Luis Noel Hernández Gallardo
Expediente 183/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 20 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 183/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 03/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Luis Noel Hernández Gallardo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, tres de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial de cuenta, en la que aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido la sentencia de treinta de junio de dos mil dieciséis. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el presente juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. DEPURAR el cuaderno original del incidente de suspensión, al haberse concedido la suspensión provisional, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo. 3. DESTRUIR el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. TRANSFERIR el cuaderno original del incidente de suspensión junto con el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 183/2016 promovido por Luis Noel Hernández Gallardo, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Escuinapa, Sinaloa, y otras autoridades, y; RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de demanda y contenido. Por escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, el cual fue turnado el mismo día este órgano jurisdiccional (fojas 01 a 05); Luis Noel Hernández Gallardo, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Escuinapa, Sinaloa. Agente Cuarto del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en esta ciudad. Procurador General de Justicia del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, Sinaloa. Subprocurador Regional de Justicia del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. Comandante de la Policía Ministerial del Estado, con sede en Escuinapa, Sinaloa. Comandante de la Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad. Director de la Policía Ministerial del Estado, con sede en Culiacán, Sinaloa. Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con sede en Escuinapa, Sinaloa. Secretario de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO Los actos reclamados se hicieron consistir en la orden de aprehensión y su ejecución. SEGUNDO. Admisión y trámite. Mediante auto de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente al agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito, y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 06 a 08). TERCERO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito resulta competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales, 48, 49 en relación con el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el acuerdo general 3/2013, que aprobó el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero del mencionado año, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que los actos reclamados tienen ejecución material dentro del ámbito de competencia territorial que corresponde a este Juzgado de Distrito. Cabe destacar que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para la resolución de la presente sentencia, es aplicable la jurisprudencia integrada conforme a la legislación de la materia abrogada, en tanto no se oponga a la ley vigente. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido en los artículos 74, fracción I y 77, de la Ley de Amparo, es obligación del juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada y determinar con exactitud la intención del quejoso, se deben armonizar todos los datos de la demanda de amparo, interpretándola en un sentido de liberalidad y no restrictivo. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia identificada con la clave P./J. 40/2000, correspondiente a la Novena Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000, página 32, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, robustece a lo anterior, la Jurisprudencia identificada con la clave 2a./J. 55/98, correspondiente a la Novena Época aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIII, Agosto de 1998 página 227, cuyo contenido es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." También, es de invocarse la Tesis aislada identificada con la clave P. VI/2004, correspondiente a la Novena Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede consultarse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, Abril de 2004, página 255, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Por ello, después del minucioso examen a la demanda de amparo, este juzgador fija como acto reclamado, el siguiente: La orden de aprehensión librada en contra del quejoso y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. De los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de amparo apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, que en su caso, no permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia planteada. En ese tenor, el suscrito determina que no son ciertos los actos reclamados a las autoridades 1) Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Escuinapa, Sinaloa, 2) Agente Cuarto del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en esta ciudad, 3) Procurador General de Justicia del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, 4) Subprocurador Regional de Justicia del Estado de Sinaloa y 6) Comandante de la Policía Ministerial del Estado, ambas en esta ciudad; 7) Director de Policía Ministerial del Estado, con residencia en Culiacán, Sinaloa, y 9) Secretario de Seguridad Pública con sede en esta ciudad. Lo que se concluye porque dichas autoridades al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos que se les atribuyen (fojas 25, 15, 58, 19, 17, 29 y 21, respectivamente), y al constituir éstos documentales públicas, se les concede valor probatorio pleno, al haber sido emitidos por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Aunado al valor referido, la parte quejosa no aportó prueba que desvirtuara el contenido de dichas documentales; en consecuencia, es patente la negativa de los actos reclamados. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia VI 2o. J/20, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, página 627, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y os quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable la Jurisprudencia VI.2o.J/18, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 19-21, Julio-Septiembre de 1989, página 154, que reza: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." Sobreseimiento que se hace extensivo por lo que respecta al 5) Comandante de la Policía Ministerial del Estado y al 8) Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ambas en Escuinapa, Sinaloa, no obstante que fueron omisos en rendir sus informes justificados, a pesar de haber sido notificados en forma oportuna para ello, según se advierte de las constancias de notificación visibles a foja 33 y 46 de autos; pues en el caso, no es dable presumir la certeza de los actos de ejecución que se le reclaman, conforme lo establece el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; lo anterior, toda vez que la autoridad ordenadora negó el acto reclamado, y en tal caso, es inconcuso que no pueden llevar a cabo una orden de captura inexistente. En consecuencia, toda vez que se encuentra acreditada la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, procede sobreseer el presente juicio constitucional, respecto a los actos reclamados por el quejoso Luis Noel Hernández Gallardo, atribuye a las autoridades responsables, consistentes en la orden de aprehensión y su ejecución. CUARTO. Transparencia y Acceso a la Información Pública. En otro aspecto, toda vez que en el presente juicio no existe oposición expresa por la parte quejosa en cuanto a la publicación de la presente resolución, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a las partes, que esta resolución estará a disposición del público para su consulta en versión pública, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en los términos de dicha legislación. RESUELVE: PRIMERO,SE SOBRESEE EN EL PRESENTEJUICIO DE MAPARO. NOTIFÍQUESE
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, ocho de junio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el informe justificado rendido por el Procurador General de Justicia del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán; el que se hace del conocimiento de las partes, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. Asimismo, como lo solicita la autoridad responsable mencionada, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por designados como delegados en términos del artículo 9 de la citada ley, a los profesionistas a que hace alusión en el informe de cuenta. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis. Vistos los autos, se advierte que no existe constancia de notificación del oficio 17296/2016, dirigido al Procurador General de Justicia del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, (depositado en la oficina postal correspondiente el doce de abril del año en curso), por el cual se le solicitó informe justificado. En tal virtud, y en obvio de mayores dilaciones, requiérase vía telegráfica a dicha autoridad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de su notificación, informe si recibió el oficio antes precisado, y en caso de ser afirmativo lo anterior, manifieste la fecha en que fue recepcionado en esa dependencia, debiendo remitir copia certificada de la constancia con la que acredite tal circunstancia; apercibido que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medio de apremio; lo anterior en términos de los artículos 237, fracción I en relación con el 259 de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, SE DIFIERE para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Notifíquese.
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