Falta de claridad, b) Ambigüedad, c) Oscuridad de las palabras, u d) Omisiones, que sean susceptibles de corregir se sin necesidad de variar el sentido del fallo sino respetándolo. Al respecto dice el tratadista Polo Bernal que es un: Error en lo material, que al decir de Carnelutti, es un traspié en la expresión, más que en la formación de la idea; y tal error se deduce del contraste manifiesto entre la fórmula (literaria) empleada y la idea. Se trata de impedir la incongruencia derivada de un error en la exteriorización del pensamiento del juez, en el momento de la formulación escrita de la sentencia y que se nota de su simple lectura. La finalidad es corregir a través de una aclaración, errores de incongruencia o insuficiencia de la sentencia. Esto significa no alterar la en lo sustancial, lo cual, es propio de los recursos que implican su modificación, revocación o sustitución. Sin que ello implique que la aclaración de sentencia tenga como objetivo que el órgano judicial, mutuo proprio corrija los defectos, irregularidades o incongruencias que aparezcan en las sentencias, al tenor de la facultad que tienen para regularizar y subsanar sus resoluciones, sin que se prejuzgue que sea el caso en este asunto. La justificación de este incidente radica en la facultad aclaratoria y de regularización prevista en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Requisitos de Procedencia. La existencia de un proveído o resolución con vicios de claridad, contradicción, ambigüedad u oscuridad de las cláusulas o palabras; aunados a la iniciativa del tribunal de enmendar tales deficiencias y, en su caso, la iniciativa de parte. Por tanto, es inconcuso que la petición que realiza no va enfocada a una corrección de error, ambigüedad u oscuridad, no obstante que la promovió dentro de los tres días a que alude el numeral 223 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, ya que de acceder a su petición de efectuar una aclaración de la sentencia pronunciada en este juicio de amparo, como lo pretende la responsable, no se cumple con los objetivos de dicha figura jurídica. Así las cosas, no ha lugar a acceder a la petición que formula. Se invoca como sustento a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y contenido siguiente: "ACLARACIÓN DE SENTENCIA POR ERRORES EN SU TEXTO. EN ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DEBE HACERSE CUANDO ALTEREN EL CONTENIDO DE PRECEPTOS APLICADOS O DE OTROS ELEMENTOS DE IMPORTANCIA. Cuando se advierta que en una sentencia se transcribieron diversas normas jurídicas para sustentar sus razonamientos o algunos otros elementos con ese propósito, pero con errores en la reproducción, atendiendo a la publicación oficial que se hizo de dichas normas o de esos elementos, debe aclararse oficiosamente la resolución, a efecto de salvaguardar la garantía de seguridad jurídica de las partes mediante la cita correcta de los preceptos o elementos invocados en el fallo, sin que lo anterior proceda cuando las erratas en que se incurra, tanto por su cantidad como por su calidad, resulten irrelevantes, como pudieran ser los errores ortográficos o mecanográficos y la omisión o la transposición de letras o palabras, siempre y cuando no conviertan en confuso o ambiguo el texto, evitándose en esta forma caer en rigorismos excesivos que se apartan del objetivo de la institución de que se trata." De igual manera, se invoca el siguiente criterio: "ACLARACIÓN DE SENTENCIA. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR PARA SURTIR PLENOS EFECTOS JURÍDICOS (Interpretación del artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal). La verdadera aclaración de sentencia es la única apta para formar parte integrante de ésta y, por ende, para interrumpir los plazos para su eventual impugnación. La interpretación gramatical del artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal evidencia que la aclaración de sentencias requiere de tres factores, a saber: A) Legitimación. Puede hacerse oficiosamente por la autoridad jurisdiccional o a instancia de alguna de las partes. B) Temporalidad. Cuando es de oficio, debe realizarse dentro del día hábil siguiente al de la publicación de la resolución correspondiente, en tanto que, si es a petición de parte, ha de solicitarse dentro del día siguiente al de la notificación. C) Finalidad. Tiene el propósito de: -Aclarar algún concepto, subsanar alguna obscuridad o imprecisión; pero sin alterar la esencia de lo resuelto. -Suplir cualquier omisión sobre algún punto discutido en el litigio; pero sin cambiar la sustancia de lo decidido en el fallo. Cuando no se advierta cualquiera de tales factores debe concluirse, que no se está en presencia de una aclaración de sentencia, apta para surtir efectos como tal, incluido el de interrumpir los plazos para su impugnación ordinaria o extraordinaria." Requiere cumplimiento. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la nueva Ley de Amparo, en concordancia con el diverso tercero transitorio, requiérase al titular de la Tesorería Municipal de Zapopan, Jalisco, autoridad que está a cargo del cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos, para que en el término de cinco días computados legalmente, cumpla con la ejecutoria de amparo. Lo anterior, deberá acreditarlo con documentos fehacientes ante este órgano de control constitucional, o bien, informar las gestiones que se encuentra realizando para tal fin; ello, a efecto de calificar el cumplimiento a la sentencia de amparo. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tengan, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá al titular de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito legalmente competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 10,314 expedientes
- Luis Miguel Godínez Galicia911/2019
- Luis Miguel Marin Ceja144/2021
- Luis Miguel Marin Ceja1355/2022
- Luis Miguel Ramírez Rivera1891/2021
- Luis Miguel Ramírez Rivera2318/2023
- Luis Miguel Ramírez Rivera2190/2021
- Luis Oscar Cobian Esparza1039/2017
- Luis Padilla Flores2173/2023
- Luis Plutarco Mejía Lizardi748/2019
- Luis Plutarco Mejia Lizardi306/2016
- Luis Ramiro Cortes Orendain1370/2018
- Luis Ramiro Cortez Orendain1671/2020