Luis Norberto Cacho Pérez
Expediente 351/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 16 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 351/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 23/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Luis Norberto Cacho Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Se declara que la citada sentencia en la que se sobresee en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa de la SENTENCIA de fecha 25/octubre/2021, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el citatorio y/o aviso que se dejó en su domicilio. SENTENCIA cuyo contenido es: C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. (COMPETENCIA). Este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones IV y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que los actos reclamados se atribuyen a autoridades residentes dentro de la circunscripción territorial en que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. (ACTOS RECLAMADOS). Para delimitar adecuadamente la litis constitucional y dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en este considerando se fijarán los actos reclamados que se desprenden del análisis íntegro de la demanda y escritos que la aclaran, a fin de establecer la pretensión del quejoso. Lo anterior encuentra apoyo por identidad jurídica sustancial, en la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: «ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integral de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto». Pues bien, de la demanda que dio origen al presente asunto y escritos que la aclaran, se desprende que el peticionario del amparo señaló como actos reclamados, los siguientes: Del Presidente de la República, Cámaras de Diputados y Senadores, ambas del Congreso de la Unión, Secretaria de Gobernación y Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, en el respectivo ámbito de sus atribuciones: ? La elaboración, aprobación, promulgación y ejecución de los artículos 214 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 38, fracción III, numeral 16, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. Del Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura: ? La emisión del oficio OIC.48.AR/0125/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, por el que se desechó de plano la reclamación hecha valer en contra del diverso OIC.48.AR/0103/2021, de veintidós de febrero del año en curso, en el que se desecharon diversas pruebas, dentro del recurso de revocación interpuesto en contra de la resolución de quince de enero del año en cita, que decretó la inhabilitación del quejoso por diez años, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, emitida en el procedimiento de responsabilidad administrativa, expediente CULTURA-R-RR-001/2021, como acto concreto de aplicación de las normas impugnadas. TERCERO. (INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS). Una vez precisados los actos combatidos en el presente juicio de amparo indirecto y atendiendo a que su existencia es un requisito esencial para efectuar el estudio de su constitucionalidad, es menester pronunciarse al respecto. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia número XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 76, abril 1994, página 68, registro 212775, de rubro: «ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO». En ese sentido, no son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, Secretaria de Gobernación y Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, mismos que quedaron precisados en el apartado que antecede; ya que así lo manifestaron al rendir sus informes con justificación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página novecientos tres, tomo XV, febrero de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice lo siguiente: «PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo». En tales condiciones, al no quedar demostrada la existencia del acto reclamado a las autoridades responsables referidas en este considerando, este órgano jurisdiccional carece de materia para hacer un pronunciamiento de constitucionalidad o inconstitucionalidad, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se impone SOBRESEER en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable al efecto, la jurisprudencial número VI.2°.J/20 consultable en la página 627 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IV, segunda parte-2, cuyo rubro y texto son: «INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo». CUARTO. (CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO). Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, Presidente de la República, y Cámaras de Diputados y Senadores, ambas del Congreso de la Unión consistentes, en el respectivo ámbito de sus atribuciones, en la aprobación y promulgación de los artículos 214 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 38, fracción III, numeral 16, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; ya que así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes de ley. Máxime que las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba y, por ende, no es necesario probar su existencia en autos, conforme a lo previsto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; pues, basta con que estén publicados en el medio de difusión oficial local o federal al que correspondan, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, en términos de la jurisprudencia número 2a./J. 65/2000, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 260, que dice: «PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las Leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo». Asimismo, apoya lo considerado, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 983, de la Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, que señala: «LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas». De igual forma, es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura, consistente en la emisión del oficio OIC.48.AR/0125/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, por el que se desechó de plano la reclamación hecha valer en contra del diverso OIC.48.AR/0103/2021, de veintidós de febrero del año en curso, en el que se desecharon diversas pruebas, dentro del recurso de revocación interpuesto en contra de la resolución de quince de enero del año en cita, que decretó la inhabilitación del quejoso por diez años, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, emitida en el procedimiento de responsabilidad administrativa, expediente CULTURA-R-RR-001/2021, ya que así lo reconoció al rendir su informe con justificación. Lo que basta para tener por acreditada su existencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 231 del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, de rubro y texto siguientes: «INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto». Extremo que se corrobora con las copias certificadas de diversas constancias remitidas por la citada responsable, en justificación de su acto, relativas al procedimiento de responsabilidad administrativa, expediente CULTURA-R-RR-001/2021, con las que se conformó el tomo de pruebas I; documentales públicas que merecen valor pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. La valoración asignada a esas documentales tiene sustento en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: «DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena». QUINTO. (CAUSALES DE IMPROCEDENCIA). Previo al estudio de fondo del amparo, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que se adviertan de oficio o que las invoquen las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62, de la Ley de Amparo, y Jurisprudencia II.1º J/5, del Primer Tribunal colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 95, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que indica: «IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia». Esta juzgadora considera que en el caso, respecto del acto reclamado consistente en el oficio OIC.48.AR/0125/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, por el que se desechó de plano la reclamación hecha valer en contra del diverso OIC.48.AR/0103/2021, de veintidós de febrero del año en curso, en el que se desecharon diversas pruebas, dentro del recurso de revocación interpuesto en contra de la resolución de quince de enero del año en cita, que decretó la inhabilitación del quejoso por diez años, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, emitida en el procedimiento de responsabilidad administrativa, expediente CULTURA-R-RR-001/2021, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, toda vez que se actualizó un cambio de situación jurídica por el cual se deben considerar consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento, de conformidad con las razones siguientes. El artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: «ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)». De la anterior transcripción, se desprende que el juicio de amparo es improcedente, en primer término, cuando opere un cambio de situación jurídica, en el que concurran las siguientes condiciones: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que exista una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Es aplicable al caso, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, diciembre de 1996, página 219, que define las reglas generales para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo por cambio de situación jurídica, criterio que a continuación se transcribe: «CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional». Dicho en otras palabras, el juicio de amparo es improcedente contra actos por los cuales se genera un cambio de situación jurídica, que destruye de manera total e irreparable las pretensiones intentadas en contra de aquéllos que no podrían decidirse sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora bien, de las constancias certificadas remitidas por la autoridad responsable, se desprende que dentro del recurso de revocación interpuesto en contra de la resolución de quince de enero del año en cita, que decretó la inhabilitación del quejoso por diez años, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, emitida en el procedimiento de responsabilidad administrativa, expediente CULTURA-R-RR-001/2021, y en el que se dictó el oficio reclamado (OIC.48.AR/0125/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, por el que se desechó de plano la reclamación hecha valer en contra del diverso OIC.48.AR/0103/2021, de veintidós de febrero del año en curso, en el que se desecharon diversas pruebas); se produjo un cambio de situación jurídica, en virtud de que con fecha veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se resolvió en definitiva el citado recurso, determinación que fue notificada al impetrante a través de instructivo, el veintiséis de marzo pasado. Por tanto, es evidente que ha operado un cambio de situación jurídica al dictarse posteriormente al oficio reclamado en el recurso de revocación, la resolución definitiva, por lo que deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones reclamadas, porque no se puede decidir aquí sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis IV.2o.P.43 P, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, que aparece publicada en la página mil trescientos setenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, octubre de dos mil nueve, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: «CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación». Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61, con fundamento en la diversa fracción V, del numeral 63, disposiciones de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio, respecto de la emisión del oficio OIC.48.AR/0125/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, que se atribuye al Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos reclamados consistentes en los artículos 214 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 38, fracción III, numeral 16, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, atribuidos a las Cámaras de Diputados y Senadores, ambas del Congreso de la Unión, y al Presidente de la República. Los cuales el quejoso tacha de inconstitucionales con motivo de su primer acto de aplicación que hizo consistir en la emisión del oficio OIC.48.AR/0125/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, respecto de la cual se ha decretado el sobreseimiento en párrafos precedentes. Lo anterior es así, en virtud de que no se debe perder de vista que el estudio sobre la constitucionalidad de esas disposiciones de observancia general no se puede desvincular del acto de aplicación que dio origen a la promoción de la presente instancia; por tanto, si se decretó el sobreseimiento en contra de éste, no se puede analizar su constitucionalidad de manera aislada. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, página 235, cuyo rubro y texto establecen: «LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917- 1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada». También, sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte del Máximo Tribunal del País, consultable en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 181-186, Primera Parte, página doscientos cincuenta y uno, que dice: «LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación». Resulta innecesario ocuparse del estudio de las diversas causas de improcedencia que hacen valer las responsables, en virtud de que de llevarse a cabo, no cambiaría el sentido del fallo. Apoyo a la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: «SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.- Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución». En tal virtud, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el quejoso en relación a la inconstitucionalidad que aduce de los actos reclamados. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número VI, 1º.J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 252, Tomo XXIIXXIV, octubre-diciembre de 1989, la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: «SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio». Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 37, 61, 62, 63, 64, 73, 75, 124, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ***, respecto de las autoridades y actos precisados en el considerando segundo, de conformidad con lo expuesto en los considerandos tercero y último de esta sentencia. Notifíquese; personalmente al quejoso; por lista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a las autoridades responsables, en términos de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Amparo.351/2021Luis Norberto Cacho Pérez Así lo resolvió y firma la licenciada Laura Gutiérrez de Velasco Romo, Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ante la licenciada Ana Luisa Cortés Narváez, Secretaria de juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, fecha en que así lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe.
- Principal
PERSONAL Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 37, 61, 62, 63, 64, 73, 75, 124, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ****, respecto de las autoridades y actos precisados en el considerando segundo, de conformidad con lo expuesto en los considerandos tercero y último de esta sentencia.
- Principal
...por los motivos que se indican se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo, lo que deberá hacerse del conocimiento oportuno de las partes...
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